El contrapunto a Davos mostró que el neoliberalismo no es el único camino

 El Foro Económico Mundial (FEM) de Davos proclamó en 2000 el triunfo del neoliberalismo. La economía, liberada de restricciones, controles, reglamentos y normas, llevaría al mundo a la prosperidad y resolvería todos nuestros problemas sociales.

Las restricciones que pretendían preservar los derechos laborales, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y garantizar los derechos de los consumidores se consideraban obstáculos para el desarrollo económico y el progreso. La presencia de dictadores en Davos, recibida con todos los honores, dio apoyo a quienes creían que la democracia, con sus reglas, obstaculizaba la actuación de quienes querían una total libertad de mercado.

Extremadamente molesto por los medios de comunicación al ver este discurso y la alabanza del neoliberalismo, tuve la idea de crear el Foro Social Mundial (FSM). Era necesario crear un contrapunto y oponerse al FSM, para demostrar que la economía debe estar al servicio del progreso social. Que los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la democracia son valores fundamentales para el proceso de civilización, para la vida en el planeta, para el bienestar de todos, y no sólo de unos pocos. Que el libre mercado, sin reglas ni límites, significa promover la ley de la selva donde el más fuerte se hace más fuerte y el más débil se hace débil – o desaparece. El resultado es el aumento brutal de las desigualdades.

Al examinar los indicadores de desigualdad en el mundo, donde el 1% más rico concentra la misma riqueza que el 99% restante, la pregunta que siempre me he hecho es: ¿cómo es posible que tan pocos dominen a tantos? ¿Cómo podemos aceptar tal desigualdad? Una de las causas es el hecho de que buena parte de la población estaba convencida de que no habría alternativas, de que no había otras opciones; y, por otro lado, la fragmentación de la sociedad civil, que tendría dificultades para articularse, para unirse, para adquirir fuerza política y social, para promover el cambio e influir en las políticas públicas.

El FSM sería un proceso liderado por las organizaciones sociales que visibilizaría propuestas e iniciativas concretas de progreso social, mostrando que otro mundo es posible, y facilitaría las conexiones, alianzas y asociaciones entre organizaciones y líderes sociales.

Varias personas y organizaciones se adhirieron a la idea y, en enero de 2001, se lanzó el FSM en Porto Alegre. A partir de 2004, el FSM se impuso en todo el mundo. Numerosos foros mundiales, regionales, nacionales, locales y temáticos se extienden por todos los continentes. Para celebrar su 20º aniversario, el FSM, que comenzó el 23 de enero y se extiende hasta el 30 de enero, será virtual debido a la pandemia.

Hemos acumulado derrotas y victorias. Las desigualdades siguen siendo enormes y la devastación medioambiental continúa. Algunos países importantes han elegido gobiernos que niegan todos los valores de la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental. Los gobiernos progresistas han aplicado importantes políticas sociales, pero algunos se han rendido a la lógica del mercado y a las tentaciones del poder. Se han formado varias redes y alianzas a nivel local y mundial. Importantes movimientos han ganado poder y escala: feministas, antirracistas, indigenistas, ecologistas, de derechos humanos, de valoración de la diversidad, de reducción de la desigualdad, de promoción de la democracia participativa. Se han producido importantes avances en la legislación, las políticas públicas, las normas jurídicas y los tratados internacionales.

La idea de que el neoliberalismo es el único camino, que no hay alternativa, se ha acabado. El mensaje «otro mundo es posible» se ha ganado corazones eminentes. El FSM sólo ha podido hacerse realidad gracias a los miles de militantes y organizaciones que creyeron en la idea y se comprometieron a celebrar el primer foro hace 20 años y que organizaron y participaron en todos los encuentros posteriores. Y, sobre todo, siguen luchando por un mundo mejor. A estas instituciones y personas, les rindo homenaje.

– Oded Grajew, idealizador del Foro Social Mundial, es presidente emérito del Instituto Ethos y consejero del Instituto de Ciudades Sostenibles y de Oxfam Brasil.

Artículo publicado originalmente en https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/01/20-anos-de-forum-social-mundial.shtml, en Folha de S.Paulo, el mayor periódico de Brasil

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/210715

Tomado: tercerainformacion

Casos confirmados de COVID-19 en Africa superan 3,47 millones: CDC de Africa

 De acuerdo con el registro de la agencia continental de control y prevención de enfermedades, el número de muertes relacionadas con la pandemia en Africa aumentó a 86.898 hasta el miércoles.

Un total de 2.955.394 personas contagiadas con COVID-19 se ha recuperado en todo el continente hasta ahora, señaló la agencia.

La región sureña de Africa es la más afectada en términos de casos positivos confirmados, seguida por la región norte, indicó la agencia.

Los países africanos más afectados en términos de casos positivos son Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Egipto y Etiopía.

Sudáfrica ha registrado la mayor cantidad de muertos por COVID-19, con 41.797 hasta el miércoles, de acuerdo con el CDC de Africa.

La semana pasada, John Nkengasong, director del CDC de Africa, dijo que el continente africano está «en una fase crítica de la pandemia».

«Conforme reabren las economías y los viajes se reanudan, debemos prestar atención a la prevención de la transmisión, la prevención de las muertes y la prevención de los daños, abriendo nuestras fronteras con cuidado y precaución», dijo Nkengasong.

Tomado: Tercerainformacion

A debate en Chile indulto a presos del estallido social

 La víspera, la comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó legislar una iniciativa que busca indultar por motivos humanitarios a esas personas, la mayoría jóvenes, que según fuerzas de oposición y del movimiento social son víctimas de un encarcelamiento excesivamente largo sin causas justificadas en gran parte de los casos.

La propuesta, que salió adelante por tres votos a favor y dos en contra, ahora deberá ser debatida por el pleno del senado, aunque inmediatamente el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, declaró que la iniciativa carece de fundamentos legales y que en consecuencia el gobierno la rechazará si es aprobada por la Cámara Alta.

En sesiones previas, la comisión escuchó los argumentos a favor o en contra de representantes del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, familiares de los presos y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros.

El proyecto de indulto general para los presos durante la revuelta popular fue presentado por cinco senadores de oposición el 10 de diciembre último y prevé tener en cuenta a todos quienes se mantienen presos o fueron imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 17 de octubre de 2019 y hasta hoy.

Según datos de diferentes instancias, son cientos quienes siguen tras las rejas, algunas por más de un año en prisión preventiva, en espera de una resolución judicial, aunque el gobierno lo niega y advierte que esas personas han cometido delitos graves y liberarlas sería estimular la violencia.

En esencia, el proyecto plantea que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda, y se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional sobre esta materia.

Asimismo señala que apunta a ‘la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que fueron imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social’.

Los impulsores de la iniciativa aseguran que esta se basa en que las imputaciones de hechos delictivos ‘acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos’ y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.

La liberación de los presos de la revuelta se ha convertido en los últimos meses de una de las principales demandas de las manifestaciones en esta capital y otras ciudades del país.

Tomado: tercerainformacion

Inicia XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam

 El XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) inició este lunes en la capital, Hanoi, con la presencia de 1 587 delegados que representan a los millones de militantes de las 63 provincias y municipios de ese país, informó Prensa Latina.

