La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 3 de 2014
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), saludan con esperanza de paz a los participantes del Foro Nacional de Víctimas del conflicto que se desarrolla en la ciudad de Cali.
A partir del seguimiento que hemos efectuado a los Foros, para contribuir con la mejor realización del evento nacional, queremos formular algunas observaciones y puntos de vista que con sentido constructivo pongan de presente también la voz de la insurgencia, que hasta ahora no se le ha escuchado, mientras que el Ejecutivo como rama del Poder Público ha tenido presencia a través de gobernadores y alcaldes, y digamos que como contraparte en la confrontación ha tenido estrado mediante la actividad notoria de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), entre otros.
Escuchar a las FARC-EP es asunto de elemental equilibrio en la medida en que no solamente somos parte en contienda que levanta las banderas de la población sojuzgada y victimizada por el régimen, que ha impuesto la guerra durante más de medio siglo, sino que somos también parte del caudal de humanidad y esperanza del pueblo que ha sufrido y se ha levantado contra la injusticia social.
Siendo la paz y el cese bilateral de fuegos la principal reivindicación, dentro de las propuestas hechas por la inmensa mayoría de víctimas, nos parece inconveniente, por decir lo menos, que tanto los grandes medios de comunicación como instancias organizativas de los foros, no hayan registrado este clamor con la suficiente fuerza con que se ha producido. La necesidad de pactar el cese al fuego bilateral es una lógica y fundamental reclamación que ha surgido con fuerza en cada foro, con la petición de que no se siga derramando más sangre y discordia. Es preciso, por lo tanto, que se respete y reconozca esa voz honda que nos convoca a ambas partes a detener ya el conflicto armado.
En tanto el conflicto político social y armado ya no puede ser negado, la obligación para todos es ser congruentes con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que rigen para la guerra y se adecúan para el caso colombiano, a fin de humanizarla y asumirla dentro de unos cánones de respeto a la población y a los combatientes afectados por el conflicto.
Por otra parte, la matriz mediática que se ha desplegado usando el rótulo de víctimas, para hacer pasar como tales a servidores de la fuerza pública, a los que se busca además convertir en héroes desde la perspectiva de unos grupos de poder y sus brazos publicitarios, nos parece inadecuada e indecorosa, si consideramos que se trata de miembros de una de las partes en contienda militar, que deberían conocer el estatuto del combatiente y por lo tanto lo que ello implica.
El manejo propagandístico cargado de cierta parcialidad pérfida, sin lugar a dudas, perjudica a todo el arco de las víctimas, tanto las que se han producido por políticas estatales como por eventuales acciones reprobables sucedidas en el contexto del conflicto armado.
Es preciso concatenar elementos objetivos del conflicto, a partir de hechos que a la luz del DIH, puedan resultar luego juzgables o sujetos a comprobación y juicios de valor, a fin de encaminar mecanismos de justicia concertada.
Las víctimas deben defender esa perspectiva del DIH sin prestarse a confusiones, en concreto el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, aplicable para ambas partes contendientes.
Y correlativamente subrayar las estrategias de victimización que se han orientado, alentado, estructurado y empleado sistemáticamente para extender el terror, proveniente de aparatos de poder que por esa razón han pervertido su esencia pública y se han puesto al servicio, no del pueblo sino de elites que se han beneficiado de la guerra sucia, mediante el desplazamiento, las masacres planeadas desde instancias oficiales y paramilitares mafiosas, las miles de detenciones-desapariciones, las torturas y otras prácticas dirigidas contra el movimiento popular.
Ese universo no puede ser ahora desvirtuado con manipulaciones de conceptos y de cifras, ni se puede admitir que temas como el paramilitarismo o los llamados “falsos positivos”, se dejen en la condición de asuntos para tratar en las calendas griegas.
Por ello, desde el primer momento las FARC-EP han propuesto y reivindicado la adopción de los diez principios sobre víctimas que el gobierno suscribió el pasado 7 de junio de 2014, que fijan además los criterios de selección de las víctimas para acudir a la Mesa de La Habana.
Dichos enunciados no pueden ser ahora los de un “equilibrio” irreal, que nace del capricho o complicidad para reflejar o construir artificialmente lo que no es, lo que no tiene asidero alguno y oculta la responsabilidad fundamental del régimen.
La realidad nos emplaza a defender los hallazgos de décadas de investigación rigurosa, que indican que más de un 85 por ciento de los hechos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, son imputables a la parte articulada y representada por el Estado colombiano, mientras un porcentaje cercano al 15 por ciento correspondería a la responsabilidad de otros actores entre los que en menor medida se encuentra la insurgencia que, valga precisar, ha actuado generalmente en reacción al terrorismo de Estado y a los abusos de las élites en el poder.
No se trata solamente de estadísticas, pero tampoco de tergiversar e imponer un nuevo negacionismo introduciendo el concepto de equilibrio como algo intachable e inobjetable. Lo refutamos con responsabilidad y respeto retomando las cifras Naciones Unidas, del CINEP, y otras organizaciones que han documentado el conflicto colombiano.
No vamos a permitir que se suplanten a las víctimas que deben ser atendidas o que se desconozca la porcentualidad que implica el reconocimiento del universo de las víctimas, porque no puede ser que, entonces, se construya el artilugio detestable de la existencia de víctimas de primera y segunda categoría, donde las víctimas que son del interés del Estado son las que se relievan, como es el caso de ACORE, y otras como los miles de niños que mueren desnutridos en los campos y en las ciudades son desconocidos, otros como los familiares de los desaparecidos por el régimen no son mencionados y muchos más, entre desplazados, torturados, perseguidos, ni siquiera se recuerdan.
