viernes, 4 de abril de 2025

Netanyahu desata nueva fase de guerra para ocupar eje de Morag en Gaza

 El primer ministro de la ocupación israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles el inicio de una nueva fase ofensiva con el objetivo de ocupar el estratégico eje de Morag, al sur de la Franja de Gaza.

La operación en marcha busca establecer un corredor de control paralelo a la frontera egipcia.

A su vez, las fuerzas israelíes comenzaron a desplegar unidades blindadas y sistemas de vigilancia aérea en esta zona ubicada entre Khan Yunis y Rafah.

Testigos reportaron el avance de columnas de tanques Merkava durante la madrugada, mientras drones Hermes 900 sobrevolaron el área.

El despliegue ocurrió en un territorio donde más del 90 por ciento de las edificaciones fueron destruidas por anteriores bombardeos.

Fuentes del ejército consultadas por el Jerusalem Post expresaron preocupación por la revelación prematura de la operación, lo cual compromete el factor sorpresa y pone en riesgo a las tropas.

Mientras tanto, analistas políticos interpretan el movimiento como un intento de Netanyahu por consolidar su posición interna.

Organizaciones humanitarias alertaron sobre el catastrófico impacto de la referida área, en tanto afecta tres rutas críticas para el ingreso de ayuda alimentaria y médica a Gaza.

Al respecto, Médicos Sin Fronteras reportó la evacuación urgente de personal y equipos de dos clínicas móviles.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió contra cualquier anexión de territorio por la fuerza.

La Liga Árabe convocó una reunión de emergencia para este jueves, mientras el movimiento de resistencia palestino Hamas prometió una respuesta conmovedira al enemigo.

El corredor de Morag, el cual «Israel» planea rebautizar como «Filadelfia II», fue un asentamiento sionista evacuado en 2005 durante el retiro unilateral de Gaza.

Su ubicación estratégica permitiría a las fuerzas israelíes controlar el acceso marítimo y dividir el territorio palestino en tres sectores inconexos, según análisis geopolíticos.

Tomado: Tercerainformacion

Nueva agresión de EE.UU. deja 92 personas asesinadas y 165 heridos en Yemen

 Un total de 92 civiles perdieron la vida y otros 165 resultaron heridos debido a las incursiones de Estados Unidos en Yemen desde mediados de marzo.

El portavoz del Ministerio de Salud, Anis Al-Asbahi, informó el jueves que cinco personas murieron, cinco sufrieron lesiones y otra estaba desaparecida a causa de las agresiones en las últimas 24 horas.

Subrayó que los yemenitas son conscientes de los desafíos que enfrentan y están listos para enfrentarlos.

Al-Asbahi mencionó que desde el inicio de la operación de apoyo de Yemen a Gaza y hasta el 1 de abril, la agresión tripartita de Estados Unidos, Reino Unido e «Israel» resultó en la muerte y heridas de 964 civiles, de los cuales 250 son mártires.

Esta situación se agrava mientras continúan los ataques estadounidenses en diversas provincias y ciudades yemenitas, lo que empeora aún más la crisis humanitaria en el país.

Tomado: Tercerainformacion

jueves, 3 de abril de 2025

Exxon, Esequibo y el imperialismo

 El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, viajó recientemente a Guyana, donde amenazó con tomar medidas militares contra Venezuela. Las declaraciones de Rubio han exacerbado la tensa disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, generando temores de un conflicto más amplio y dando continuidad a una larga historia de países imperialistas que utilizan las diferencias fronterizas entre ambos países para perturbar la unidad y la cooperación económica latinoamericana.

Desde el siglo XVIII, ambas partes en lo que hoy conocemos como la disputa fronteriza “Venezuela-Guyana” han coincidido, la mayor parte del tiempo, en discrepar sobre los parámetros exactos de una frontera que, como lo expresó un diplomático guyanés, es “[en la práctica]… una especie de frontera libre, especialmente para los amerindios… que realmente no reconocen las líneas divisorias en el terreno” (Venezuela Analysis).

En ocasiones, el derecho a explotar tierras y recursos ha provocado tensiones. La disputa actual tiene las mismas raíces. La ubicación misma de la frontera es fruto de diversos planes de expansión imperial. Las tensiones actuales también se ven eclipsadas por las pretensiones del imperialismo estadounidense.

Lo que hace particularmente tensa la actual iteración de la disputa es que se trata formalmente de dos países en desarrollo cuyas reivindicaciones se basan en un contexto de resistencia anticolonial. Además, tiene la dimensión adicional de trascender complejas barreras raciales, étnicas e lingüísticas.

El Gobierno guyanés recurre a una poderosa artillería cultural para impulsar las reivindicaciones de la clase dominante guyanesa, que ha acogido al imperialismo estadounidense como aliado. Resolver el problema como ellos desean —una aceptación plena de sus reivindicaciones territoriales— solo puede tener un resultado: facilitar los esfuerzos de Estados Unidos por aislar a Venezuela, estrangularla económicamente y derrocar la revolución socialista bolivariana.

Esto representaría un revés catastrófico para la lucha general contra el imperialismo y por el socialismo, que se renovó en el siglo XXI con el auge de la revolución bolivariana.

