7853 desplazados por agresiones en el Pacífico nariñense

 Por medio de una acción urgente, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero (Redhpana) y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda denunciaron la grave crisis humanitaria que enfrentan las comunidades desplazadas en el municipio de Roberto Payán (Nariño).

Desde el pasado 7 de mayo se vienen presentado alteraciones de orden público en este municipio por enfrentamientos entre los grupos armados ilegales de las disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo.

Según las organizaciones sociales, en ese territorio, durante las últimas semanas se han presentado múltiples hechos de agresión contra la población civil causando el desplazamiento forzado de más de 2200 familias, 7853 personas caracterizadas de la siguiente manera: 5685 entre hombres y mujeres adultos, de las cuales se estima cerca de 46 mujeres gestantes, 31 lactantes, 2050 niños, dos adultos mayores y 39 personas con alguna discapacidad.

Estas familias están distribuidos así: 426 están confinadas en el Consejo Comunitario Integración del Telembí, 179 en el Consejo de Agricultores del Patía, 250 en el Consejo el Catanguero, 375 en el Consejo El Progreso. No hay albergue para las otras 1230 familias. La situación es de extrema gravedad y la capacidad del municipio no da abasto para responder a la crisis.

En recientes declaraciones, el alcalde Juan Carlos Sinisterra confesó que, a pesar de las múltiples solicitudes de apoyo para la zona rural, “no tenemos una respuesta contundente, ni del Ejército para controlar el territorio y frenar el éxodo, ni del nivel central para enfrentar la emergencia, aunque tuvimos reunión con la vicepresidencia de la República”.

Las organizaciones denunciantes piden medidas urgentes, ya que las personas están sufriendo por el hambre, la falta de agua potable, un techo para pasar la noche. Además no hay atención médica ni posibilidades de salvaguardar a los más vulnerables.

Para cualquier comunicación o mecanismos de ayuda ponen a disposición los correos juridico_4@cofb.org.co y coordinacion@redhpana.org

La Redhpana es un proceso social de diálogo y articulación de organizaciones sociales, de derechos humanos y étnicas del Pacífico Nariñense en la que participan: Recompas, Asocoetnar, Camawary, Aciesna, Unipa, Juntas de Acción Comunal, Fedecomunal, Asociación de Consejos Unidos de Magüí Payán, Mesa Interétnica de Tumaco, Voces del Pacífico, Asociación de Porvenir Campesino, Palenque Afrourbano, Mesa Municipal de Mujeres de Tumaco, Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco, Asociación Piernas Cruzadas- Barbacoas, ABC Pazcífico, Sindicato del Magisterio de Nariño–Tumaco, Seupal, Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Río Tablón Dulce, Consejo Comunitario Rescate Las Varas, Consejo Comunitario Bajo Jagua, Consejo Comunitario La Esperanza (Municipio La Tola), Consejo Comunitario La Nupa, Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador (Iscuandé), Consejo Comunitario Pro Defensa (El Charco), Consejo Comunitario Unión de Cuenta (Roberto Payán), Asociación Luz de Esperanza, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, con apoyo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Indepaz y Reiniciar.

Tomado: Prensa rural

Colombia llega a dos meses de protestas y movilizaciones sociales

 Al cumplirse dos meses de protestas y movilizaciones en contexto del paro nacional en Colombia, se espera que miles de ciudadanos se movilicen en las principales ciudades del país.

Los manifestantes exigirán este lunes justicia por los más de 70 asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de lesiones oculares a manos de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Según el balance de organizaciones de Derechos Humanos, la represión por parte del Esmad y de civiles apoyados por la policía ha dejado un saldo de más de 80 heridos.

También lograron que la mayoría de los colombianos se mostraran contrarios a las doctrinas impulsadas por el expresidente Álvaro Uribe.

Por último, posibilitó sacar a la luz la masiva y sistemática violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la exigencia para desmantelar el Esmad.

En medio de los diálogos con el Gobierno el Comité Nacional del Paro pidió firmar un preacuerdo para garantizar el derecho a la protestas.

Sin embargo, el Gobierno colombiano desconoció el preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica.

Tomado: Tercerainformacion

Comienza Paro Sindical en Uruguay contra las desigualdades

 Un paro general sindical «contundente» en Uruguay en defensa «de los que la están pasando mal», debido a la «inequidad inaguantable» tendrá lugar durante la jornada de este jueves; el primero de estas características contra el Gobierno de derechas de Luis Lacalle Pou.

En conferencia de prensa la víspera, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) comunicó las razones por las que se realizaba la convocatoria al paro general de 24 horas de este jueves 17 de junio.

Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical señaló a los medios de comunicación que el paro activo será contra «el hambre, contra la desigualdad, por trabajo, por salario y contra la discriminación y persecución sindical».

Tomado: tercerainformacion

Paramilitares atentan contra las comunidades del Catatumbo

 Si hay una región donde se ha replicado a cabalidad ese símil de “los ejercicios de relevos” entre la fuerza pública y los paramilitares, es en el Catatumbo. Se turnan para agredir a la población. Cuando unos atacan los otros se repliegan y al revés.

Es una vieja y descarada práctica, desde finales de los años 80, que ha dejado una trágica estela de sangre y dolor.

La martirizada región del Catatumbo sí que tiene suficientes razones para hacer parte de la actual protesta nacional. Son décadas de violencia institucional, masacres, desplazamiento forzado; el abandono del Estado ha sido la constante; una extensa región sin vías de acceso, carencias abismales en salud y educación; una explotación petrolera que no ha revertido en obras y progreso las necesidades sociales de la región.

Los sonados paros regionales llevaron a suscribir convenios con sucesivos gobiernos, que nunca fueron cumplidos.

Comunidades que se encuentran reunidas en el COMITÉ DE UNIDAD DEL CATATUMBO, del cual hace parte la USO Subdirectiva Tibú, provenientes de diferentes áreas de la región, se encontraban manifestándose de manera pacífica en el sector de Agualasal, municipio del Zulia, Norte de Santander; Este 12 de junio de 2021, llegaron hasta allí seis sujetos armados, en motocicletas, los señalaron de ser guerrilleros, amenazaron, golpearon y abrieron fuego contra los campesinos que allí se encontraban expresando su voz de protesta.

Los individuos se identificaron como paramilitares. Hicieron disparos con armas de fuego, impactando a dos miembros de la comunidad. Uno de ellos tiene lesiones de gravedad; Igualmente se llevaron al menos 15 celulares y billeteras con los documentos de identidad y dinero de los campesinos. También fueron hurtados varios chalecos de la guardia campesina y cuatro motocicletas. En el sitio se recolectaron casquillos de munición.

