lunes, 30 de marzo de 2020

Reseña critica libro: La Segunda Marquetalia: la lucha sigue



En su libro Iván Márquez, jefe negociador de los diálogos de paz en La Habana y firmante del Acuerdo de paz, relata algunas anécdotas, documentos y cartas, sobre las motivaciones que lo llevaron a emprender, lo que sería el segundo tiempo de la confrontación armada y la lucha insurgente, que no se terminó, para una parte de los firmantes de la paz, esto explicado por la traición que desde el Estado se fraguó, con el fin de no cumplir lo pactado, la modificación del acuerdo y los cambios que sufrió, como resultado del NO en el plebiscito, aunque Márquez prefiere eludir esta parte fundamental.

En libro esta dividido en 6 capítulos o apartes: el primero narrar “el comienzo” cuenta una serie de aventuras, cuando se adentra junto al Paisa, al trasegar de la selva o el monte en jerga guerrillera, son aventuras normales, sin ningún matiz, que hasta ese momento no sugieren nada, en su estilo narrativo, trata sin lograrlo evocar algunos pasajes macondianos, como la aparición de las mariposas amarrillas, con una descuidada puntuación, el texto a veces se torna difícil de seguir.

Por otro lado, es un relato que solo cuenta las aventuras de uno hombres, quizás aventureros, que se olvidan por completo que a su lado van mujeres en las mismas condiciones de ellos, esas voces son opacadas o calladas.

El segundo capítulo “los últimos tres años de Marulanda” en este relato recoge los recuerdos de quien según lo dice, fue uno de sus más cercanos en esta etapa. El Paisa, las aventuras del jefe guerrillero, lo más importante la visión que un campesino tenía sobre la guerra, se puede decir que Marulanda fue un estadista, estudioso de la guerra de forma empírica.

Luego relata como novedad el trato que recibieron los restos mortales del jefe de la insurgencia y la perdida de estos, la búsqueda y el re- encuentro. Pese, a la novedad del relato, no da explicaciones; del por qué se llevaron los restos, quienes sabían su ubicación y cuáles eran los objetivos que se perseguían al tener en su poder los restos de Marulanda.
En el tercer capítulo “Anécdotas marulandianas” es la continuación del anterior. En el cuarto capítulo “la traición al acuerdo de paz en La Habana” relata unas entrevistas, la lucha por la liberación de Santrich, como también cuenta la primera traición por la que atravesó el proceso de paz; como fue la muerte del comandante Alfonso Cano, la orden de ejecución que el gobierno Santos impartió.

En el quinto capítulo “la batalla de las ideas” este sigue su relato, ya en la voz de Romaña, las divisiones internas que se empezaban a vislumbrar, desde que se sentaron en la mesa de La Habana, la fragmentación del bloque oriental, no como ruptura propia de la confrontación, sino como decisión de algunos mandos que empezaron a virar hacia la derecha. Aquí surgen muchos interrogantes, los cuales no son resueltos, y en su momento deben ser conocidos públicamente.

En el sexto capitulo “el escape hacia la libertad” en la voz de Santrich narra algunas de las peripecias que tuvo que vivir para de nuevo entrar a la clandestinidad, no es nada novedoso, seguro en sus años de lucha guerrillera, tuvo mejores aventuras y mejor relato. Finalmente concluye con un manifiesto de la lucha.

El libro que nos presenta Márquez, es un intento de reclamo no solo al Estado por hacer trizas el Acuerdo, sino a sus camaradas, quienes se empezaron a repartir, lo que podemos llamar el trueque de entregar las armas por 10 o 8 curules, la traición de la cual algunos afirman fue diseñada por Timochenko y Carlos Antonio, al firmar un acuerdo secreto de entrega de armas, sin que el Estado empezara a implementar lo pactado.

Esta traición según lo afirma Márquez, llevó a desvertebrar el estado mayor y acomodar guerrilleros sin ninguna experiencia, en todos los aspectos organizativos ni de fundamentos teóricos, pero que eran afines a sus planteamientos sobre la pérdida de vigencia de la lucha armada,  esto los llevó a un afán de entrega de armas, con el fin de congraciarse con la derecha, sin importar el futuro incierto, por el que empezaron a transitar los guerrilleros de base y todos los demás, que fueron críticos con lo que se estaba negociando.

En el libro Iván Márquez no asume su responsabilidad, como jefe negociador, la que el lector esperaba encontrar, las preguntas que surgen es por qué siendo el negociador, permitió que alguien como Lozada, quien solo fue comandante de frente, asumiera una de las tareas fundamentales para el futuro de la insurgencia, como fue la entrega de armas; o si existía un descontento sobre el liderazgo que hasta ese momento había ejercido Timochenko, en la décima conferencia no se relevó de sus funciones.

Otras preguntas no menos importantes son: al perder el NO se debió levantar la mesa y regresar a seguir la confrontación armada, eso era lo que los colombianos habían pedido, desmantelar el Acuerdo supone una derrota política y militar, se dejó el acuerdo a la voluntad de la extrema derecha y ese fue uno de los grandes errores.

Para quienes se adentran en la lectura del texto, esperando encontrar un manifiesto político y militar, encontraran que, por el contrario, el texto no tiene grandes discursos políticos, ni siquiera Márquez dice hacia donde se dirige o cuales son los objetivos que persigue La segunda Marquetalia como guerrilla.

Lo que si queda demostrado que las FARC-EP como se había concebido desde su nacimiento había llegado a su fin, no solo con la muerte de Marulanda, sino con la muerte de Alfonso Cano, esa fue la lectura que hizo Santos, la inteligencia militar y los gringos, sabían que Cano no iba a negociar la entrega sin un acuerdo solido que representara los grandes cambios sociales que necesita el país y menos dejar a su tropa a la deriva, la entrega de armas como contraprestación alguna, no estaba contemplada.

Seguramente este mismo análisis lo había hecho sobre Timochenko y la continuidad del conflicto, sabiendo que la lucha armada para este ya había perdido vigencia, por eso los fierros empezaron a sobrar y había que quitarlos del ejercicio político y de la revolución, según lo afirma el autor.

Los más de 60 años de lucha, hacia rato habían empezado a tener grietas, las infiltraciones, los desórdenes que muchos comandantes empezaron a tener no solo con el manejo de las finanzas, sino en conducir la guerra, parece que el estado mayor, estaba siendo inferior al desarrollo de la confrontación y se estaban durmiendo en los laureles, como comúnmente se conoce a los que no hacen nada.