Dicho esto, las reivindicaciones territoriales guyanesas son de larga data y están arraigadas en la identidad de la nación que surgió de la lucha contra el colonialismo británico. Por ello, el Gobierno de Guyana logra movilizar el apoyo popular en torno a este tema. De igual manera, para los venezolanos, este tema también está arraigado en la larga lucha por imponerse contra el imperialismo británico y, por lo tanto, es un factor significativo de la identidad nacional.

Es más, para ambos pueblos, el Esequibo es un importante sitio histórico de resistencia indígena y esclava, que constituye un elemento central de la identidad de la corriente socialista bolivariana y de la lucha de liberación nacional guyanesa.

Para los revolucionarios, el enfoque clave debe ser la oposición a la intromisión imperial estadounidense, para crear un espacio que permita soluciones soberanas. Esto requiere una comprensión más profunda de cómo se desarrolló la disputa y cómo poderosas fuerzas han intentado manipular el asunto, tanto históricamente como en la actualidad.

Zona de disputa

Los españoles fueron la primera potencia europea en llegar a la región del Esequibo, pero los holandeses fueron los primeros en establecer un sistema de trabajo esclavo para asegurar su territorio. La frontera exacta permaneció indefinida debido a la resistencia del pueblo caribe, que utilizó las densas selvas tropicales para repeler la invasión europea.

Para debilitar a los holandeses, los españoles ofrecieron la libertad a los esclavos que escapaban a sus asentamientos. Los holandeses respondieron ofreciendo una alianza a los indígenas, brindándoles acceso a medios para sobrevivir y defenderse de las incursiones españolas, a cambio de actuar como cazadores de esclavos.

Con los pueblos indígenas y el terreno impidiendo un control efectivo, la frontera permaneció indefinida, y ambos bandos reclamaban más territorio del que realmente controlaban. (Bram Hoonhout & Thomas Mareite, “Freedom at the fringes? Slave flight and empire-building in the early modern Spanish borderlands of Essequibo–Venezuela and Louisiana–Texas,” Slavery & Abolition. A Journal of Slave and Post-Slave Studies, March, 2018, pp.5-11)

Por lo tanto, cuando los británicos tomaron las colonias holandesas en 1814, no se demarcó ninguna frontera. Comenzando con Bolívar, los venezolanos recién independizados ansiaban ceder la menor cantidad de territorio posible al Imperio Británico. Durante la mayor parte del siglo XIX, los ingleses desestimaron las reclamaciones venezolanas y continuaron asentando a la población en la zona en disputa.

La disputa evoluciona

En la década de 1860, se descubrieron ricos yacimientos de oro en lo que se consideraba la "Guayana Española", pero los mineros y el capital provenían principalmente de Gran Bretaña. Venezuela agravó el problema al otorgar derechos de concesión a los inversores estadounidenses.

En 1886, Gran Bretaña declaró oficialmente una frontera occidental a lo largo de una línea trazada por un explorador contratado por la Corona, quien trazó una línea que corresponde aproximadamente a la frontera actual. Los ministros británicos dejaron claro que, en las negociaciones, harían importantes reducciones en su reclamación.

Además, señalaron que gran parte de sus reclamaciones no se basaban en distritos establecidos, sino en la administración general efectiva de territorios que no estaban realmente utilizados ni ocupados (R. A. Humphreys, “Presidential Address: Anglo-American Rivalries and the Venezuela Crisis of 1895”, Transactions of the Royal Historical Society, vol. 17, 1967, p. 145).

Se desató una intensa actividad diplomática, y Estados Unidos asumió las reclamaciones de Venezuela. Estados Unidos y el Reino Unido acordaron un arbitraje formal para resolver el asunto, sin la participación de Venezuela. El presidente de Venezuela se refirió al acuerdo de arbitraje como una "humillación nacional" y "la prensa y los políticos criticaron enérgicamente" la medida (Humphreys).

Sin embargo, Estados Unidos e Inglaterra, con la participación de Rusia, determinaron en 1899 que, con algunas modificaciones limitadas, la afirmación británica sobre la ubicación de la frontera sería "reconocida internacionalmente".

Venezuela, sin embargo, rechazó la decisión casi de inmediato, manteniendo su reclamo original, aunque finalmente no tuvo medios para presionar sobre el tema, que permaneció prácticamente latente hasta la década de 1960 (Gobierno Bolivariano de Venezuela).

Una nueva era

Al comenzar la década de 1960, Guyana se encaminaba hacia la independencia bajo el liderazgo del Partido Progresista del Pueblo (PPP). El PPP formó parte del subgrupo de tendencia radical de la ola de descolonización de posguerra que se extendió por el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. A Washington le preocupaba que el PPP colaborara con el bloque soviético e intentó evitar una victoria del PPP en las elecciones posteriores a la independencia.

En julio de 1962, el secretario de Estado Dean Rusk propuso al presidente Kennedy “alentar a Venezuela… a continuar con sus reivindicaciones territoriales”. En noviembre de 1962, Venezuela planteó la reclamación ante la ONU.

Esto dio lugar a negociaciones entre Venezuela, el Reino Unido y los líderes pro occidentales de la Guayana Británica, a pocos meses de la independencia. Ambas partes firmaron el “Acuerdo de Ginebra” en 1966. El acuerdo dio lugar a una “comisión mixta” entre Venezuela y Guyana para intentar encontrar una solución a la disputa.

