En el Parlamento Europeo se debate la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre La Unión Europea con Colombia y Perú.
Para Karel de Gucht, comisario de Comercio, es un gran acuerdo. Para los vicepresidentes de Colombia y Perú, la oportunidad de integración de sus países en el comercio europeo.
Para millones de indígenas, negros y campesinos de los dos países, supone ampliar la capacidad de las multinacionales para acabar con su concepción de la vida basada en la convivencia con el medio ambiente.
La industria europea depende en un 70% de sustancias minerales del subsuelo para la fabricación de múltiples productos de consumo masivo. Una mina de oro mediana, con extracción a cielo abierto, consume en un día la misma agua que una ciudad de 500.000 habitantes. Es decir, que dos minas de oro sin ínfulas de grandeza se zampan al día la misma agua que requiere la capital europea, Bruselas, para subsistir. Así de simple: millones y millones de metros cúbicos de agua por un puñado de oro.
Para la explotación minera a cielo abierto se abren cráteres en las montañas con hasta 200 metros de extensión y 500 metros de profundidad. Por supuesto que se arrasa con todo ser viviente, humanos incluidos. Entonces, la solución es trasladar poblados enteros a lugares en los que es casi seguro que la naturaleza no entregue los productos de la tierra que durante milenios han permitido la subsistencia del hombre. Si se hiciera esto en Los Pirineos, se removerían los cimientos europeos. Pero como es en territorio de nadie, según los gobiernos de los países que lo permiten y los políticos europeos que firman por presión del lobby multinacional, pues adelante y que no haya controles ni fronteras para la explotación de los recursos.
En el Parlamento Europeo se debate la aprobación de los 27 del TLC entre la UE con Colombia y Perú que se votará en septiembre. Gracias a la presión de organizaciones sociales de estos dos países y otras europeas como Oidhaco y Grupo Sur, se ha conseguido que representantes de la sociedad civil, sindicatos, defensores de DDHH, indígenas, negros, mujeres y políticos de partidos opositores peruanos y colombianos, lancen un SOS a la UE para que no apruebe un TLC que a todas luces privilegia a las multinacionales y perjudica a millones de pobladores de Colombia y Perú, aparentemente, los beneficiados.
Tatiana Rodríguez, ambientalista colombiana, representante de CENSAT- Agua Viva, en su intervención de cinco minutos en el PE, lo pudo haber dicho más alto pero no más claro: “Las inversiones en megaproyectos extractivos que se realizarán en territorios que han sido preservados por sus comunidades, serán la gasolina que avivará la llama de conflictos sociales, ambientales, políticos y socioculturales” que ya se encuentran en una fase de no retorno. Acto seguido preguntó a los eurodiputados: “¿Quiere la UE ser responsable de dinamizar conflictos en estos países que sin echar a andar este TLC ya afrontan múltiples conflictos?”.
Rodríguez recordó a los políticos europeos que el Gobierno colombiano argumenta que va a devolver a las víctimas de la guerra, a quienes les robaron las tierras mediante feroces métodos de intimidación, un millón de hectáreas de los casi nueve millones usurpados.
“Entretanto”, continuó “a la multinacional europea Anglo Gold Ashanti, “ya le han adjudicado 500.000 hectáreas y serán muchas más porque ya ha solicitado cuatro y medio millones más para hacer explotaciones minerales”.
La representante de las comunidades rurales de Colombia, para respaldar su denuncia de que este TLC arrasará con la biodiversidad de uno de los países del mundo más rico en ella, y que supondrá que miles de personas que habitan territorios ricos en recursos naturales, se conviertan en víctimas, se remitió a las conclusiones del informe de Evaluación de Impacto Ambiental encargado por la Comisión Europea en 2009, con el fin de ver la viabilidad del Acuerdo Comercial.
“Una de las más contundentes”, recalcó Rodríguez, “es que causará más pobreza y será incompatible con las maneras tradicionales de cultivo”.
Para CENSAT-Agua Viva, que en esta ocasión, ante los eurodiputados ha sido la vocera de comunidades y organizaciones medioambientales colombianas, este TLC entrega los derechos de territorios y poblaciones a multinacionales que amparadas en el paraguas del discurso del progreso y del desarrollo, arrasarán con recursos naturales, biodiversidad y modos de vida del ser humano que hasta ahora no ha entrado en conflictos con la naturaleza.
“En este Acuerdo”, subraya, “ni siquiera se contemplan los costos medioambientales en sus cuentas”.
Alejandra Alayza, de la Red Peruana de Globalización, denunció que el texto del TLC, ya aprobado, y que no podrá tener ninguna modificación sino que será votado por la Eurocámara, “no es un acuerdo entre iguales, es un retroceso en la protección de derechos, y no incluye mecanismos de seguimiento”. Recalcó que la cláusula de derechos humanos no puede ser activada por las organizaciones de la sociedad civil, sino únicamente por los gobiernos”. Esta cláusula, que podría emplearse en caso de violaciones a los DDHH por los Estados firmantes, aseguran los opositores, es mera letra. Quienes ya firmaron el Tratado, no tuvieron en cuenta que Colombia es el país donde más se asesinan sindicalistas. Sólo por eso, ese Acuerdo no ha debido firmarse.