Una anécdota que relata la forma de pérdida de visión la cuenta un joven guerrillero lisiado de guerra, quien vale decir, hasta hoy no ha recibido la atención medica necesaria que le permita una recuperación digna y eficiente. “Santiago comenta que un día llegó al campamento cansado de cumplir una tarea que le encargo Fabian Ramírez, le llevaron la comida y él la puso junto al lugar donde se encontraba, sin darse  cuenta llegó el perro mascota de Ramírez y le comió su comida, su reacción fue darle una patada al perro, razón suficiente para que este ordenara el fusilamiento, pese a esto, no se encontró merito por lo que sus compañeros no aprobaron la decisión. Comenta Santiago que el perro que cargaba Fabian Ramírez era más importante que cualquier guerrillero de base, hasta le limpiaba la cola con papel higiénico”, si este es el proceder de un revolucionario la lucha ya se había perdido.

Cuando se empiezan a conocer relatos como el de arriba, permiten pensar que la guerrilla tenía que tener una decantación y con una visión más evolucionada de lo que es la lucha revolucionaria por una transformación verdadera.  

No sé, si es Márquez el llamado a liderar esta nueva gesta, no solo porque él hace parte de esa vieja generación que conformó el secretariado que se creían intocables, por lo que la tropa, debería rendirles culto, el mismo Márquez y Santrich igual que los demás, en Bogotá con cierta prepotencia, casi eran tratados como jefes de Estado, lo que los había alejado de las masas y de la tropa, el último acto público de Márquez fue en la Nacho, del que salió casi intocable, por los estudiantes que lo abordaron, según dijo iba a cumplir una cita con Yamit Amat, quien escribe, le solicito en varias ocasiones una cita y no fue posible, por no tener las credenciales necesarias.

Siguiendo con el libro, Márquez bordea todo el escrito haciendo alusión a la traición de Santander hacia Bolívar, según él, esa se enquisto en la política colombiana, citando algunas frases que según dice las dijo Bolívar para describir a Santander; antes de hacer cualquier juicio, le diría que en los anaqueles del archivo nacional o de la biblioteca nacional , existen innumerables escritos de puño y letra de Bolívar y Santander, donde no siempre fueron contradictores y hasta halagos hace el libertador de hombre de las leyes, no permita que el polvo los acabe. No olvide que, hasta Marx, vilipendio al libertador, no por ello, lo íbamos a acusar de traición y que la misma guerrilla en los 70 y 80, fueron críticos del libertador.

En este mismo sentido, no sé, si es ingenuidad de Márquez cuando afirma “Pareciera, que más que blindar la paz, lo que quería Santos era derrotar a Uribe..” cuando se estudia la historia de Colombia se sabe que las élites jamás se han dividido, la época de La Violencia demostró que quienes se enfrentaron fueron sus seguidores, mientras estos nunca se enfrentaron ni en una batalla de ideas, esa era la estrategia para no dejar florecer ningún otro proyecto político, la izquierda no lo ha entendido.

El libro es un importante relato que todos deberían leer, entender un poco lo que ha sido el proceso de paz por sus protagonistas, cuando se lee se entiende el por qué las FARC no fue derrotada por el Estado, pero si, por sus contradicciones internas, que las llevó a destruir el ideario de Jacobo, Manuel y Cano. Y como guerrilla debía transitar por otros caminos, alejados de la promesa de “juramos vencer y venceremos”

El sueño de una patria libre, justa y soberana, sigue siendo una quimera.

Morgues refrigeradas para pobres y búnkeres de lujo para ricos

Quizá algún Daniel Defoe esté escribiendo ahora mismo un Diario del Año de la peste, o un Giovanni Boccaccio, con picaresca maestría, escribe historias que harán reír y reflexionar a los lectores de los siglos por venir.
En medio de la pandemia de la covid-19 que azota al mundo, los habitantes de esta, nuestra casa común, descubren azorados que las medidas neoliberales, hechas en nombre de un desarrollo sin sentido y de un consumo esquizoide, barrieron con los beneficios alcanzados por los trabajadores peleando en las calles, en los sindicatos, en los parlamentos, ayudados por el miedo de la burguesía al ejemplo de la Unión Soviética y al avance de las ideas del socialismo.
Descubren los hombres y mujeres de este mundo de hoy, que no hay camas en los hospitales, que no hay médicos ni enfermeras suficientes, que no alcanzan los medicamentos, que millones de personas no tienen derecho a la vida, porque no pueden pagar su salvación al dios del mercado.
Las cuadernas del capitalismo, en medio de la crisis, se rompen, el barco hace aguas y el cuento de la navegación sin fin hacia un futuro promisorio, adornado con barras y estrellas, comienza a desdibujarse. Los folios apolillados y olvidados de los que levantaron los blasones de la igualdad, la fraternidad y la libertad, claman atención en un mundo dominado por el egoísmo, la desigualdad y la pobreza.
En Estados Unidos, mientras millones de personas no saben qué hacer y caen víctimas de la avaricia de los mercaderes de la salud, el Presidente, cual caricaturesco Calígula con poses de Nerón, manifiesta su talante fascista, poniendo por delante la economía a la vida de los ciudadanos estadounidenses.
Los hospitales de Nueva York y otras grandes ciudades anuncian que podrían «agonizar» en una semana, ante el avance del coronavirus y la escasez de insumos y camas. Mientras, los muy ricos buscan refugio lejos de las zonas «infectadas».
Durante generaciones, los plutócratas estadounidenses se han preparado para el posible colapso de la sociedad, para sobrevivir al apocalipsis en condominios y residencias dotadas con todos los lujos y comodidades.
Los apartamentos del Survival Condo, por ejemplo, sitio construido por el empresario Larry Hall, se vendieron con precios iniciales de 1,3 millones de dólares.
Hall transformó una bóveda que servía para almacenar misiles nucleares del ejército estadounidense, en un condominio de lujo construido 15 pisos bajo la corteza terrestre.
Estos búnkeres cuentan con pantallas de alta definición, que hacen las veces de ventanas que proporcionan imágenes de lo que hay alrededor, disponen de piscinas, saunas, gimnasios, hospitales con salones de cirugía y salas de cine.
Refugios «económicos» construidos cerca de Black Hills, en Dakota del Sur, cuestan de 200 000 dólares en adelante. El precio depende de si quieren un espacio minimalista o una casa con acabados de alta calidad.
Ante el coronavirus, los altos ejecutivos de negocios optan por aviones privados para «vuelos interminables», lo que significa permanecer en el aire volando en los jets de lujo el mayor tiempo posible, y solo aterrizar para autoabastecerse.
Southern Jet, una compañía de alquiler de aviones en Boca Ratón, Florida, envió a ciertos clientes un correo electrónico publicitario de prueba con la frase: «Evite el coronavirus con un vuelo privado… ¡Solicite una cotización hoy!».
Otros adinerados están optando por aislarse en sus yates bajo el sol del Mediterráneo, lejos de las costas infectadas.
Mientras, la desesperanza se adueña de los pobres sin seguro médico, rechazados ya en muchos hospitales, incluso de los que tienen seguro y descubren que no cubre los gastos, de los emigrantes desvalidos, de los que no tienen cómo pagar una prueba de diagnóstico, de los que perdieron su empleo y no saben cómo van a pagar las hipotecas y los gastos diarios de supervivencia.
Para ellos se construyen modernos camiones refrigerados, morgues sobre ruedas que, como las carretas descritas en las historias del Año de la peste, llevarán a incinerar a los muertos sin nombre.
Negocios son negocios, armas son armas
La demanda se ha disparado para los equipos de supervivencia. Una mochila que contiene un botiquín de primeros auxilios, una bolsa para desechos biológicos, toallitas húmedas, desinfectante de manos, baterías, una linterna y otros artículos, cuesta 150 dólares.
Máscaras personalizadas, ungüentos, jarabes y pociones mágicas, curas milagrosas, purificadores de aire de alta gama que cuestan entre 800 y 2 000 dólares, se venden como el clásico «pan caliente».
Los vendedores están reportando picos importantes en la compra de armas de fuego y balas, a medida que el coronavirus se propaga por todo el país. De acuerdo con los reportes periodísticos, se trata de estadounidenses temerosos que buscan estar «preparados» por si la situación se complica y se sale de control.
El apocalipsis
Las imágenes que nos llegan de Europa son angustiosas: hospitales colapsados, ancianos abandonados, gente que comparte habitación con sus familiares muertos, el palacio de hielo de Madrid convertido en morgue, caravanas de ataúdes recorriendo las calles de la hermosa Italia, mientras las cifras de muertos crecen por día.
En los Países Bajos no buscan armas, los fumadores de marihuana buscan abastecerse, ante la cuarentena, de la mayor cantidad de cannabis posible.
La enfermedad se extiende por América Latina con pronósticos reservados. ¿Qué pasará en las favelas de Brasil? ¿Quién se ocupará de los pobres de las villas miseria?
África, el milagroso continente de la espuma, la tierra de donde nacimos todos, es una interrogante frente a un mundo afectado de manera global por la pandemia.
Pero en medio del dolor, también crece la solidaridad y lo mejor del hombre se muestra: China, Cuba, Venezuela y Rusia tienden la mano y otros siguen el ejemplo.
Quiero creer que en las páginas que se leerán en el futuro, nuestros Boccaccios o Defoes contarán cómo hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobreponiendo sonrisa y optimismo a la desesperanza, brindaron solidaridad al mundo entero. Relatarán cómo la gente despertó del sueño narcótico del mercado y triunfó el altruismo.
Tomado: Granma