El problema se reavivó a principios de la década de 1980, cuando, como señaló Hugo Chávez, el Gobierno venezolano “nos dijo que Guyana se estaba convirtiendo en otra Cuba, que teníamos que invadirla… Nos hicieron planear una invasión total de Georgetown”. Añadió además: “Funcionarios estadounidenses vinieron… a incitar a la guerra contra Guyana” debido a los problemas que Estados Unidos tenía con el líder guyanés Forbes Burnham (Caracas Chronicles).

El impulso venezolano fracasó y el tema no volvió a surgir hasta después de la toma del poder de la revolución bolivariana.

El reciente uso demagógico de la disputa fronteriza por parte de la derecha venezolana ha generado temores entre el pueblo guyanés sobre las manipulaciones pasadas de la cuestión fronteriza por parte de los Gobiernos venezolanos (no socialistas ni progresistas) del pasado.

Guyana, Venezuela, socialismo e imperialismo

Sin embargo, la postura actual del Gobierno venezolano se basa en la relación entre la disputa de demarcación y el imperialismo. Originalmente diseñada para enriquecer al imperialismo británico, esta misma postura se utiliza ahora para facilitar el deseo imperialista estadounidense de afirmar el control sobre los recursos tanto de Venezuela como de Guyana.

A partir del Gobierno de Hugo Chávez, Venezuela intentó sofocar la cuestión fronteriza y logró una mayor cooperación precisamente por esta razón, a pesar de las intrigas de diplomáticos estadounidenses y políticos guyaneses.

Guyana se unió a Petrocaribe, que ofrecía recursos energéticos a las naciones caribeñas en condiciones favorables. Venezuela cubría aproximadamente la mitad de las necesidades diarias de petróleo de Guyana. Venezuela también compró el cuarenta por ciento de la cosecha de arroz de Guyana a un precio promedio un veinte por ciento superior al del mercado.

Como resultado, Guyana "contuvo su factura de importación de petróleo… su deuda pública total se redujo eficazmente… Además, logró conservar una cantidad significativa de divisas y acumular mayores reservas internacionales brutas".

Sin embargo, ya en 2006, la Embajada de Estados Unidos informó que Guyana esperaba que otros países presionaran a Venezuela en relación con la disputa fronteriza, señalando que Guyana había solicitado en varias ocasiones que el Gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido emitieran declaraciones que confirmaran el acuerdo de 1899 (WikiLeaks).

En 2007, año en que Guyana se unió a Petrocaribe, el presidente Bharrat Jagdeo declaró al embajador estadounidense que estaba alentando a las compañías petroleras extranjeras a comenzar a explorar a lo largo de las dos fronteras en disputa de Guyana: con Surinam y Venezuela (WikiLeaks). Añadió que el enfoque socialista de Chávez hacia los inversores privados era imprudente e insostenible, y que Guyana era favorable a los inversores (WikiLeaks).

Al año siguiente, importantes compañías petroleras comenzaron a explorar seriamente las aguas costeras de Guyana (Intercept). El embajador añadió que, en su opinión, Jagdeo buscaba que las compañías petroleras, e implícitamente su protección internacional, pusieran a prueba la sensibilidad de Venezuela en el tema fronterizo (WikiLeaks).

Según funcionarios guyaneses, ya en 2009 estaban elaborando planes para extender su Zona Económica Exclusiva e incluir áreas ricas en petróleo en el territorio en disputa. En 2011, Guyana solicitó la extensión a la ONU. Las negociaciones, lideradas por Nicolás Maduro desde Venezuela, lograron mantener el tema en calma durante dos años más, hasta 2013, cuando Venezuela incautó barcos que exploraban petróleo en este territorio marítimo en disputa (WikiLeaks).

En 2015, Guyana otorgó una licencia petrolera a Exxon en la zona en disputa. En 2018, el entonces ministro de Recursos Naturales guyanés declaró a la prensa: «Quizás deseemos... vender nuestro petróleo, como lo hizo Venezuela, a nuestros hermanos y hermanas de Caricom... Eso también podría tener valor estratégico» (Oil Now), Esta idea también circula entre la derecha estadounidense (AEI).

En 2019, Exxon comenzó a transportar petróleo. La alianza entre Exxon y el Gobierno integró rápidamente a la mayor parte del cuerpo de prensa relevante en las relaciones públicas corporativas y las redacciones estatales. Un abogado que intentaba presentar una demanda contra Exxon tuvo que viajar a Trinidad para obtener asesoría legal, “dada la cantidad de empresas con las que Exxon, sus socios, filiales y proveedores han contratado en Guyana” (Intercept).

La disputa se agravó aún más en septiembre de 2023 cuando Guyana otorgó seis licencias de perforación más, incluyendo más a Exxon, en el territorio en disputa. Esto llevó a Venezuela a anunciar un referéndum consultivo en respuesta. Mientras tanto, el secretario general de la ONU también solicitó a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre la demarcación de 1899.

El Gobierno guyanés presentó el asunto como parte de un impulso al desarrollo. Sin embargo, incluso el FMI consideró que los acuerdos con Exxon eran “extremadamente generosos con ExxonMobil”.

