miércoles, 23 de febrero de 2022

Ministerio Público panameño investiga esterilizaciones forzosas

 Un grupo especial de fiscales adscritos a la Procuraduría General de Panamá y el Ministerio Público fue creado para investigar una serie de casos de esterilizaciones sin consentimiento realizadas a mujeres indígenas.

“El Ministerio Público conforma equipo especial de fiscales, para realizar pesquisas relacionadas a una denuncia presentada sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos”, reza el comunicado emitido por el ente este lunes.

El mismo texto detalla que la investigación fue impulsada por una denuncia realizada el pasado 17 de febrero por la diputada Kayra Harding de la Asamblea Nacional de Panamá, luego de una gira realizada por esta a la región Bocas de Toro.

Tomado: tercerainformación

martes, 22 de febrero de 2022

Tensión en la capital de Sudán tras protestas dominicales

 El Comité Central de Doctores (CCD) difundió una nota en las redes sociales en la cual precisa que la víctima fatal fue un hombre que murió en la mesa de operaciones cuando los cirujanos le amputaban una pierna a causa de las lesiones sufridas en un choque callejero con la policía antidisturbios.

La agrupación de facultativos integra una coalición opositora al Consejo Soberano de Transición, nombre adoptado por la junta militar que rige el país desde la destitución por el Ejército del expresidente Omar al Bashir por masivas protestas populares en 2019.

El texto del CCD detalla que la víctima, un hombre de 51 años, fue alcanzado por un disparo cuando salió al balcón a respirar aire fresco ya que su casa estaba invadida por los gases lacrimógenos disparados por las fuerzas del orden para dispersar a ls manifestantes.

Los encontronazos entre protestantes y policías de la víspera abarcaron varias ciudades además de esta capital, informa la comunicación, que acusa al CST de continuar “ las violaciones contra los Derechos Humanos con una violencia excesiva y una represión sangrienta de los manifestantes pacíficos».

Desde el reinicio de las protestas populares en demanda del retorno de los militares a los cuartel 92 personas perdieron la vida en choques con la Policía, según estadísticas de medios opositores.

Tomado: tercerainformacion

lunes, 21 de febrero de 2022

La policía canadiense arresta a más de 100 manifestantes en Ottawa

 Más de 100 manifestantes fueron detenidos el viernes en Ottawa, Canadá, durante un operativo policial para disolver las protestas de los camioneros que desde hace semanas ocupan las calles de la capital canadiense.

Cientos de policías reprimieron a los manifestantes que se negaban a despejar las calles del centro de Ottawa a pesar de las numerosas advertencias policiales y la proclamación del estado de emergencia contra las protestas de camioneros y contra las restricciones y medidas por la Covid-19.

Los agentes policiales rodearon la zona de la protesta y cercaron a los manifestantes que se mantenían cerca de la sede del parlamento. Varios manifestantes fueron detenidos, la mayor parte de ellos sin oponer resistencia.

Videos en redes sociales muestra el momento cuando policías a caballo embisten y pisotean a varios manifestantes, mientras otros agentes con porras en mano empujan a la muchedumbre.

En otro se puede ver cómo varios agentes golpean a un manifestante ya detenido. Según se precisa en la publicación, el hombre resultó herido.

El jefe de la policía, Steve Bell, informó que las personas detenidas fueron acusadas de múltiples y diversos delitos, incluyendo vandalismo.

Uno de los líderes de las manifestaciones Pat King, fue arrestado al comienzo de la tarde del viernes mientras abandonaba la ciudad. Su detención fue retransmitida en directo en Facebook.

Por su parte Tamara Lich, líder del llamado «Convoy de la libertad», detenida por las autoridades el jueves está acusada de haber incitado «a delinquir».

En cuanto a Christopher Barber, está acusado del mismo delito, así como de haber incitado a desobedecer una orden judicial y entorpecer la labor de la Policía.

De acuerdo al Gobierno canadiense, los bloqueos fronterizos por parte de los camioneros y activistas anti restricciones contra el coronavirus han costado miles de millones de dólares a la economía del país.

Estos bloqueos, en particular el del puente Ambassador, que conecta Ontario con la ciudad estadounidense de Detroit, llevaron a Washington a intervenir ante el gobierno de Justin Trudeau.

Los transportistas llegaron el pasado 29 de enero a Ottawa, en lo que se ha denominado ‘convoy de la libertad’, para protestar pacíficamente contra la decisión de las autoridades canadienses de obligar a los camioneros a vacunarse, que entró en vigor el 15 de enero.

Desde entonces, los camioneros y sus partidarios siguen manifestándose, mientras su movimiento se extiende por todo el país, con protestas en Toronto, Quebec, Vancouver y otras ciudades.

Tomado: tercerainformacion

viernes, 18 de febrero de 2022

Israel bombardea Damasco con varios “misiles tierra-tierra”

 La agencia oficial siria, SANA, ha anunciado, citando a una fuente militar, que un nuevo ataque israelí se ha producido a las 11.35h (hora local) con “varios” misiles tierra-tierra que han apuntado contra la ciudad de Al-Zakiya, ubicada en la provincia de Damasco (suroeste).

De acuerdo con la fuente, el régimen de Tel Aviv ha llevado a cabo la ofensiva desde los altos del Golán sirio, en el sur del territorio del país levantino, que ocupó tras la guerra de los Seis Días en 1967, e incorporó ese territorio a su sistema jurídico en 1981, lo que significa una anexión de facto.

No obstante, no se ha reportado pérdidas humanas, aunque el bombardeo ha provocado incendios y pérdidas materiales.

Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, Israel ataca con frecuencia objetivos militares o civiles en el país levantino, usando el espacio aéreo de El Líbano o Golán sirio, a fin de frenar el rápido avance del Ejército del país árabe hacia los escondites de las bandas radicales; Sin embargo, en la mayoría de los casos, las unidades de la defensa antiaérea sirias han frustrado dichas ofensivas.

En esta línea, este régimen lanzó el 9 de febrero otros ataques con misiles contra la provincia de Damasco, ocho de los cuales fueron neutralizados por los sistemas antiaéreos de Siria.

Ante tal situación, el Gobierno de Damasco ha puesto de relieve una y otra vez que el régimen de Tel Aviv, mediante estas agresiones, que constituyen una clara violación de las resoluciones internacionales, busca apoyar a grupos terroristas con el fin de desestabilizar la región de Asia Occidental, entre otros objetivos.

Con todo, ha advertido que no se quedará de brazos cruzados ante las repetidas violaciones militares por parte de Israel y que responderá adecuadamente y a su debido tiempo.

Tomado: tercerainformacion

jueves, 17 de febrero de 2022

¿Hay una ola neonazi en Brasil? Conozca qué dicen los números y los especialistas

 El ascenso de la ultraderecha y la victoria del presidente Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018 están directamente vinculados a los datos que apuntan al avance del neonazismo en Brasil. Así lo señalan las cifras y los especialistas consultados por Brasil de Fato.