Yemen: la paz es más necesaria que nunca tras cinco años de conflicto y sufrimiento

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha advertido hoy que el prolongado conflicto en Yemen ha seguido provocando el desplazamiento de miles de personas de sus hogares en las últimas semanas, y que esta dilatada situación de desplazamiento está agravando las dificultades y los riesgos que afrontan las familias yemeníes.
El recrudecimiento desde enero de los enfrentamientos en las gobernaciones de Yawf, Marib y Saná, en el norte de Yemen, ha desplazado a más de 40.000 personas hasta la ciudad de Marib y sus alrededores, al este de la capital, Saná, según datos de OIM. 
Muchas de las personas que han huido, incluidas mujeres, niñas y niños, han explicado a ACNUR que no tuvieron más alternativa que escapar a pie y caminar durante días a través del desierto sin comida ni agua.
Los recién llegados forman parte de las 750.000 personas desplazadas que han encontrado refugio en la gobernación de Marib. Tras años de conflicto, las comunidades desplazadas y las de acogida tienen dificultades para sobrevivir. Con la llegada continua de nuevos desplazados a la ciudad de Marib y sus alrededores en busca de un lugar seguro, las necesidades humanitarias siguen creciendo con rapidez y los servicios básicos y la asistencia se encuentran desbordados.
Para los servicios públicos, como hospitales y escuelas, resulta complicado hacer frente al aumento de la población. En Marib, muchas de las personas desplazadas se alojan en campamentos improvisados en condiciones de hacinamiento, compartiendo una tienda entre varias familias. Otras personas han encontrado cobijo en edificios en construcción.
Las personas tienen dificultades a la hora de acceder al agua potable y a unas instalaciones de saneamiento adecuadas. Una de las familias explicó a ACNUR que comparten una letrina con tras 60 familias.
ACNUR está preocupado por el elevado riesgo en el que se encontrarían las comunidades desplazadas y las de acogida en el caso de que se produjera un brote de COVID-19, dadas las condiciones tan precarias y las terribles condiciones sanitarias y de vida en las que se encuentran.
A pesar de los enormes esfuerzos realizados por los socios humanitarios en el terreno, debido a la magnitud de la crisis los alimentos también resultan una necesidad crítica para las familias desplazadas. Algunas madres han contado que están considerando la opción de mandar a sus hijos e hijas a trabajar o a pedir limosna en las calles para poder alimentar a sus familias.
Muchas de las personas desplazadas internas huyeron de sus hogares sin llevarse consigo ninguna pertenencia ni documentos de identidad, como los certificados de nacimiento de sus hijos. Ahora, sin esta documentación legal, muchos de ellos no pueden inscribir a los pequeños en los colegios ni acceder a servicios básicos como la atención sanitaria, mientras que otros han quedado en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser desalojados a la fuerza de sus hogares.
ACNUR esta aunando esfuerzos con la OIM y otras agencias hermanas de la ONU y socios humanitarios, para distribuir asistencia vital a los desplazados. Hasta la fecha, ACNUR ha llegado, a través de sus socios, a más de 5.000 familias desplazadas en Marib distribuyendo materiales de ayuda como tiendas de campaña, mantas, colchones y utensilios de cocina. Se espera distribuir más material humanitario en los próximos días. ACNUR también tiene previsto incrementar la asistencia en materia de protección, incluyendo asesoría y orientación legal, y ayudará a quienes no cuenten con documentación, además de ofrecer apoyo psicosocial para las personas desplazadas y afectadas por el conflicto.
Mientras se implementan los planes nacionales ante el COVID-19, que incluirán a los yemeníes desplazados y refugiados, ACNUR y sus socios continúan reforzando sus actividades para la prevención y preparación. ACNUR y sus socios locales están involucrando a las comunidades de refugiados y desplazados internos para que conozcan los riesgos que existen y las formas de protegerse de manera más efectiva. ACNUR también está distribuyendo paquetes con artículos de higiene y ofreciendo más asistencia económica en efectivo para que refugiados y desplazados puedan comprar alimentos y otros artículos esenciales para responder a sus necesidades más críticas.
Todo esto se encuentra supeditado a la situación de seguridad y si esta permite un acceso seguro y sin obstáculos para que los socios humanitarios lleguen hasta la población yemení que lo necesita. En otros lugares del país, como en Adén, ACNUR y sus socios están llevando a cabo con rapidez una evaluación humanitaria de la situación de personas desplazadas internas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones que se han producido esta semana.
Los informes preliminares indican que cerca de 3.000 yemeníes desplazados se han visto gravemente afectados, y que algunos de sus alojamientos y pertenencias, como colchones, raciones de alimentos y efectos personales han sufrido daños. Dos mujeres y un bebé de tres meses también resultaron heridos y han sido derivados a un hospital. ACNUR sigue trabajando con sus socios para movilizar ayuda humanitaria adicional.
Tomado:Tercerainformacion

