A solo unos días de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ponga pie en polvorosa y salga de la Casa Blanca detrás de Donald Trump, se atrevió a exigir al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que «cambie el rumbo» en su país, y aseveró que «Washington no tolerará amenazas a la democracia de Nicaragua».
Parece olvidar este señor los años que estuvieron luchando con las armas el Frente Sandinista y el comandante Ortega, hasta derrotar a la dictadura de Anastasio Somoza, y luego, el duro batallar para hacer de esa nación centroamericana un ejemplo de independencia, con planes sociales que han fomentado no solo el desarrollo económico, sino que han llevado al país a índices de salud, educación y empleo sobresalientes.
Pompeo pudiera dedicar sus «preocupaciones» a la búsqueda de solución para el sistema que representa, enfermo con metástasis y con un programa de salud en estado de coma.
Contra Nicaragua arremetieron otros actores estadounidenses, como el congresista Albio Sires, quien pidió una «respuesta internacional unificada» contra el gobierno nicaragüense.
Unos días antes de las amenazas de Pompeo y la solicitud del congresista Sires, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, inspiró la campaña de acusaciones contra la nación sandinista, y hasta exigió al presidente Ortega que derogara la ley recién aprobada democráticamente en ese país, con el título de Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.
Se trata, en concreto, de exigir a Nicaragua que renuncie a su soberanía y permita a los grupos pagados por Estados Unidos y aupados por la OEA, que asuman el poder en la nación sandinista.
Tras el primer pronunciamiento de Almagro, el embajador de la administración Trump ante la OEA, Carlos Trujillo, «brindó todo el respaldo de su gobierno» a la exigencia contra Managua.
La Ley que «irritó» a Pompeo, Almagro y demás personajes de esa misma catadura, fue aprobada mayoritariamente por los miembros de la Asamblea Nacional de ese país, y se pronuncia por inhabilitar a optar por cargos de elección popular a quienes «lesionen los intereses supremos de la nación, contemplados en el ordenamiento jurídico».
Según refiere Prensa Latina, la legislación, en su artículo 1 determina que perderán el derecho político a ser elegidos «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional».
De igual forma tendrán esas limitaciones quienes «fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos».
Otros sujetos a quienes se les podrá aplicar el nuevo cuerpo legal serán los que «pidan intervenciones militares, y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».
Por último, cita, entre los inhabilitados, a los que «propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
Almagro, en su ego servil al imperio, terminó su comunicado dirigido al presidente de Nicaragua con un ofrecimiento que caracteriza la entraña misma de la institución y su jefe: «la OEA está preparada para asesorarle en la celebración de elecciones libres, justas y transparentes».
Almagro parece que piensa que en la región se olvidó el plan de golpe de estado que tramó la propia OEA, y él personalmente, contra el gobierno de Evo Morales y el mas en Bolivia, que provocó muertos y heridos y el retroceso económico y social para esa nación que vivía sus mejores años.
Tomado: Granma
