Los últimos dos años, que coinciden con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, han estado marcados por sendas denuncias de corrupción en todos los ámbitos en Chile, que han llevado a la generación de nuevas normativas ante una ciudadanía más activa y propositiva. Sin embargo, “faltaba” el descubrimiento de irregularidades al interior del Ejército, una de las principales instituciones del país.
Aquello estalló esta semana, con un escándalo que aumenta y que involucra a un excomandante en jefe, el mismo cargo que alguna vez ocupó Augusto Pinochet.
La revelación surgió desde una comisión de la Cámara de Diputados que hace meses investigaba de manera reservada el desvío de fondos públicos realizados por oficiales y otros miembros del Ejército de Chile en el gobierno de Sebastián Piñera, entre los años 2010 y 2014.
La justicia actualmente indaga el desfalco de nada menos que $ 5 millones de las arcas públicas. Estos fondos provienen de la llamada Ley Reservada del Cobre, que desde los tiempos de Pinochet entrega a las Fuerzas Armadas chilenas el 10% de las ventas de la minera Codelco para la compra de armas y equipamiento.
Es decir, sin intervención del Congreso ni mayor supervisión del Estado, algo que para muchos, ha dado pie para una serie de ilícitos, como sobornos en la compra de armamento.
La trama más polémica de este caso involucra al general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, el comandante que dirigió el Ejército entre 2010 y 2014. Fuente-Alba habría acumulado $ 4,5 millones en la última década, siendo su salario como el más importante general era de $ 5.000 mensuales.
Su millonario patrimonio, principalmente en viviendas y vehículos, no se sustenta con sus ingresos. En una declaración escrita, Fuente-Alba se declaró “inocente” y agregó que la investigación se inició por “informaciones falsas”.
En estos días, la Policía de Investigaciones indaga las compras del Ejército en el período de Fuente-Alba, pero también su patrimonio personal. Así, el propio Ejército se refirió al caso. A través de una carta aseguró que “no resulta justo, bajo ningún punto de vista, buscar una asociatividad con el total de sus integrantes o pensar que puede ser un proceder generalizado, cuando algunos de ellos están siendo investigados por la justicia por acciones que obedecen a comportamientos estrictamente personales”.
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La propia presidenta Bachelet también redactó una declaración ante tamaño escándalo: “Yo creo que lo más importante es que cuando ha habido una denuncia, esto es una investigación que se ha hecho a propósito de una denuncia, lo más importante y tanto lo que el Ejército ha señalado como el gobierno, es que la justicia haga su tarea, que si el gobierno o la institución tienen algún elemento que necesitan entregar a la justicia, esto se haga y se colabore con toda la información necesaria”.
Además ha sido comentario obligado de los chilenos el hecho de que se descubrió que un cabo, Juan Carlos Cruz, apostó en un casino local más de $ 4 millones. El Casino Monticello señaló que en su momento informó de esto más de 15 veces a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, pero que no obtuvieron respuesta.
Todas estas supuestas irregularidades se suman al caso que en Chile se conoce como ‘Milicogate’, por la malversación de fondos en las Fuerzas Armadas. Estas maniobras por más de $ 10 millones ya han dejado a varios civiles y militares tras las rejas, después de que el semanario The Clinic revelara el caso.
Una decisión del Consejo de la Transparencia de Chile terminó este miércoles con 26 años de secreto en torno a la utilización de los beneficios del cobre por parte del Ejército, según una ley de 1958 que fue reforzada por el exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
De este modo el consejo, una instrucción de derecho público, da por terminado el secreto que se aplicaba a la Ley 13.196. El Ministerio de Defensa de Chile renunció a apelar la decisión, que parte de la denuncia de un ciudadano contra este financiamiento automático de las Fuerzas Armadas.
La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas había negado el acceso al contenido de la ley argumentando razones de seguridad nacional que fueron rechazadas por el consejo.
Tomado: Alejandro Tapia | El Telégrafo/ LibreRed.net