El coronavirus despierta un viejo problema de las cárceles de América, el hacinamiento

El pánico que se apoderó del mundo por la pandemia de coronavirus (causante de la enfermedad covid-19) se vive de forma más aguda en las cárceles de América Latina, donde la sobrepoblación es un problema recurrente, según un relevamiento hecho por Sputnik.
"El coronavirus viene a mostrar algo que no es nuevo: la sobrepoblación y el hacinamiento extremo que existe en la provincia de Buenos Aires, pero que ha recrudecido en la gestión anterior donde hubo casi 15.000 nuevos detenidos en el sistema", explicó a Sputnik Roberto Cipriano, integrante de la argentina Comisión Provincial para la Memoria (CPM).
La gran preocupación tiene que ver con que la primera medida recomendada de prevención que es la distancia social de metro y medio, dos metros entre personas es insostenible en el ámbito carcelario de la provincia de Buenos Aires, donde hay 21.000 plazas y cerca de 45.000 personas detenidas en 63 establecimientos.
En la provincia de Santa Fé (este) se registraron dos violentos motines en los penales de Las Flores y Coronda, que terminaron con al menos cinco muertes, cuyas causas en detalle están en investigación. La pandemia agravó aún más un panorama que ya era crítico: celdas para cuatro personas son ocupadas por ocho o 12 detenidos, con gente durmiendo en el piso; apenas un jabón para 10 internos o medio pan de jabón para cuatro; hay muy poca lavandina (lejía) y casi no hay desinfectantes, según un relevamiento hecho por la CPM.
Asimismo, existe en las cárceles argentinas una profunda escasez alimentaria, antes suplida con lo que llevaban los familiares, hoy impedidos de visitar a los internos. La CPM y diversos organismos de derechos humanos le reclaman al Gobierno de Alberto Fernández impulsar medidas judiciales y procedimientos ejecutivos para la reducción de la superpoblación y el hacinamiento, por ejemplo, con detenciones fuera de las cárceles para las poblaciones de riesgo y a quienes ya acceden a salidas transitorias o regímenes de semilibertad.
Algo similar a lo que hizo Italia, donde se habilitaron salidas anticipadas a los que les quedan menos de 18 meses para concluir su condena -unos 6.000 reclusos-, o Irán, país que perdonó a 10.000 prisioneros, incluidos los políticos, pocos días después de la liberación temporal de unos 85.000 presos.
También solicitaron la provisión de alimentos adecuados e insumos para la higiene personal y la limpieza de los espacios por parte de los servicios penitenciarios, así como garantizar las condiciones de prevención del covid-19 en las unidades penales.
Aunque el viernes estaban controlados los pabellones, los reclusos siguen reclamando por "la falta de jabón y elementos de higiene, y, por otro lado, el tránsito de agentes del servicio penitenciario sin las medidas sanitarias que corresponden", comentó a esta agencia Malena García de la ONG Atrapamuros.
Colombia
En Colombia, un total de 10 cárceles fueron foco de conflicto la semana pasada por reclamos de internos que exigen una mejora en las condiciones para hacer frente a la crisis del coronavirus. La ministra de Justicia colombiana, Margarita Cabello, informó el pasado 22 de marzo de un "intento masivo y criminal de fuga" en el centro penitenciario "La Modelo", de Bogotá que terminó con 23 presidiarios muertos, 83 heridos, de los cuales 32 debieron ser internados, y siete funcionarios lastimados. "No hay un problema sanitario que hubiera imaginado ese plan y los motines", dijo la funcionaria, quien negó casos de coronavirus intramuros.
Sin embargo, al otro día, Colombia decretó la emergencia carcelaria por el covid-19 que, en teoría beneficiaría a madres gestantes o de niños menores de tres años, personas mayores a los 60 años, que sufran alguna enfermedad crónica o tengan una pena de poca duración, aunque el cumplimiento sería irregular. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, los argumentos de una emergencia ya existían antes del coronavirus.
En todo el país existen aproximadamente 118.700 personas privadas de su libertad en los 138 centros penitenciarios existentes, de las cuales, según la Defensoría, unas 42.000, viven en condiciones de hacinamiento. La organización le reclama al Gobierno de Iván Duque que, más allá de la declaración de emergencia, facilite excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta los ocho años.
Chile
Otra fuga masiva fue sofocada el 19 de marzo pasado en el penal más grande de Chile, el Santiago 1, ubicado en la capital, en medio del pánico por la ola de contagios de coronavirus. El plan de los reclusos era hacer estrellar un camión contra uno de los muros para que los internos puedan salir por el boquete, según publicó el periódico local La Tercera.
Tras la intentona, unos 200 presos iniciaron una fogata de colchones mientras algunos familiares denunciaban escasas condiciones higiénicas en las calles. El Santiago 1 es una cárcel que ha visto incrementar su cantidad de alojados desde octubre, cuando comenzaron las masivas protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, dado que allí van a parar la mayoría de los detenidos.
Galo Muñoz Velozo, Director Ejecutivo del Observatorio Penal Penitenciario, dijo a esta agencia que "las detenciones durante las revueltas aumentaron un poco la población penal y también se perjudicaron las condiciones" y denunció que tras las protestas del 19 de marzo los guardiacárceles han tomado represalias en el trato con los internos.
Brasil
El 16 de marzo se produjo otra fuga masiva en tres centros penitenciarios de Sao Paulo luego de una protesta por la suspensión de las salidas transitorias o temporales como medida para evitar expandir el coronavirus.
En total se fugaron 1.375 reclusos y fueron recapturados unos 700, quienes volvieron a uno de los sistemas penitenciarios más cargados del mundo con un déficit cercano a las 350.000 plazas, según dicen los organismos de derechos humanos.
Venezuela
La restricción de las visitas, también por la pandemia de coronavirus, fue uno de los detonantes para que unos 80 presos se escaparan del centro de reclusión preventiva de San Carlos, en el estado Zulia, (noroeste), el pasado miércoles, hecho que concluyó con la muerte de al menos seis de ellos. Así lo confirmó a los medios locales el abogado de la ONG Ventana por la Libertad, Carlos Nieto de Palma, quién explicó que, ante la crisis, "los presos se alimentan porque la familia les lleva comida".
A finales de 2019 China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus. En el mundo se registraron 509.164 casos confirmados y 23.335 fallecidos producto del virus, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el viernes.
Tomado: tercerainformacion