Diversas investigaciones publicadas en los últimos meses identificaron un aumento en el número de grupos extremistas en Brasil, además de un crecimiento de los delitos de apología del nazismo y una intensa difusión de contenidos neonazis en internet.

El interés de la academia y la prensa sobre el tema refleja una creciente preocupación expresada por investigadores, organizaciones y movimientos vinculados a la cuestión judía y las agrupaciones populares.

«Es un tema que nuestra área [de actuación] acompaña y que, de algún modo, se da de manera cada vez más abierta y pública. Es un crecimiento absolutamente considerable y peligroso», dice Douglas Belchior, de la Coalición Negra por Derechos.

El nazismo predica la destrucción de todos los pueblos e individuos que puedan contaminar la presunta pureza de la raza aria. Esta ideología fue puesta en práctica por Adolf Hitler en las décadas de 1930 y 1940, como política de Estado, en Alemania y en los países invadidos por el dictador.

De 1941 a 1945, seis millones de judíos fueron ejecutados en campos de exterminio nazis. El genocidio del pueblo judío se conoció como el Holocausto y es reconocido como uno de los episodios más traumáticos de la historia de la humanidad. Entre las víctimas de los nazis se encontraban personas judías, negras, homosexuales, con discapacidades físicas o mentales, gitanas, comunistas y testigos de Jehová.

¿Qué dicen los números?

Brasil de Fato ha recopilado tres importantes estadísticas difundidas en los últimos meses que se relacionan con la existencia de una «ola neonazi» en el país. Entienda a qué apunta cada una de ellas:

1) Un mapeo identificó 530 núcleos neonazis

En los últimos meses, varios estudios han cuantificado la ocurrencia de manifestaciones neonazis. Una de las investigaciones más destacadas es la de la antropóloga Adriana Dias, quien investiga el tema desde 2002.

En una encuesta divulgada por el programa de televisión Fantástico, en enero de este año, mostró que existen al menos 530 núcleos extremistas neonazis en Brasil, un universo que puede abarcar a 10 mil personas.

El número representa un crecimiento del 270,6% desde enero de 2019 hasta mayo de 2021. Dias también señaló que los núcleos nazis se concentraron en la región Sur de Brasil, pero se extendieron a las cinco regiones del país.

2) Crecen los delitos de apología, según encuesta

Una encuesta del diario O Globo publicada en mayo del año pasado mostró que las denuncias investigadas por la Policía Federal por delitos de apología del nazismo también estallaron. Hasta hace poco, habían poquísimas denuncias, entre 4 y 20 cada año.

El punto de inflexión se produjo en 2019, cuando se abrieron 69 investigaciones de apología del nazismo. La situación se agravó en 2020, cuando la policía federal investigó 110 casos — una nueva investigación cada tres días, en promedio.

Teniendo en cuenta las 36 ocurrencias investigadas por la Policía Federal brasileña en los primeros cinco meses de 2021, es posible esperar que el año pasado haya mantenido la tendencia al alza de los dos anteriores. Brasil de Fato solicitó a la corporación los datos actualizados, pero no obtuvo respuesta.

Gráfico: «Investigaciones de apologia al nazismo – El número de casos abiertos por la Policía Federal disparó a partir de 2019» / Reproducción / Agência Senado

3) Brasil ocupa el séptimo lugar en el ranking de nazismo en internet

SaferNet Brasil, una organización no gubernamental que mapea denuncias anónimas de delitos y violaciones contra los derechos humanos en internet, identificó 2.516 páginas (alojadas en 666 dominios) en Brasil en 2020. El país ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial que publica la ONG.

«Señal de alerta», apunta autora de libro

Según la abogada Milena Gordon Baker, autora del libro Criminalización de la negación del Holocausto en el derecho penal brasileño, todos estos indicios del aumento de las ideas nazis en Brasil deberían activar una señal de alerta:

«Los estudios sobre el genocidio muestran que existe una pirámide de odio. Todo comienza de manera sutil y empeora poco a poco. Primero, en la base de la pirámide se construye una imagen estereotipada de cierto grupo oprimido. Luego inician los prejuicios generalizados, la discriminación, el discurso de odio».

«Luego viene la supresión de derechos. Más tarde vienen los ataques físicos. Finalmente, ya en la cima de la pirámide, sobre todas las etapas anteriores, viene el genocidio. Normalmente, uno pasa de una etapa a la otra sin darse cuenta. Es por eso que no podemos bajar la guardia», dice Baker.

El período coincide con el ascenso de Bolsonaro

El período de crecimiento de las ocurrencias identificadas en los estudios coincide con el período de la gestión de Bolsonaro en el gobierno federal brasileño.  El director académico del Instituto Brasil-Israel, Michel Gherman, es contundente cuando afirma, en su canal de YouTube, que «Bolsonaro es un nazi».

Según él, la falsa tesis adoptada por los bolsonaristas de que el nazismo sería una ideologia de izquierda enmascara el contenido de carácter nazi generado por el mismo presidente.

«La perspectiva de que el nazismo representa la izquierda es una de las referencias importantes del negacionismo histórico, que sitúa al nazismo desde una óptica exclusivamente ideológica, y no historiográfica», sostiene.

«Bolsonaro dice ser amigo de los judíos. Esto tiene dos dimensiones. La primera dimensión es que, una vez más, así como al afirmar que el nazismo es de izquierda, se descartan posibles afirmaciones de que [Bolsonaro] es nazi. Después de todo, ¿cómo pueden los nazis ser amigos de los judíos? ¿Cómo puede el nazi tener una bandera israelí? ¿Cómo puede decir el nazi que se está acercando al Estado de Israel?», indaga Gherman.

Tomado: Tercerainformacion

martes, 15 de febrero de 2022

EEUU: Excongresista demócrata afirma que “la administración Biden realmente quiere que Rusia invada Ucrania” y explica por qué

 La administración del presidente estadounidense Joe Biden “quiere que Rusia invada Ucrania” para poder imponer sanciones “draconianas” contra Moscú y beneficiar al complejo militar-industrial estadounidense, afirmó este viernes Tulsi Gabbard, exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU.


La demócrata, conocida por sus declaraciones contra las guerras y las intervenciones de Washington para cambios de régimen en otros Estados, señaló a Fox News que el líder del país norteamericano podría evitar un conflicto, garantizando que Ucrania nunca se unirá a la OTAN.

“En primer lugar, el presidente Biden podría poner fin a esta crisis y evitar una guerra con Rusia haciendo algo muy simple”, señaló. “Garantizar que Ucrania no se convierta en miembro de la OTAN, porque si Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN, eso pondría a las tropas de EE.UU. y de la OTAN justo a las puertas de Rusia, lo que, como ha expuesto [el mandatario ruso Vladímir] Putin, socavaría sus intereses de seguridad nacional”, detalló.

En opinión de la excongresista, es “muy poco probable” que Kiev llegue a ser miembro de la Alianza Atlántica. “Así que la pregunta es, ¿por qué el presidente Biden y los líderes de la OTAN no dicen realmente eso y lo garantizan?”, se preguntó. “Realmente, esto solo apunta a una conclusión que puedo ver, que es que realmente quieren que Rusia invada Ucrania”, dijo.