En esta confrontación de más de medio siglo no hay equidistancias en lo que concierne a responsabilidades. Hay víctimas del conflicto, pero las responsabilidades son totalmente asimétricas, y en ello la responsabilidad del Estado, de sus paramilitares, y de las políticas económicas criminales, son lo principal que los altoparlantes de la gran prensa, más los tentáculos de la institucionalidad y el oficialismo no nos pueden obligar a pasar por alto.
La actitud negacionista y de desconocimiento de esta realidad documentada, no muestra otra intención que la de enmarañar y engañar para así continuar con la evasión de la responsabilidad histórica.
De ahí nuestra insistencia en crear sin más dilaciones la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que sin sustituir a la Comisión de la Verdad, comience a esclarecer desde ya la verdad sobre la confrontación en Colombia, porque no puede ser que el gobierno ahora, con sus capacidades de manipulación pretenda que es la insurgencia la que debe estar en el banquillo de los acusados; que el régimen por encima de tanta evidencia de terrorismo de Estado, es el que levanta las banderas de las víctimas y que son los miembros activos o en retiro de sus fuerzas de represión, generalmente instrumentos de los victimarios, los que ahora deben ser considerados como víctimas.
En tal sentido, el comunicado de la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Conversaciones del 29 de julio anterior, si bien destaca aspectos que compartimos, como lo consignado en el comunicado conjunto # 39 del 17 de julio, en cuanto a que las delegaciones de víctimas que asistan a las audiencias que se llevarán a cabo en La Habana “deben reflejar todo el universo de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno (…)”, incluye aspectos propios del unilateralismo con que suele actuar nuestra contra parte, como cuando ha impulsando el Marco jurídico sin contar con nuestras observaciones, o también cuando de la misma manera ha procedido respecto al mecanismo de refrendación.
Para el caso “Víctimas”, han agregado un criterio de desequilibrio evidente cuando en el segundo punto del comunicado en referencia, y adelantándose a la preselección encargada a la Organización de Naciones Unidas y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, con acompañamiento de la Iglesia, han indicado que “como resultado de su participación en el conflicto armado, hay miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, y en consecuencia no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos”.
Al respecto, las FARC-EP, si bien reiteran su decisión de siempre de escuchar y mantener la defensa de las víctimas, sin restricción ni discriminación alguna a través de todos los mecanismos y espacios dispuestos para ello, precisa que si la Delegación gubernamental en el Proceso de Paz entiende que miembros de la Fuerza pública y de los aparatos de represión del Estado, sean activos o no, deben ser recibidos y escuchados en estos mecanismos y espacios, incluyendo el escenario de La Habana, lo justo y equilibrado es que integrantes de la insurgencia que hoy se encuentran en estado de hacinamiento, varios de ellos heridos, mutilados, algunos peligrando su vida por problemas de salud en las cárceles de Colombia, también deben ser escuchados.
Las FARC-EP tampoco vetan ni vetarán a ninguna víctima que aspire a ser escuchada, lo cual haríamos con humildad. Pero si el gobierno pretende que se escuche a sus militares y policías, debe tener plena disposición a que se escuchen también los combatientes guerrilleros, e incluso los representantes de aquellos que como el comandante Alfonso Cano, fueron asesinados, convirtiéndose también en víctimas del conflicto.
Llamamos a las víctimas a defender su visión, su calidad, su entereza, su dignidad; a no convertirse en objetos, sino a recobrar su titularidad, autonomía y lucidez como sujetos de derecho, con opción política, conscientes de una realidad en la que están convocadas a aportar con plena legitimidad a la superación de la violencia frente a la cual nosotros nos hemos rebelado en la misma orilla del pueblo.
La insurgencia ha surgido del seno de las víctimas, como consecuencia de la persecución del movimiento social y popular, que ha buscado transformaciones en el ejercicio del derecho universal a la rebelión, razón por la cual se han formulado los principios para abordar el tema de las víctimas pensando en defender con coherencia una perspectiva de justicia integral, tanto como defendemos la continuidad del proceso de paz, sobre todo ahora que, nuevamente sobre él se vierten amenazas de ruptura desde el gobierno, porque en tanto ya no necesita la instrumentalización reeleccionista, nada importa el desangre de los colombianos.
Con esta actitud de quienes dicen no al cese bilateral de fuegos, al tiempo que se regocijan públicamente por los muertos de la contraparte, pero se quejan cuando se les golpea sus intereses económicos, se pone en evidencia que para el régimen lo fundamental es que avancen las ganancias de la transnacionales.
Las FARC-EP no perdemos el optimismo en el logro de la paz por la vía del diálogo que establezca la justicia social, que es la base de la verdadera reparación y garantía de no repetición. Por ello, a pesar de las inconsecuencias e incoherencias de los guerreristas del régimen, en la Habana esperamos a las víctimas del conflicto, con respeto, con disposición absoluta al diálogo, a escuchar, a corregir, sanar y construir los cimientos de un nuevo país en democracia.
Saludos cordiales,
Delegación de Paz de las FARC-EP
Tomado: Agencia Prensa Rural