En 2018, el Gobierno que negoció el acuerdo cayó en una moción de censura debido al malestar generalizado en el país por las condiciones, así como un legislador del partido gobernante que votó en contra del Gobierno debido a la presión de miles de trabajadores azucareros que protestaban por su despido durante las medidas de austeridad (SSRC).

El actual líder guyanés, Irfaan Ali, a pesar de beneficiarse de la moción de censura, declaró que su partido no renegociaría el acuerdo con Exxon.

Las organizaciones populares han seguido presionando para la renegociación, exigiendo un referéndum sobre el tema, y ​​recientemente el 94 % de los guyaneses declaró en las encuestas que desean ver una renegociación del acuerdo. Sin embargo, los principales partidos políticos de Guyana aún no se han comprometido a tomar medidas respecto a este deseo abrumador de mayores regalías e ingresos fiscales de Exxon (Kaieteur News).

A medida que se acercan las elecciones de este año, el presidente Ali también ha acelerado las transferencias monetarias únicas, restablecido la matrícula universitaria gratuita y financiado proyectos de infraestructura para acallar las críticas al acuerdo de Guyana con Exxon.

Sin embargo, persisten las dudas sobre el compromiso de Ali con el verdadero desarrollo del país (Americas Quarterly). Como señaló un activista guyanés en relación con las promesas de que el petróleo sacaría al país de la pobreza:

“¿Dónde está el dinero del oro? ¿Dónde está el dinero de la bauxita? ¿Dónde está el dinero de los diamantes? ¿Dónde está el dinero del azúcar? ¿Dónde está el dinero de la agricultura? ¿Dónde está el dinero de la pesca, etc.? La lista es casi interminable porque estamos repletos de riqueza, y sin embargo, la gente de este país es pobre” (Intercept).

Resistir al imperialismo

El historial refleja que, desde 2006, varios Gobiernos guyaneses han buscado explotar la animosidad de Estados Unidos hacia Venezuela para obtener acceso a los recursos petroleros.

La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EEUU (Southcom), declaró siniestramente en una reciente audiencia en el Congreso que Guyana, un "socio muy dispuesto", necesita una embajada estadounidense más grande y una mayor presencia militar estadounidense para ayudar a "canalizar y guiarlos con todos estos nuevos recursos adicionales" (Kawsachun News).

La visita de Rubio y sus amenazas a Venezuela coincidieron con ejercicios navales entre EEUU y Guyana. Rubio, concisamente, señaló durante su viaje que EEUU cuenta con una "gran Armada", "compromisos continuos con Guyana" y que no dudaría en imponer "consecuencias" a Venezuela en defensa de las plataformas petroleras de Exxon (El País).

A pesar de las tensiones, es importante destacar que lo peor se ha evitado en varias ocasiones en los últimos tiempos mediante el diálogo, algo que cuenta con el apoyo de la región, donde San Vicente y las Granadinas, Brasil, Cuba y Caricom han trabajado en un marco de cooperación con Venezuela y Guyana para encontrar una solución.

Venezuela ha utilizado su riqueza petrolera para perseguir importantes objetivos de desarrollo y perturbar la hegemonía estadounidense en América Latina. Esto es precisamente lo que llevó al país a estar en la mira de Estados Unidos.

Mantener a las dos naciones divididas e intentar convertir el petróleo guyanés en un arma es una estrategia estadounidense para mantener a América Latina en un estado de dependencia. Esto obliga a los socialistas a dejar claro que el imperialismo estadounidense no tiene por qué inmiscuirse en la política latinoamericana.

Liberation News

Traducción de Agencia Prensa Rural

Tomado: Agencia Prensa Rural

Cinco días en el Catatumbo: entre el miedo y la esperanza

 El pueblo del Catatumbo jamás olvidará los fatales acontecimientos del jueves 16 de enero de 2025. Ese día el Ejército de Liberación Nacional, ELN, activó una poderosa ofensiva militar en contra del Frente 33 de las disidencias de las Farc, acción armada que no solo derivó en una grave crisis humanitaria, sino que también obligó al Gobierno nacional a decretar el estado de conmoción interior en la región.

Las recientes cifras publicadas por la Gobernación de Norte de Santander dejan en evidencia la magnitud de la tragedia. En total se contabilizan 71 asesinatos, de los cuales seis casos responden a firmantes del Acuerdo de Paz y tres casos a líderes sociales de la región; nueve personas desaparecidas; 2.610 personas en alojamiento temporal; casi 55 mil desplazados; y alrededor de 24 mil personas confinadas.

A dos meses de la crisis, VOZ viajó a la región y acompañó del 3 al 6 de marzo a la primera comisión de verificación ‘Abracemos el Catatumbo’, donde más de 30 organizaciones sociales y varios funcionarios de instituciones del Gobierno nacional y departamental recorrieron la cabecera municipal de Tibú, el kilómetro 25, el ETCR Caño Indio, el corregimiento de La Gabarra y el sector conocido como Caño Negro.

Esta comisión pudo documentar varios casos de violaciones a los derechos humanos por parte de los actores armados, así como también logró escuchar los testimonios de las comunidades que hoy se encuentran confinadas. Estas son las historias registradas en un viaje de cinco días por las entrañas del Catatumbo.

