Desde el 18 de agosto, las 20 Emisoras de Paz y once emisoras descentralizadas más solo transmiten música. No hay noticieros, programas culturales ni espacios comunitarios. La orden, reveló El Armadillo, llegó el lunes festivo 17 de agosto por un mensaje de WhatsApp que Inravisión envió a los directores, para frenar de inmediato la franja informativa.
Veinte emisoras nacidas de un acuerdo
Las Emisoras de Paz nacieron del numeral 6.5 del Acuerdo Final de 2016, que dispuso crear una red de emisoras de interés público en zonas golpeadas por el conflicto. El proceso comenzó con Juan Manuel Santos y se completó en 2024.
Según precisa Alexei Castaño, quien asumió la dirección de la Radio Nacional hasta hace poco, la red suena por 74 frecuencias que corresponden a 31 emisoras (no 74 emisoras, como se ha difundido), de las cuales 20 son puntualmente Emisoras de Paz.
Bajo la gerencia de Hollman Morris en RTVC (hoy Sistema de Medios Públicos), cerca del 90% de la parrilla respondía a contenidos producidos desde los territorios. Castaño explica que cada emisora contó con un equipo de seis personas, unas 120 en total, y que hubo capacitaciones a periodistas de medios comunitarios.
Destaca casos documentados en este trayecto como la sustitución de coca por cacao en Algeciras, Huila, y Mesetas, Meta, y un diálogo de paz con un grupo del ELN en Nariño.
“Víctimas y victimarios se encontraron cara a cara en estas emisoras para hablar de paz. Fue un ejercicio sin precedentes, destacado por organismos internacionales”, afirma.
Un cambio de gobierno, una orden de silencio
La suspensión llegó días después de que, el 12 de agosto, el Ministerio TIC nombrara a Ángela María Mora gerente de Inravisión. Un día antes, esa cartera dirigida por la ministra Alexandra Falla, había anunciado el fin de lo que calificó como “el aparato de propaganda” del Sistema de Medios Públicos.
Trabajadores citados por El Armadillo señalan que las tensiones editoriales venían en aumento desde la cobertura del terremoto del 10 de agosto. Para Castaño, la decisión desconoce que el Acuerdo “es estatal, no gubernamental. Trasciende gobiernos y tiene que cumplirlo el Estado”.
El impacto se siente con fuerza en zonas de frontera como Arauca. En un comunicado del 22 de agosto, la A3J y CIEN de Cilantro señalaron que, para Arauquita, la Emisora de Paz es “un espacio público de comunicación territorial” que visibiliza iniciativas comunitarias y culturales de campesinos, víctimas y jóvenes; además, pidieron al Gobierno informar las razones de la decisión y abrir un diálogo con las comunidades. Desde El Tambo, Cauca, la directora de esa emisora, Jessica Molano, advirtió que el silencio “genera un incumplimiento directo del Estado” y expresó temor por la estabilidad de unos 105 contratistas.
El miedo detrás del silencio
Castaño señala un riesgo mayor que el jurídico que es la estigmatización de los periodistas. Relata que congresistas como Sara Castellanos y Enrique Gómez Martínez, y el periodista Felipe Zuleta, señalaron públicamente que en esas emisoras “se le hacía propaganda a la guerrilla”.
Para él, ese tipo de acusaciones son peligrosas en un país que vivió el exterminio contra la Unión Patriótica tras señalamientos similares. Esto se ve reflejado en que varios periodistas de emisoras en diferentes regiones prefirieron no pronunciarse.
La FLIP, la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias calificaron la medida como una restricción al modelo de radio descentralizada que Colombia construye desde 2014; según Castaño, se sumaron el Partido Comunes y Reporteros Sin Fronteras.
La Defensoría pidió revisarla. En el Congreso, el representante Alejandro Toro citó a debate de control político a la ministra Falla y a la gerente Mora, y el senador Iván Cepeda anunció una tutela contra el MinTIC e Inravisión por vulneración de los derechos a la información y la libertad de expresión.
Alexei anticipa una reconversión gradual. Cree que las emisoras serán reducidas a espacios “culturales y musicales” mientras el Gobierno revisa cómo argumentar que ya cumplió el Acuerdo. Señala una contradicción: si el objetivo es un canal musical, no deberían sonar allí los discursos del presidente De la Espriella. Recuerda que Petro propuso que las fuerzas progresistas respalden un medio propio.
Piedra en el zapato
Consciente de su exposición en el cargo, insiste en fortalecer las redes entre medios comunitarios: “Me van a sacar porque me convierto en piedra en el zapato”, bromea. Más allá de la disputa política, el debate de fondo es si el país puede sostener, sin estos espacios, los compromisos de convivencia pactados en La Habana. Para comunidades donde la radio es el medio de mayor alcance, la diferencia entre una parrilla territorial y una señal musical centralizada es la diferencia entre tener o no un canal propio para narrar su realidad, diez años después de un acuerdo que prometió no dejarlas en silencio.
