miércoles, 31 de agosto de 2011

Israel arma a judíos en Cisjordania para enfrentar a palestinos en septiembre

El ejército israelí arma y entrena a los colonos judíos en Cisjordania advirtiendo posibles disturbios a desarrollarse en septiembre, cuando Palestina acuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir su reconocimiento como Estado libre y soberano.

De acuerdo con el diario "Haaretz" "las Fuerzas Armadas israelíes están pertrechando a los responsables de seguridad de los asentamientos con gases lacrimógenos y granadas de estruendo y fijando 'líneas rojas' alrededor de cada colonia a partir de las cuales las tropas podrán disparar a los pies de los manifestantes palestinos", refirieron agencias de noticias.

Según la misma fuente, el ejército israelí prepara a los soldados para actuar en caso de que se registre alguna situación de violencia en septiembre, luego de que la ONU vote a favor del reconocimiento de Palestina. A esto le denominaron "Operación Semillas de Verano"

Un documento filtrado por el rotativo Tel Aviv advierte que si declaran libre a Palestina podrían registrarse "desórdenes masivos", a saber, "marchas hacia los principales cruces, hacia comunidades israelíes, centros educativos y esfuerzos por dañar símbolos del Gobierno (israelí)".

Ante esta situación se ha evaluado en las últimas semanas la preparación de las brigadas responsables de los asentamientos y de los jefes de seguridad.

Agencias de noticias señalan que "el Ejército ha establecido dos líneas virtuales en los enclaves judíos próximos a aldeas palestinas; si la primera de ellas es cruzada por palestinos, éstos serán respondidos con gases y otros medios antidisturbios", suministradas a los colonos por las fuerzas militares.

Sin embargo, las autoridades niegan haber distribuido entre los colonos gases lacrimógenos o granadas de aturdimiento, aunque "le permite a los colonos portar armas, pero grupos de colonos aseguraron que cualquier uso de las armas de fuego sólo tendría fines defensivos".

En caso de que superen la segunda línea virtual, entonces los soldados están autorizados para abrir fuego contra las piernas de los manifestantes.

"El Ejército israelí lleva a cabo un diálogo profesional con elementos en el liderazgo de los asentamientos y con el personal de seguridad de rutina, y está invirtiendo grandes recursos en entrenar a sus fuerzas desde el punto de vista defensivo así como de la preparación para cualquier escenario posible", refirió un portavoz del componente.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, indicó que el debate de la ONU en septiembre profundizará las tensiones en torno al conflicto palestino, y servirá como medida de presión a Israel para negociar un acuerdo de paz.


No obstante, el Gobierno considera que el efecto será distinto. Palestina pide ser reconocido como un Estado libre y soberano con sus fronteras de 1967, desmembrada por Israel en la guerra de los seis días.

El inicio del conflicto data desde 1947, cuando Naciones Unidas emitió una resolución que obligaba a Palestina ceder territorio para fundar el Estado de Israel. La decisión de oficializar el reconocimiento de Palestina se tomará en la próxima asamblea general de la ONU, la cual ya cuenta con la voluntad de la Liga Árabe, América del Sur y algunos europeos.

teleSUR-EFE-AFP/ag - FC

Grupo terrorista creado por la CIA celebra abiertamente en Miami su 50 aniversario


Con un comunicado difundido ampliamente en Miami entre los partidarios del uso del terror contra Cuba, el jefe del grupo terrorista Alpha 66 anuncia que su organización criminal, protegida por el FBI, celebrará próximamente su aniversario 50 “como organización con estrategia de combate frontal”. Esto en el país que publica una controvertida lista de “países patrocinadores del terrorismo”.
Ernesto Díaz Rodríguez señala que desde su fundación “en septiembre de 1961” el grupo ha sido consecuente con su firme propósito de mantener una independencia total de gobiernos e ingerencias externas y luchar bajo el lema de “sin pedir permiso ni esperar por nadie”.
Los archivos revelan sin embargo todo lo contrario.
Alpha 66 es una fachada creada por la CIA precisamente en este año donde iba estimulando a golpe de millones las llamadas “operaciones autónomas” desde su estación miamense JM/WAVE, entonces la más grande del mundo.
El concepto era organizar grupos supuestamente surgidos “espontáneamente” entre los exilados de Miami que habían huido la Isla por su complicidad criminal con la sangrienta dictadura de Fulgencio Batista, con el proposito de multiplicar los atentados y negar luego cualquier relación con estos hechos.
Entre las acciones criminales del grupo se encuentran innumerables planes de asesinato contra el Presidente de Cuba; ataques piratas a embarcaciones pesqueras; amenazas de muerte a personas vinculadas con Cuba en México, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Canadá y Puerto Rico.