Según lo revelado por los campesinos, realizaron aproximadamente 150 tiros con armas de distintos calibres. Además de los heridos, otros resultaron lesionados por armas traumáticas. Los paramilitares estuvieron alrededor de 10 minutos en el punto y luego se retiraron. Ante esta brutal agresión, los manifestantes se dispersaron y en estos momentos se desconoce la ubicación de dos de ellos.

No fue suficiente que hubiera la visita de verificación de la CIDH; a las élites gobernantes, amamantadas en la guerra y la muerte eso no les importa. Dicen que son respetuosos de los Derechos Humanos y de la protesta ciudadana, pero en la realidad se niegan a dar garantías para que la indignación popular se exprese.

La Unión Sindical Obrera (USO) solicita a la comunidad internacional acompañamiento y monitoreo a las comunidades que se encuentran haciendo uso legítimo a la protesta social, dado que en Colombia tanto la fiscalía como los entes de control se encuentran sometidos a la política del gobierno y por tanto no actúan conforme a la constitución y la ley.

Tomado: Agencia Prensa Rural

Sudáfrica conmemora 30 años del fin del apartheid

 Sudáfrica celebra este jueves los 30 años del desmantelamiento legal del apartheid por parte del Parlamento sudafricano, impuesto desde 1950 en el país africano.

Las tres cámaras del parlamento sudafricano se reunieron el 17 de junio de 1991 para votar sobre la propuesta de suprimir la ley de clasificación racial, la última ley vigente en la que se había basado el sistema de segregación racial.

Tras la liberación de Nelson Mandela en 1990, el Gobierno del entonces presidente Frederik de Klerk avanzó hacia el desmantelamiento del sistema racial que impedía equiparar los derechos de blancos y negros.

El apartheid

Apartheid significa «separación» en Afrikáans y prohibía que millones de negros sudafricanos pudieran integrarse a la economía nacional  privando a las empresas sudafricanas de un gran mercado interno potencial.

Este horrible fenómeno político apareció oficialmente en Sudáfrica en 1948, impuesto por los gobiernos de minoría blanca en este país.

Bajo este sistema los grupos étnicos estaban separados, y a la mayoría no blanca se le negaban numerosos derechos, como el de votar, la libre circulación por el territorio nacional, las bodas mixtas, la convivencia de ambas razas en las mismas playas o aceras, entre otras.

El sistema de segregación racial fue establecido tras la victoria del Partido Nacional en 1948. La ley de clasificación se aprobó en 1950 y establecía que los sudafricanos tenían que ser clasificados al nacer en función de su color de piel.

El apartheid produjo, desde sus inicios, resistencia y levantamientos populares por parte de los africanos.

Tomado: tercerainformacion

Acusan a Lenín Moreno de envío de material bélico para apoyar el golpe de Estado en Bolivia

 Las investigaciones llevadas a cabo contra la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, destaparon que su homólogo en Ecuador, Lenín Moreno, envió armas para reprimir al pueblo boliviano que protestó en contra del golpe de Estado ocurrido en 2019 para derrocar a Evo Morales, elegido por amplia mayoría en los comicios presidenciales de octubre de ese año.

La Agencia Boliviana de Información señaló que el gobierno ecuatoriano en aquel momento entregó 5 500 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM, y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó en su perfil de Twitter que «la investigación que lleva adelante Ecuador, y que presentaremos en Bolivia, debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune».

Por su parte, la televisora Telesur informó que el abogado y asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia contra el expresidente Lenín Moreno, por el delito de entrega de armas, gases lacrimógenos y proyectiles para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El material añade que ese arsenal bélico provocó la muerte de 37 personas, entre ellas las de los manifestantes en las masacres de Sacaba y Senkata.

Tomado: Granma

Denuncian asesinato de 70 personas durante el Paro Nacional en Colombia

 El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció el martes que 70 personas han sido asesinadas desde el 28 de abril hasta el 15 de junio, cuando ha habido un gran número de manifestaciones en el marco del Paro Nacional, las cuales han sido objeto de violencia brutal por parte de la fuerza pública.

La organización no gubernamental (ONG), en un boletín publicado la noche del martes y titulado Cifras de la violencia, aseveró que de esos 70 homicidios, se presume que 46 “fueron cometidos por la fuerza pública”.

En el texto se establece que en el periodo mencionado 73 personas han sido víctimas de lesiones oculares por proyectiles lanzados por la Fuerza Pública desde el inicio de las protestas.

Tomado: tercerainformacion

Homenaje a Ernesto Guevara en ciudad de Cuba que guarda sus restos

 En el memorial que guarda los restos del Che y los de sus compañeros caídos en la guerrilla de Bolivia en 1967, un grupo representativo de estudiantes y trabajadores de diferentes centros de enseñanza y de producción, colocaron una ofrenda floral al pie de la estatua del heroico guerrillero.

El comandante Guevara y su columna Ciro Redondo, protagonizaron, a finales de 1958, la liberación de esta urbe custodiada por cientos de guardias de la tiranía de Fulgencio Batista, derrotada por las tropas del Ejército Rebelde que dirigía desde la Sierra Maestra Fidel Castro.

Tras el triunfo de la Revolución cubana, en enero de 1959, en su condición de Ministro de Industria el Comandante Guevara dejó inaugurada en esta ciudad importantes fábricas como la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud) y la Planta Mecánica.

A pesar de la compleja situación sanitaria que vive el territorio a causa de Covid-19, y respetando el distanciamiento social, se efectuaron hoy actos matutinos especiales.

Esos actos incluyeron, asimismo, homenajes al cumpleaños 176 del Lugarteniente General del Ejército Libertador, Antonio Maceo, una de las figuras cimeras de la guerra de independencia de Cuba durante el pasado siglo XIX.

Tomado: tercerainformacion

Human Rights Watch pide reformas profundas a la Policía colombiana por sus brutales acciones

 La brutalidad policial que ha causado al menos 20 de las 34 muertes confirmadas por Human Rights Watch (HRW) durante las protestas en Colombia hace urgentes reformas profundas en esa institución y en la Justicia Penal Militar, tribunal competente para las acciones de la fuerza pública.

Así lo aseguró este miércoles el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentó en una rueda de prensa virtual el informe “Colombia, brutalidad policial contra manifestantes”, en el que se señala que hay pruebas de que uniformados mataron a por lo menos 16 personas con munición letal de armas de fuego.

Igualmente, el informe documenta que son más de 1.100 los civiles heridos, según cifras del Ministerio de Defensa, algunos de ellos con “lesiones y casos muy serios, muy dramáticos”.

“El informe hace un esfuerzo por evaluar la conducta policial en 25 ciudades de Colombia, no solo en las principales, y hemos podido tener acceso a información que incluye también fotografías, vídeos, pero incluso información médica, necropsias de las personas que han sido asesinadas durante este periodo”, detalló Vivanco.