Primer día: El destierro

Un día antes de iniciar el recorrido, en un hotel de Cúcuta nos recibió el dirigente campesino Pablo Téllez, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat, una de las organizaciones sociales más golpeadas por la ofensiva militar del ELN.

Oriundo de San Calixto y con 63 años de edad, don Pablo es reconocido en la región por su larga trayectoria en la lucha campesina. Sus orígenes políticos se remontan al movimiento Frente Popular, organización con la que participó en el famoso paro del nororiente de 1988.

En 1996 fue electo como concejal en El Tarra por la Unión Patriótica y después se convirtió en uno de los principales líderes de las marchas cocaleras de 1998. Esta movilización logró el Plan de Desarrollo y Paz para el Catatumbo, primer acuerdo en la región para resolver el tema de los cultivos de coca, pero que no logró desarrollarse por la entrada del paramilitarismo el 29 de mayo de 1999. Como casi que todos los testimonios registrados, don Pablo se considera un sobreviviente de esa época.

Téllez mantiene intactos los recuerdos del paro de 2013, movilización de por lo menos 30 mil campesinos cocaleros que paralizaron a Ocaña y Tibú. Aunque inicialmente defendió el Acuerdo de Paz firmado en 2016, posteriormente se convirtió en un crítico por cuenta de los permanentes incumplimientos al campesinado catatumbero. En 2021, junto a varios de sus compañeros, fundó Asuncat.

Hoy su historia es el relato vivo de un sobreviviente del 16 de enero.

“Yo me encontraba en una capacitación en Tibú. Aunque terminamos el día 15, no alcance a llegar a mi casa en El Tarra. Me quedé en la noche por Campo Seis. Al otro día, salgo en la moto y a la altura del caserío Filo Gringo, me encuentro con el primer retén del ELN. En la vereda 77, me vuelven a parar y me preguntan si soy de Asuncat. El comandante que me retiene no era de la región. Como no me reconocen, me vuelven a dejar libre.

“Llegué a la vereda el 92 y ahí me encontré con un muchacho conocido. Me dijo que arriba había un retén de los elenos y que lo comandaba alguien de la región. En ese momento me dio mucho miedo, dejé la moto en un corte de coca y me boté al monte. Llegué a donde un conocido que no me pudo esconder. Y ahí me tocó estar hasta el 19 de enero”.

Internado en la montaña, Téllez logró algo de señal en su celular y coordinó con un compañero, quien recogió la moto y la llevó al sector de Puente Rojo, lugar del encuentro. Para llegar allí, don Pablo tuvo que atravesar ríos y caminar varios kilómetros entre los cultivos de coca y algunos potreros ganaderos.

Como distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos habían activado su búsqueda, don Pablo Téllez se dirigió a la base militar La Esperanza en El Tarra. Llegó el 19 y el 20 fue trasladado en un helicóptero hacia Cúcuta. “Estaba tullido y sin poder pararme. Pero fue la única manera de que no me mataran”, dice.

Téllez está seguro que la ofensiva militar del ELN tenía el objetivo de eliminar el trabajo político de Asuncat: “Van siete personas del proceso asesinadas, una parte de la dirigencia desterrada y mucha gente confinada. Los elenos no perdonaron nuestro apoyo al actual proceso de paz con las Farc, la militancia en la UP y el trabajo desarrollado con los comités de reforma agraria”.

“Yo soy del Catatumbo, he luchado aquí toda mi vida. Queremos volver, pero necesitamos garantías porque hoy nos encontramos desterrados”, comenta con nostalgia. Sin embargo, al despedirse lanza una puya: “En esa comisión humanitaria faltamos nosotros, que no se le olvide”.

Segundo día: El silencio

Quizás la peor carretera entre una capital de departamento y una ciudad intermedia, sea la que conecta a Cúcuta con Tibú. Por cerca de cuatro horas de viaje, entre huecos y zonas destapadas, se divisa el paisaje catatumbero, una combinación de las hermosas flores amarillas del cañaguate, el monocultivo de la palma africana, el centenario tubo de petróleo y la pobreza de la gente.

En la cabecera municipal de Tibú todo parece normal. La comisión llegó a la espera de escuchar testimonios, pero dominó el silencio de la gente. “Es evidente el temor que tienen las comunidades, las víctimas y la población civil en hablar del tema. Mucha gente ya ha retornado al territorio, pero sigue siendo una grave crisis humanitaria que requiere de una respuesta institucional más adecuada”, expresa Walter Uribe, miembro del equipo jurídico de la Fundación Progresar.

La siguiente parada fue en el kilómetro 25 de la vía Tibú – La Gabarra. Según algunos relatos, en este lugar fue “donde más se echaron plomo el 16 de enero”. Con la llegada de la comisión, el salón comunal del centro poblado se fue atiborrando de gente. Aunque se activó una metodología anónima para recibir denuncias y atender algunas peticiones, la mayoría de la comunidad del 25 prefirió otra vez el silencio.

“En medio de toda la zozobra y la situación tensa que se pueda vivir, uno siente que la gente del Catatumbo sigue guardando las esperanzas en que esto pueda cambiar”, comenta monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú e integrante de la comisión.