La reunión, que se celebra cada cinco años, sesionará hasta el 2 de febrero bajo el lema Unidad, democracia, disciplina, innovación, desarrollo, y reúne al mayor número de delegados participantes de todos los congresos de la organización política.

Entre otros temas, el evento analizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados en cónclaves anteriores, y los 35 años del proceso de renovación, las tareas socioeconómicas que se proyectan para el periodo 2021-2025, las metas y pautas para 2030, y la visión de desarrollo nacional hasta el año 2045.

También abordarán el trabajo  del Partido desde el XII Congreso hasta la fecha, periodo al que se le reconocen avances en la profundización del modelo socialista, la dirección de la economía, el desarrollo de la democracia y el progreso en la construcción del Estado de Derecho, entre otros temas estratégicos.

Durante el Congreso se seleccionará la dirección colectiva del PCV y su secretario general, responsabilidad que durante los últimos diez años ha recaído en Nguyen Phu Trong, presidente de esa nación asiática desde 2018.

Tomado: Granma

Represión y criminalización de la caravana migrante hondureña

 En los primeros días del año se convocó a través de redes sociales a otra caravana migrantes en San Pedro Sula, Honduras. Poco después, y en un contexto muy adverso (por la pandemia del Covid 19, la precariedad económica y un clima de abierta inseguridad), cientos de hondureños partieron de dicha ciudad en busca de mejores condiciones socio materiales de existencia, de una vida sin riesgos y de la posibilidad de un futuro vivible.

Como lo documentó Radio Progreso de Honduras, no tardó en crecer el contingente migrante, y pronto tomó una dimensión de millares (se calculó en alrededor de 9 mil personas). Entre los migrantes había diferentes grupos (jóvenes, hombres, familias con hijos, adolescentes, mujeres), y salían de su país con dirección (principal) a Estados Unidos.

A semejanza de las caravanas del 2019 y 2020, ésta se enmarcó en el contexto de la histórica migración centroamericana, caracterizada por su masividad (CONAPO, 2019 y 2018), por el origen estructural de sus causas de expulsión (pobreza, bajos salarios, inseguridad y violencia por parte del crimen y las pandillas, impactos de fenómenos medio ambientales) (REDODEM, 2019, 2018 y 2017), así como por estar relacionada a diversos procesos de transgresión de derechos humanos y violencia en los países de origen, tránsito y destino (Castillo Ramírez, 2020).

En una línea de acción similar a lo acontecido con la caravana de octubre de 2020, los gobiernos de Honduras y Guatemala implementaron diversas medidas para contener y desarticular el contingente hondureño, particularmente mediante el envío de fuerzas de seguridad a diferentes lugares para impedir el paso de los migrantes. La caravana sorteó diferentes acciones para retenerla en su paso por Honduras. Pero ya adentrada en territorio guatemalteco, la caravana fue detenida por fuerzas de seguridad en Valle Hondo a mediados de enero; y muchos de los migrantes fueron forzados a regresar a Honduras. Las operaciones mediante las cuales obstaculizaron y detuvieron a la caravana no fueron sólo una estrategia local y nacional aislada (en Honduras y Guatemala), sino una política de carácter regional de cerrar/militarizar las fronteras y criminalizar a los migrantes diseñada e impuesta desde el (recién terminado) gobierno estadounidense antinmigrante de Trump.

La forma en que los gobiernos de Honduras y Guatemala (y otros países de la región) han abordado el tema migratorio (como un asunto de “seguridad” y como si fuera de tipo criminal), no sólo es tendenciosa y discriminante, sino abiertamente injusta y en contra de los derechos humanos. Los migrantes, no sólo no cometieron ningún delito, sino que además son personas que tuvieron que salir de sus lugares de origen por causas fuera de su control y voluntad, y por vivir en contextos en los que nos estaban garantizadas las condiciones mínimas indispensables para sobrevivir. Honduras, no sólo es un país con pobreza aguda y una desigualdad socioeconómica desproporcionada, sino también con fuertes contextos de corrupción y violencia (por parte del crimen y pandillas), y con unos de los índices de criminalidad y homicidios más altos de América y el mundo (Castillo Ramírez, 2018). Aunado a esto, recientemente fue afectado severamente por la pandemia del Covid 19 y por eventos climáticos como el huracán Eta. En este marco, y desde estas políticas que “criminalizan” e irregularizan” a los hondureños, no se reconoce a los migrantes como sujetos sociales (caracterizados por diversas iniciativas, estrategias y acciones) (De Genova, Picozza y Castillo, 2020), y con legitimas e incuestionables motivaciones de salir de su país para tener acceso a una existencia digna, segura y sin violencia. Es urgente que la migración deje de verse desde una perspectiva legal excluyente que “criminaliza” a los migrantes, y tiene que ser abordada desde un enfoque de dignidad humana y derechos.

Tomado: tercerainformacion

Líderes indígenas demandan a Bolsonaro ante La Haya por «crímenes contra la humanidad»

 Dos importantes líderes indígenas brasileños han pedido a la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) que investigue por «crímenes contra la humanidad» al presidente de país, Jair Bolsonaro, al que responsabilizan de los daños ambientales, asesinatos y persecución que se registran en la Amazonia.

Raoni Metuktire, símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonia, y Almir Narayamoga Surui, otro emblemático jefe indígena, presentaron este viernes la demanda ante el organismo.

En su denuncia, de la que se hizo eco este sábado el diario francés Le Monde, los dos líderes nativos alegan que desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019 «la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida«.

En particular, destacan que la deforestación se ha disparado «en un 34,5 % en un año, el asesinato de líderes indígenas está en su punto más alto en 11 años y las agencias ambientales han colapsado o han hecho frente a amenazas», recoge AFP.

«Peligro directo para toda la humanidad»

«Esta situación, la más dramática de los últimos 10 años, es resultado directo de las políticas de Jair Bolsonaro», quien quiere «levantar todas las barreras para saquear las riquezas de la Amazonia», sostienen los demandantes, que consideran que los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen «crímenes de lesa humanidad».

La destrucción de la selva amazónica es un «peligro directo», no solo para los brasileños, «sino para toda la humanidad», alertan los líderes indígenas.

El Gobierno de Bolsonaro ha propuesto una legislación que relajaría las restricciones en las regiones amazónicas para la minería comercial, la extracción de petróleo y gas y la agricultura a gran escala.

La demanda, de unas 50 páginas, es la segunda presentada contra el mandatario brasileño ante este organismo desde el pasado mes de julio, cuando el personal sanitario de Brasil pidió al tribunal una investigación contra Bolsonaro por «crímenes contra la humanidad» por su gestión de la pandemia del coronavirus.

Tomado: tercerainformacion

Denuncian la violación de derechos humanos de Israel en el reparto de vacunas covid-19 en territorio ocupado palestino

 Mientras Israel se ha situado como el líder mundial de vacunación contra el coronavirus, superando ya el 30% el porcentaje de población que ha recibido la primera dosis, la población del Territorio Ocupado Palestino no está recibiendo las vacunas COVID-19. Una distribución que es responsabilidad del Gobierno israelí, tal como se define en la IV Convención de Ginebra, que obliga a Israel, como potencia ocupante, a prestar servicios médicos a la población que vive bajo ocupación.

