Las delegaciones del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP acordaron este jueves en La Habana “brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final” que adopten como resultado de los diálogos de paz iniciados en noviembre del 2012.
El objetivo es también “asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento del mismo conforme al derecho interno colombiano y al derecho internacional”, según el Comunicado Conjunto emitido en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, sede de las conversaciones.
"Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados”, refiere el texto leído por los garantes del proceso, Rodolfo Benítez por la parte cubana, y Rita Sandberg, por la noruega.
Entre lo acordado figura que el Acuerdo Final forme parte de la Constitución del país y pase a ser una política de estado. Asimismo, será abordado en el Congreso.
El mismo tendrá la categoría de “Acuerdo Especial” bajo los Convenios de Ginebra de 1949, un grupo de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y protegen a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades.
Igualmente, las partes acordaron que una vez aprobado el texto el presidente de Colombia declarará ante el Secretario General de la ONU.
El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, señaló que de lo que se trata es de “construir una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final” basado en las instituciones colombianas y apoyado en diferentes instancias internacionales para darle “mayor solidez”.
A juicio del exvicepresidente colombiano el convenio es “equilibrado” y brinda seguridad jurídica a lo acordado; “algo que conviene a todos”.
Tomado: Granma