Para el representante de la iglesia católica, la compleja situación en el Catatumbo es un largo acumulado de conflictos sin resolver: “La siembra del cultivo de la coca, lo que llaman el pategrillo (extracción ilegal de combustible, que se usa también para el procesamiento de la coca), la cultura de la ilegalidad y el abandono del Estado, todo esto configura una especie de caldo de cultivo que le permite a la violencia desarrollarse porque es favorable para el accionar de los actores armados”.

Por eso su mensaje al ELN y al Frente 33 es contundente: “Es necesario que bajemos las armas, que volvamos a dialogar y que se respete a la población civil. Es incoherente que digan que luchan por el pueblo para después matarlo”.

Tercer día: Caño Indio

El anfitrión en Caño Indio es Flaminio Díaz, firmante del Acuerdo de Paz y habitante del ETCR ‘El Negro Eliécer Gaitán’. Su verdadero nombre es Álvaro Velandia y tiene 66 años, de los cuales 35 años fueron en las filas de las antiguas Farc, donde también fue fundador del Frente 33.

“Por acá yo no tengo familia. Mi familia es el Catatumbo”, dice con modestia. Mientras cuenta la historia de su largo recorrido como guerrillero, se muestra orgulloso por conocerse la región y de tener un amplio reconocimiento en las comunidades.

Sobre el actual conflicto, Flaminio no duda en indicar que era algo inminente: “En las organizaciones armadas ya no hay entendimiento político e ideológico. No se tiene una visión de respeto sobre las comunidades porque todo termina siendo impuesto”.

Reconoce que en las dos guerrillas hay mucha gente, sobre todo juventud. Pero cita una frase de Manuel Marulanda: “quien no arma la cabeza, no arma los pies. Por eso es inconcebible que dos organizaciones que se hacen llamar revolucionarias, estén en esta guerra tan absurda”.

Recuerda Flaminio, que una vez comenzó esta nueva escalada de violencia en el Catatumbo, se reunieron con toda la comunidad: “Nosotros tomamos la decisión de quedarnos, porque no tenemos compromisos ni con los unos ni con los otros. Es verdad, como firmantes estamos adoloridos, pero no arrepentidos. Entonces, el mensaje a las dos guerrillas es que dialoguen, pero también que respeten la vida de la población civil y de quienes le apostamos a la paz en el territorio”.

Aunque Flaminio Díaz se muestra tranquilo, la grave denuncia que recibe la comisión es que el ETCR se encuentra en riesgo y que puede ser trasladado.

Para ‘Chavela’ Pabón, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y habitante de la vereda Caño Indio, lo anterior sería otro fracaso de la paz en el Catatumbo: “Hace ocho años y medio llegaron los firmantes. La comunidad estuvo allí ayudando para que todo se diera. Este proceso era una oportunidad de avanzar. Por eso, sería frustrante que quienes le apostaron a la paz se fueran del territorio”.

De igual forma, ‘Chavela’ hace un balance de lo ocurrido: “Aunque se veía venir, no creíamos que iba a ser de tal magnitud. En este momento todo se vive con miedo y zozobra porque no se sabe cuándo va a terminar”.

Para la dirigente campesina, la peor consecuencia de todo este episodio es que se resquebrajó el tejido social: “En un día destruyeron lo construido por décadas. Nuestro mensaje a las guerrillas es que saquen a la población civil y al campesinado del conflicto. Y al gobierno le decimos que invierta, porque uno de los problemas es el abandono del Estado. El Catatumbo necesita educación, salud, vías y proyectos agrarios que le permitan a la gente sobrevivir”.

Cuarto día: La Gabarra

El corregimiento de La Gabarra se encuentra ubicado en el extremo norte del municipio de Tibú. Limita al oriente con Venezuela y al occidente con el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Es conocido por ser el lugar donde ocurrió la masacre del 21 de agosto de 1999, cuando los paramilitares en connivencia con el ejército asesinaron a 43 personas.

La comisión llegó al coliseo del corregimiento donde esperaban alrededor de 1.000 personas. La discusión de ese día giró en torno a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros del 3 de marzo dedicado al Catatumbo. No se habló ni de los casi 2,76 billones de pesos anunciados para la región o de la inminente firma del Pacto Social por el Catatumbo, sino de los lamentables señalamientos en contra de las organizaciones campesinas.

En el acto de La Gabarra hicieron presencia los Motilón-Barí. Este pueblo ancestral denunció que se encuentran confinados y que los actores armados han emprendido una campaña de señalamiento, desplazamiento y hostigamiento en contra de los liderazgos indígenas.

Mientras tanto, a las afueras del coliseo las personas que documentan casos no daban abasto. La explicación es que el corregimiento de La Gabarra fue uno de los sitios intermedios a donde más llegó la gente desplazada.

Allí conocí el caso de una madre cabeza de hogar. Ella y su pequeña hija fueron hostigadas por unidades del ELN que le apuntaron con un fusil por cerca de 16 horas. Aunque no tenía nada que ver con las disidencias de las Farc, fue desplazada el 18 de enero.

“¿Quién me puede ayudar para no perder mi finquita?”, era su pregunta. Lo frustrante es que nadie pudo resolverle el problema.