“Sanciones draconianas” contra Rusia y beneficios del complejo militar-industrial de EE.UU.

Según manifestó Gabbard, en primer lugar, un conflicto “daría a la administración Biden una clara excusa para imponer sanciones draconianas, que son un asedio moderno contra Rusia y el pueblo ruso”. “Y, en segundo lugar, consolida esta Guerra Fría. El complejo militar-industrial es el que se beneficia de esto”, continuó.

Señaló que el complejo militar-industrial es controlado “claramente” por la administración Biden y “los belicistas de ambos bandos en Washington han avivado estas tensiones”. “Si consiguen que Rusia invada Ucrania, entonces, una vez más, se encierra en esta nueva Guerra Fría”, explicó.

Gabbard argumentó que el complejo militar-industrial de EE.UU. ganaría “mucho más dinero del que ha ganado luchando contra Al Qaeda o fabricando armas para Al Qaeda”. “¿Y quién paga el precio? El pueblo estadounidense paga el precio, el pueblo ucraniano paga el precio, el pueblo ruso paga el precio. Socava nuestra propia seguridad nacional, pero el complejo militar-industrial que controla a tantos de nuestros políticos gana, y ellos corren al banco”, concluyó.

  • Las afirmaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania se han venido intensificando en Occidente desde el pasado mes de noviembre, cuando varios medios airearon supuestos planes para llevar a cabo dicha operación. Por su parte, Moscú rechaza estas acusaciones y asegura que la Alianza Atlántica está militarizando a su vecino.
  • El presidente de Rusia, Vladímir Putin, le declaró este sábado a su homólogo de EE.UU. que Moscú no entiende por qué EE.UU. proporciona a los medios de comunicación información deliberadamente falsa sobre los supuestos planes rusos para ‘invadir’ Ucrania, afirmó el asesor presidencial, Yuri Ushakov.
  • La Cancillería rusa señaló este viernes que se está llevando a cabo “un ataque mediático coordinado” contra Moscú para “socavar y desacreditar las justas exigencias de Rusia en materia de garantías de seguridad, así como para justificar las aspiraciones geopolíticas occidentales y el desarrollo militar del territorio ucraniano”. El Ministerio subrayó que se puede “hablar de una conspiración de las autoridades occidentales y de los medios de comunicación para crear una tensión artificial en torno a Ucrania a través de la siembra masiva y coordinada de información falsa por intereses geopolíticos, en particular para desviar la atención de sus propias acciones agresivas”.
  • Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, reafirmó este viernes durante una reunión con su homólogo británico, Ben Wallace, remarcó que el aumento de la tensión en la región no es “ni de lejos” culpa de Rusia
Tomado: matrizur.org

lunes, 14 de febrero de 2022

Colombia: la respuesta autoritaria a la protesta social

 Los temas de seguridad nacional, orden público, convivencia ciudadana y fuerzas armadas y de policía han quedado durante siglos en manos de la derecha tanto en el terreno de las consideraciones teóricas y conceptuales como en las propuestas concretas. La izquierda durante siglos fue refractaria y contestaria en estos temas, como bien lo recordó y trabajo el inolvidable Norbert Lechner en su brillante libro: La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Pero como lo señala Lechner este es un tema nodal de cualquier proyecto de transformación social.[i]

Y es una preocupación real de la sociedad al punto que en casi todas las encuestas de opinión aparece siempre en los primeros lugares y máxime en Colombia donde, entre otras razones, por la persistencia de actores armados ligados a la política que se han levantado contra el Estado y reclaman y justifican su actividad armada en la existencia de unas estructuras económicas injustas y un Estado autoritario y antidemocrático y que frecuentemente en sus actos violan flagrantemente los derechos humanos; también por la existencia de bandas armadas ligadas al narcotráfico y la existencia de grupos paramilitares. La violencia generada por todos estos actores armados afecta profundamente a la sociedad y es sobre esas afectaciones, que son reales, sobre las cuales la derecha monta su discurso del orden y el miedo, para justificar la necesidad de, para garantizar la convivencia, limitar drásticamente las libertades democráticas.

En Colombia las teorías que han predominado sobre estos temas son las de la derecha y solo la constitución de 1991 permitió que concepciones liberales democráticas fueran elevadas a norma constitucional para que estos temas comenzaran a ser considerados desde una perspectiva democrática. Las Fuerzas Armadas y de Policía deben estar para proteger a la ciudadanía y sus derechos y ello lo deben hacer con apego al más estricto respeto por los derechos humanos. Las minorías deben ser respetadas, así como la oposición política, y la protesta social, eso dicen las normas y la Carta Constitucional, pero en la realidad desde el Estado se han prohijado la organización de grupos paramilitares aún bajo la vigencia de la Constitución de 1991.

Las Convivir fueron legales y ellas dieron origen a los sanguinarios grupos paramilitares y contaron con el impulso de mandos militares y policiales como se sabe desde hace ya más de tres décadas sin que hayan sido castigados quienes se aliaron e impulsaron dichos grupos criminales. Sus crímenes, el despojo de la propiedad de más de 7 millones de hectáreas a decenas de miles de campesinos están ahí para mostrarnos que las practicas criminales han dejado en letra muerta las normas legales y constitucionales. Los 14 muertos de los cuáles según los informes de organismos de Naciones Unidas y de la propia alcaldía de la ciudad de Bogotá, 11 habrían sido asesinados por integrantes de la Policía Nacional en los enfrentamientos ocurridos a raíz del asesinato del abogado Javier Ordoñez el 8 de septiembre. Las manifestaciones y enfrentamientos se registraron los días 9 y 10 de septiembre de 2020 y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su informe de Junio de 2021 sobre la violencia desatada contra los manifestantes del Paro Nacional desencadenado desde el 28 de abril de 2021 y que cubrió un poco más de dos meses, dio a conocer que habían muerto entre 74 manifestantes reportados y documentados por organismos de la sociedad civil como la ONG TEMBLORES y los 54 reconocidos por la Fiscalía General de la Nación. 28 de ellos habrían sido responsabilidad de las fuerzas policiales. Se registraron según el informe decenas de desaparecidos miles de heridos con armas de fuego, más de 20 mujeres violadas y más de 70 jóvenes con lesiones oculares por armas disparadas por las fuerzas policiales.[ii]

Las divergencias por la orientación y el contenido de las políticas en materia convivencia y seguridad ciudadana han enfrentado al sector democrático de la sociedad con el sector autoritario que ha predominado en los aparatos de Estado y principalmente, en el Ejecutivo y el Congreso de la República, dominado por partidos de derecha tradicionalistas. Solo en el poder judicial y eso sobre todo a partir de la Constitución de 1991 los jueces han protegido y defendido una concepción liberal democrática de la Constitución, aunque dicho sea de paso a veces sus fallos llegan tarde, pero, bueno finalmente llegan. Pero desde el ejecutivo se hacen todo tipo de maniobras para no acatar los fallos de los jueces nacionales y las recomendaciones de los organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con la expedición de tres leyes dos referidas a la Policía Nacional y una más, la ley 2197 del 25 de enero de 2022.