Palestina. En el Día de la Tierra la consigna sigue siendo resistir a la ocupación sionista

El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte del sionismo israelí. El Ejército asesinó a siete jóvenes palestinos con «ciudadanía israelí» en las manifestaciones que acompañaron esa huelga. Desde entonces, el 30 de marzo ha quedado marcado como una jornada de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino. 44 años después, la colonización de Palestina continúa. Día a día, el Estado de Israel roba tierras, expulsa de ellas a sus legítimos habitantes, construye asentamientos y transfiere allí a colonos sionistas extranjeros  recolectados de todos los rincones del mundo. Estas prácticas contravienen la legislación internacional y los Derechos Humanos y han sido condenadas por Naciones Unidas y por la gran mayoría de gobiernos del mundo, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos.
Sin embargo, estas condenas no han sido acompañadas por sanciones efectivas, por lo que Israel continúa la colonización sin sufrir por ello ninguna consecuencia. Ya son más de medio millón los colonos que viven en los asentamientos ‘ilegales’, (TODOS los asentamientos son ILEGALES, según la legislación internacional) y el número de hectáreas robadas supera los 800.000. El robo de tierras sigue en forma acelerada y continúan las acciones de limpieza étnica de la población histórica palestina.
Las personas palestinas con ciudadanía israelí –aquellas que viven en el Estado de Israel- siguen siendo discriminadas. Hay localidades ancestrales palestinas que no son reconocidas y por ello carecen de presupuesto y otras que reciben transferencias menores a las que les corresponderían por su peso poblacional. Además, el Estado de Israel practica con estas personas una discriminación educativa y laboral que conduce a su marginalización.
Tomado: tercerainformacion

sábado, 28 de marzo de 2020

Víctimas del 21M: masacre de presos por protesta en cárcel Modelo de Bogotá

Un plan de fuga en interrogaciones
En la noche del 21 de marzo y madrugada del 22, las fuerzas del Estado colombiano entraron por la fuerza a la cárcel Modelo de Bogotá, asesinaron a 23 presos e hirieron a 83, como respuesta a las protestas y peticiones de los reclusos ante el pésimo estado sanitario que reina en los establecimientos penitenciarios y que hacen temer objetivamente un futuro brote de Covid-19. El director del INPEC y la Ministra de Justicia Margarita Cabello intentaron justificar la masacre, alegando que no se buscaba reprimir las protestas legítimas de los presos, sino evitar un plan de fuga masivo, que había sido detectado días antes.
Esa mentira se repitió por todos los medios sin cuestionarla. Hasta noticias Caracol publicó unos audios de internos hablando por celular. Pero cualquiera que conozca las dinámicas carcelarias y escucha los diálogos fragmentados filtrados a la prensa, sabrá que no es posible concluir de estos, que existiera un plan de fuga en curso. Pero si ello fuera cierto, surgen más interrogantes que claridades:

Primero. Si el Estado conocía desde antes, comunicaciones en las que se dice hasta la saciedad, que el martes a las 7:30 a. m, antes de la contada, se llevaría a cabo una acción coordinada (una fuga, según la ministra) en varios establecimientos, y se advierte incluso con vehemencia “no se vayan a adelantar porque la cagan”, ¿por qué razón el operativo militar y policial simultáneo que se desarrolló en varios establecimientos, fue ejecutado en un día y hora distintos?
¿De dónde infieren las autoridades que la fecha del presunto plan de fuga (de 5 mil personas, según el director del Inpec, el general Mujica), se había anticipado? Es más, ¿Cuál plan de fuga, tan descomunal como el que supuestamente habían detectado, puede ser adelantado a última hora por sus mentores, sin que se haya detectado ni un solo cruce de mensaje informándose entre los partícipes sobre el intempestivo cambio?

Segundo: Si sabían de un plan de fuga varios días antes, ¿por qué no tomaron medidas para evitarlo y así impedir la pérdida de vidas humanas? El INPEC suele trasladar a presos lejos de sus domicilios por cualquier infracción a la normativa carcelaria o simplemente como medio de retaliación o forma de silenciamiento. Esta es una de las quejas más recurrentes en las prisiones colombianas. ¿No podían hacer lo mismo para evitar una fuga?

Tercero: En los audios se escucha “listo mis hermanitos, Alcatraz, Picaleña, Barne, Cómbita, Tramcúa, Modelo, ahí estamos mis hermanos, Dios me los bendiga, ya saben, martes en la mañana, contada siete y media de la mañana”. Si de lo que hablaran fuera en realidad de un Plan de fuga ¿por qué el presunto intento de esta, solo se dio en La Modelo de Bogotá? ¿Por qué en Tramacúa o en Barne, por ejemplo, la población ni siquiera se sumó a la jornada de protesta convocada mediante un cacerolazo, es decir, que no se registró ningún tipo de movimiento al interior de esos penales en la noche del 21M?

Ahora bien, lo que sí estaba públicamente anunciado, era la realización de un cacerolazo nacional –coordinado, como fue evidente- en varios establecimientos penitenciarios. Y en la convocatoria, que rotó por muchas redes sociales, se había indicado lugar y hora del inicio: El 21M a las 9:00 p. m. El mismo día y la hora en la que se dispuso de fuerza oficial (incluido el Inpec) para sitiar a La Picota, realizar sobrevuelos y lanzar gases lacrimógenos en Pedregal o represaliar a las manifestantes de la Reclusión de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. Luego, es evidente que sí hubo una intencionalidad estatal dirigida a silenciar la protesta de la población reclusa.