Para Alianza por la Solidaridad-Action Aid, que trabaja con diferentes proyectos de atención a la salud en Palestina, esta discriminación vulnera los derechos humanos fundamentales y las convenciones internacionales de derechos humanos, al poner en riesgo la vida de las familias palestinas, mientras ven cómo los colonos israelíes, que ocupan sus territorios, están recibiendo las primeras dosis de la inmunización a un ritmo acelerado.

Los últimos informes y estadísticas del Ministerio de Salud palestino indican que el número de personas que han dado positivo en los tests de COVID-19 son ya de 48.626, de los cuales 5.948 casos están activos a la hora de recabar esta información para una población de unos cinco millones de habitantes. Resulta difícil estimar con precisión la tasa de mortalidad y de contagio, dado que la capacidad de la Autoridad Palestina para realizar analíticas y pruebas está muy comprometida y, además, es una población muy joven en la que puede haber un alto número de asintomáticos.

La situación es extremadamente preocupante en la Franja de Gaza, donde UHWC, AISHA, Culture of Free Thought (CFTA) y otras organizaciones locales socias de Alianza por la Solidaridad, se esfuerzan en limitar la propagación de la pandemia y aliviar el sufrimiento a las personas de este territorio, donde los centros hospitalarios y de atención primaria sufren graves deficiencias en suministros fundamentales.

Durante la pandemia de COVID-19 en la Franja de Gaza, UHWC está destinando todas sus capacidades para limitar la propagación de la pandemia, además de aliviar el sufrimiento de las personas en la Franja de Gaza. Desde agosto de 2020 sus servicios sanitarios han realizado 48.733 atenciones, de las cuales se registraron un total de 2.620 casos positivos confirmados de COVID-19.

También AISHA ha atendido a más de 10.000 personas afectadas por coronavirus en los últimos tres meses. Sus responsables señalan las dificultades a las que se enfrentan cada día por las restricciones de movimientos, el riesgo de contagio al que se enfrenta su personal y las dificultades para comunicar con las familias y las personas afectadas, que no siempre hablan abiertamente de los síntomas.

Apoyados por Alianza por la Solidaridad-Action Aid, y gracias a fondos de la AECID y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), en ambos casos se coordinan las visitas a domicilio para personas que deben estar aisladas, se hace seguimiento médico, se distribuyen equipos de protección personal, y se realizan servicios de información y sensibilización.

Ante esta desesperada situación y la falta de perspectivas en la vacunación de la población palestina,  Alianza por la Solidaridad-Action Aid hace un llamamiento a la comunidad internacional, y más en concreto a la Comisión Europea y al Gobierno español, para que conminen al Gobierno israelí a respetar el marco legal internacional y comenzar la inmediata vacunación de la población palestina, siguiendo unos criterios los equitativos de reparto que cumplan los derechos humanos fundamentales y se basen en criterios que atiendan a la vulnerabilidad de las personas y no a su origen.

Alianza por la Solidaridad ha podido recoger algunos testimonios que reflejan la situación:

El enfermero Hassan, que trabaja para la UHWC en la franja de Gaza en el programa de visitas domiciliarias para personas en aislamiento, señala: “Las familias palestinas sufren graves presiones psicológicas derivadas de su interacción con los pacientes. En algunas viviendas hay hasta seis integrantes conviviendo en una habitación de una casa vieja y en ruinas, un hacinamiento ha provocado la infección de todos los miembros de la familia”. Por su parte, Alaa, también sanitario, explica que se siente “muy asustado y ansioso” mientras atiende a los pacientes de COVID-19, especialmente al notar los severos síntomas y el sufrimiento que padecen, las mujeres en particular.

La psicóloga Ruwaida, por su parte, menciona el aumento en el número de mujeres que reclaman servicios de apoyo psicológico, en relación con el aumento de la violencia intrafamiliar en sus familias, además de la presencia de nuevos patrones de esta violencia dirigida a mujeres y niñas dentro de la familia.

Los retos a los que se enfrenta el personal sanitario en Palestina son múltiples, dado que muchos miembros de los equipos de trabajo de primera línea se infectaron con COVID-19. Además, mencionan que han disminuido drásticamente los ingresos debido a los cierres parciales y totales impuestos por las autoridades locales para limitar la propagación de la pandemia y se enfrentan a la escasez de los equipos de protección personal necesarios para proteger al personal y a las personas que visitan las instalaciones de UHWC.

Tomado: tercerainformacion

Fuerzas de seguridad turcas detienen en el país a más de 20 miembros de ISIS

 En la capital turca, Ankara, detuvieron a diez miembros del grupo extremista, acusados de haber asesinado a un ciudadano extranjero cuya nacionalidad no fue precisada.

Este 22 de enero fueron arrestados además otros 14 ciudadanos extranjeros, entre ellos cuatro ciudadanos sirios y 10 iraquíes, y se sospecha que todos ellos podrían estar involucrados en las actividades de ISIS en la provincia de Samsun, en el norte de Turquía.
El autodenominado Estado Islámico surgió en 2006 mediante la unión de varios grupos terroristas, pero hasta 2013 se trataba de un bando armado sunita como muchos otros, que contaba con solo 4.000 militantes.

ISIS adquirió fama en verano de 2014, cuando sus combatientes lanzaron una amplia ofensiva en las regiones del norte y oeste de Irak.

El grupo cobró fuerzas durante las hostilidades en Siria, donde luchó contra las tropas gubernamentales de Damasco.

*autodenominado Estado Islámico.

Tomado: tercerainformacion

Un naufragio frente a las costas de Libia se cobra 40 vidas

 La embarcación que partió a primera hora del martes desde la ciudad de Zawiya, aparentemente volcó por la mala mar cuando su motor se paró, pocas horas después de la salida. Los supervivientes, principalmente de Costa de Marfil, Nigeria, Gana y Gambia, informaron que las personas que se ahogaron o desaparecieron, eran todos de países de África del Oeste. El personal de OIM y de la agencia socia de ACNUR, el Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés) les proporcionó asistencia de emergencia, incluyendo comida, agua y chequeos médicos antes de salir del puerto.

Cientos de personas perdieron la vida el año pasado intentando cruzar el Mediterráneo Central, donde se ha registrado el mayor número de víctimas mortales en una sola ruta migratoria a nivel mundial. La IOM y ACNUR temen que el número de fallecidos en 2020 en el Mediterráneo Central pueda ser mayor dada la limitada capacidad de monitoreo de rutas.

Esta última tragedia en el mar pone de manifiesto una vez más la necesidad de reactivación de las operaciones de búsqueda y rescate lideradas por los Estados, un vacío que las ONG y las embarcaciones comerciales están tratando de cubrir, a pesar de sus escasos recursos.

