Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones sociales, comunitarias, sectoriales, sindicales, y políticas convocantes y participantes del Foro “Que se escuche la voz de las víctimas” declaramos ante la opinión pública nacional e internacional, y en particular, para los escenarios abiertos en el proceso de negociación política entre el Gobierno de Colombia y el grupo beligerante Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC EP- ; así como en el devenir de un próximo proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional – ELN- y el Ejército Popular de Liberación –EPL-, lo siguiente:
1. Rechazamos la discriminación y en gran medida la re victimización, por la forma como se han desarrollado los foros de víctimas y cuya metodología ha sido encargada al PNUD y a la Universidad Nacional, lo que no es congruente con anteriores foros sobre temas igualmente complejos convocados alrededor de la mesa de diálogo, bajo los mismos responsables metodológicos y que tuvieron una relativa garantía de participación y por lo tanto de éxito.
Éste no es solo un simple problema formal, logístico o metodológico y nos preocupa que pueda ser el reflejo de una postura sistemática de negación del Estado Colombiano de asumir su responsabilidad como garante de los derechos humanos y del derecho fundamental a la paz; y de desconocer el valioso aporte de las víctimas de crímenes de Estado en temas de su interés.
2. Para las víctimas de crímenes de Estado es sustancial para la efectividad y garantía de los derechos de las víctimas, que se reconozca la responsabilidad del Estado de Colombia como un actor violento que ha diseñado políticas, doctrinas, estrategias y métodos que como consecuencia generan una serie sistemática de violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
3. Los negociadores del Gobierno de Colombia y de la insurgencia tienen la obligación ética, política y jurídica de validar entre los mecanismos de búsqueda de la verdad, uno que permita profundizar y visibilizar las políticas de Estado basadas en la concepción del enemigo interno que han dado lugar a la comisión de crímenes de Estado y de aquellos que fueron perpetrados a través de la implementación de la estrategia paramilitar desde su origen, desarrollo y consolidación.
4. Se hace imperioso el reconocimiento de la impunidad como una política de Estado que favoreció la perpetración masiva y sistemática de crímenes de Estado y de aquellos cometidos a través de la estrategia paramilitar. Este reconocimiento de las causas y consecuencias de la impunidad contribuirá a la formulación de una política pública para la superación de la impunidad y de fortalecimiento de la Rama Jurisdiccional del poder público con características de independencia e imparcialidad y sin injerencia de los victimarios.
5. La impunidad de los crímenes ambientales y de las violaciones a los derechos sociales, económicos, laborales y culturales se constituye en otro factor que ha empoderado a terratenientes, empresarios agroindustriales, empresas nacionales y multinacionales que explotan los recursos naturales beneficiados por las políticas extractivistas y desarrollistas imperantes en el modelo neoliberal. Esta perspectiva deberá estar incluida en la Comisión de la verdad.
6. Exigimos que la Comisión de la Verdad propuesta en la reforma constitucional contenida en el marco jurídico para la paz, cumpla con criterios de imparcialidad e independencia frente a las Partes del Conflicto, y se establezca como obligatoria la participación activa y no nominal o formal de las víctimas del conflicto armado y de las víctimas de las políticas represivas del Estado.
7. Las víctimas de crímenes de Estado rechazamos las iniciativas legislativas que se están tramitando, o se tramitarán en el Congreso de la República que otorgan competencia a la Jurisdicción penal militar y policial para investigar y juzgar a los miembros activos y en retiro de la policía y los militares, así como al personal civil o no uniformado de dicha jurisdicción especial, por todos los delitos comunes y de aquellos que se reconozcan como infracciones al derecho internacional humanitario. Los integrantes de la Fuerza Pública, que hayan perpetrado graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario deben ser investigados y juzgados con arreglo a los procedimientos ordinarios y por los Fiscales y Jueces que hacen lo propio con todos los colombianos y colombianas que hayan cometido el mismo tipo de delitos.
8. La paz es un proceso que debe incorporar una construcción colectiva que pase por discutir el modelo económico y político que ha provocado las violaciones de los derechos civiles y políticos y cuya criminalidad ha beneficiado a sectores políticos y económicos., que deberán responder por ello. Esto implica reconocer las causas sociales, políticas y económicas estructurales que dieron origen al surgimiento de las organizaciones rebeldes y al desenvolvimiento de la confrontación armada.
9. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Militares, conocidas como “falsos positivos”, deberán investigarse desde la perspectiva de crimen de sistema y los más altos responsables juzgados y sancionados.
10. Es urgente promover la discusión sobre la reforma al poder militar a fin de subordinarlo al poder civil y democrático y eliminar las doctrinas de seguridad nacional y del enemigo interno. Es indispensable que no tengan prebendas injustificadas en detrimento de la gran mayoría de colombianos y colombianas.
11. Exigimos la no estigmatización de las víctimas de crímenes de Estado, de las organizaciones que se oponen a la vigencia de un modelo económico, social, y político excluyente y que se permita la participación activa y propositiva sin el miedo la muerte y la privación de la libertad.
12. Llamamos al Estado colombiano a iniciar con prontitud los diálogos con la insurgencia del EPL y del ELN y ante la ambivalencia del Gobierno nacional de negociar en medio de la confrontación armada, se promueva un cese bilateral de las hostilidades.
13. Instamos a los negociadores del Gobierno y de la insurgencia a propiciar espacios de socialización y validación de los colombianos y colombianas de los acuerdos finales que permita su refrendación y puesta en marcha de las iniciativas que surjan de los mismos.
14. Hacemos entrega a la Opinión Pública nacional e internacional, así como a los negociadores del Gobierno y de la insurgencia de las diferentes propuestas e iniciativas en torno a la paz y la garantía de los derechos de las víctimas.
Firman:
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO, CAPITULO ANTIOQUIA.
COORDINACION COLOMBIA EUROPA EEE UU
MARCHA PATRIOTICA
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
DEMAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES.
Medellín, Julio 30 de 2014
Tomado: Agencia Prensa Rural