Una respuesta autoritaria a los fallos de la Corte Suprema y las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos

Los informes referidos y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que respondía a las reclamaciones de los manifestantes del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 en que se presentaron fuertes choques y enfrentamientos con cientos de detenidos y lesionados que dieron pie a la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia radicada en sede judicial en la Sentencia STC7641 de 2020, demandaron todos ellos una ley estatutaria que garantizara el derecho a la protesta social contenido en el artículo 37 de la Constitución Nacional, la reforma al Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, la regulación en el uso de la fuerza y de las armas no convencionales y no letales usadas para el control de las manifestaciones, el desarrollo de investigaciones judiciales ágiles e imparciales para investigar y sancionar los delitos cometidos por los uniformados, pues, todos los informes reseñan el uso desproporcionado de la fuerza así como castigo para funcionarios públicos que estigmatizan y criminalizan las protestas sociales que en su inmensa mayoría son pacíficas.

Así mismo, los informes recomiendan que los uniformados que controlan las protestas sociales deben estar visiblemente identificados y todos los informes reseñan que antes de enfrentar para disolver las manifestaciones y los bloqueos se debe dialogar y solo recurrir al uso de la fuerza cuando esos diálogos hayan fracasado. El fallo de la Corte ordena que los protocolos de actuación de la fuerza pública deben ser concertados con las organizaciones y con los movimientos sociales y deben ser consultados mediante mecanismos públicos de convocatoria. Pues bien, incumpliendo todas esas recomendaciones y las ordenes contenidas en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia el Congreso de la República y el gobierno acaban de promulgar y sancionar tres leyes que materializan una salida autoritaria frente al estallido social y a la protesta legitima de la ciudadanía.

En particular la ley 2197 de 2022 lo que busca es blindar a los integrantes de la Fuerza Pública por los desmanes y el uso desproporcionado de la fuerza que debería por el contrario ser regulado estrictamente, como lo señalan los expertos y las recomendaciones de los organismos internacionales. La ley contempla una figura a todas luces inconstitucional como denunciaron varios parlamentarios de la oposición y aún parlamentarios de la coalición de gobierno, pero contrarios a que se aprobara que los integrantes de la fuerza pública no podrán ser imputados cuando obren en legítima defensa privilegiada. Esa legítima defensa privilegiada se complementa en la ley con el aumento de las penas para quienes agredan en las manifestaciones a los integrantes de la Fuerza Pública quienes se exponen a penas privativas de la libertad hasta por más de 20 años de prisión. Así mismo se tipifican nuevos delitos que se castigan con penas totalmente desproporcionadas tales como la ocupación de dependencias oficiales, los bloqueos, las afectaciones a los sistemas masivos de transporte y la toma de tierras. Todas estas acciones son recurrentes y a ellas acuden los movimientos sociales en nuestro país. La ley lo que hace es ilegalizarlas y penalizarlas. Quieren por esta vía acallar la legitima protesta ciudadana frente a los desmanes del gobierno y sus políticas antipopulares como reformas tributarias y demás.

Todo el contenido de esas leyes lo que busca es blindar judicialmente a los agentes de la Fuerza Pública por los desmanes cometidos pues seguramente los pocos agentes imputados por los asesinatos se acogerán a esa figura porque les es más benévola que las normas actuales, o sea que se refuerzan los mecanismos para que esos delitos queden en la total impunidad. Esperamos que la Corte Constitucional ante las demandas que se anuncian obre en defensa de la protección a la protesta ciudadana y tumbe los contenidos nefastos de esta ley que nos quiere heredar el binomio Uribe-Duque en el ocaso de su nefasto gobierno.

__________

[i] Lechner, Norbert. 1984. La conflictive y nunca acabada construcción del orden deseado. En Obras Escogidas tomo I páginas 139-309. LOM Ediciones, Santiago de Chile 2006.

[ii] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Observaciones y Recomendaciones visita de trabajo a Colombia, junio de 2021.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Denuncian intentos golpistas contra el presidente de Perú

 El recién nombrado primer ministro de Perú, Aníbal Torres, reiteró este domingo los intentos de golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo por parte de algunos sectores del Congreso de ese país que se vienen impulsando.

En conferencia de prensa celebrada en el distrito de Ccapacmarca, el alto funcionario expresó que “ustedes están viendo que en la capital, una parte del Congreso, unos cuántos congresistas, no quieren reconocer el triunfo de Pedro Castillo, que es el triunfo de ustedes. Quieren desconocerlo”.

A lo que agregó que desde el Ejecutivo quieren terminar con la discriminación de la que está siendo víctima el mandatario, a quien una fracción del Congreso intenta desconocer tras su triunfo en las elecciones democráticas de 2021 y en correspondencia solicitan su vacancia, y ejercen presiones para forzar su renuncia.

“Nosotros les extendemos la manos a ellos. No queremos seguir discutiendo en esos problemas sino discutir los problemas nacionales, para resolver los problemas del pueblo, postergado por 200 años de vida republicana”, ahondó Torres.

Quien detalló además que los campesinos son personas razonables, con capacidad de diálogo para exponer sus problemas y entender a los demás. “Soy campesino como ustedes, se trata de ponernos de acuerdo y promover la inversión a fin de generar trabajo, crecimiento económico, y con ello desarrollo social”, remarcó el primer ministro.

Torres pormenorizó que existe un sector del Parlamento que intenta aliarse con la derecha opositora para desestabilizar al país; y los instó a no generar más clima de inestabilidad.

Tomado: tercerainformacion

viernes, 11 de febrero de 2022

Denuncian nueva masacre en departamento de Arauca, Colombia

 El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó ayer jueves sobre el asesinato de cuatro personas en el municipio de Arauquita, departamento colombiano de Arauca, lo que constituye la decimonovena masacre del año en esa nación.

Hasta el momento, las autoridades locales pertinentes no han podido identificar a las víctimas, las cuales fueron interceptadas por un grupo armado en el momento en el que se transportaban en camioneta.

La Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta temprana para los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

Indepaz también señaló que esta alerta temprana tiene un seguimiento de actualización del riesgo publicado en diciembre del 2020, por el cual se suscribe que “las medidas tomadas en protección de los derechos de las comunidades y sus líderes son insuficientes y no obedecen a las particularidades de su territorio”.

La organización aseguró que, por este insuficiente accionar de las autoridades pertinentes, los líderes sociales de la región han reafirmado que se mantiene la sensación de inseguridad.  

En lo que va de 2022, Indepaz ha identificado 21 asesinatos de líderes sociales, 19 masacres, cuatro excombatientes muertos, más de 210 homicidios selectivos, cerca de cien amenazas de muerte, más de medio centenar de intentos de homicidio, y cerca de 30 episodios de hostigamiento, entre otros flagelos de este tipo.