La OIM y el ACNUR reiteran su llamamiento a la comunidad internacional para que se de un giro urgente y cuantificable en el enfoque a la situación en el Mediterráneo. Esto implica poner fin a los retornos a puertos inseguros, estableciendo unos mecanismos de desembarco seguros y predecibles acompañados de muestras de solidaridad tangibles por parte de los Estados europeos con aquellos países que reciben altos números de llegadas.

La situación de migrantes y refugiados en Libia sigue siendo extremadamente precaria, donde continúan los arrestos y detenciones arbitrarias en las peores condiciones. Muchos refugiados y migrantes son explotados por traficantes y redes de trata, retenidos para pedir rescates, son torturados y víctimas de abusos.

El ACNUR y la OIM reconocen los esfuerzos realizados por las autoridades libias por combatir el tráfico y la trata y piden que se refuercen las medidas para llevar ante la justicia a los grupos criminales responsables de las violaciones de derechos humanos contra miles de migrantes y refugiados en el país.

Las agencias enfatizan que, de no tomarse acción y mantenerse la impunidad, seguirá habiendo muchas más tragedias y muertes que se podrían evitar.

Desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011 y la situación de caos e inseguridad consiguiente, Libia se convirtió en el punto de partida preferido por miles de migrantes indocumentados que desean atravesar el Mediterráneo hacia costas europeas.

En 2020, 323 migrantes murieron y 417 desaparecieron en la ruta del Mediterráneo central, mientras que 11.981 migrantes irregulares fueron rescatados y regresados a Libia, según la OIM.

Tomado: tercerainformacion

Protestas y represión en Túnez 10 años después del inicio de las primaveras árabes

 Las movilizaciones se originaron en barrios muy afectados por la crisis económica y fueron protagonizadas por jóvenes de entre 14 y 20 años. El desempleo juvenil en Túnez es del 40%, cifra similar a la de hace 10 años durante la crisis que desató las movilizaciones contra Ben Ali.

Ante las primeras manifestaciones la respuesta del actual gobierno fue la criminalización y la represión. En sus declaraciones, el presidente Saied amenazó a «aquellos que manipulan a los jóvenes y se mueven en la oscuridad para fomentar el caos entre la gente», según informó  la agencia estatal tunecina de noticias, TAP. En esas declaraciones agregó que «la gestión de los asuntos públicos no depende de alcanzar alianzas y de maniobras políticas, sino que está fundamentada en valores morales y principios constantes».

Tras los primeros días de movilizaciones, ayer el gobierno de Túnez ordenó el despliegue del Ejército en varias regiones del país. Actualmente hay más de 600 personas detenidas, entre ellas, varios menores de edad. Según corresponsales de la agencia Reuters,  hasta 300 jóvenes se enfrentaron con la policía en el distrito de Ettadamon de la capital. También testigos confirmaron enfrentamientos en otras ciudades del país norafricano. «A todo el que protesta contra el sistema le llaman ladrón. Hemos venido con los rostros expuestos de día y no de noche a decir que queremos trabajo. Queremos dignidad», dijo a la agencia Reuters Sonia, una licenciada desocupada.

En la céntrica avenida Bourguiba de Túnez, un bulevar arbolado flanqueado por oficinas gubernamentales y edificios de la época colonial donde tuvieron lugar las mayores protestas de 2011, manifestantes clamaron para que las personas arrestadas en los últimos días fueran liberadas.

En un comunicado emitido ayer, Amnistía Internacional instó a las autoridades tunecinas a abstenerse de usar la fuerza excesiva contra manifestantes. “Las fuerzas de seguridad tunecinas deben abstenerse inmediatamente de usar fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a manifestantes que han salido a las calles de la capital y en varias gobernaciones a protestar por la marginación, la violencia policial, la pobreza y la falta de oportunidades de empleo”, manifestó parte del comunicado. “Aunque se cometan actos de vandalismo y saqueo, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben limitarse a usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y proporcional al objetivo perseguido. Nada autoriza a las fuerzas de seguridad a hacer uso innecesario y excesivo de la fuerza, aunque sea para responder a actos esporádicos de violencia”, declaró Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Una revolución inconclusa

El inicio de las llamadas “primaveras árabes” ocurrió en la capital tunecina en la localidad de Sidi Bouzid, el 17 de diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi, fue despojado por la policía de su mercadería y cuentas de ahorros y en respuesta, se inmoló como forma de protesta. Las movilizaciones disparadas a partir de este episodios terminaron generando la fuga de su presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011 y expandiendo las movilizaciones por toda la región, generando la caída de otros gobiernos, como el de Egipto o Libia y conflictos en una gran cantidad de países, llamando la atención de la comunidad internacional y hasta nuevas intervenciones armadas en países árabes, en muchos casos con otras intenciones ocultas.

Si bien se suele caracterizar a la “primavera árabe” como un proceso de movilizaciones que duró dos años entre diciembre de 2010 y finales de 2012, los procesos de movilizaciones con características similares continuaron en otros países los años siguientes. Las movilizaciones en Jordania contra un ajuste planteado por el FMI generaron la renuncia de su Primer Ministro en 2018, mientras que más conocidas fueron las movilizaciones tanto en Iraq como en Líbano los últimos dos años, por mencionar solo algunos casos. En Líbano se habían desarrollado movilizaciones en 2011 acompañando el proceso con sus reclamos particulares como el fin del sectarismo en el modelo político religioso. En 2015 volvieron a desarrollarse movilizaciones bajo el lema “Beirut apesta” originada por protestas contra la falta de infraestructura en la recolección de residuos pero que reactivó las consignas de 2011, algo que también sucedió en 2019 con la llamada “revolución de wasap” que disparó un proceso más reciente de movilizaciones, crisis económicas y renuncias de funcionarios, proceso también inconcluso.

Volviendo a Túnez, la vuelta de la democracia fue recibida con entusiasmo al principio, donde se vislumbraron algunos avances, más que nada en cuestiones políticas, bajando los niveles de represión y con pequeños momentos de avance económico pero sin resolver cuestiones de fondo. “Los y las tunecinas no encontraron el mismo nivel de terrible represión. Pero tampoco ganaron un régimen que se acercase a satisfacer sus demandas de justicia social. Más bien, siguen lidiando con la pobreza, el desempleo y la corrupción, así como con una serie de gobiernos en constante crisis”, sostiene el activista tunecino Jaouhar Bani. En un artículo publicado en el sitio Socialist Worker hace dos semanas, el activista sostiene que lo sucedido en Túnez tras la caída de Ben Ali se perdió de vista a medida que la atención se trasladó a los levantamientos en Egipto, Siria y Libia, y sus respectivas contrarrevoluciones. Las primeras elecciones después de la caída de Ben Ali terminaron con un gobierno de coalición liderado por el partido islamista Ennahda, anteriormente prohibido por Ben Ali.

Pero Ennahda sabía que tenían que gobernar y gobernar de la misma manera, y si bien no se les podía llamar “contrarrevolucionarios” su gobierno se dedicó a detener el proceso iniciado en 2010. El nuevo gobierno quedó atrapado entre las demandas de quienes lo eligieron y las de los ricos. Los inversionistas atraídos por la falta de derechos laborales bajo el régimen de Ben Ali comenzaron a llevarse sus inversiones tras la caída del dictador. Ennahda implementó reformas pro-mercado, tales como recortar los subsidios a los combustibles, subidas de precios y congelación de la contratación de plantilla en el sector público, lo que genero huelgas cuya respuesta gubernamental fue la represión.