Fueron hechas también más de 150 entrevistas a víctimas, familiares, abogados y expertos, que sirvieron como base para documentar los abusos policiales y las violaciones de los derechos humanos.

Esta situación de abusos, que no es sistemática pero tampoco responde a hechos aislados, refleja las “falencias estructurales de la Policía colombiana que deben ser abordadas” con urgencia.

“El concepto de sistematicidad se usa habitualmente en el marco del Derecho Penal Internacional y (…) se trata de crímenes que normalmente hacen parte de una política o de un plan deliberado, una política oficial de Estado. Para nosotros, la evidencia que hemos podido recoger y el análisis de caso, no demuestra que exista evidencia de algo que pueda constituir una práctica sistemática precisamente por estas razones”, agregó.

Las movilizaciones en Colombia comenzaron el 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, que insiste en que las protestas deben ser pacíficas y sin bloqueos de vías públicas.

CAMBIOS DRÁSTICOS

Vivanco recordó las denuncias “creíbles” de 68 muertos que ha recibido HRW desde que empezaron las manifestaciones, de las cuales ha podido comprobar que 34 ocurrieron en el contexto de las protestas, y también mencionó los “casos de abusos policiales”.

“Eso va a requerir la intervención del Gobierno y es uno de los factores que contribuyen a este ciclo de violencia e impunidad que lamentablemente caracteriza el actuar de la Policía (…). La reforma a la Justicia Penal Militar es urgente para incrementar las posibilidades de justicia y de transparencia”, acotó.

HRW también valoró el anuncio del domingo pasado del presidente Duque sobre una reforma policial que para miembros de la oposición no pasan de ser cambios cosméticos como el del color de los uniformes, que hoy son verdes y pasarán a ser azules.

Si bien la reforma no lo contempla, HRW recomienda al Gobierno trasladar la Policía de la jurisdicción del Ministerio de Defensa a la cartera del Interior o de Justicia.

“Colombia es el único país de América Latina donde la Policía está bajo el control del Ministerio de Defensa y eso genera distorsiones muy serias. La Policía sigue en buena parte actuando con una cultura de conflicto armado”, explicó.

LA RETÓRICA DEL GOBIERNO

Vivanco también criticó a Duque porque su “su discurso y la retórica” para condenar e identificar la brutalidad policial “han sido lentos”.

“El presidente (…) no ha estado a la altura en la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se han producido durante estas semanas”, explicó.

Como ejemplo de ello, el director para las Américas de HRW mencionó que justo el 7 de mayo, fecha en que “la Policía ya había matado a 11 personas en el contexto de las manifestaciones”, Duque mencionó que “el Gobierno tiene cero tolerancia contra los abusos policiales”.

“Es muy valioso que el presidente de la república diga y repita que existe cero tolerancia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía, pero si eso no se traduce en una política concreta donde los policías entiendan que efectivamente hay cero tolerancia queda simplemente como parte de una retórica”, dijo.

OTROS ABUSOS

HRW documentó además que la Policía privó de libertad a más de 5.500 personas en detenciones arbitrarias camufladas bajo la figura de “traslado por detección”.

Igualmente tiene conocimiento de la detención de más de 1.200 personas por delitos cometidos en las protestas, de las cuales varios centenares fueron liberadas sin cargos después de que un juez dictase que su arresto fue ilegal.

La organización también denunció los estragos producidos por los manifestantes con bloqueos de calles “por períodos prolongados”, que han impedido en algunos casos distribuir alimentos o que circulen ambulancias, sobre todo en los departamentos del Valle del Cauca (suroeste) y Cundinamarca (centro).

Por estos bloqueos murieron dos bebés cuando manifestantes bloquearon e incluso atentaron contra las ambulancias en las que eran trasladados.

Tomado: matrizur.org

Honduras: Los desaparecidos de Triunfo de la Cruz

 La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), junto a más de 200 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Rel UITA, dirigieron una carta pública a las autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata incorporación del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA, «Basta Ya» en garífuna) a las investigaciones sobre la desaparición forzada de los jóvenes activistas garífunas1 hace casi 11 meses.

El SUNLA fue creado el 18 de febrero con el objetivo de investigar, buscar y hallar a los jóvenes activistas, acompañando de forma independiente cualquier investigación oficial.

Hasta la fecha, no sólo el Estado de Honduras no ha mostrado ningún avance, sino que se ha empeñado en vetar la participación tanto de la comunidad como de dicha instancia internacional.

Para las organizaciones firmantes, “la incorporación del SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes, de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda, velando para que sea exhaustivo e independiente”.

Tomado: tercerainformacion

El Senado premia a general de la brutal represión

 Obedeciendo a la solicitud hecha por Iván Duque, el Senado de la República le propinó una nueva bofetada al pueblo colombiano al premiar con ascenso al director nacional de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, responsable de la entidad estatal que ha protagonizado la más brutal represión y violación de derechos humanos de que se tenga noticia en la historia contemporánea del país.

A pesar de la férrea oposición de la bancada alternativa, la mayoría abyecta al gobierno en la cámara alta del Congreso aprobó el martes 8 de junio de 2021 el ascenso de Vargas al rango de general efectivo, por 66 votos de los 108 senadores que integran la corporación.

Esta votación se produce en los precisos momentos en que Vargas es quien dirige al Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y demás componentes de la Policía, uniformada y no uniformada, que reprime de manera violenta a lo largo y ancho del país al pueblo participante en el Paro Nacional.

Y cuando la cifra de personas asesinadas en las acciones policiales supera las 70, al tiempo que dejan miles de heridos, torturados, detenidos y desaparecidos, como está documentado en centenares de piezas videográficas, de audio, fotográficas y de textos que circulan nacional y mundialmente.

En la cínica votación del Senado participó una mayoría liderada por el partido uribista (el autodenominado “Centro Democrático”, de extrema derecha), e integrada por los partidos Conservador, Liberal, de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y Mira, los cuales también votaron contra una proposición en el sentido de que las víctimas de la violencia estatal en la actual coyuntura fueran escuchadas en el Capitolio.

De esta forma, los partidos del Establecimiento oligárquico en el Senado cerraron filas de nuevo en torno de los responsables directos de la represión en Colombia, pues ya lo habían hecho dos semanas atrás, el jueves 27 mayo, cuando respaldaron a Diego Molano, ministro de Defensa.

En esa oportunidad, 69 congresistas de los mismos partidos negaron la moción de censura que se tramitaba contra el alfil de Duque, determinación que se repitió unos días después en la Cámara de Representantes.

Con esta votación, el Senado le escupe al pueblo colombiano y le dice que le importa un comino su sufrimiento a manos de la Policía dirigida por el general Vargas, quien en vez de ser sometido a investigación es premiado.