Tomado: Tercerainformacion 

jueves, 10 de febrero de 2022

Defensa antiaérea de Siria repele ataque con misiles a Damasco

 Nuestra defensa antiaérea está atacando los objetivos del enemigo en el cielo de Damasco”, ha informado la agencia oficial siria de noticias, SANA.

Otros medios de comunicación han asegurado que se escuchan sonidos de fuertes explosiones en la ciudad capitalina de Damasco.

SANA, citando una fuente militar, ha indicado que aviones israelíes han disparado ráfagas de misiles desde la zona de Rayak, al este de Beirut (capital de El Líbano), apuntando contra algunos puntos en las cercanías de Damasco.

La defensa aérea de Siria, ha precisado el medio, ha derribado algunos de estos misiles, lo que provocado algunos daños materiales. Por el momento se desconocen otros detalles del bombardeo.

Israel ha aumentado los bombardeos contra objetivos militares o civiles en el país árabe, en un intento por frenar las sucesivas victorias de Damasco ante los grupos radicales; sin embargo, en la mayoría de los casos, las unidades de la defensa antiaérea de Siria han frustrado dichas ofensivas.

Tomado: tercerainformacion

miércoles, 9 de febrero de 2022

Irán pide “eliminación efectiva” de sanciones unilaterales de EEUU

 A través de un mensaje emitido este martes en su cuenta de Twitter, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamjani, ha reiterado la necesidad de la eliminación total de los embargos impuestos por Estados Unidos para que el país persa pueda recuperar los beneficios económicos que le reportó el acuerdo nuclear de 2015.

“Las capacidades económicas y tecnológicas del país tienen una estructura integrada y el levantamiento de sanciones debe ser el mismo para todos los sectores. La experiencia previa ha demostrado que sin un levantamiento efectivo de las sanciones, los beneficios económicos sostenibles del PIAC son como una ilusión”, ha subrayado.

El tuit viene la misma jornada en la que los negociadores de Irán, el Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia, y Estados Unidos —este último participa en las pláticas de manera indirecta porque desde su retirada unilateral del acuerdo en 2018 ya no es un miembro vigente del pacto— han retomado las negociaciones en Viena (Austria) para revivir el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).

El viernes, Washington anunció que restablecería una exención para algunas medidas contra el programa nuclear con fines pacíficos de Teherán. Irán, a su vez, dio la bienvenida a la medida de EE.UU., pero la consideró “insuficiente”, ya que, según las autoridades persas, el PIAC debe ofrecer beneficios económicos para Irán.

Tomado: Tercerainformacion

martes, 8 de febrero de 2022

Las muertes por congelación en la frontera no son casualidad: la policía europea desnuda a las personas refugiadas en sus devoluciones

  Las informaciones oficiales hablan de que eran cuerpos de personas que estaban migrando, que fueron devueltas desde  Grecia a Turquía, después de que las autoridades griegas, país miembro de la Unión Europea, las desnudase como parte de esta práctica ilegal. El Ministro de Interior de Turquía compartió esto en su cuenta de Twitter y puedes verlo aquí.

Desde No Name Kitchen, siendo este nuestro quinto invierno en las fronteras europeas, tenemos que decir -tristemente- que estas muertes no nos sorprenden porque desnudar a las personas en pleno invierno antes de una devolución ilegal es una de las prácticas comunes por parte de agentes de policía de países de la Unión Europea.

Llevamos años denunciando esta práctica a la que consideramos una tortura contra las personas que están migrando. En nuestro informe de tortura realizado dentro de la red Border Violence Monitoring Network que No Name Kitchen fundó en 2017, ya recordamos que hay “múltiples testimonios (como este, página 7 o este) que demuestran que la policía prende fuego a la ropa de las personas migrantes antes de devolverlas al otro lado de la frontera, completamente desnudas, obligándolas a caminar sin ropa durante varias horas, a menudo en condiciones meteorológicas extremas, hasta la ciudad o refugio más cercano para buscar asistencia”.

Incluso, yendo más allá en esta práctica inhumana, en las ciudades donde operamos, cerca de las fronteras europeas, nos hemos encontrado por las calles con personas caminando con poca ropa y mojadas. Y nos han contado que en una devolución desde Croacia, país de la Unión Europea, la policía, tras quemarles la ropa, los obligó a sumergirse en el río que separa Croacia y Bosnia y Herzegovina, y luego les devolvió a Bosnia.

Teniendo en cuenta que estas devoluciones se producen a escondidas -en bosques- las personas se ven luego obligadas a caminar durante kilómetros hasta un punto donde poder pedir socorro. Muchas veces no solo con poca ropa, sino también descalzas sobre la nieve.

Estas devoluciones ilegales, como llevamos denunciando desde finales de 2017, también van acompañadas de una gran violencia física. La legislación europea manda, por contra, que si una persona llega a nuestro territorio y quiere pedir asilo, la obligación de las autoridades es comenzar ese proceso.

Tomado: tercerainformacion

lunes, 7 de febrero de 2022

Movilizaciones 4 de febrero contra el derrame petrolero de Repsol en Lima, Perú

 Comunicado Juventud Por El Clima, Fridays For Future España

Las consecuencias de este derrame proveniente de más de diez mil barriles de petróleo no son pocas. Varios ecosistemas marinos y costeros quedaron devastados, dejando sin sustento a las más de tres mil personas que dependían de la actividad marina.

Este no es un caso aislado. Repsol tiene en Latinoamérica un amplio historial de impactos socioecológicos, denuncias de malas prácticas y violaciones de derechos humanos. Ante tal desastre, la empresa envió a las costas de Lima un equipo de tan solo unas 15 personas con un equipo nada especializado. Mientras tanto, el derrame se extiende y es arrastrado por las corrientes marinas hacia el norte del país. Repsol sigue sin dar explicaciones.

Denunciamos estas prácticas como un problema estructural de la industria petrolera, cuya existencia condena los ecosistemas cercanos a sus infraestructuras, exponiendo a las comunidades cercanas a riesgos que nunca decidieron asumir.

Basar nuestro ecosistema económico en el petróleo tiene costes incalculables. Y seguiremos manifestándonos por un cambio sistémico que ponga la vida en el centro.

Tomado: tercerainformacion

jueves, 3 de febrero de 2022

¿Que es el estado de cosas inconstitucional a excombatientes FARC?

 La Corte Constitucional, el 27 de enero de 2022, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la violación constante y masiva de derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz que han enfrentado más de 13.000 excombatientes de las FARC al reincorporarse a la vida civil, por la falta de garantías de seguridad en los territorios e incumplimiento al Acuerdo de Paz por el Estado.

Según la magistrada ponente, Cristina Pardo, la Sala Plena tuvo en cuenta para emitir la decisión el alto número de firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados -303 hasta finales de 2021 según la Organización de Naciones Unidas, ONU- y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.