Para acceder a la vereda San Martín hay que desplazarse fluvialmente, inicialmente por las aguas de color marrón del río Catatumbo y después por un brazo llamado río Brandy, afluente que se caracteriza por una extraña pigmentación verde. Son cerca de dos horas de navegación por una canoa impulsada a motor y con capacidad para máximo 25 personas.

La comisión llegó a este punto, conocido como Caño Negro y cercano al Parque Nacional Natural, donde los jardines silvestres de orquídeas, bromelias, bejucos y flores exóticas se mezclan con las interminables hectáreas verdes del monocultivo de la hoja de coca.

A Caño Negro bajaron cerca de 100 personas, todas de extracción campesina. En el ambiente hubo una sensación de júbilo porque se trató de un reencuentro de la comunidad. Frente a la escalada de violencia, muchas de las personas se salieron de grupos de WhatsApp o simplemente tiraron sus celulares. Fue la primera reunión de la vereda después del 16 de enero.

Esperando el inicio del encuentro, se me acercó una campesina, doña Esmeralda Rojas (nombre modificado por petición de ella). Tiene 52 años y trabaja en una finca de cuatro hectáreas donde siembra coca, plátano y yuca.

Me muestra sus manos rasgadas, porque lleva raspando dos días seguidos la hoja de coca, así como un tatuaje artesanal que le recuerda los cinco años que estuvo en prisión por trabajar en una “cocina” que procesaba pasta base.

En sus cuentas, con esta ya serían tres confrontaciones a las que ha resistido: “Yo soy sobreviviente de la época paramilitar, de la guerra entre el ELN y el EPL en 2018, y de esta nueva guerra donde se fueron los de las ‘Far’ y regresaron los elenos. Pero todo está malo. No sabemos que van hacer con nosotros los campesinos”.

Sin embargo, sus reclamos van dirigidos al presidente Gustavo Petro. Aunque vio el consejo de ministros, confiesa que no entendió mucho, salvo que el plan es que el campesinado sustituya la hoja de coca. “Él (Petro) dice que supuestamente va ayudarnos. Pero eso es difícil de creer. Vivimos en una tierra que no es de nosotros, porque los Barí dicen que es de ellos. No tenemos títulos y eso jode todo”.

También, pone como ejemplo lo ocurrido en Caño Indio, donde firmantes de paz y organizaciones como Ascamcat promovieron la sustitución de cultivos de uso ilícito. “Los campesinos arrancaron la hoja de coca, pero la gente del gobierno no cumplió. Y lo peor de ese experimento es que quedaron mal los compañeros de la asociación. Si salimos de la hoja de coca, ¿de qué vamos a vivir?”, se pregunta.

Doña Esperanza sueña con tener una tierra propia donde pueda cultivar café, plátano y cacao. Se siente campesina y no quiere dejar de serlo. Antes de buscar su mula y emprender el camino de una hora larga hacia su finca, me pide que anote su número de teléfono y que le mande una de nota de voz para que nos podamos comunicar después. Lastimosamente es analfabeta.

Nos retiramos de Caño Negro. Y aunque los dos actores armados se comprometieron en respetar a la comisión, avanzados cinco kilómetros de trayecto avistamos a unas diez unidades del ELN que se encontraban empotradas a la orilla del río.

Minutos después y con el ruido de la lancha, alguien me comentó al oído que lo acontecido no fue gratuito. “Seguramente estaban inspeccionando que en las lanchas no saliera nadie de la región. Esta comunidad se encuentra confinada y tienen prohibido salir de la zona”.

*Este artículo fue posible gracias al acompañamiento del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander.

Publicado en Semanario Voz

Tomado: Agencia prensa Rural

Paro nacional en Chile en demanda de mejoras laborales y sociales

 La principal organización sindical del país informó que durante la jornada habrá movilizaciones y otras formas de protesta en todas las regiones, con la participación de los diferentes sectores que la componen.

El secretario general de la CUT, Eric Campos, dijo que el paro no es sólo un acto de protesta, sino un llamado a construir un país donde el desarrollo no sea un simple indicador económico, sino una realidad para beneficio de todos.

Además, la convocatoria pretende ser una respuesta frente a un escenario político en el que el debate democrático y las posibilidades de transformación real se ven cada vez más restringidos.

En la esfera laboral las principales exigencias son fortalecer la negociación colectiva a nivel de cada rama de la producción y no de manera general como pretenden los patronos, así como hacer efectiva la jornada de 40 horas semanales en el sector público.

También se pedirá el fin de la persecución sindical promovida por la Contraloría de la República, el cumplimiento de la legislación contra el acoso laboral -la denominada Ley Karin- y avanzar hacia una verdadera reforma de pensiones.

Estarán en los reclamos temas como el derecho a disfrutar de una sala cuna universal para todos los trabajadores y trabajadoras y frenar la disminución del presupuesto estatal destinado a políticas sociales.

Tomado: Tercerainformacion

Italia: Muertes en el trabajo, una escalada sin fin

 

4.442 víctimas en los últimos cuatro años

El artículo 1 de la Constitución italiana dicta que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. El artículo 4 reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que hagan efectivo este derecho. Pero, ¿de qué trabajo estamos hablando y en qué condiciones?