2013, se asesinaron a dos políticos de la oposición de izquierdas, Chokri Belaid y Mohamed Brahimi, hubo enormes huelgas y protestas. Muchas personas acusaron a Ennahda de ser cómplice de los asesinatos. El partido se vio obligado a disolver el gobierno y a convocar nuevas elecciones en 2014. Sin embargo, la coalición de izquierdas de Belaid y Brahimi, el Frente Popular, obtuvo menos del 4 por ciento en las mismas.

Mientras su población exige más empleo y una distribución equitativa, las industrias mineras y energéticas sacan los recursos de sus áreas, pero la gente corriente no se beneficia. Sólo el mes pasado, toda la industria del fosfato de Túnez, muy importante para la economía, fue cerrada por huelgas y protestas exigiendo empleos. Para Jaouhar no inevitable frenar los procesos iniciados en 2010, y advirtió que la izquierda en Túnez debe conectarse con las demandas y luchas de la gente corriente: “Las posibilidades están ahí”, dijo. “La crisis de la revolución es también una crisis para el régimen”.

Dos semanas después, Túnez vuelve a ser noticia para el mundo, por movilizaciones protagonizadas por jóvenes descreídos por la falta de oportunidades y el desempleo que les aqueja.

Fuente: anred.org

Tomado: tercerainformacion

Honduras. «¡No olvidamos! ¡Aparición con vida ya!»

 El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.

De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.

También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.

El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas.

También pidieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente a raíz de la expansión de monocultivos y la instalación de megaproyectos turísticos.

Seis meses después, los resultados son prácticamente nulos y en Honduras se multiplican los casos de desaparición forzada. Según el Cofadeh1 son al menos 16 los casos reportados durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.

Impunidad y desprecio

“El Estado de Honduras sigue sin brindar informaciones fehacientes y veraces sobre el paradero de nuestros compañeros.

Los informes que ha presentado son ridículos. No sólo muestran el desinterés de las autoridades ante esta barbaridad, sino que evidencian su complicidad y responsabilidad”, dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

Durante una actividad que se realizó este lunes frente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la organización garífuna denunció “el desprecio, el racismo y el plan genocida del actual narco-gobierno en contra del pueblo garífuna”2.

Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otra gran cantidad tuvo que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.

Asimismo, son centenares las y los garífunas que se han sumado a las caravanas que a menudo emprenden camino hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia, la crisis climática y la falta de futuro.

Complicidad del Estado

“Hay toda una política que impulsa el Estado, en contubernio con el gran capital nacional y transnacional, para exterminar a los pueblos indígenas, adueñarse de sus territorios y saquear los bienes comunes.

La desaparición de nuestros compañeros responde a este plan de violencia sistemática y de vaciamiento de territorios. No vamos a parar hasta conocer la verdad y ver castigados a los responsables”, apuntó Miranda.

En este sentido, la Ofraneh demandó la instalación de un Comité independiente de investigación y búsqueda, para dar con el paradero de los jóvenes activistas, llevar los responsables ante la justicia y brindar atención y acompañamiento a los familiares.

“Tenemos derecho a quedarnos en nuestras tierras, a desarrollar nuestra cultura, a construir un mejor futuro”, concluyó la lideresa garífuna.

Tomado: tercerainformacion 

El número de refugiados centroafricanos se dispara a medida que se intensifica la violencia

 Cerca de 60.000 personas se han visto obligadas a desplazarse desde la República Centroafricana para buscar refugio en los países vecinos desde diciembre, una cifra que se ha multiplicado por dos en tan sólo una semana.

La mayoría de ellos han huido hacia la República Democrática del Congo (RDC), al otro lado del río Ubangui, donde el número de llegadas superó las 50.000, después de que llegasen en un solo día 10.000 refugiados centroafricanos , el 13 de enero.

Según la Comisión de Movimientos de Población, alrededor de 58.000 personas siguen desplazadas dentro de las regiones afectadas de la RCA y casi 9.000 refugiados han llegado a países vecinos como Camerún, Chad y la República Democrática del Congo en este último mes.

ACNUR agradece a los gobiernos vecinos que siguen brindando acceso al territorio y al asilo a los refugiados centroafricanos a pesar de las restricciones fronterizas debido a la pandemia de COVID-19.

ACNUR y sus socios en la República Centroafricana están recopilando informes sobre la violencia perpetrada por grupos armados, como abusos sexuales, ataques a los votantes y saqueos. ACNUR pide a todas las partes que retomen con urgencia el diálogo y que avancen hacia la paz.

Lo acaecido durante el último mes, desde que comenzaron los informes sobre la violencia relacionada con las elecciones, revierte la tendencia de los últimos años del retorno a sus hogares de los refugiados centroafricanos.

ACNUR y sus socios están aumentando la asistencia a las personas recién llegadas, a pesar de que la débil infraestructura dificulta la respuesta humanitaria.

ACNUR ya había hecho un llamamiento de fondos para reunir 151,5 millones de dólares este año para responder a la situación en la República Centroafricana. Las necesidades de los centroafricanos desplazados recientemente van en aumento y pronto nos enfrentaremos a un déficit de financiación considerable.

Pedimos a la comunidad internacional que amplíe urgentemente el apoyo a la respuesta humanitaria en la República Centroafricana para permitir que llegue más ayuda a personas que se encuentran en zonas remotas.

Tomado: Tercerainformacion

Crece solidaridad internacional con Cuba ante política de EE.UU.

 Como parte del rechazo de la comunidad internacional a esta decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, especialistas reconocen que la acción busca también imponer un nuevo obstáculo para el avance de las relaciones bilaterales bajo el mandato de Joe Biden.

Así lo manifestó en declaraciones a Prensa Latina el politólogo cubano Jorge Hernández, quien además subrayó lo injusto e inverosímil de esa decisión por el prestigio mundial de Cuba en el combate al terrorismo.

‘La mayor de las Antillas ha sido víctima de las prácticas terroristas engendradas por Estados Unidos y ejecutadas por sus marionetas y mercenarios’, enfatizó.

Desde China, la cancillería afirmó que Estados Unidos deterioró aún más su credibilidad al reinsertar a Cuba en un listado unilateral como ese sin mostrar evidencias.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Siria también condenó esta acción de la administración norteamericana.

Por otro lado, el Partido Comunista Sudafricano señaló su rechazo ‘en los términos más enérgicos posibles’ y afirmó que se trata de una cortina de humo para el endurecimiento del bloqueo de Washington contra La Habana, una reiterada violación del derecho internacional.

Por su parte, el Partido Obrero Húngaro manifestó su solidaridad y calificó de desesperado, injustificado e injusto el anuncio realizado el lunes por el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo.

El diario The New York Times, por su parte, publicó que ‘la decisión de devolver a Cuba a la lista de Estados acusados de patrocinar el terrorismo -una designación que se aplicó durante más de tres décadas hasta que el presidente Obama la levantó en 2015- puso fin a un esfuerzo implacable de la administración Trump para imponer restricciones económicas y diplomáticas a la isla’.