Para la Corte, el asesinato de una sola de las personas que firmaron el Acuerdo de Paz tiene un efecto desproporcionado y exige la acción inmediata y coordinada de todo el Estado. Debe tenerse en cuenta que a cambio de la desmovilización y del desarme que ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de los excombatientes de las FARC que se comprometieron a reincorporarse al tejido social, lo mínimo que esperan es poder hacer el tránsito de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal.

La Corte propuso una articulación completa de entidades que no pueden seguir pasándose el problema de lado a lado sin tener una solución de fondo. Llamó la atención que el componente de seguridad se analice y aplique en términos de estrategias para consolidar la integración al tejido social y no solo en términos de medición de riesgo, acciones preventivas individuales, y esquemas de seguridad con personas, armamentos y vehículos.

Según el fallo, el Gobierno creó una institucionalidad paralela que hizo a un lado dos entidades pactadas en el Acuerdo de Paz que habrían resultado claves para atender estas situaciones de riesgo: la Instancia de Alto Nivel y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en donde tienen participación los firmantes del proceso. Esta institucionalidad paralela generó una confusión institucional que cercenó el camino para que distintas autoridades no asumieran una responsabilidad completa en sus acciones.
¿Cuáles son algunas de las 17 ordenes generales que el Estado debe cumplir?

¿Qué se debe hacer para superar el Estado de Cosas Inconstitucional? El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura deberán adoptar en tres meses las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de la Sala Especial de Seguimiento del alto tribunal, que realizará un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte.

La Procuraduría General de la Nación tendrá que adoptar un mecanismo especial de vigilancia de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno Nacional debe adoptar las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final de Paz que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de modo que se facilite la reinserción o reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quiénes se desmovilizaron y de sus familiares, entendiendo que esto contribuye a su seguridad personal.

El Gobierno Nacional deberá iniciar los trámites para que haya suficiente presupuesto para que los firmantes del Acuerdo de Paz que ejercen actividades de liderazgo político o social y que comparecen ante el Sistema Integral de Paz, gocen de la protección necesaria.

El Gobierno Nacional, de manera inmediata, tendrá que darle cumplimiento al decreto 299 de 2017 sobre los recursos financieros, físicos y humanos para implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Se deberá priorizar los municipios y regiones más afectadas por la violencia de los grupos armados, entre los cuáles están 25 mencionados por la ONU ubicados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

Dentro de los cuatro meses siguientes al fallo, la Unidad Nacional de Protección, UNP, del Ministerio del Interior debe reevaluar el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz y quienes integran el partido Comunes, así como otras personas que estén en situación similar, priorizando los esquemas de protección colectivo de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. De ser necesarios, se deben implementar nuevos esquemas, haciendo la respectiva contratación de los escoltas. Además, se ordenó hacer un plan de descongestión de los análisis de riesgos en la UNP.

Las autoridades estatales y gubernamentales, a quienes compete cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo Final de Paz, deben atender sus deberes. Sus acciones deben ser concordante con las obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico. Su lenguaje debe ser asertivo, respetuoso, constructivo, empático y generador de confianza para que no refuercen imaginarios sociales y culturales de estigmatización y odio. Para cumplir con lo anterior, se aplicará con rigor los principios de presunción del riesgo extraordinario e inversión de la carga de la prueba y coordinación, y se realizará un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que aumenten innecesariamente el riesgo de seguridad que enfrentan las personas desmovilizadas, en los términos del Decreto Ley 895 de 2017. También deberán tomarse en cuenta los enfoques diferenciales, de derechos humanos, de género, étnico, territorial y multidimensional.

Dentro de dos meses el Ministerio del Interior, la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización deben adoptar medidas concretas para garantizar la articulación entre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando asincrónicamente, en todo lo relacionado con la estrategia de seguridad.

También le exhortó al Congreso para que de «el impulso indispensable para desarrollar los contenidos del Acuerdo Final de Paz que aún se encuentran requeridos de implementación legislativa, relacionados con la posibilidad de materializar el concepto de seguridad».

La Corte hará un proceso de verificación de su cumplimiento, a través de indicadores, en un proceso similar al que actualmente se adelanta en el fallo de tutela T-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado de personas.

El Estado colombiano podría haber evitado esta sentencia cumpliendo con su deber de implementar los Acuerdos de Paz de 2016 y su obligación de proteger a la vida, la integridad personal y la seguridad de cada excombatiente de las FARC y de cada ciudadano colombiano. Pero no, como siempre en este país, se tiene que recurrir a las altas cortes en búsqueda de volver real los derechos más fundamentales. Veremos si con esta sentencia tan contundente, el Estado por fin hace lo que tiene que hacer.

Tomado: Agencia Prensa Rural

Medio siglo cumple la masacre ejecutada por tropas britanicas Irlanda pide justicia a 50 años del "Domingo sangriento"

 A Kevin McElhinney, que tenía diecisiete años, lo mataron por la espalda, mientras se arrastraba y buscaba refugio. La bala entró por el glúteo izquierdo y salió por la parte izquierda del pecho. Michael Kelly, que también tenía diecisiete años, murió de un balazo en el estómago en una barricada vecina al complejo conocido como “Pisos de Rossville”. John Pius Young, también de diecisiete años, murió de un balazo en la cabeza junto a una barricada. Los tres chicos estaban desarmados.

William Noel Nash, de diecinueve años, corrió en ayuda de uno de los heridos y murió de un balazo en el pecho, en plena calle. Gerald Donaghy, de diecisiete años, fue herido de un balazo en el estómago mientras corría a buscar refugio. Murió poco después. Gerald McKinney, de treinta y cuatro años, corría detrás de Donaghy y, cuando lo vio caer ensangrentado, se detuvo, se dio vuelta y gritó a las tropas británicas: “¡No disparen! ¡No disparen!”. En ese momento recibió un balazo en el pecho y murió casi enseguida. Michael McDaid, de veinte años, fue herido de bala en la cara cuando se alejaba de los paracaidistas británicos. La bala que lo mató entró por la mejilla izquierda y salió por la parte superior derecha de la espalda, lo que sugiere un disparo preciso, hecho desde lo alto, desde las posiciones que ocupaban las tropas británicas, en las murallas de la ciudad.

Patrick Doherty, de treinta y un años, fue baleado en la espalda cuando buscaba refugio de la tempestad de balas que llovían sobre los manifestantes. Bernard McGuigan, de cuarenta y un años, que había logrado refugiarse en la esquina de los “Pisos Rossville”, salió a la calle con un pañuelo blanco en la mano y trató de llegar hasta Doherty: recibió un balazo en la cabeza. Murieron los dos. James Joseph Wray, de veintidós años fue herido en la espalda y pidió ayuda desesperado porque, gritó, no podía mover las piernas: fue rematado por disparos hechos a corta distancia. Uno de los testigos de su muerte, un sacerdote de apellido O’Keefe, dijo que el chico no estaba armado. Tampoco estaba armado John Johnston, de 59 años, que recibió un balazo en la pierna y murió cuatro meses y medio más tarde: Johnston ni siquiera participaba de la marcha, iba de camino a la casa de un amigo cuando quedó en medio del tiroteo.