El oscuro mensaje del Senado de la República es otra evidencia de la dictadura civil que se abre camino a pasos agigantados en Colombia, manteniendo la máscara de los “tres poderes” de un “estado de derecho” carcomido, cooptados por corrupción e intereses de clase y concentrados en un régimen político despótico al servicio de grandes pulpos empresariales y de latifundistas, y bajo las directrices del Pentágono estadounidense.

Así lo demuestra el hecho de que los órganos “autónomos de control” (Procuraduría, Contraloría, “Defensoría del Pueblo”) están a las órdenes del gobierno, y ni qué decir de la Fiscalía de bolsillo de Duque, al tiempo que las dos alas del Congreso (Senado y Cámara) cumplen a pie juntillas los mandatos provenientes de la Casa de ‘Nari’.

El acto del Senado es más escandaloso aún si se tiene en cuenta que ocurre en el segundo día de la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que el mismo martes 8 de junio escuchaba a las víctimas de las espantosas violaciones de derechos humanos por parte de la Policía ocurridas en Cali desde el 28 de abril hasta el día 41 del Paro Nacional.

La capital del Valle del Cauca y municipios como Yumbo, Buga, Tuluá, Vijes, Yotoco, Zarzal, Buenaventura, Cartago, Florida, Palmira, Pradera y Candelaria, entre otros, han sido escenarios de crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra la juventud y el pueblo, que dejan más de 40 personas asesinadas en todo el departamento.

Un informe que grita

Desde la plataforma Grita, los colectivos Temblores ONG, Observatorio de DD.HH. del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo, Indepaz, y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, Paiis, produjeron un documento entregado a la Cidh, en el que se denuncian los crímenes cometidos por la Policía en la represión contra el Paro Nacional.

Grita es, según explican sus integrantes, “una plataforma que busca facilitar la denuncia de violencias policiales para así contribuir a su erradicación”, y agregan que es “un proyecto colectivo, en el que creemos que grabando la violencia policial, registrándola, investigándola, triangulando información de las denuncias y asistiendo a las víctimas, se puede prevenir el abuso de autoridad de la Policía”.

“La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género”, señala en uno de sus apartes el documento.

Y aclara en relación con los homicidios: “De estos 41 casos tenemos evidencias certeras de que en 31 de ellos hay presunta participación de la Fuerza Pública o de miembros de la Policía Judicial. En los otros 10 casos, se pudo identificar que hubo algún tipo de accionar de agentes del Estado y, por ende, existe posibilidad de que los presuntos victimarios hayan sido miembros de la Fuerza Pública. Adicionalmente, hemos registrado otros 20 casos de homicidios en los que nos encontramos verificando las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que sucedieron los hechos, al igual que los presuntos victimarios responsables del hecho victimizante”.

Dice también el informe que, además de estas prácticas sobre las que se pudieron establecer patrones de sistematicidad, se han registrado asimismo “casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a las personas que son retenidas, complicidad de agentes de la Fuerza Pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, entre otras prácticas que han dejado un número muy elevado de personas afectadas tanto física como psicológicamente en el contexto del Paro Nacional”.

“Así mismo, hemos conocido casos de amenazas perpetradas hacia los familiares de las personas víctimas de violencia homicida para que desistan de los procesos de justicia o dejen de hacerlos mediáticos”, añade el documento.

Según los colectivos agrupados en Grita, “se evidencia la necesidad de una reforma policial amplia y estructural que contribuya a desescalar la violencia estatal, que permita consolidar una Policía Nacional que no violente a la ciudadanía y que, siguiendo su mandato constitucional, vele por los derechos y libertades de toda la ciudadanía colombiana”.

El régimen cierra sus fauces

Paradójicamente, un proyecto de reforma de la Policía presentado por un congresista de la oposición acaba de ser negado por los partidos del Establecimiento, sin ni siquiera considerarlo.

Por el contrario, hacen trámite expedito en el Legislativo una nueva reforma judicial para reforzar el poder hegemónico imperante y un proyecto que le entrega más funciones contra los senadores y representantes de la oposición a la Procuradora de Duque, que quedaría con la libertad de sacar de circulación política a todo el que en el Congreso se oponga al régimen, con investigaciones disciplinarias amañadas.

Ya contra cinco congresistas de la bancada alternativa se están llevando a cabo este tipo de “investigaciones”, típicas de la venganza estatal.

El proceso de concentración del poder oligárquico en Colombia no se detiene, camino a la dictadura civil montada por un régimen despótico, que sigue burlándose de la población y que cierra sus fauces pensando en perpetuarse en 2022.

Por eso es tan importante la unidad de todos los sectores alternativos, en la perspectiva del salto cualitativo de las luchas sociales de hoy a las luchas políticas del futuro mediato.

Tomado: Prensa Rural.

Siria: EEUU vuelve a confiar en organizaciones terroristas

 En una entrevista concedida este jueves a agencia iraquí de noticias Al-Maluma, un miembro del Consejo del Pueblo (Parlamento) de Siria, Ali al-Sotuf, ha aseverado que la política estadounidense de una “amenaza”, ya que, ha explicado, sus movimientos recientes indican la “siniestra intención” de acercarse y activar grupos terroristas en la región.

“Los movimientos estadounidenses en la región son una clara amenaza. Estos movimientos se han revelado completamente y su objetivo es devolver al grupo terrorista Daesh con una nueva ropa”, ha puesto de relieve.

En este sentido, ha agregado que Washington busca recuperar la confianza en las organizaciones terroristas con la esperanza de aumentar el número de sus bases militares en Asia Occidental. “Si EE.UU. no es expulsado de la región, él y sus aliados representarán una gran amenaza para todos los países”, ha enfatizado.

Al-Sotuf ha puntualizado que, de momento, Washington está en un estado de “confusión e inestabilidad” debido al fracaso de su proyecto en la región, “el plan del Gobierno estadounidense fue asesinar a los líderes de la resistencia”, ha indicado.

No obstante, concluye que el Eje de la Resistencia en la región ha conseguido neutralizar este proyecto y es posible que el “creciente” poder las fuerzas de resistencia lleve a EE.UU. a recurrir a actos “terroristas” en cualquier momento y apuntar a los “líderes del eje de la resistencia”.

Las autoridades sirias e iraquíes acusan a EE.UU. de instrumentalizar a Daesh para socavar la seguridad y la estabilidad de Siria e Irak y, como pretexto, para justificar su presencia militar en ambos países árabes.

Las propias autoridades norteamericanas, por su parte, confesaron la creación y financiación del grupo extremista Daesh. La ex secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton, por ejemplo, en una clara referencia a Daesh, dijo en su día que “la gente contra la que luchamos hoy, financiamos hace 20 años”.