Claramente las situaciones en la Cárcel Nacional Modelo se salieron de control y lo que ocurrió adentro merece ser esclarecido y los audios con los que el Gobierno pretende justificar la masacre, sólo contribuyen a confundir y diluir responsabilidades.

Protocolos sobre el uso de la fuerza en contextos de encierro: ¿Fue proporcional y constitucional el uso de la fuerza el 21M en la Cárcel Nacional Modelo?
La versión de un Plan de fuga frustrado (que beneficiaría a 5 mil personas), representa sin duda un estratagema de defensa temprano del Estado. Y a pesar de las dudas iniciales que hemos planteados alrededor de esta versión y la reacción estatal, vamos de nuevo a suponer que sí existió.

Para resolver el interrogante sobre la proporcionalidad y constitucionalidad del uso de la fuerza, es bueno recordar –para empezar- que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se prevé que de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deberán adoptar “medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos” y se contemplan entre estas:

“e- Establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias,
f- Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos”. (Principio XXIII-1)
En este caso, la Ministra de Justicia y el general Mujica dijeron que conocían de un supuesto Plan de fuga, que frustraron oportunamente. Sin embargo, a la luz de los principios señalados, no exhibieron ninguna evidencia de la acción del Estado de Colombia dirigida a prevenir la crisis que servía de trasfondo a quienes pretendía la huida de prisión. Al contrario, existen claras muestras del silencio institucional a las denuncias y llamados desesperados de la población reclusa y organizaciones de derechos humanos para que se adoptaran medidas eficaces de contención del COVID-19 en las prisiones, lo que hacía previsible las jornadas de protesta que se anunciaron con anticipación al 21M.

En el caso Carandirú de Brasil (Caso 11.291) –muy similar al que convoca este análisis- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró su informe de fondo (Informe 34/2000), que el Estado violó la obligación de garantizar la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia. Reprochó en ese asunto que el desconocimiento del deber de garantía de los derechos humanos en prisión, creó las condiciones para el desarrollo de amotinamientos, cuyo escalamiento pudo prevenir adoptando estrategias de prevención del escalamiento de la disconformidad de los reclusos y activando la capacidad negociadora del Estado (párr. 61)

Y en relación con la reacción estatal y el uso de la fuerza para el control del amotinamiento, que en Carandirú le costó la vida a 111 presos, la Comisión señaló:
“62. El Estado tiene el derecho y el deber de debelar un motín carcelario, tal como lo sostuvo la Corte en el caso Neira Alegría La debelación del motín debe hacerse con las estrategias y acciones necesarias para sofocarlo con el mínimo daño para la vida e integridad física de los reclusos y con el mínimo de riesgo para las fuerzas policiales.

63. La acción de la Policía, tal como está descrita en la petición y confirmada por las investigaciones oficiales y la opinión de expertos, se llevó a cabo con absoluto desprecio por la vida de los reclusos, y demostrando una actitud retaliatoria y punitiva, absolutamente contraria a las garantías que debe ofrecer la acción policial. La Comisión anota que las muertes no correspondieron a situaciones de legítima defensa ni de desarme de los recluidos, ya que las armas que éstos tenían, de factura casera, habían sido arrojadas al patio al entrar los policías. No se comprobó la existencia de ningún arma de fuego en poder de los revoltosos, ni que hayan efectuado disparo alguno de arma de fuego contra la policía. Su actitud violenta inicial fue rápidamente superada por la entrada masiva de la policía fuertemente pertrechada”.

Estas consideraciones se acompasan con lo previsto en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas [1] (Principio XXIII-2), dentro de los cuales, se considera que:

“El personal de los lugares de privación de libertad no empleará la fuerza y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado previamente las demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, del personal o de las visitas.

Se prohibirá al personal el uso de armas de fuego u otro tipo de armas letales al interior de los lugares de privación de libertad, salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas.

En toda circunstancia, el uso de la fuerza y de armas de fuego o de cualquier otro medio o método utilizado en casos de violencia o situaciones de emergencia, será objeto de supervisión de autoridad competente”

Estas disposiciones y consideraciones ventiladas en el Sistema Interamericano de derechos humanos de la OEA, a las que está sujeto el Estado colombiano, nos llevan a cuestionar nuevamente la acción de fuerza en la Cárcel Nacional Modelo, pues no sólo fueron creadas las condiciones que generaron la inconformidad –apenas justa- de las/os detenidas/os, sino que el 21M no se agotaron (ni siquiera se intentaron) mecanismos de mediación. Claramente en este caso la coerción no fue la excepción, ni la última razón.

Ni bajo el supuesto de frustrar un supuesto plan de fuga se justifica el uso desproporcionado de la fuerza en la Cárcel Modelo. Ningún Estado puede abrir fuego contra los detenidos/as que intentan la huida del penal. La Ministra de Justicia, el general Mujica y la Policía Nacional, saben –pero no informan a la opinión pública- que la ejecución extrajudicial de presos en ese contexto, está proscrita internacionalmente. “…No existe justificación ética ni jurídica a la llamada “ley de fuga” que legitime o faculte a los guardias penitenciarios a disparar automáticamente contra reos que intenten escapar” dijo la Comisión interamericana en el Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011) [2], en el que también se advirtió

“En situaciones de fuga o evasión de privados de libertad, el Estado debe emplear todos los medios no letales a su alcance para recapturar a los reos, y sólo podrán utilizar la fuerza letal en casos de peligro inminente en el que los presos que pretenden escapar reaccionen contra los guardias penitenciarios o terceras personas con medios violentos que amenacen la vida de éstos. Por lo tanto, no existe justificación ética ni jurídica a la llamada “ley de fuga” que legitime o faculte a los guardias penitenciarios a disparar automáticamente contra reos que intenten escapar”

De acuerdo con la información que ha circulado en medios y redes, cuando se produjo el ingreso de los cuerpos de choque del Inpec, los presos de la Modelo se encontraban desarmados, sin embargo fueron atacados con armamento letal y de letalidad reducida. En uno de los vídeos rotados a través de las redes sociales, se observa que algunos internos lograron tomar un fusil de dotación de la fuerza pública y que para ese momento, la situación había escalado a tal punto, que ya habían varios muertos y heridos entre los internos y era imposible la mediación u otra forma de control de la situación.