En lo que va del año son 237 las personas fallecidas en accidentes de trabajo (casi 3 por día), 9 en las últimas 72 horas.

Según el más reciente informe del Observatorio Seguridad en el Trabajo Vega Engineering, en los últimos cuatro años (2021-2024) han fallecido 4.442 personas por accidentes laborales, 3.367 de ellas en el lugar de trabajo y 1.075 de camino al trabajo (in itinere).

Hablamos de un registro oficial de víctimas que no incluye a las muertes en el trabajo informal, no declarado y en la economía sumergida, ámbitos que siguen siendo muy difíciles de investigar.

Una situación más que alarmante, tomando en cuenta también que el índice de incidencia de mortalidad laboral (relación entre accidentes mortales y población ocupada) sigue siendo muy elevado y no da señales de reducción significativa.

Un campo de batalla

“El balance es trágico, tanto como un boletín de guerra. Porque, desgraciadamente, esto parece ser el trabajo en nuestro país: un campo de batalla, sin trinchera, ni escudos”, sentencia la publicación.

Construcción (564 víctimas), transportes y almacenamiento (434), actividad manufacturera (411) son los sectores más letales para trabajadores y trabajadoras.

Las personas mayores de 65 años resultan ser las más vulnerables (entre 96,1 y 150,4 muertes por millón de ocupados), mientras que los extranjeros tienen el doble de mortalidad (entre 63,2 y 74,2) que los italianos (entre 29,7 y 40,8).

Más del 90 por ciento de los fallecidos en el trabajo fueron hombres (418 fueron las trabajadoras que perdieron la vida) y los accidentes se registraron principalmente en regiones del centro y sur de Italia.

Urgen medidas

Para Guido Lutrario, miembro del ejecutivo nacional de la Unión Sindical de Base (USB), la situación podría hasta empeorar si las autoridades siguen sin adoptar soluciones de fondo.

Introducción del delito de homicidio en el trabajo y fortalecimiento del rol de los Representantes de los Trabajadores para la Seguridad (RLS)¹, garantizándoles más poderes y efectividad de acción, son las principales propuestas de la USB.

“Tendríamos a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras con más capacidad de incidencia, gozando de la confianza de sus colegas y más protegidos ante posibles represalias de la patronal, cuidando la salud y seguridad en el trabajo”, dijo Lutrario entrevistado por Radio Onda d’Urto.

“¿Como combatimos el fenómeno de las masacres laborales? Dando más poder a las y los trabajadores, haciendo de contrapeso a la visión patronal de la seguridad como un costo adicional, frenando las políticas de flexibilización, precarización y explotación laboral”, concluyó.

Notas

¹ Figura obligatoria designada en el seno de la representación sindical unitaria, cuya misión en una empresa es representar a las y los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Fuente: Rel UITA 

Tomado: Tercerainformacion

miércoles, 2 de abril de 2025

The New York Times publica un artículo que revela una «implicación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania mucho más profunda de lo que se creía»

 El periodista del rotativo estadounidense Adam Entous publicó el pasado 30 de marzo un artículo en el que repasa los «puntos clave» de la guerra bajo el titular «Así fue la asociación militar secreta de EE. UU. con Ucrania».

«La guerra en Ucrania se encuentra en un punto de inflexión en el que el presidente Donald Trump está buscando un acercamiento al líder ruso, Vladimir Putin, y presionando para que se ponga fin a los combates», comienza el artículo contextualizando la situación crítica tras una invasión que se alarga ya por más de tres años.

El 24 de febrero de 2022 el ejército ruso inició la invasión de Ucrania. Ocurría tras el golpe de Estado de Maydan de ocho años antes, y el precedente de la guerra del nuevo Gobierno que se desarrolló en Ucrania oriental del 6 de abril de 2014 al 24 de febrero de 2022 entre Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas del Dombás. Las advertencias de Vladimir Putin ante la inclusión de Ucrania en la OTAN y otros intereses económicos y geoestratégicos enfrentados motivaron que desde la marginalidad, algunos medios independientes como El Salto, Tercera Información o La Base denunciasen repetidamente una guerra proxy entre las dos potencias militares y nucleares del mundo. Ahora, The New York Times confirma lo que miles de medios hegemónicos al servicio de la industria armamentística se afanaron en negar: que «la implicación de Estados Unidos en la guerra fue mucho más profunda de lo que se creía».

«La asociación secreta [entre Ucrania y EE.UU.] guio la estrategia de batalla dentro de un panorama más amplio y también canalizó información precisa sobre objetivos a los soldados ucranianos en el terreno». Un secreto a voces que el NYT simplifica en cinco claves en esta investigación;

Una base estadounidense en Wiesbaden, Alemania, proporcionó a los ucranianos las coordenadas de las fuerzas rusas en su territorio.

La inteligencia y la artillería estadounidenses ayudaron a Ucrania a invertir rápidamente la situación contra la invasión rusa.

El gobierno de Biden siguió moviendo sus líneas rojas.

Al final, se permitió al ejército estadounidense y a la CIA ayudar con ataques en Rusia.

Los desacuerdos políticos en Ucrania contribuyeron al colapso de la contraofensiva de 2023.

Tomado: Tercerainformacion