El expresidente estadounidense Donald Trump, a su vez, dijo que el grupo terrorista Daesh “está honrando al [ex] presidente [Barack] Obama”, ya que, según enfatizó, Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, fundaron el Daesh. Además, admitió que la banda takfirí fue financiada por Washington.

Tomado: tercerainformacion

Biden dice que son EE.UU. y Europa (y no China) quienes deben establecer “las reglas del siglo XXI en materia de comercio y tecnología”

 Son EE.UU. y Europa, y no China, quienes deben establecer las normas del comercio internacional y de la tecnología, afirmó el presidente estadounidense Joe Biden en un artículo para The Washington Post, publicado este sábado, en víspera de su visita al Viejo Continente. 

Biden detalló que se reunirá en Bruselas (Bélgica) con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para debatir cómo su país y la UE pueden “trabajar en estrecha coordinación en los desafíos globales“. “Nos centraremos en garantizar que sean las democracias de mercado, y no China ni nadie más, las que creen las reglas del siglo XXI en materia de comercio y tecnología”, subrayó. 

Según el inquilino de la Casa Blanca, las principales democracias del mundo podrán ofrecer una “alternativa de alto nivel” a China para mejorar “las infraestructuras físicas, digitales y sanitarias que sean más resistentes y apoyen el desarrollo global”.

Además, declaró que su país debe “liderar el mundo desde una posición de fuerza“, tanto si se trata de luchar contra la pandemia, como de “satisfacer las exigencias de una crisis climática” o “de hacer frente a las actividades perjudiciales de los gobiernos de China y Rusia”.

En el marco de su primer viaje al extranjero como presidente, Biden participará en la cumbre del Grupo de los Siete (G7), que tendrá lugar del 11 al 13 de junio en el Reino Unido y luego se reunirá en Bélgica con los líderes de la Unión Europea y asistirá a la cumbre de la OTAN. 

Después de mantener conversaciones de alto nivel con sus “amigos, socios y aliados que ven el mundo a través del mismo prisma que Estados Unidos”, el presidente estadounidense se reunirá el 16 de junio, en Ginebra (Suiza), con su homólogo ruso Vladímir Putin. Biden subrayó en el mismo artículo que EE.UU. está buscando “una relación estable y predecible” con Rusia, pero no dudará en “responder a futuras acciones dañinas” de Moscú. 

Tomado: matrizur.org

Piden protección para cientos de lideres sociales denuncian amenazas y desapariciones en Colombia

 Tras un mes de protestas en Colombia, las movilizaciones continúan ante la inestabilidad del país y la violencia de las autoridades en este contexto de protesta social. Entre las demandas de los manifestantes, destaca la denuncia hacia la inseguridad que sufren los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. Las organizaciones constatan la violencia policial y las víctimas mortales, la ONG colombiana Temblores ha contabilizado hasta el momento 3.789 casos de violencia policial, 45 de ellos han acabado en fallecimiento. Alianza por la Solidaridad-ActionAid reivindica el papel de los líderes y lideresas sociales y condena la inseguridad a la cual se enfrentan por el simple motivo de pedir justicia en su comunidad, una situación que se ha visto agravada desde el comienzo de las movilizaciones.

Durante las movilizaciones, se han producido agresiones contra comunidades indígenas. La minga indígena de Colombia ha sufrido ataques por parte de civiles armados en Cali, ante lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación. Además la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció en mayo ataques hacia miembros de la minga indígena en Buenaventura por parte del Ejército. Alianza por la Solidaridad-ActionAid condena esta violencia y represión de indígenas y remarca el importante papel de estas comunidades en el país.

Diferentes organizaciones y varios líderes sociales muy implicados en la organización de las protestas han denunciado un aumento de las amenazas. Es el caso de Leonard Rentería, que se ha convertido en uno de los altavoces de las convocatorias para las distintas protestas, paros y cortes en las vías del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Leonard lleva un tiempo con seguridad por parte del Estado, pero fue amenazado por su participación en el paro.

En Cauca, la presidenta de la Asociación Municipal de Mujeres del Norte del Cauca (ASOM), Clemencia Carabali, ha estado en primera línea haciendo un llamamiento a la participación en las protestas y junto a su organización está participando en la Asamblea Nacional Popular del paro en Bogotá. El pasado mes de abril asesinaron a una compañera lideresa del Norte del Cauca, Sandra Liliana Peña.

En Nariño las organizaciones sociales indígenas también se están movilizando. Claudia Jimena Pai, consejera de mujer y familia de la organización Unidad indígena del pueblo Awá (UNIPA), ha enfocado sus esfuerzos de movilización en una de las problemáticas más grandes que tiene el pueblo Indígena Awá: los asesinatos de muchas de sus mujeres pertenecientes a los diferentes resguardos indígenas*.

Desde ayer y hasta el día 10, la CIDH realizará una visita a Colombia. Asimismo, hace unos días la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido una investigación independiente en Colombia para comprobar los sucesos y detener la violencia.

Alianza por la Solidaridad-ActionAid, que trabaja en Colombia con distintas organizaciones sociales e indígenas, pide a la comunidad internacional y al Gobierno español que condene la violencia en Colombia y asegure la defensa de los líderes sociales en el país. También, que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ponga fin inmediatamente a la violencia.

*Los resguardos  son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los Artículos 63 y 329 de la Constitución colombiana, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Tomado: tercerainformacion

China se acerca a Afganistán tras la salida de tropas de EEUU

 China está instando a una cooperación económica y de seguridad más estrecha con Afganistán para reforzar su influencia en la región, mientras EE.UU. y sus aliados se preparan para retirar sus fuerzas del territorio afgano, de acuerdo con un informe de la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP), en el que adelanta una reunión tripartita de China-Afganistán-Paquistán.

Los cancilleres de los tres países mencionados se reunieron el jueves por videoconferencia y acordaron que la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán debe llevarse a cabo de manera responsable y ordenada para evitar el deterioro de la situación de seguridad en el país.

La reunión finalizó con la emisión de una declaración conjunta sobre la garantía de paz y estabilidad duraderas en Afganistán y la región, la lucha conjunta contra el terrorismo, la lucha contra el coronavirus y el fortalecimiento de la cooperación destinada a conexión regional.

Conforme al documento, en la sesión, el canciller chino, Wang Yi, consideró necesario abrir los nexos de comunicación y cooperación entre los tres países citados, por el bien de los intereses de Afganistán y de los países vecinos.

En 2001, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por EE.UU., entró en Afganistán bajo el pretexto de luchar contra los extremistas e intensificar la lucha antidrogas, pero, pasadas dos décadas, no ha logrado esos propósitos sino solo se ha agravado la situación e incluso el país asiático es más inseguro que nunca.