El movimiento de solidaridad con Cuba en España también rechazó esta medida y señaló ‘los múltiples intentos de injerencia política y las calumnias mediáticas permanentes contra la isla caribeña, en lo que puede denominarse como terrorismo económico, político y mediático’.

En París, la dirigente del Partido Comunista de Francia Lydia Samarbakhsh comentó a Prensa Latina que esta decisión es tan ilegal como el intento de tomar el Capitolio por las hordas fascistas lanzadas por Donald Trump el 6 de enero.

Movimientos de solidaridad de ese país europeo y de Costa Rica también manifestaron hoy su apoyo a la isla.

Desde esta capital y a través de su cuenta en Twitter, el canciller Bruno Rodríguez agradeció las numerosos muestras de solidaridad internacional frente a la política hostil de Estados Unidos.

Tomado: tercerainformacion

Siria advierte: Patrocinadores del terrorismo deben rendir cuentas

 Algunos Estados “hacen la vista gorda ante el papel de muchos países de la Organización de las Naciones Unidas en apoyar, patrocinar, financiar, armar y difundir el terrorismo en mi país”, enfatizó el martes Bashar al-Yafari.

Pues, según el diplomático sirio, resulta imprescindible hacer rendir cuentas a los países que ofrecen apoyo a los terroristas en el país árabe y obligarles a cesar sus violaciones del derecho internacional y la Carta de la ONU.

Mediante un comunicado presentado en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), también lamentó que el incumplimiento del organismo internacional de sus responsabilidades al respecto resulta en alentar a los terroristas y sus patrocinadores a continuar con sus crímenes.

El también vicecanciller sirio denunció que el terrorismo moderno ha tomado nuevas formas y métodos de propagación aprovechando el desarrollo tecnológico en el proceso de difundir “discursos de odio” y de arrastrar a los jóvenes al extremismo y la discriminación.

Conforme indicó Al-Yafari, el terrorismo en el territorio sirio se ha manifestado en distintas formas y nombres, tales como el Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham) y Daesh, entre otros, cuyas acciones no han apuntado no sólo al pueblo sirio, sino a todos los pueblos de la región de Asia Occidental y el mundo.

Después de 10 años, prosiguió, Siria sigue luchando contra el flagelo del terrorismo y apoya los esfuerzos internacionales tanto en este campo como para cortar las fuentes de financiamiento a las organizaciones terroristas.

Al respecto, enfatizó que la política de doble rasero adoptada por varios Estados miembros del CSNU constituye un ambiente propicio para la continuación, el crecimiento y la propagación del terrorismo en Siria y otras partes del mundo.

Se está criando una nueva generación de terroristas en Siria

Por otro lado, Al-Yafari recalcó que en Siria hay un gran número de terroristas extranjeros junto con sus familias que se encuentran en varios campamentos controlados por las milicias apoyadas por EE.UU.

Según el embajador sirio, en el campamento Al-Hol, en Al-Hasaka (noreste), se cría una nueva generación de terroristas y extremistas a manos de hombres, mujeres y jóvenes, lo cual exige una acción internacional firme y urgente.

Tomado: tercerainformacion

Primera identificación de la fosa número 3 del cementerio de Guadalajara, donde se exhumaron 21 fusilados por el Franquismo

 Las pruebas genéticas identificaron el primero de los 21 cuerpos que fueron exhumados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en la fosa número 3 del cementerio de Guadalajara el pasado mes de octubre de 2020 y ha confirmado la identidad de Jesús Barriopedro, algo a lo que ya apuntaba la placa aparecida con sus iniciales y que fue encontrada durante los trabajos de exhumación.

María, la hermana de Jesús, recibió la noticia con mucha alegría a sus 96 años. La familia ha decidido que enterrará los restos de Jesús junto a los de otro de sus hermanos, simbolizando el reencuentro de una familia terriblemente marcada por la represión franquista, según ha informado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La ARMH sigue esperando los resultados de otras seis pruebas genéticas que se están llevando a cabo y que permitirán identificar a las primeras siete personas de las veintiuna que fueron exhumadas en la fosa número 3.

Jesús Barriopedro nació el 14 de enero de 1917 en Mondéjar (Guadalajara). Residía en Loranca de Tajuña (Guadalajara) donde trabajaba como albañil. Era soltero, militante del PCE y Comisario Delegado de Guerra durante la contienda.

Al finalizar la guerra, militares del ejército golpista y derechistas del pueblo de Loranca de Tajuña fueron a buscarle a su casa donde registraron e interrogaron a sus padres y hermanos. Ante su ausencia, detuvieron a su madre como presión para que regresase. Al enterarse Jesús de esta detención, se entregó a los militares e ingresó en la cárcel de Pastrana.

Más tarde le trasladaron a la prisión militar de Guadalajara donde el 22 de septiembre del mismo año, mediante el juicio sumarísimo 819/39, fue condenado a muerte por un delito de “Adhesión a la rebelión con la concurrencia de las circunstancias agravantes de perversidad social, daños causados al estado y particulares y mayor trascendencia de los hechos ejecutados”.

El día 24 de febrero de 1940 fue ejecutado en un lugar denominado ‘La Rambla’ cerca del cementerio de Guadalajara. Jesús tenía 23 años cuando fue fusilado.

*Con información de Agencias.

Tomado: tercerainformacion

Doce fórmulas presidenciales listas para elecciones en Perú

 Doce fórmulas presidenciales fueron declaradas inscritas en Perú hasta el momento por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 para participar en los comicios generales de abril, tras cumplir con los requisitos para ser admitidas y superar el periodo de tachas.

En total fueron 22 las solicitudes de inscripción presentadas ante el organismo electoral, de las cuales cuatro han sido declaradas improcedentes; mientras que otras seis se encuentran a la espera de concluir con el proceso de inscripción.

Las solicitudes de inscripción pasan primero por la etapa de revisión de los requisitos para participar en las elecciones, si cumplen son declaradas admitidas; pero si hay alguna observación son declaradas inadmisibles y se les otorga un plazo para levantar las observaciones.

Superada esta etapa, las listas deben pasar por un periodo de tachas durante tres días. Si no se presentan cuestionamientos, el organismo electoral las declara formalmente inscritas. Cada candidatura consta de tres nombres, pues el sistema peruano establece dos vicepresidencias.

Entre las fórmulas presidenciales inscritas está la de Keiko Fujimori, Luis Fernando Galarreta Velarde y Carmen Patricia Juárez Gallegos, por el partido Fuerza Popular; Verónika Mendoza, José Antonio de Echave Cáceres y Luzmila Yalu Ayay, por la coalición Juntos por el Perú; y Julio Guzmán, Flor Aidée Pablo Medina y Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, del Partido Morado.

A ellos se suman Rafael López Aliaga, Neldy Roxana Mendoza Flores y Jorge Carlos Montoya Manrique, del partido Renovación Popular; Nidia Vílchez, Hildebrando Hidalgo Romero y Olga Cribilleros, del Partido Aprista Peruano; y Ciro Gálvez, Sonia García Osores y Claudio Zolla Suárez, del partido Renacimiento Unido Nacional.