Así se contaron catorce muertes el domingo 30 de enero de 1972, hace medio siglo, en una matanza desatada por tropas británicas en Irlanda del Norte que pasó a la historia como “Bloody Sunday - Domingo sangriento”, y que marcó un punto de no retorno en el sangriento y legendario conflicto entre católicos, protestantes, nacionalistas y gobiernos del Reino Unido.

La matanza hizo visible un conflicto que era casi ajeno al mundo y dio alas de alguna manera al IRA (Irish Republican Army – Ejército Republicano Irlandés), que hasta entonces era víctima de ciertas burlas debido a su supuesta ineficacia: lo llamaban “I Ran Away” (Yo escapé). El IRA, y sus diversas facciones, impulsaba entonces, y luchaba con las armas en la mano, un estado soberano en Irlanda, que comprendiera a la isla entera, independiente del Reino Unido. La parte norte de Irlanda, sin embargo, tenía sus propios dramas entre sus habitantes católicos y protestantes, entre republicanos y unionistas, en los que no eran raras las muertes de uno y otro bando provocadas por los fanáticos, por las tropas británicas o por la policía del Úlster, que era el escenario del conflicto.

El Úlster es una de las provincias históricas de Irlanda, con nueve condados: seis de ellos conforman Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, con una población de un millón ochocientos mil habitantes en 2011. Los otros tres condados son hoy la República de Irlanda, con trescientos mil habitantes. Toda la provincia tiene un porcentaje parecido, altísimo, de protestantes y católicos, en conflicto por lo menos desde mediados de 1600.

La Asociación por los derechos Civiles de Irlanda del Norte (NICRA), que bregaba por la discriminación contra los católicos, había convocado a una marcha pacífica para el 30 de enero de 1972, a sabiendas de que lo de pacífico estaba sólo en el enunciado y, acaso, en la esperanza. El Úlster era un polvorín.

A principios de ese año, el ejército británico había tomado el control de la ciudad de Londonderry, que mira hacia el Atlántico y a la que los católicos llamaron siempre y llaman aún Derry, a secas, porque así se llamó antes de que sus tierras se convirtieran en propiedad de la ciudad de Londres en el siglo XVII: ya en los mapas de 1613 Derry aparece como Londonderry, y fueron los londinenses quienes alzaron entonces las murallas de la ciudad, desde donde partieron los balazos que mataron a McDaid trescientos sesenta años después.

La ciudad tiene sus barrios católicos y protestantes y había sido escenario, en 1969, de la llamada “Batalla del Bogside”, un sangriento combate callejero desatado por los católicos nacionalistas que intentaron impedir una marcha de los protestantes “Apprentice Boys of Derry”, y que los enfrentó durante cuatro días a la Royal Ulster Constabulary (RUC), una especie de gendarmería real del Úlster.

Con Londonderry en poder del ejército británico que, en teoría, sería el encargado de ordenar ese caos, los jóvenes católicos se reunían en el “Aggro corner” (La esquina de los enojados), para agredir a las tropas de su Majestad: les tiraban con lo que tenían a mano, y tenían mucho a mano, como hierros, piedras, bombas molotov, bombas de clavos.

Como una irónica paradoja, los soldados británicos (se supone que allí todos eran británicos) que llamaban vándalos a sus adversarios callejeros, se guarecían de la pedrea y las molotov en las barricadas levantadas por el IRA, que pretendía la unificación de todos los condados del Úlster a la República de Irlanda.

En Londres, sin embargo, el entonces primer ministro Ted Heath había prometido imponer en Londonderry “la ley de su Majestad” y desalojar el aggro corner de vándalos, proscriptos y forajidos.

Heath tomó dos decisiones a priori de cuidado y a posteriori desastrosas: prohibió la marcha del 30 de enero organizada por NICRA y envió a Londonderry a un batallón de paracaidistas, armados con fusiles calibre 7,62 de alto impacto: disparaban balas capaces de perforar una placa de hierro. Los paracaidistas nunca habían sido utilizados para contener o reprimir manifestaciones públicas. Y, un dato no menos importante, la manifestación organizada por NICRA no tenía relación alguna con el aggro corner o con sus vándalos jóvenes alborotadores.

Por el contrario, lo que la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte quería, era protestar contra las represivas “normas especiales” instrumentadas por el gobierno unionista, que coartaban las más elementales leyes civiles: preveían la “internación”, un eufemismo para no aludir a la detención, que permitía a las autoridades a encarcelar a una persona sin proceso y por tiempo indeterminado. De hecho, ya existían centenares de irlandeses encarcelados bajo esa ilimitada figura legal.

De todas formas, la manifestación estaba prohibida no sólo por Londres, sino también por el gobierno de Irlanda del Norte. Como gesto, acaso de buena voluntad, los organizadores decidieron no salir de los límites del barrio del Bogside, para no desafiar a los paracaidistas que rodeaban la zona. No pudo ser. Un grupo de manifestantes se apartó del ojo de la marcha, para apedrear a los paracaidistas. Hubo una represión inicial con gas y balas de goma y con agua lanzada a presión. Pero de pronto, las tropas salieron de detrás de las barricadas y empezaron a disparar sus fusiles contra la multitud. En menos de media hora quedaban tendidos en las calles catorce muertos y más de trescientos heridos.

Si bien aquel era un mundo que se asomaba a la violencia, que fue el sello distintivo de los años 70, ese tipo de acción militar era casi ajeno a la Europa de la Guerra Fría. Las fotos que llegaron al mundo entero, que eran tremendas, despertaron una conciencia internacional sobre el drama irlandés, áspero, complejo, perturbador. Tras la matanza del Bloody Sunday, ni Gran Bretaña, ni Irlanda, ni el IRA, ni el conflicto fueron vistos con los mismos ojos.

El gobierno británico intentó tapar lo que era imposible de ocultar, para achicar el daño que la matanza provocaría en su imagen y en la de sus gobernantes. Se nombró una especie de comisión investigadora, encargada de elaborar un informe “definitivo”, encabezada por la máxima autoridad judicial de la época, Lord John Widgery.

El informe Widgery que se presentó el 18 de abril, tres meses después de la matanza, es, en síntesis, un pulcro y minucioso disparate. Afirma que no habría habido muertes ese domingo, ni Bloody Sunday posible, “(…) si quienes organizaron la protesta no hubieran creado una situación peligrosa (…)”. El ministro de Defensa del reino, afirmó que los soldados habían disparado en defensa propia, aunque el Informe Widgery afirmaba que ninguno de los heridos, ni ninguno de los catorce muertos, estaban armados. Señalaba, en cambio, que cinco de los muertos habían sido asesinados por la espalda. Casi no era posible imaginar cómo aquellos manifestantes habían provocado la “situación peligrosa”, que el informe citaba para justificar la matanza.