Sin embargo, a mediados de abril, el mandatario de EE.UU., Joe Biden, oficializó la retirada de sus tropas desplegadas en los territorios afganos tras recibir amenazas del Talibán que urgió en reiteradas ocasiones la salida de soldados norteamericanos.

Tomado: tercerainformacion

Israel reprime brutalmente protestas palestinas contra colonias ilegales

 Al menos 113 palestinos han resultado heridos este viernes durante una manifestación contra la construcción de asentamientos ilegales por Israel en la aldea de Beita, al sur de la ciudad de Nablús, en la Cisjordania ocupada, según las fuentes locales.

La Media Luna Roja Palestina (MLRP) ha anunciado que al menos 16 palestinos sufrieron lesiones por munición real, mientras que otros 20 recibieron impactos de balas de goma disparados por los soldados israelíes.

Hubo cuatro casos de agresiones físicas por parte de las fuerzas israelíes contra los manifestantes y otros 73 casos de asfixia causados ​​por la inhalación de gases lacrimógenos, agrega la MLRP.

Fuentes locales afirman que las fuerzas israelíes han utilizado un avión no tripulado (dron) para lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes en Beita.

La protesta ha tenido lugar después de que los colonos israelíes comenzaron a construir nuevas unidades de vivienda ilegales en una zona montañosa en Beita, bajo el aval del régimen de Israel.

El pueblo de Nilin, situado al oeste de la ciudad cisjordana de Ramalá, ha sido también escenario de una protesta similar, donde al menos dos palestinos resultaron heridos por impactos de balas reales disparados por las fuerzas israelíes.

Asimismo, en la aldea de Kafr Qaddum, donde se celebra una protesta semanal contra la expansión de colonos ilegales, decenas de palestinos sufrieron problemas respiratorios por inhalar gases lacrimógenos.

Los soldados israelíes también han agredido a los participantes en un maratón llevado a cabo hoy en Al-Quds (Jerusalén) en solidaridad con las familias palestinas que enfrentan la expulsión forzada en esa ciudad. Al menos 23 corredores experimentaron asfixia por el uso indebido de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras por las fuerzas israelíes, según la MLRP.

El evento ha comenzado en el barrio Sheij Yarrah y ha terminado en el barrio Silwan, a 3,5 km (2 millas) de distancia. Decenas de palestinos que viven en los dos barrios se enfrentan a la amenaza de perder sus hogares por orden del régimen ocupante.

Los medios locales denuncian, además las detenciones arbitrarias de los participantes en el maratón.

En otro incidente separado, un palestino ha resultado gravemente herido cuando fue atropellado por un colono israelí cerca de la puerta Mugrabí, una de las entradas a la Mezquita Al-Aqsa, situada en la Ciudad Vieja de Al-Quds.

Las protestas contra los asentamientos se producen cuando Israel ha intensificado sus actividades de construcción de colonias ilegales desafiando la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), que declara que el expansionismo israelí en Cisjordania y la ocupada Al-Quds constituye “una flagrante violación del derecho internacional”.

Tomado: tercerainformacion

Civiles armados disparan a manifestantes en Siloé, Colombia

 Usuarios de las redes sociales alertaron este viernes sobre la presencia de civiles armados que dispararon contra los manifestantes que se concentraban en la Glorieta de Siloé en Cali, departamento colombiano del Valle del Cauca, en la jornada número 38 del Paro Nacional contra las políticas del Gobierno presidido por Iván Duque.

La Agencia Prensa Rural publicó un video en su cuenta Twitter que registra el momento cuando varios civiles con armas de fuego disparan «indiscriminadamente contra manifestantes y misión médica que estaba en el lugar».

Las primeras denuncias sobre civiles armados disparando contra los manifestantes se registraron cerca de las 17H00 (hora local). Los sujetos se transportaban en una camioneta blanca y un vehículo gris.

El hecho ocurrió en medio de una vía donde se encontraban varios transeúntes, quienes captaron el instante cuando los individuos se llevaron a una persona y la introdujeron en el vehículo.

Medios locales reseñaron que se trataba de un joven de 18 años de edad, identificado como Juan David Marín. Posteriormente, informaron que lo sucedido en Siloé fue una supuesta operación de las Seccionales de Investigación Criminal (Sijin).

Según la organización no gubernamental (ONG) Temblores, a través de su plataforma Grita, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han registrado 1.649 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, así como 3.789 casos de violencia policial.

Igualmente, 1.248 personas han sido víctimas de violencia física, se han reportado 45 homicidios por parte de la policía, presuntamente; 705 intervenciones violentas, 65 personas con lesiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego y 25 hechos de violencia sexual.

Tomado: tercerainformacion

La violencia en Colombia requiere una respuesta contundente del gobierno de Biden

 El paro nacional y las protestas en Colombia que comenzaron el 28 de abril siguen generando violencia, destrucción y una panoplia de abusos contra los derechos humanos. Hasta el 31 de mayo, una red de grupos de la sociedad civil colombiana habría registrado 71 homicidios en el contexto de las protestas. Todos los muertos, excepto dos, son civiles.

Aunque la violencia disminuyó un poco a mediados de mayo, las muertes han aumentado de forma alarmante en los últimos 10 días. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 14 muertes solo en Cali entre el 28 y el 30 de mayo.

La brutalidad policial, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza pública y los inquietantes vídeos que muestran a personas civiles disparando armas en presencia de la policía continúan circulando. Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, con un alto número de residentes afrodescendientes, ha sufrido hasta 46 homicidios, además de un ataque evidentemente racista contra una caravana indígena nasa que entró en la ciudad a principios de mayo para apoyar pacíficamente a los manifestantes.

El 28 de mayo, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de 7.000 soldados hacia Valle del Cauca y otros siete departamentos, la mayoría de ellos destinados a Cali, para imponer el orden y acabar con los bloqueos de carreteras realizados por los manifestantes. El ejército colombiano, formado y entrenado durante 60 años de conflicto armado contra las guerrillas, no está preparado para enfrentarse a ciudadanos angustiados y desesperados en las calles de las grandes ciudades. El peligro de que las tropas recién desplegadas puedan agravar la situación y cometer aún más abusos contra los derechos humanos, es muy alto. Se trata de un despliegue muy arriesgado.

En este momento se necesita urgentemente una desescalada, no un mayor uso de la fuerza. Sin embargo, los esfuerzos de diálogo están fracasando; aunque se están celebrando conversaciones entre representantes del gobierno y el comité del paro cívico formado por varios líderes de las protestas, aún no se ha producido una negociación formal vinculante.

El gobierno se niega a reconocer la gravedad de los abusos cometidos por su fuerza pública y ha continuado estigmatizando, criminalizando y deslegitimando las protestas. En un ejemplo entre muchos, el ministro de Justicia dijo el 29 de mayoque la mayoría de los muertos en el contexto de las protestas en realidad ocurrieron en “peleas callejeras o intentos de robo”.