También quedaron inscritas las fórmulas de Rafael Santos, Victoria Paredes Sánchez y Óscar Reggiardo Sayán, del partido Perú Patria Segura; Alberto Beingolea, Lucía del Pilar Ledesma Martínez de la Cruz y David Vera Trujillo, del Partido Popular Cristiano; y Pedro Castillo y Dina Ercilia Boluarte Zegrra (sin candidato a segundo vicepresidente hasta el momento), del Partido Político Nacional Perú Libre.

Completan la listaYonhy Lescano, Gisela Tipe de la Cruz y Luis Alberto Velarde Yáñez, del partido Acción Popular; Daniel Salaverry, Matilde Fernández Flórez y Jorge Luis Pérez Flores; del partido Perú Firme; y Marco Arana, Leyla Berrocal y Ortega Quispe Magno; dle partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad.

Tomado: tercerainformacion

EE.UU. incluyó a Cuba en difamadora y selectiva lista de países que no colaboran con la lucha antiterrorista

 El Departamento de Estado notificó al Congreso de Estados Unidos, este 12 de mayo, que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba estaban certificados bajo la Sección 40A (a) de la Ley de Control de Exportación de Armas como «no cooperando completamente» con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU en 2019.

En el sitio web oficial del Departamento de Estado consta la notificación, donde se aclara que este es la primera vez que se reincorpora a Cuba a la infame lista de la que había salido en 2015, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones bajo el liderazgo de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.

Lo que no incluye el anuncio es que se produce el mismo día en que el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en conferencia de prensa internacional, emplazó al Gobierno estadounidense por su silencio cómplice ante el ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en esa nación, ocurrido en la madrugada del pasado 30 de abril.

Con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba y a los otros Estados incluidos en la lista negra estadounidense, donde se acusa a la Isla de no «apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz, seguridad y oportunidad justa y duradera para su gente», señala el documento.

Tomado: tercerainformacion

Un ex ministro de Áñez prófugo de la justicia se refugia en EEUU

 El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, declaró el martes que, “según los reportes que llegan desde Estados Unidos”, el exministro del gobierno de facto Arturo Murillo, acusado de malversación de fondos en la compra de material antidisturbios durante el gobierno anterior, presidido por Jeanine Áñez, se encuentra en EE.UU. desde el 12 de noviembre pasado, cuatro días después de la investidura de Luis Arce como presidente de Bolivia.

También, Murillo fue clave en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, que obligó al exmandatario del país Evo Morales a dejar el cargo. Asimismo, es culpado de llevar adelante la represión y persecución a opositores. Morales acusó a Murillo de “carnicero, mentiroso y terrorista verbal”.

Murillo visitó EE.UU. unos días antes de las elecciones presidenciales de octubre pasado, previo paso por Brasil y Panamá, y se reunió con funcionarios políticos y de seguridad del Gobierno del todavía inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por lo que aquí se cree que podría haber pedido protección para eludir a la justicia de su país.

Junto a él salió del país el exministro de Defensa, Fernando López, quien es requerido por el Ministerio Público de Bolivia por, al igual que Murillo, la compra irregular de material antidisturbios, en el marco de la represión contra los manifestantes y partidario de Morales.

Además, Lanchipa informó que oficialmente solo se sabe del ingreso a EE.UU. de Murillo, y que todavía no se tiene información de otros dos requeridos por la Fiscalía, Fernando López y Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos.

Al respecto, el fiscal subrayó que aún se espera respuesta de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) acerca del Sello Azul que el país pidió para Murillo, López y Zamora para que informe de la ubicación y las actividades delictivas de los investigados. Aunque Interpol obtó por rechazar las primeras demandas en este sentido, al considerar que los asuntos por los que Murillo y López estaban siendo investigados eran de carácter político, se insistió con el trámite. “Hemos reiterado la solicitud de la notificación azul, hemos hecho el reclamo ante la Interpol y esperamos tener buenos resultados en los próximo días”, confirmó.

La fuga de extitulares de facto de Bolivia ocurrió después de que una comisión investigadora del Parlamento boliviano exigió a finales de octubre a la Fiscalía General que enjuicie a cuatro ministros de Áñez por corrupción en la compra de materiales antidisturbios para la Policía, entre los cuales, además de Murillo, figuran Luis Fernando López (ministro de Defensa), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia) y Oscar Soliz (ministro de Economía).

Tomado: Tercerainformacion

Redactan un impeachment contra Donald Trump

 “Estoy redactando artículos de un impeachment (juicio político). Donald J. Trump debería ser acusado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado de EE.UU.”, ha dicho la congresista demócrata por Minesota Ilhan Omar en un mensaje de Twitter publicado este miércoles.

Ha enfatizado que no se puede “permitir [a Trump] permanecer en el cargo”, pues “es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir nuestro juramento”, ha recalcado.

Por su parte, la congresista demócrata por Míchigan Rashida Tlaib ha criticado al actual inquilino de la Casa Blanca por “dar órdenes de marchar” a la gente. Ha de “ser acusado y destituido de inmediato”, ha enfatizado.

Mientras tanto, varios republicanos han culpado directamente a Trump de la violencia registrada en la sede del Congreso.

De hecho, el magnate inmobiliario, a quien tan solo le quedan 14 días al frente del cargo, ha sido acusado de incitar a miles de sus simpatizantes a que irrumpieran la misma jornada en el Capitolio de EE.UU., generando escenarios violentos a la hora de involucrarse en choques con los oficiales de policía allí presentes.

El caos interrumpió una sesión conjunta del Congreso en la que los legisladores y el vicepresidente, Mike Pence, que también funge como presidente del Senado, debían certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden después de escuchar las objeciones de los republicanos a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Los intentos ilegales de Trump por dar la vuelta al resultado de los comicios causaron que se hablara de un nuevo impeachment contra el republicano por violar las leyes federales.

Ya con anterioridad, el mandatario estadounidense se había enfrentado a un proceso de impeachment dentro de la llamada “trama ucraniana” por abuso de poder y obstrucción a la justicia. El Senado, sin embargo, le absolvió en febrero de 2020 de dichos cargos.

Tomado: tercerainformacion

Trump convoca marcha el 6 de enero en intento de anular la victoria electoral de Joe Biden

 Se espera que miles de simpatizantes de Trump —incluidos miembros de los grupos Women for America First, StoptheSteal, Proud Boys y otros partidarios de teorías de conspiración, así como milicias de derechas— desde diversas partes de Estados Unidos lleguen mañana miércoles a Washington D.C., la capital, para respaldar al presidente republicano en su denuncia, sin pruebas, de haber sido víctima de fraude en las elecciones del 3 de noviembre.

La inminente congregación ha generado temores de una nueva ola de violencia, después de que, en la marcha pro-Trump del 12 de noviembre, al que asistieron los Proud Boys, varias personas fueron apuñaladas y decenas aprehendidas.