De todas formas, Lord Widgery sostuvo una íntima convicción: eximió a las fuerzas militares de cualquier responsabilidad porque, según su particular opinión, no existía razón alguna para “suponer que los soldados habrían abierto fuego, si primero no les hubieran disparado”. Y agregaba, una finta exquisita, que si bien debía admitir “que la cantidad de disparos hechos por algunos soldados rozaron lo imprudente”, su particular entrenamiento los convertía en “hombres agresivos y rápidos en sus decisiones”, que habían actuado como lo habían hecho porque entendían que eran sus órdenes a cumplir.

Ningún militar fue acusado nunca por la matanza. Hubo sólo un enigmático soldado conocido como “F”, señalado como responsable de dos asesinatos. Pero nunca fue llamado a declarar ni juzgado. Recién en 1998, veintiséis años después de los hechos, el entonces primer ministro británico Tony Blair encaró, y exigió, una “nueva investigación judicial completa”.

El 15 de junio de 2010, el recién electo primer ministro David Cameron reveló el resultado de la investigación: los muertos no portaban armas y quienes dispararon aquel “Bloody Sunday” habían sido sólo las tropas británicas.

Dijo Cameron: “Algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuaron mal. El Gobierno es el responsable último de las Fuerzas Armadas. Y por eso, en nombre del Gobierno -y desde luego en nombre del país- estoy profundamente consternado [...] Ninguna de las víctimas planteaba una amenaza de causar la muerte o heridas graves o estaba haciendo algo que desde ningún punto de vista justificara que se disparara contra ellos”.

Dos días después de la masacre, Paul McCartney compuso y grabó, junto a su mujer, Linda, Give Ireland to the Irish. El ex Beatle quería que ese tema fuese el primer simple de su nueva banda musical. El sello grabador, EMI, se opuso a editarla, pero cedió luego a la exigencia de McCartney.

En diciembre de 1973, el grupo Black Sabbath grabó Sabbat Bloody Sabbat para su álbum que fue un clásico del heavy metal. La banda irlandesa de rock U2 grabó en 1983 Sunday Bloody Sunday, para su álbum War.

También el cine se ocupó de la masacre del Domingo Sangriento. El director Paul Greengrass filmó Bloody Sunday, basado en el libro Eyewitness Bloody Sunday de Don Mullan, escrito en 1997. Mullan que nació en Derry, tenía quince años aquel domingo de enero de 1972. Su libro fue fundamental para que Tony Blair decidiera romper dos décadas y media de anomia judicial y de protección a las fuerzas militares británicas.

Pero las guitarras de nada valen frente a los fusiles. En julio del año pasado, la fiscalía de Irlanda del Norte retiró todos los cargos que quedaban pendientes por la matanza del Bloody Sunday. Las familias de los muertos repudiaron esa medida, que cerraba con un candado perpetuo toda posibilidad de investigar y castigar, aquellos crímenes.

El gran beneficiado era el enigmático soldado “F”, que estaba procesado por el asesinato de dos de los catorce muertos aquella tarde: James Wray, el muchacho de veintidós años, herido, que no podía mover las piernas y a quien remataron desde corta distancia, y Gerald McKinney, que cuando vio caer delante de él a Gerald Donaghy, se dio vuelta, gritó “¡No disparen!” y recibió un balazo en el pecho.

El fiscal tuvo en cuenta una somera revisión de las antiguas pruebas del caso y, en especial, la sentencia de un tribunal de Belfast que en mayo había absuelto a dos veteranos paracaidistas, acusados de asesinar a un miembro del IRA en 1972.

Después, Stephen Herron, el cuestionado fiscal, expresó una de esas fórmulas de cassette, que ni siquiera están dictadas por la conciencia, sino por el deber ser, y tienen ese tufo a formulario perfecto de la corrección judicial. Harron concedió: “Reconozco que estas decisiones refuerzan el dolor de las familias de las víctimas, que han buscado incansablemente justicia durante casi cincuenta años y han sufrido muchos reveses”.

Y no dijo nada más.

Tomado: Agencia Prensa Rural

miércoles, 2 de febrero de 2022

Unión Africana suspende a Burkina Faso tras golpe de Estado

 El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) hizo pública este lunes su decisión de suspender a Burkina Faso tras perpetrarse el golpe de Estado del pasado 24 de enero contra el presidente constitucional, Roch Marc Christian Kaboré, lo que la convierte en el tercer país suspendido por la organización regional luego de Mali y Guinea.

La suspensión del Estado africano por parte del ente regional acontece una semana de que fuerzas militares derrocaran a Kaboré luego de estallar unas protestas contra la administración y su incapacidad de enfrentar la violencia yihadista.

La UA ha detallado que esta medida se extenderá hasta que se retome el orden constitucional en esta nación, que según dijo el líder golpista teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, la Constitución será restablecida en ese país cuando el pueblo lo decida.

Tomado: tercerainformacion

Unicef alerta sobre 6.8 millones de etíopes afectados por sequía

 El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), advirtió este martes que más de 6.8 millones de etíopes requerirán asistencia humanitaria a mediados del próximo mes de marzo, como consecuencia de tres temporadas de sequía consecutivas en el país africano.

De acuerdo con el ente, al menos 225.000 niños padecen de desnutrición, mientras que más de 100.000 mujeres en estado gestante necesitan urgente apoyo nutricional, situación agravada por las precarias condiciones derivadas de la sequía, y la ausencia de agua potable.

“El impacto de la sequía es devastador, los niños y sus familias luchan por sobrevivir debido a la pérdida de medios de vida o ganado», precisó el representante de Unicef en Etiopía,  Gianfranco Rotigliano.

Tomado: tercerainformacion

martes, 1 de febrero de 2022

Gobierno boliviano destina presupuesto a seguridad alimentaria

 El Gobierno de Bolivia informó este lunes que ha destinado 254 millones de dólares en programas relacionados con la producción de tubérculos, ganadería, apicultura, algodón, pesca y granos andinos para potencializar la seguridad alimentaria.

Como parte de esos programas, el 1 de diciembre de 2021 el Gobierno lanzó otro decreto de más de 1.779 millones de bolivianos (equivalentes a unos 260 millones de dólares) los cuales ya se está ejecutando, según lo declaró el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González.

Remmy González destacó además que gracias al crecimiento económico del seis por ciento se permitió garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la producción del sector agropecuario.

Asimismo, el alto funcionario indicó que mediante el plan de tubérculos y raíces, la producción de papas comerciales e industriales en Bolivia debe crecer de 7.5 toneladas por hectárea hasta las 17.8 en el año 2025.

“Nuestro presidente Luis Arce muy sabiamente ha decidido generar políticas en esta magnitud para que esta cantidad de población que vive en el área rural y se dedica a la producción de alimentos tenga la tecnología adecuada, la semilla apropiada”, subrayó el representante de la cartera.

El ministro boliviano también comentó los beneficios del Decreto Supremo 4560 el cual establece invertir hasta 2025 el equivalente a 63 millones de dólares en ganadería bovina, 16 millones en hortalizas; ocho en la producción de piña y alrededor de 20 millones en la de banano.

Tomado: tercerainformacion