La estigmatización de los manifestantes y las víctimas deja claro que el gobierno no tiene la intención de escuchar, a pesar de que un gran segmento de la población, afectado por la pandemia, ha caído en la pobreza. Al contrario, su prioridad es reprimir las protestas a toda costa, evitando que se produzcan más daños a la infraestructura, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas.

Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, el vandalismo y los ataques han aumentado a medida que se incrementa la violencia policial hacia los manifestantes. WOLA condena acciones como el incendio del 25 de mayo del Palacio de Justicia en Tuluá, Valle del Cauca, los asesinatos de dos agentes de policía y los bloqueos de carreteras que han impedido que las ambulancias y otras misiones médicas lleguen a sus destinos.

El gobierno de Iván Duque y los representantes del comité del paro cívico deben reunirse de inmediato para proteger el derecho a la protesta pacífica y deshacer los bloqueos de las carreteras, de manera que se pueda avanzar en un diálogo constructivo en torno a las 15 peticiones presentadas por el comité. En particular, monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia Católica en el apoyo al diálogo, ha reiterado la necesidad de una negociación productiva entre el gobierno y el comité del paro cívico.

Mientras avanzan las negociaciones, es de suma importancia la verificación independiente de la situación de los derechos humanos. WOLA acoge la invitación del gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una visita “in situ” al país. Dicha visita debe realizarse en un futuro muy cercano, y sin limitaciones para el acceso del personal de la comisión a los testigos y a los territorios.

Legisladores estadounidenses también se han pronunciado sobre la violencia en las protestas y los abusos que se están produciendo en Colombia. En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso pidieron al gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios.

Este silencio del gobierno estadounidense se da incluso en medio de una solicitud de asistencia extranjera de Colombia emitida el 28 de mayo para 2022, que incluye aproximadamente US$140 millones en nueva asistencia para la policía. WOLA reitera su llamado para que se suspendan todas las ventas de equipos antidisturbios de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Colombia, y para que se suspenda la asistencia estadounidense en forma de financiación a la Policía Nacional de Colombia, debido a la alta probabilidad de que dicha asistencia pueda ser utilizada indebidamente mientras las tensiones siguen aumentando.

Para detener la violencia actual, evitar más abusos por parte de la fuerza pública colombiana, lograr justicia para las víctimas y prevenir más daños, el gobierno de Estados Unidos debe adoptar una postura más contundente. De lo contrario, los avances en materia de seguridad y otros progresos observados en el marco de los acuerdos de paz de 2016 se debilitarán aún más.

Como en gran parte de América Latina, los colombianos están sufriendo en este momento. La población exige que su gobierno la escuche, ayude y deje de usar fuerza excesiva e indiscriminada en su contra. La estrecha asociación entre Estados Unidos y la fuerza pública colombiana forjada desde la década de 1980 hace inevitable que el comportamiento de esa fuerza se refleje en su contraparte estadounidense. Mientras continúe la escalada de violencia y la estigmatización, esa asociación supondrá una amenaza cada vez mayor para los intereses y la credibilidad de Estados Unidos en Colombia y en el resto de la región. Para el gobierno de Biden, el momento de hablar con franqueza sobre la situación en Colombia lleva mucho tiempo pendiente.

Tomado: Wola

Negociar es cuestión de método, embolatar es cuestión de trampa

 Quizá muchos no sabemos si se dice envolatar o embolatar, pero caer en esa discusión es embolatarnos. Y eso es lo que hace el Gobierno colombiano cuando negocia el paro, cuando negocia los problemas de la pandemia y cuando negocia con las comunidades.

En otras palabras, el Gobierno engaña, miente, enreda, enmaraña, embrolla, demora, dilata, entretiene, extravía, desvía el debate; mejor dicho: hace trampa. Bueno, otra precisión semántica para salir de eso de las palabras y entrar al fondo del debate: los Gobiernos colombianos, en plural.

El general presidente Rojas Pinilla firmó la paz con las guerrillas de Guadalupe Salcedo y les incumplió. Desde esa época hasta hoy, todas las negociaciones con las guerrillas están llenas de trampas. De hecho, ya sobrepasan los 270 firmantes del proceso de paz FARC-Gobierno que han sido asesinados.

Trabajando en Catatumbo, los campesinos me contaron que tienen más de un centenar de acuerdos firmados con el Gobierno e incumplidos por las autoridades. Después comenté ese dato a los indígenas de Cauca y me dijeron que, en su caso, los acuerdos incumplidos superan el millar.

Pero tal vez la mayor embolatada fue al acuerdo más cercano a un contrato social: la Constitución Política de 1991, escrita en letras de molde y traicionada desde su no aplicación, su violación o simplemente su reforma.

La negociación del paro

El Gobierno colombiano ha usado las mismas gastadas estrategias: negar la legitimidad del paro y de sus agendas, criminalizar la protesta, tratar de resolver los conflictos sociales con policía, poner en duda las vocerías, y, en el mejor de los casos, enviar emisarios de tercera.

El Estado cuando se sienta trata es de dar una conferencia, de explicarles a los pobres lo que es la pobreza, de imponer requisitos para la negociación, de amenazar con el Código Penal. El Gobierno no quiere entender que negociar es ceder un poco, si no pues estamos ante una claudicación que firma un derrotado; y las fuerzas del paro no están derrotadas.

El Estado tratará de dividir incluso apelando a agendas nacionales versus regionales; enfrentará legitimidades, tibios y radicales, sindicalistas y otros sectores, partidarios y contrarios a los bloqueos, jóvenes y viejos.

Hay muchas más cosas en el paro que bloqueos: hay marchas, cacerolazos, fiestas, desfiles, batucadas, obras de teatro, performance, conciertos, ollas comunitarias, campeonatos de fútbol, asambleas populares, arreglos de parques, velatones y un largo etcétera. El reto del sector popular es pasar de la poética a la política (sin con esto denigrar de la poética).

En mi opinión, hay dos cosas esenciales: uno, el barrio popular resurgió como espacio político, y dos, la gente ahora relaciona muy fácil el desempleo y las políticas. Ya el cuento de que “el pobre es pobre porque quiere” y de que “trabajo sí hay” quedó superado en un sector de la sociedad gracias a su capacidad de enlazar políticas neoliberales e inequidad. Con ese paro es con el que el Gobierno tiene que negociar y claramente no quiere hacerlo. Y la dicotomía que veo esta mañana de pesimismo es que tiene dos caminos: negociar o masacrar, y mi temor es que se esté inclinando seriamente hacia la segunda opción.