Y es justamente por el curso que pueden tomar los acontecimientos, que la Comisión Interamericana reiteró en su Informe anual 2015 [3], capitulo IV.A, que “por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH la concibe como “un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal” [4]

En la mayoría de vídeos y audios procedentes del interior de la cárcel, los detenidos reclaman por el tratamiento militar a la protesta. Denuncian el desvalor que su vida merece para el Estado. No se observa un combate como se pretende mostrar. No habían fuerzas iguales enfrentadas. Se evidencia sí, indignación y angustia de los reclusos, que pudo ser controlada por otros menos no coercitivos.

Además, muestran estos archivos, que el asesinato de los presos ocurre al interior del establecimiento y no afuera del mismo. Y a ninguno de los masacrados se le ve portando armamento alguno, que justificara un ataque en su contra, en la proporción en que lo recibió.

Las imágenes no dejan ver un Plan de Fuga, en desarrollo del cual se esperaría identificar -al menos- a unos cuantos presos seguros de cómo proceder en medio del caos. Al contrario, se observa gente desesperada, confundida, intentando defenderse del ataque estatal. Se percibe también la sensación de desprotección y una evidente ansiedad colectiva por los efectos de una pandemia en lugares que realmente son, depósitos de personas.

Esta sensación de abandono y pánico que se respira hoy en las cárceles es apenas natural y humana y se vive hoy en otras cárceles del mundo, como las de Sri Lanka, Italia y Brasil. No se puede cuestionar el estado de desespero en las prisiones y mal hace el Estado con reprimir y masacrar a los presos que sienten miedo de morir de Coronavirus en medio del absoluto abandono.

Aún quedan muchas dudas de lo ocurrido adentro de la Cárcel Modelo. De un buen trabajo de los médicos legistas dependerá gran parte del esclarecimiento de los hechos, pues al parecer la escena del crimen no fue tratada adecuadamente.

Un elemento adicional de análisis del caso, es sin duda el hecho de que once (11) de los detenidos masacrados en la Cárcel Nacional Modelo cumplían condenas menores (de entre dos y ocho años), asociadas con conductas punibles contra el patrimonio económico, particularmente hurtos, el típico delito de hambre. Asimismo, siete (7) de ellos, no figuran con registro en la página oficial de los juzgados de ejecución de penas de Bogotá, lo que significa que ni siquiera habían sido condenados. Es decir, que no eran justamente el perfil de los presos que buscan fugarse de prisión, pues entre todos, eran los que tenían mayores probabilidades de ser beneficiados con medidas alternativas a la cárcel: Una de aquellas que se reivindicaba a través del cacerolazo programado para ese día.

Medidas eficaces de contención: Un recurso válido antes que la fuerza
La ministra negó en su intervención la existencia de un problema sanitario en las cárceles de Colombia. La Corte Constitucional opina todo lo contrario, tanto que en la Sentencia T-388 de 2013 y luego en la T-762 de 2015, declaró el estado inconstitucional de las cosas que aún es objeto de seguimiento, toda vez que no se ha logrado su superación. De otra parte, las entidades de control sanitario en más de una ocasión a lo largo de los años han cerrado las cocinas y hasta los puestos de salud en cárceles colombianas por representar un peligro para el bienestar de los presos. Cualquier visitante a una cárcel, incluyendo las cárceles relativamente modernas como el ERON de la Picota en Bogotá ve ratas por todos lados. Estos y otros tantas situaciones como la falta de agua potable, por ejemplo, hablan de una verdadera crisis sanitaria en los penales y dice mucho que la delegada del Gobierno para asuntos de política criminal y penitenciaria, pretenda negarla para minimizar la gravedad de la masacre perpetrada el 21M en la Cárcel Nacional Modelo.

Es cierto que no hasta el momento no se ha detectado ningún caso de Covid-19 en las cárceles, al parecer eso ya no es la situación. Empero, esto no implica que no habrán contagios por virus. Al 23 de marzo, (un día después de la fecha de la rueda de prensa de la ministra) se habían reportado 277 casos en todo el país, 175 de personas que habían estado fuera del país, 87 relacionadas a ellas, y unas 15 personas cuya ruta de infección es desconocida. Esto es, que estamos al principio del brote en el país, por lo que aun es prematuro asegurar si hay o no positivos en las prisiones.

Sin embargo -y la ministra Cabello lo sabe- cualquier cárcel del mundo inclusive una bien mantenida se presta para brotes de enfermedades. Según la OMS la prevalencia de tuberculosis (por nombrar una sola enfermedad) es a veces hasta 100 veces mayor en contextos de encierro, que en la población no encarcelada, y las muertes por esta enfermedad pueden llegar a representar el 25% de la carga de morbilidad por esta enfermedad en un país. Es decir, es aceptado por todo el mundo, que las cárceles son problemáticas para el control de enfermedades. Los presos participando en las protestas lo saben por experiencia propia, ven como se propagan las enfermedades entre ellos y por eso el temor ante la llegada de Covid 19.

En la protesta del 21M, pedían cosas básicas, como desinfectantes, tapabocas, guantes mayor control sobre las entradas de los guardianes quienes son un punto peligroso de contagio, debido a sus frecuentes entradas y salidas de la cárcel y quienes se mueven por todo el complejo sin mayores restricciones. También pedían algo lógico en tiempos normales: El des-hacinamiento de las cárceles, lo cual se convierte en algo apremiante en el contexto de Covid 19.

La población carcelaria es diversa. El 4.7% son mayores de 60 años, 34.6% de todos los presos en Colombia cumplen penas menores a cinco años, y de los 121.274 presos en el país, 36.334 son sindicados, varios de ellos por delitos no violentos. Hay como reducir el hacinamiento carcelario, como hicieron en Irán, donde liberaron a 54.000 presos, incluyendo algunos presos políticos. Hasta en los EE.UU. el país con más reclusos en el mundo, donde los presos intramurales superan los dos millones y medio de personas, comienza a aplicar medidas para reducir el hacinamiento, con fines de contención del Covid-19.

Entre las medidas tomadas, está la de reducir y hasta eliminar el uso de la detención preventiva para sindicados de delitos menores, incluyendo posesión de drogas, libertad para presos que les queda poco tiempo para cumplir con su pena, el uso de sanciones alternativas, anularon ordenes de detención para el no pago de multas etc. Además, como en algunas partes cancelaron las visitas, implementaron un sistema de llamadas gratuitas para los presos, algo que en nuestra opinión se debe aplicar siempre, como parte de la política penitenciaria.
Con esas medidas sencillas, se puede reducir el hacinamiento, hacer de la cárcel un lugar algo más tolerable para el preso. Aunque para contextos como el colombiano, lo que debería superarse son las causas sociales de tipo estructural que originan que muchas personas atenten contra la propiedad privada o del encarcelamiento a opositores políticos que disienten del sistema hegemónico. El gobierno colombiano sin embargo, optó como siempre por la vía de la represión y el asesinato.
[4CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, adoptado el 7 de marzo de 2006, párr. 64.
Por: Equipo Juridico Pueblos.
Tomado: Agencia Prensa Rural

viernes, 27 de marzo de 2020

Semiótica de la pandemia: ¿Ignoramos cuánto ignoramos?