Vicent Vallies, portavoz de Oidhaco, red de organizaciones europeas con sede en Bruselas, y que ha acompañado a las organizaciones colombianas que han alertado sobre las consecuencias nefastas para la población y para el medio ambiente cuando este TLC entre en vigor, preguntó a los parlamentarios: “Ni siquiera durante el gobierno de Álvaro Uribe se activaron los mecanismos de control de la UE. ¿Cuál es la legitimidad de estas instituciones en cuanto a la protección de los derechos humanos? ¿Cuál va a ser su interpretación de ‘violación grave’?
Eduardo Estévez, de la Confederación de Sindicatos de Las Américas, que se opone a este TLC, argumentó como sustentación, entre otras cosas, que en el Acuerdo es palpable, “la negación de garantías laborales y el poder inmenso que se le otorga a las trasnacionales”. Como representante de los trabajadores americanos, subrayó que la situación de los sindicalistas colombianos es verdaderamente dramática. “Y este Acuerdo no resuelve la violencia antisindical sufrida allí, donde la impunidad los ha expuesto a la mayor inseguridad sufrida en el mundo”.
Estévez también denunció que su puesta en marcha “amenaza el equilibrio del medio ambiente, violenta los derechos de los pueblos originarios y pone en peligro recursos como el agua”. “Y como el Parlamento Europeo no puede introducir cambios a lo ya firmado, nos oponemos a este TLC y pedimos a esta cámara su no ratificación”.
Las diferentes voces europeas y americanas que estuvieron en el debate y que se oponen al Acuerdo, dejaron de manifiesto que la participación de la sociedad civil durante el proceso de estudio y firma, fue banalizada completamente. No se tuvieron en cuenta sus solicitudes y se dejó completamente por fuera a las organizaciones sociales. Igualmente reprochan lo obsoleto de la parte financiera, que se estudió en 2008, cuando todavía la crisis no había llegado a Europa. “No se puede ratificar un TLC con antiguas realidades”, enfatizó Alejandra Alayza, “y es urgente que se incluyan salvaguardas para incluir políticas financieras en el contexto de la crisis”.
En representación de los sindicatos colombianos, Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dejó claro que este Acuerdo “no generará bienestar ni desarrollo para nuestros pueblos”. Además dio a conocer que antes de la firma de los TLC, la población sindicalizada en el país era del 16% de la población activa y ahora está en torno al 4% o 6%. El representante de la Confederación Europea de Sindicatos, Juan Moreno, advirtió que no se consiguió un capítulo de derechos sociales y laborales, “por tanto, nos solidarizamos con las tres centrales colombianas que se oponen a este TLC”.
El eurodiputado laborista Richard Howitt preguntó a sus compañeros de la eurocámara: “sabido por todos que Colombia es el país con mayores asesinatos de sindicalistas y con otros problemas de derechos humanos, ¿por qué ha sido elegido como primero para los TLC de la UE?”. Por su parte, el español Willy Meyer de la agrupación Izquierda Unitaria, expuso que este Acuerdo no tiene en cuenta las asimetrías. “Colombia el tercer país con más desigualdad en el mundo y las multinacionales la aumentarán. Este TLC va en dirección equivocada porque no supera las desigualdades sino que las incrementa; así que la UE no debe ratificarlo”.
Tatiana Rodríguez explicó porqué serán las multinacionales las únicas beneficiarias de este Acuerdo, las poblaciones rurales las víctimas, y la biodiversidad la gran sacrificada. Narró como comunidades enteras se están oponiendo tanto en Perú como en Colombia a la explotación de los recursos naturales que dejan a su paso desastres ambientales y humanos, en los que las multinacionales y los gobiernos locales llevan toda la responsabilidad. En el caso concreto del agua, esbozó, “las industrias sedientas dejan a su paso contaminación y están generando una competencia desigual para el acceso al agua”. “Por eso”, explica, “las movilizaciones sociales contra los megaproyectos con base en el agua, tanto en Perú como en Colombia, ya han comenzado y se avivarán cuando entre en marcha este TLC”.
La ambientalista colombiana denunció ante el PE que la multinacional EMGESA, filial de la española ENDESA y socia de la italiana ENEL, es las causante directa del conflicto social que ya ha empezado en el proyecto conocido como El Quimbo, al sur de Colombia, porque van a desviar el cauce del río más grande del país, el Magdalena, para construir una presa hidroeléctrica de tamaño descomunal. Asimismo, denunció que en Perú, específicamente en las movilizaciones indígenas contra el proyecto conocido como Yanacocha, que será la explotación de oro más grande de Latinoamérica, y las protestas contra El Quimbo en Colombia, las poblaciones seguirán luchando por sus derechos.
Son apenas dos ejemplos de multinacionales que llegan a territorios ancestrales que sus pobladores han cuidado y preservado durante siglos, y a quienes los gobiernos locales han entregado todo el poder al capital trasnacional en contra de los derechos de su gente.
Y tanto las autoridades peruanas como colombianas han criminalizado la protesta social y reprimido violentamente a las víctimas de estos megaproyectos.
Ya se sabe que tan pronto el TLC entre la UE con Colombia y Perú, ponga su maquinaria en marcha, las multinacionales tendrán la licencia para arrasar, ahora, respaldadas por los 27 países que integran la UE. Olga Gayón es periodista especializada en Derechos Humanos
Fuente: Periodismo Humano
