Este 20 de noviembre se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco. Pero si algo demuestran estas cinco décadas es que, muerto el dictador, no terminó lo que significaba su régimen. Porque lo que movilizó al franquismo no empezó en 1939 ni acabó en 1975, sino que se inició con el golpe de estado de 1936 —organizado por oligarquías agrarias, financieras y militares— y, con nuevas máscaras, sigue operando hoy.
La Segunda República fue una consecuencia política de una transformación social profunda. España tenía un movimiento obrero poderoso, mujeres que se incorporaban al espacio público, jornaleros que tomaban tierras —como en el trienio bolchevique andaluz— y un hartazgo popular estructurado.
Por eso, el bloque golpista reunió a fascistas, tradicionalistas, sectores de la Iglesia, terratenientes y capitalistas. Su enemigo era claro: la España que estaba por venir. Y su respuesta es mundialmente conocida.
La reforma fiscal republicana, la reforma agraria, los derechos laborales, la educación laica y el reconocimiento de las autonomías, fueron demasiado para una clase social que estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana y que no iba a permitir perder ni un poco de su poder. Así no solo promovieron un golpe de Estado que desembocó en una guerra, sino que después reorganizaron el país para que nada volviera a moverse. El famoso "atado y bien atado" de Franco.
El franquismo no solo aniquiló físicamente a la izquierda organizada. Impulsó un modelo de acumulación basado en el expolio, el trabajo esclavo y las concesiones a dedo. Los March, Koplowitz, Entrecanales o Villar Mir consolidaron imperios empresariales al calor de ese Estado.
Luego, en 1959, vino la "modernización": el Plan de Estabilización de Alberto Ullastres que desmanteló industrias, expulsó trabajadores hacia Europa y subordinó la economía al capital internacional. La transición no rompió ese ciclo, lo adaptó a las nuevas circunstancias.
Y así estas élites, paridas por la dictadura, se proyectaron hacia el exterior, especialmente hacia una América Latina mutilada por otras dictaduras (de carácter similar), como las del Plan Cóndor, donde el capital español encontró nuevas vías para seguir ganando la guerra contra el pueblo que había comenzado en 1936.
El encargado de garantizar esa continuidad fue Juan Carlos de Borbón, el rey que Franco colocó a dedo. Y que, lejos de traicionar al régimen, lo administró con fidelidad, como él mismo reconoce —con emoción filial— en su reciente biografía, publicada precisamente por el Grupo Planeta, cuyo fundador participó en el golpe contra la República y llegó con las tropas franquistas a Barcelona.
Desde su creación en 1949, Planeta ha levantado un imperio editorial que actúa prácticamente como un monopolio: ha absorbido sellos, adquirido canales televisivos y medios de comunicación y consolidado un poder cultural concentrado que es fundamental para entender la España actual.
Así, hoy, ese monarca impuesto —el "rey emérito"— es una suerte de prófugo institucionalizado: vive fuera del país, pero entra y sale como quiere, sin responder por los numerosos casos de corrupción que lo rodean.
Las investigaciones sobre sus comisiones millonarias en operaciones internacionales, muchas de ellas conectadas con la red de relaciones que tejió en pleno franquismo y que consolidó una vez coronado, son la expresión más nítida de una institución construida desde la impunidad.
Juan Carlos no solo agradece a Franco el trono, sino que encarna el modelo de inmunidad y acumulación que define a las élites españolas surgidas de la dictadura. Un modelo que excede a la monarquía y que encuentra su reflejo también en el Grupo Planeta: un gigante cultural, como dijimos, nacido del golpe del 36, blindado durante el franquismo y convertido hoy en un actor casi hegemónico en la producción del sentido común para la sociedad en España.
La historia de ambos —el rey y el imperio editorial que publica su biografía— muestra la misma lógica estructural: continuidad, concentración y protección.
Porque si el poder económico y político del franquismo se recicló, no podemos afirmar lo mismo de su base ideológica. El franquismo sigue operando hoy en España como un relato mítico sostenido que sirve para anular las posibilidades de crítica o transformación, incluso si estas son mínimas. A través del Movimiento Nacional, Falange y la Iglesia, se moldeó una cultura autoritaria y nacional-católica que nunca fue desmantelada.
A las mujeres se las devolvió a la obediencia doméstica con el "manual de la buena esposa"; a los trabajadores se les delegó a la obediencia a los "proveedores", que es como el Fuero del Trabajo denominaba a los patrones. Solo así se garantizaba una "España de paz" que sirve, además, como una amenaza constante. Si tocas, aunque sea mínimamente, los intereses y arbitrariedades de estos, volverá la guerra.
Hoy, esa pedagogía del orden revive como parodia entre ’influencers’ que reivindican a Franco entre memes y banderas, sin saber lo que realmente fue. Pero no es solo ignorancia: es una consecuencia directa de una transición que no explicó que el franquismo fue terrorismo de Estado al servicio del capital.
Por eso no sorprende que cincuenta años después, el franquismo siga en el núcleo del Estado, tanto en la fortuna blindada del rey emérito, como en las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35. En el poder cultural concentrado. Pero también en la judicatura que actúa como policía política, porque tampoco aprendieron —nadie les enseñó ni les recriminó— que debiesen actuar de otra manera.
La extrema derecha europea lo sabe, y por eso había elegido el 20N para movilizarse en Madrid. La expresión visible de un ecosistema reaccionario global en plena expansión, donde partidos, ’think tanks’, ’lobbies’ religiosos, magnates mediáticos e ’influencers’ comparten estrategias, financiación, discursos y objetivos.
Vox y la Comunidad de Madrid se han convertido en uno de los nodos principales de esa red: un laboratorio político donde se ensayan políticas liberales extremas, ofensivas culturales ultraconservadoras y una estética abiertamente fascistizante. Allí convergen actores de la derecha extrema de EEUU, Italia, Argentina, Venezuela, Brasil o Polonia, todos articulados en una misma internacional reaccionaria.
En paralelo, Europa avanza hacia un modelo cada vez más autoritario: leyes mordaza, vigilancia reforzada, criminalización del disenso y recortes de libertades independientemente de quién gobierne. Todo ello acompañado de un proceso de expolio social: privatización de servicios públicos, degradación de derechos laborales y transferencia sistemática de recursos colectivos a grandes empresas.
Y como columna vertebral de esta reconfiguración, el militarismo europeo se consolida como un nuevo eje de acumulación del capital.
La supuesta "ayuda a Ucrania" anunciada por Pedro Sánchez es un ejemplo: dinero público canalizado hacia el complejo militar-industrial español (Indra y otros) y hacia las corporaciones armamentísticas estadounidenses, bajo un relato "humanitario" destinado a encubrir lo esencial: las guerras se han convertido en el gran negocio del capitalismo europeo en crisis.
Cincuenta años después, el pueblo español no enfrenta solo una coyuntura peligrosa, sino un edificio entero construido sobre la continuidad del franquismo: su cultura política, su arquitectura económica, sus mecanismos de impunidad, sus élites y sus alianzas internacionales.
Franco murió. El franquismo —y lo que significa— sigue vivo.
Tomado: Agencia Prensa Rural