Una lista larga de palabras, gestos, tecnicismos y decisiones proferidas por «autoridades», de extracción muy diversa, abrió un campo semántico «nuevo» en el que reina la ignorancia -o la confusión- de las mayorías, y no poca petulancia de algunas minorías especialmente repletas de burócratas en su peor acepción, con sus honrosas excepciones.
Sabiendo, muy relativamente, todo lo inédito del episodio que nos impone el nuevo coronavirus (y en general las amenazas a la salud púbica), habríamos de exigirnos dosis generosas de humildad, opuestas radicalmente al tonito doctoral de algunos «expertos» oportunistas con micrófonos o con títulos.
Eso no implica suspender «lo categórico» de las recomendaciones más útiles para la defensa de la vida. Aunque existan muchos que confundan humildad con debilidad, nos envuelve un miedo y una ignorancia enorme que estamos resolviendo planetariamente con ayuda de algunos talentos científicos no serviles al sistema capitalista. Y algunos «vivos» se aprovechan de eso.
Tan pronto la enfermedad actual fue declarada pandemia, se generó un paquete de «sentido» complejo, de dudas y certezas, para un escenario global en el que la salud de los pueblos ha sido mayormente abandonada a las aventuras mercantiles del capitalismo.
Se trata de una red de «sentido» en la que transitan interrogaciones y recomendaciones, tamizadas por el miedo (genuino o inducido) y la desconfianza generalizada. En plena crisis de credibilidad mundial nos piden confianza en su capacidad para manejar una crisis. Justo donde el neoliberalismo pervirtió más rabiosamente el derecho humano a la salud, ahí se han multiplicado las muertes de manera desbordada.
Aguardan con obscenidad la multiplicación de los muertos para dar rienda suelta a su circo macabro, interrumpido por avisos publicitarios. Algunos subieron el rating. Exacerban el individualismo, deslizan su xenofobia y aplauden soterradamente la lógica del sálvese quien pueda (o quien más tenga), pero con tono filantrópico burgués; o sea, falso.
Los «noticieros», fabricados por los monopolios de medios, han exhibido toda su estulticia y su epistemología fascista de la información, aunque la maquillen con sonrisas amables, medicuchos conservadores y caras de compungidos.
Demagogia de números, nuevamente el sistema, mudo casi siempre de realidad, vuelve a relatarla casi exclusivamente con estadísticas: cifras, porcentajes, comparaciones y frases «ingeniosas» para hacer creer que se sienten «muy seguros» con las decisiones que asumen sin consultar a los pueblos.
Opera una especie de «aristocracia académica» que, con el pretexto de que los pueblos «no saben», dictan normas y decretos a granel para conducir la crisis por los senderos que, para ellos, son más seguros.
En la lógica del combate al nuevo coronavirus, reinan los silogismos del «estado presente», pero con pueblos desmovilizados a punta de pánico o de verdades a medias. «Todos a su casa» a fungir como espectadores de las cifras y de las acciones asumidas por quienes dicen saber qué hacer ante una amenaza de la que saben poco o nada.
Nadie se imaginó una movilización de pueblos que, desde sus casas, desarrolle una experiencia de crítica política frente a los vacíos de sentido, o contra el relleno semántico impuesto por el capitalismo para salir ganando, a pesar de la pandemia.
O tal vez por eso mismo, experimentamos la barbarie de una ocupación ideológica cuyo relato ha desfigurado -profundamente- el tejido social, y ha forzado el sometimiento de comunidades enteras.
Tal ocupación tiene, por objeto, establecer las hegemonías políticas y militares de la opresión, y acceder a los territorios de la impunidad absoluta frente al saqueo y la explotación. La «guerra mediática» es también una estrategia para la apropiación y explotación de la memoria histórica, de la diversidad cultural, y de la identidad de género. Consumimos el palabrerío hegemónico como si se tratase de la verdad.
Pero el «sentido» más importante que se produce, en el escenario de la pandemia, es esa solidaridad humana de la que se habla poco. Esa solidaridad que prospera en el caldo de cultivo que son las contradicciones de un sistema económico, político e ideológico destructor a mansalva de fuerzas productivas (identidades y patrimonios culturales), y que ahora se disfraza de «salvador de la humanidad» vestido con cubrebocas y batas de salubridad.
Nada de lo que hablan los técnicos, los científicos, los políticos, los empresarios y la farándula informativa del sistema, tiene importancia alguna si no mencionan la base económica y fraterna que aportan los pueblos a pesar del dolor, de las incertidumbres, de las contradicciones y los errores que, incluso lógicamente, se han cometido y cometerán en medio de una situación de «crisis», cuya dinámica no se reduce a la aparición del virus. Hemos vivido la crisis del capitalismo por demasiadas décadas.
El relato del poder sigue esperando que un «genio individual», en un laboratorio privado, con dinero y poder suficiente, descubra la «vacuna milagrosa», la salvación de coyuntura que traerá unos años más de respiro a un capitalismo en corrupción acelerada.
Esperanzas del individualismo para un relato que, con su moraleja, nos adiestra para la resignación una vez más. Salvo excepciones, como la cubana, se construye un imaginario burgués que, de antemano, deja en manos de empresas trasnacionales de la salud el negocio inmenso de hacer, distribuir y vender las vacunas y sus adláteres.
Ni una sola concepción comunitaria de las soluciones, los tratamientos, la responsabilidad colectiva. «Hay que confiar en los expertos», dicen, como si no supiésemos que todo el negocio oligarca de la salud, tan desastroso, costoso y mercenario como es, lo han construido y dirigido sus «expertos». No se puede tapar la lucha de clases con un virus.
Una cosa es segura dentro de toda la parafernalia semiótico-mediática que envuelve y maquilla a la pandemia de estos días: los pueblos están entendiendo una dimensión de la barbarie capitalista, que va quedando al desnudo según pasan las horas.
El sistema tiembla por todas partes y, para esconder sus temores, habla en tono «científico»; derrama el dinero que antes juraba no tener; construye un sentido mesiánico de sí mismo; descubre recursos donde dijo que no existían, y reinventa soluciones que, aseguró, eran imposibles.
Quieren demorar, con dinero, el despertar de los pueblos.
Tomado: Granma