Por otro lado, resulta risible que quienes no han tenido coherencia manejando el Estado, sorteando los desafíos de la pandemia, gerenciando la desigualdad, administrando la represión y embolatando la negociación, salen ahora a pedirle a la sociedad lo que ellos no tienen, como si la sociedad tuviera que demostrar algo para exigir respeto a sus derechos.

En otras palabras, el cuento (sí el cuento) ese de: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”, frase del señor John F. Kennedy, es otra trampa porque los pobres que se están quejando son los que han construido el país (no los ricos como nos quieren hacer creer), porque al comprar cada pan de la esquina los pobres pagan impuestos. Y es un cuento porque los derechos humanos no incluyen un concepto de mérito: no hay que portarse bien para tener derecho a la salud, o para no ser torturado.

Por qué este paro no se puede negociar tan fácil

En Bogotá, desde noviembre de 2019 y más ahora, las marchas “se mandan solas”, la gente no va detrás de una única vanguardia, no. Es más, ya no se marcha, como en una procesión de Semana Santa, detrás de una pancarta principal, sino que cada persona hace sobre cualquier material un cartel con sus ideas.

En Cali, en mayo de 2021, llegué a un punto de resistencia donde me autorizaron entrar, pero debía pedir un nuevo permiso para el área conexa porque no hay un mando único, sino círculos interdependientes unidos más en la causa que en la estructura. Buscar una organización piramidal es simplemente no entender.

En otro punto de Cali, al preguntar quién era el coordinador me dijeron: “todos y ninguno”. No era sino una constatación de lo dicho: el paro no es una orden dada desde una estructura a un rebaño pasivo, sino una expresión generalizada de hartazgos.

En Medellín, en los barrios populares, se han dado desde conciertos hasta campeonatos de fútbol, pasando por reuniones de costura para hablar del paro y del país. ¿Alguien puede razonablemente creer que no tienen agenda propia o, peor aún, que obedecen como borregos a una conspiración?

Claro que el Comité Nacional de Paro representa una parte de estas agendas, pero no todas y tiene que entenderlo e interiorizarlo. Por eso, se tiene que ampliar o será rebasado, el comité tiene que entender que no se está discutiendo un pliego (eso ya se superó) sino que la gente está cuestionando el modelo mismo. Si no lo entiende, pues no podrá negociar lo que no le pertenece.

Esa complejidad no es culpa de la gente, sino del sistema. Esa larga lista de exigencias no son ganas de fastidiar, sino fruto de una lista igual de larga de incumplimientos. Esa demora en el paro no es por ganas de estar en la calle, sino porque el Gobierno no quiere entender de qué se trata, lo mismo podemos decir de los partidos políticos y la academia.

Repito lo que he dicho en varios escenarios, esto no es una marcha vieja con gente nueva, esto es algo nuevo per se. Si no entendemos esto, no entenderemos el resto.

Tomado: Agencia Prensa Rural

Denuncian crecimiento de pobreza y millonarios en Latinoamérica

 En un artículo titulado La pandemia exacerba las disparidades y produce más millonarios en América Latina publicado en la página digital de Naciones Unidas, el alto funcionario reconoció que la región es la segunda más desigual del mundo.

Señaló que durante la pandemia de la Covid-19 crecieron los desequilibrios económicos y sociales, al tiempo que aparecen más ricos.

López-Calva precisó en su análisis que en la región millones de hogares ven caer sus ingresos a raíz del cierre y el deterioro de negocios, el aumento del desempleo y la salida de la fuerza laboral, y las limitadas oportunidades de trabajo remoto durante los extensos períodos de confinamiento.

A ello se suman, denunció, redes de seguridad inadecuadas para los trabajadores de bajos ingresos, vulnerables e informales, lo cual ha llevado a una situación de pobreza extrema creciente en la región, que según estimaciones del Banco Mundial, pasará del 24 por ciento en 2019 al 27,6 por ciento en 2021.

Existe además una preocupación por el aumento del hambre en el área, ya que de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, habrá un incremento del 269 por ciento en el número de personas en América Latina y el Caribe que enfrentan una inseguridad alimentaria severa.

Frente a ese escenario los datos en tiempo real (17 de mayo de 2021) muestran un aumento de 107 multimillonarios con un patrimonio neto de 480 mil millones de dólares, es decir, el acervo de riqueza de los más ricos en la región, medido por la lista de Forbes, creció más del 40 por ciento durante la pandemia de la Covid-19 hasta ahora. En particular, alrededor de las tres cuartas partes de los multimillonarios son de Brasil y México, al igual que alrededor del 80 por ciento de su patrimonio neto combinado.

López-Calva, quien también se desempeña como director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) consideró en su análisis gravar a los más ricos, lo cual podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas.

Consideró, además, que cuando la concentración de recursos se traduce en una concentración de poder político, como suele ser el caso, puede conducir a un círculo vicioso que perpetúa esos resultados y distorsiona las estrategias y la asignación de fondos.

Por último en su reflexión explicó que en la medida que la pandemia continúe en la región expondrá las grietas existentes en las redes de seguridad social, por lo que se debe reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que el de antes de esta crisis.

Tomado: tercerainformacion

Comité de Paro anuncia nuevas movilizaciones tras reunión sin acuerdo con el Gobierno colombiano

 El delegado del Comité Nacional de Paro y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, anunció este martes que las movilizaciones continúan tras reunión sin acuerdo con el Gobierno colombiano.

«El paro continúa con fuertes movilizaciones pacíficas a los largo y ancho de Colombia, las cuales se refrendarán mañana 2 de junio y el próximo 9 de junio (…) continua el paro pacífico ante la actitud del Gobierno de negarse a la negociación del pliego de emergencia», indicó Maltés.

Maltés exigió al Gobierno presidido por Iván Duque a que cumpla con el preacuerdo pactado el pasado 24 de mayo, «que se firme el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social, el cual fue llegado el 24 de mayo con la presencia de tres ministros, dos altos consejeros y más de 50 asesores que tiene el equipo de Gobierno», acotó.

Frente a la posibilidad de que Duque decrete el Estado de conmoción interior, Maltés rechazó esa posibilidad y pidió la eliminación de dicho decreto, «solicitamos que se derogue de forma inmediata el decreto 555 que es un Estado de conmoción por la puerta de atrás, es una jugadita del Gobierno», agregó.

«La Conferencia Episcopal de Colombia y las Naciones Unidas, han constatado la disminución sustancial de los cortes de ruta, debido al diálogo regional que se ha entablado entre alcaldes y gobernadores», explicó el vocero del Comité Nacional de Paro.

Maltés reconoció que la presión internacional y las constantes movilizaciones en todo el país, generó que el Ejecutivo permitiera la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, «el Gobierno se vio obligado a dar la anuencia para que la CIDH  haga presencia el próximo lunes», añadió.

Tomado: tercerainformacion