Irán debutó en el Mundial con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, pero el partido se jugó también fuera del césped.
En una de las gradas, la afición iraní levantó varias pancartas hasta formar una palabra y una cifra: Mina168, en memoria de las víctimas de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán, más de ochenta días después del ataque estadounidense-israelí con misiles que la destruyó y dejó más de un centenar de muertos, en su mayoría niñas.
Así, Irán denunciaba el crimen en la casa del perpetrador, en plena competición mundial y ante las cámaras del planeta entero.
De manera paralela, se iban conociendo nuevos detalles del memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, intermediado por Pakistán y con firma formal prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Todavía no existe un texto público y definitivo, sino declaraciones, filtraciones y una negociación que apenas empieza.
Aun así, el debate vuelve a girar sobre dos grandes cuestiones: por un lado, las exigencias estadounidenses sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz; por otro, las exigencias iraníes de poner fin a las agresiones contra su territorio y otros países de la región, incluido Líbano.
El primer escollo es la cuestión nuclear iraní, pero conviene recorrer la historia reciente para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. El Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 y conocido como JCPOA, estableció límites al programa nuclear iraní, inspecciones internacionales y alivio de sanciones.
Irán aceptó restricciones verificables y supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Estados Unidos, sin embargo, se retiró unilateralmente en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, haciendo trizas el acuerdo.
La República islámica, en ese sentido, no puede ser tratada ahora como si hubiera sido quien rompió aquel marco. Teherán aceptó límites, inspecciones y compromisos verificables, mientras el alivio de sanciones quedó siempre sometido a la voluntad política de Washington.
La experiencia demostró hasta qué punto aquel acuerdo era frágil y asimétrico. Después de lo ocurrido, no se le puede pedir simplemente que regrese a 2015. Irán no tiene por qué volver a una confianza unilateral que ya ha sido utilizada contra su seguridad nacional.
Ahí aparece la cuestión de fondo: qué se le está exigiendo realmente a Irán y con qué autoridad. Irán forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear; Israel permanece fuera de él. Estados Unidos, que se atribuye el derecho a decidir qué capacidades estratégicas pueden desarrollar otros Estados, es además el único país que ha utilizado bombas atómicas en una guerra. La preocupación por la proliferación nuclear se revela así profundamente selectiva.
Por eso el programa nuclear iraní no puede reducirse al fantasma de una bomba que Teherán niega buscar por razones religiosas, políticas y diplomáticas. La cuestión central es la soberanía.
En un país sometido a sanciones, sabotajes, bloqueos y agresiones militares, el desarrollo nuclear civil forma parte de su supervivencia económica y de su autonomía tecnológica; llegados a este punto, también de su capacidad defensiva. Lo que se le exige a Irán no es solo transparencia, sino la aceptación de una tutela excepcional que no se aplica ni a Israel ni a las demás potencias nucleares.
Con Ormuz ocurre algo similar. Irán no ha inventado su peso sobre el estrecho: lo ejerce desde una realidad geográfica que le otorga una herramienta estratégica evidente. Otros Estados condicionan pasos marítimos decisivos sin que ello se interprete automáticamente como una amenaza al orden mundial.
¿Por qué Irán debería renunciar a esa capacidad en plena agresión? La paradoja es que Ormuz ni siquiera estaba en el centro del debate antes de la escalada estadounidense. Fue la agresión la que forzó su cierre y convirtió el estrecho en una palanca clave para Irán como expresión legítima de soberanía en un punto decisivo del comercio mundial.
El segundo escollo, y no menor, para la paz regional es Israel, que ya ha anunciado que no va a asumir estos acuerdos. Durante décadas, Tel Aviv ha funcionado como un portaaviones occidental en Asia Occidental: una pieza de proyección militar, tecnológica y política de Estados Unidos y Europa sobre una región decisiva.
En el primer mandato de Trump, los Acuerdos de Abraham expresaron esa estrategia mediante la normalización de Israel con gobiernos árabes, el aislamiento de Palestina y el cerco al eje de la resistencia. Aquella operación buscaba cerrar la cuestión palestina por arriba, mediante pactos entre élites, mientras sobre el terreno se consolidaban la ocupación, el apartheid y la colonización.
Pero Trump tampoco puede volver a ese momento. Después de más de dos años de genocidio en Gaza, la legitimidad internacional del Estado israelí está profundamente erosionada. Y ese deterioro no afecta solo a Tel Aviv. También golpea a Washington, Bruselas y a las capitales europeas que financian, arman y protegen a Israel.
La impunidad israelí ya no funciona como antes porque su coste político, diplomático y moral se ha vuelto mucho más alto. Israel sigue siendo una pieza estratégica para Occidente, pero cada vez es también una carga más difícil de justificar.
La clave está en la lógica de la colonización de asentamiento. Este tipo de proyecto no se limita a dominar un territorio desde fuera, sino que pretende sustituir una sociedad por otra. Quiere transformar la tierra del pueblo colonizado en patria exclusiva del colono.
Cuando esa sustitución triunfa, como ocurrió en el oeste de Estados Unidos o Australia, lo hace mediante aniquilación masiva, expulsiones, confinamiento, desplazamientos forzosos y expolio absoluto de los pueblos originarios. Ese es el reverso sangriento de los casos que suelen presentarse como "exitosos".
Cuando el pueblo colonizado no desaparece, la contradicción se vuelve insoportable. Argelia ofrece un ejemplo claro. A medida que la independencia se acercaba, los colonos franceses y los sectores militares más duros no se moderaron. Derivaron hacia la OAS, el terrorismo y la fascistización como reacción política de una comunidad colonial que veía amenazado el mundo construido sobre su privilegio.
Eso ayuda a entender Israel hoy. El sionismo liberal, laborista o supuestamente socialista pudo envolver la colonización en un lenguaje democrático hacia dentro de la sociedad judía israelí. Pero hacia el pueblo palestino descansaba sobre desposesión, segregación y aniquilación.
Esa contradicción ha ido devorando sus propias mediaciones. Por eso figuras como Smotrich, Ben-Gvir o Netanyahu no son la causa de nada, sino la consecuencia de una colonización que ya no logra presentarse como normalidad liberal.
La guerra permanente es, en ese marco, una forma de gobierno. Desde Gaza hasta Líbano, Irán, Yemen, Siria, Irak y Cisjordania, la doctrina de los siete frentes ha permitido sostener a un gobierno y a un proyecto político cuya estabilidad depende de ampliar el estado de excepción. Israel necesita seguir alimentando la guerra porque la guerra se ha convertido en su modo de existencia política.
Por eso los altos el fuego son tan frágiles. Chocan con dos estructuras históricas: un imperialismo estadounidense que pretende volver a un 2015 que él mismo destruyó, como si la correlación de fuerzas regional y mundial no hubiera cambiado; y una colonización israelí que solo puede sostenerse con más violencia mientras el pueblo palestino siga existiendo. Y Palestina sigue ahí.
Sin embargo, la fragilidad del acuerdo no elimina su importancia; al contrario, revela el punto exacto de la disputa: ya no se negocia desde el mundo de 2015, sino desde una región que ha aprendido a resistir y desde un orden internacional que empieza a dejar de ser unipolar.
Por: Carmen Parejo
Tomado: Agencia Prensa Rural