Por todo eso, la Policía está en alerta para afrontar esas “salvajes” protestas. A este respecto, el Departamento de Policía Metropolitana de Washington ha intensificado las precauciones, incluida la colocación de letreros en los que se indica que portar armas al descubierto es ilegal en la capital.

Además, las fuerzas de la Guardia Nacional apoyarán a los agentes de la policía local; mientras, la alcaldesa Muriel Bowser advirtió a los residentes que eviten el centro de la ciudad durante las protestas. Dijo también que está evaluando si es necesario declarar el toque de queda, según informes de los medios locales.

En un comunicado, el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl A. Racine, advirtió el lunes por la noche a los residentes sobre los manifestantes que intentarían provocar y “causar estragos”, y urgió a “quedarse en casa y evitar el centro esta semana, si es posible”.

La campaña de Donald Trump ha perdido decenas de recursos judiciales en varios estados en disputa, y juez tras juez han dicho que el presidente saliente jamás pudo probar la existencia de fraude. Sin embargo, en actual inquilino de la Casa Blanca insiste y presiona al Congreso para que no certifique el triunfo de su rival demócrata.

Tomado: Tercerainformacion

¿Por qué a EE. UU. le preocupa la reciente ley aprobada en Nicaragua?

 A solo unos días de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ponga pie en polvorosa y salga de la Casa Blanca detrás de Donald Trump, se atrevió a exigir al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que «cambie el rumbo» en su país, y aseveró que «Washington no tolerará amenazas a la democracia de Nicaragua».

Parece olvidar este señor los años que estuvieron luchando con las armas el Frente Sandinista y el comandante Ortega, hasta derrotar a la dictadura de Anastasio Somoza, y luego, el duro batallar para hacer de esa nación centroamericana un ejemplo de independencia, con planes sociales que han fomentado no solo el desarrollo económico, sino que han llevado al país a índices de salud, educación y empleo sobresalientes.

Pompeo pudiera dedicar sus «preocupaciones» a la búsqueda de solución para el sistema que representa, enfermo con metástasis y con un programa de salud en estado de coma.

Contra Nicaragua arremetieron otros actores estadounidenses, como el congresista Albio Sires, quien pidió una «respuesta internacional unificada» contra el gobierno nicaragüense.

Unos días antes de las amenazas de Pompeo y la solicitud del congresista Sires, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, inspiró la campaña de acusaciones contra la nación sandinista, y hasta exigió al presidente Ortega que derogara la ley recién aprobada democráticamente en ese país, con el título de Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.

Se trata, en concreto, de exigir a Nicaragua que renuncie a su soberanía y permita a los grupos pagados por Estados Unidos y aupados por la OEA, que asuman el poder en la nación sandinista.

Tras el primer pronunciamiento de Almagro, el embajador de la administración Trump ante la OEA, Carlos Trujillo, «brindó todo el respaldo de su gobierno» a la exigencia contra Managua.

La Ley que «irritó» a Pompeo, Almagro y demás personajes de esa misma catadura, fue aprobada mayoritariamente por los miembros de la Asamblea Nacional de ese país, y se pronuncia por inhabilitar a optar por cargos de elección popular a quienes «lesionen los intereses supremos de la nación, contemplados en el ordenamiento jurídico».

Según refiere Prensa Latina, la legislación, en su artículo 1 determina que perderán el derecho político a ser elegidos «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional».

De igual forma tendrán esas limitaciones quienes «fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos».

Otros sujetos a quienes se les podrá aplicar el nuevo cuerpo legal serán los que «pidan intervenciones militares, y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

Por último, cita, entre los inhabilitados, a los que «propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».

Almagro, en su ego servil al imperio, terminó su comunicado dirigido al presidente de Nicaragua con un ofrecimiento que caracteriza la entraña misma de la institución y su jefe: «la OEA está preparada para asesorarle en la celebración de elecciones libres, justas y transparentes».

Almagro parece que piensa que en la región se olvidó el plan de golpe de estado que tramó la propia OEA, y él personalmente, contra el gobierno de Evo Morales y el mas en Bolivia, que provocó muertos y heridos y el retroceso económico y social para esa nación que vivía sus mejores años.

Tomado: Granma

México: 27 años del Levantamiento Zapatista: ¿Cómo están los pueblos indígenas?

 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se formó hace 27 años en Chiapas con el propósito de defender la democracia, libertad, justicia y conseguir mejoras sociales para los indígenas y campesinos de México.

Su primera aparición pública fue un 1 de enero de 1994. Desde entonces, su objetivo no ha claudicado.

Situación de los indígenas

Su mayor logro desde entonces ha sido la dignificación paulatina de los pueblos indígenas.

Además, el gobierno del EZLN está dividido en cinco regiones autónomas en Chiapas para llevar a las comunidades indígenas mayor apoyo en educación, salud y proyectos productivos.

Sin embargo, el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que desde 1988 no existen verdaderos avances en las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Chiapas.

Actualmente, las comunidades indígenas zapatistas tienen un índice de pobreza extremo de 70 por ciento, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (Coneval).

Origen del Levantamiento Zapatista

El EZLN nació en 1983, en honor al héroe y figura de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Su aparición pública  el 1 de enero de 1994 sorprendió al mundo entero y se conoce como el Levantamiento Zapatista.

Los combates se extendieron por 12 días y dejaron decenas zapatistas fallecidos, pero la batalla permitió que se abriera un proceso de diálogo sobre el derecho a la tierra, vivienda, educación, salud y empleo que exigían los indígenas y campesinos de Chiapas.

De esta forma, en 1996 el EZLN y el gobierno federal firmaron los acuerdos de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”. El Estado debía reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y su autonomía.

Los zapatistas también lograron la creación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en octubre de 1996.

López Obrador y el levantamiento zapatista

El rompimiento de la relación entre ambos líderes que encabezan la izquierda mexicana se remonta a 2005, cuando López Obrador se perfilaba por primera vez, como candidato del PRD a la presidencia de la República.

En el 2018, durante la campaña en la que Andrés Manuel López Obrador ocurrió un nuevo enfrentamiento entre Marcos y AMLO. Luego de que María de Jesús Patricio “Marichuy”, la aspirante independiente indígena no alcanzara las firmas necesarias para lograr su candidatura, el Consejo Nacional Indígena (CNI), organización ligada al EZLN, decidió que no apoyarían al tabasqueño en la elección de 1 de julio.

Tras darse a conocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, el EZLN publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés en el que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría.

La más reciente disputa entre ambos líderes ha sido a raíz de la construcción del Tren Maya, una de las obras insignias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mediados de diciembre, el Ejército Zapatista denunció que la consulta ciudadana para la aprobación del Tren Maya, que conectará varias localidades del sureste, fue una “simulación”.

La historia del EZLN es compleja y ha estado marcada por transformaciones, fracturas y reformulaciones a lo largo de más de veinte años de existencia. Desde un cambio a su tesis por el cambio social y la lucha armada, la consolidación de un proyecto con los indígenas al centro y posteriormente el cuestionamiento al capitalismo neoliberal y la movilización por una nueva democracia. Para muchos el EZLN sigue siendo un símbolo de resistencia y lucha indígena en México y el mundo.

Tomado: Tercerainformacion