El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba provocó pérdidas por más de 8.000 millones de dólares a la isla tan solo entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Se trata del mayor perjuicio registrado en un solo año desde el inicio del bloqueo.
Así lo informó este lunes (7) el canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante la presentación, ante el personal diplomático acreditado en la isla, del documento anual Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
“Una cifra récord, un 7 % superior a la reportada en el informe anterior”, afirmó el canciller, en referencia al período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
El documento, que el Gobierno cubano presenta anualmente al secretario general de las Naciones Unidas, detalla los daños económicos, comerciales y financieros que, según La Habana, provocan las medidas coercitivas de Washington contra la isla.
“El bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos los ámbitos. Es un acto de castigo colectivo que se expresa en los largos meses viviendo con solo dos o tres horas diarias de electricidad, o menos”, aseguró.
Rodríguez señaló que las afectaciones abarcan la alimentación, la electricidad, el agua, la salud, la educación, el transporte y las condiciones de vida de las familias cubanas.
“La hostilidad y la agresión alcanzan todos los ámbitos de la vida. No se trata de daños colaterales. Frase también inaceptable de la guerra criminal de Estados Unidos contra Cuba. Son las víctimas de un diseño agresivo, de un plan fríamente calculado. Es el objetivo de las medidas que se aplican. Es el castigo colectivo contra los cubanos para buscar objetivos políticos. El bloqueo castiga. Queremos vivir en paz. Castiga a todas las familias”, afirmó.
El ministro también calificó la política estadounidense como “un acto de genocidio” y sostuvo que “la política vigente del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba configura, tipifica un acto de genocidio según las convenciones internacionales”.
El reporte constituye, además, el principal sustento de la resolución que Cuba somete cada año a votación de la Asamblea General de la ONU para exigir el fin del bloqueo y que, desde hace más de tres décadas, recibe el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros. Este año, la votación está prevista para el 28 de octubre.
De acuerdo con las cifras presentadas, los daños acumulados desde el inicio del bloqueo, hace más de seis décadas, ascienden a la extraordinaria cifra de 178.700 millones de dólares a precios corrientes, un 4,7 % más que lo informado en el período anterior.
Impacto en la salud
Entre los sectores más afectados se encuentra el sistema sanitario, con pérdidas estimadas en 121,7 millones de dólares durante el período analizado. El documento señala que las restricciones para acceder a mercados de insumos médicos, así como las dificultades bancarias que enfrentan proveedores internacionales, han provocado interrupciones en la disponibilidad de medicamentos esenciales.
A ello se suma el impacto de la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. Según el reporte, esta situación ha llevado a bancos e instituciones financieras internacionales a negarse a procesar pagos de la industria farmacéutica de la isla, BioCubaFarma, incluso para la adquisición de materias primas básicas destinadas a la fabricación de medicamentos.
En este contexto, la mortalidad infantil en Cuba pasó de 4 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025. Se trata de un indicador que, según las autoridades cubanas, podría verse aún más afectado por las consecuencias de la asfixia energética impuesta contra la isla desde finales de enero.
“Son niños, no son números. Son las muertes que no debieron ocurrir por privar a Cuba y a su sólido y eficaz sistema de salud pública de recursos legítimos. Hablamos, por ejemplo, del sistema que debe cuidar a una mujer embarazada, tratar a un niño enfermo y atender a quien llega a una urgencia médica”, afirmó Rodríguez.
El impacto de la asfixia energética
Rodríguez advirtió que las cifras del informe todavía no reflejan plenamente el impacto de las medidas adoptadas recientemente por Washington contra el suministro de combustibles a Cuba.
El período analizado solo incluye el primer mes posterior a la asfixia energética decretada por Estados Unidos a fines de enero y no contempla la ampliación de las llamadas sanciones secundarias, aplicada a principios de mayo. “Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el período tratado”, señaló.
Desde entonces, Cuba se ha visto imposibilitada de importar petróleo, una situación que ha afectado gravemente la vida cotidiana en la isla, así como la actividad industrial y la producción de alimentos.
Los apagones masivos y la escasez de combustible han paralizado actividades industriales, la logística y el sector agroalimentario. En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja sus estimaciones para Cuba y proyecta una contracción del 10,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) cubano.
A las restricciones sobre los combustibles se suma el endurecimiento de las llamadas sanciones secundarias contra empresas extranjeras —no estadounidenses— que mantienen negocios en la isla. Estas medidas han provocado la salida de inversiones extranjeras en áreas críticas, como la industria turística, con el retiro de cadenas como Meliá, Blue Diamond e Iberostar, y la explotación de minerales, como en el caso de la minera canadiense Sherritt International.
Pese a este escenario, Rodríguez afirmó que el Gobierno cubano mantiene como prioridad atender las necesidades más urgentes de la población y preservar sus políticas sociales. También señaló que La Habana continuará aplicando las reformas económicas y sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, con la expectativa de que comiencen a generar resultados en el corto plazo y contribuyan a mejorar las condiciones de vida.
Durante su intervención, el canciller recordó, además, el memorando de 1960 del entonces subsecretario de Estado estadounidense Lester Mallory, en el que, según citó, se planteaba “debilitar la vida económica de Cuba” mediante la privación de recursos, con el propósito de “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Tomado: Rebelion