“Una de las más peligrosas organizaciones” terroristas

Documentos de inteligencia de la policía de Miami calificaron, en aquellos años, Alpha 66 como “una de las más peligrosas organizaciones y de las más activas” en la Miami terrorista.
Desde la muerte de su ex líder Nazario Sargen, Alpha 66 es dirigido por Ernesto Díaz Rodríguez, de 66 años de edad, este mismo firmante de la declaración citada.
Entrenado por la CIA en la República Dominicana, Díaz fue capturado en Pinar del Río el 4 de diciembre de 1968, en una fracasada infiltración armada y fue condenado por la comisión de actos terroristas. Liberado, regresó a Estados Unidos y se vinculó a varios extremistas conocidos como Eusebio de Jesús Peñalver Mazorra, René Cruz Cruz y Mario Chanes de Armas, desarrollando planes de acciones criminales. En 1999, estuvo involucrado, con esta misma tropa, en un plan de atentado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Su brazo derecho, Osiel González Rodríguez, fue formado por la CIA en Fort Benning, donde estudió técnicas de sabotaje junto a Posada, Félix Rodríguez Mendigutía, Jorge Mas Canosa y otros personajes que conformaran la mafia terrorista de Miami.

Invitado por Bush a la Casa Blanca

El 20 de mayo del 2003, el presidente norteamericano George W. Bush, invitaba a la Casa Blanca a Rodríguez, así como su socio Eusebio de Jesús Peñalver Mazorra, arrestado el 12 de diciembre de 1995, en California, con un arsenal cuando participaba en preparativos para realizar un ataque terrorista en Cuba y otro connotado terrorista, Angel Francisco D”fana Serrano.
El 2 de junio del 2005, el Presidente norteamericano dirigió una carta de agradecimiento por su “apoyo” a Alpha 66, en la cual decía que “apreciaba conocer” las ideas del grupo paramilitar.
Luis Posada Carriles ha participado en numerosas oportunidades a actividades, incluso públicas, de Alpha 66, antes y después de su “juicio” de El Paso, con el cual Washington pretende regalarle la inmunidad.
Reinol Rodríguez, asociado a los crímenes de Posada y cómplice del asesinato en Puerto Rico de Carlos Muñiz Varela, es el autodenominado jefe militar del grupo terrorista Alpha 66.
Alpha 66 sigue promoviendo abiertamente el terrorismo desde sus oficinas del 2250 S.W. de la calle 8, en Miami mientras el Departamento de Estado mantiene la absurda publicación de su lista de “países patrocinadores del terrorismo” con el propósito evidente de calumniar, difamar y satanizar a las naciones que rechazan su dominio.
Jean Guy Allard / AVN
Tomado: LibreRed.net

martes, 30 de agosto de 2011

Día Internacional de los desaparecidos

En Colombia más 61.604 personas según cifras oficiales han sido desaparecidas, un gran número de estas personas fueron desaparecidas por organismos del Estado, como parte de su estrategia antisubversiva. Personas que salieron de sus casas o sitios de trabajo y nunca regresaron, sin que hasta ahora se conozca su paradero entre ellas; niños, mujeres, sindicalistas, profesores y activistas de derechos humanos. Lo más lamentable es que esta práctica abominable sea una constante en Colombia.

En la actualidad la Unidad de Derechos Humanos del organismo adelanta 8295 investigaciones por casos de violaciones a los derechos fundamentales de los cuales 1598 corresponden a homicidios cometidos por agentes del Estado,  hasta el momento no existe una condena ejemplar o algún organismo del Estado se comprometa con el tema y den respuestas al país y a los familiares o entreguen el paradero o  la fosas comunes donde se presume deben estar un gran número de personas.

Hoy queremos recordar a todos aquellos que un día salieron de su casa y no regresaron jamas.




Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional no han iniciado clases

Luego de casi un mes del inicio de las actividades académicas en la Universidad Nacional, los estudiantes de las áreas de medicina no han iniciado clases, debido a que no cuentas con un hospital donde hacer sus prácticas, los estudiantes afirman que les toca mendigar en la red de hospitales públicos para poder realizar sus prácticas vital para la profesión, o conformasen con la teoría.

Lo más lamentable es que la principal Universidad Pública no cuente con un hospital y el dinero presupuestado para la construcción del hospital nadie sabe que se hizo o en que se invirtió. Hasta el momento no se vislumbra una solución y los estudiantes se enfrentan a la cancelación del semestre según le contaron a Quimera.

Cuba quiere dinamizar conferencia de desarme

La Habana, 30 ago (PL) El vicecanciller Abelardo Moreno aseguró que Cuba quiere dinamizar la Conferencia de Desarme de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evitar una catástrofe climática de desatarse un conflicto nuclear.

  Uno de los principales objetivos que pretende Cuba al frente de la Conferencia "es dinamizarla, llevarla adelante, tratar de reactivarla para que pueda desempeñar el papel para el que fue creada (en 1979)", explicó Moreno en declaraciones al diario Granma.

Para eso debe tener una agenda, un programa y objetivos bien definidos que tengan en cuenta las preocupaciones de todos los Estados, añadió el viceministro en referencia a los más de 10 años que ha estado paralizada.

Si eso es así, expresó, se debe a que las grandes potencias nucleares están interesadas en que no exista en estos momentos un acuerdo en materia de desarme nuclear.

Con los peligros latentes de las armas nucleares es hora de adoptar el camino hacia la paz y descartar así una catástrofe climática global inducida por la energía nuclear, señaló tras recordar la existencia de unos 20 mil de esos artefactos en el mundo.

Constituye un grave peligro para la paz y seguridad internacionales la sola existencia de esas armas (siete mil podrían utilizarse de forma inmediata) y de las doctrinas que prescriben su posesión y empleo, afirmó.

En su opinión los grandes centros de poder quieren que la Conferencia (de 65 miembros) simplemente se dedique en el futuro inmediato a la negociación de un tratado que controle la producción de los llamados materiales fisionables (que sirven para fabricar armas).

La tesis nuestra y la del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) es que, aun cuando el tema es importante, no garantiza el desarme nuclear, remarcó el viceministro de Relaciones Exteriores.

Hay países que plantean que ha llegado el momento de dejar a un lado la Conferencia y recurrir a procesos de negociación alternativos, una opción que para el diplomático sería un peligroso retroceso.

Si vamos a trabajar de verdad por el desarme nuclear tiene que ser en el contexto de la principal institución multilateral existente, la ONU, subrayó.

La solución, manifestó, no está en ignorar este órgano o minimizar su importancia, por el contrario, hoy más que nunca es una responsabilidad de todos preservarlo y fortalecerlo.



Tomado: Prensa Latina

sábado, 27 de agosto de 2011

EEUU amenaza con cesar la ayuda a Palestina si piden ser reconocidos como Estado


EEUU podría suspender la ayuda económica a los palestinos si prosiguen con sus planes de solicitar el reconocimiento a un Estado palestino o la integración como miembro de pleno derecho en la ONU en septiembre.
Así lo ha dicho el consul general estadounidense en Jerusalén, Daniel Rubinstein, el mismo día que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás, ha solicitado intervenir ante la ONU el próximo 23 de septiembre. Nabil Shaath, responsable de Exteriores del movimiento Al-Fatah, cree que “aprovechará esa posibilidad para anunciar la solicitud de ingreso en la organización”. Algunos paises como Honduras o India han anunciado que reconocerían el nuevo Estado en caso de darse la situación.
Shaath no ha descartado que la solicitud palestina no reciba el respaldo de Naciones Unidas, debido a la oposición de algunos países, como Estados Unidos, principal aliado de Israel. “Si es necesario, nos dirigiremos a los tribunales internacionales”, ha dicho.
Mientras, en la franja de Gaza la facción palestina Yihad Islámica ha anunciado su compromiso de respetar el nuevo alto el fuego con Israel, alcanzado gracias a la mediación de El Cairo y después del recrudecimiento de la violencia en los últimos días.
Washington tiene intenciones de vetar cualquier resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que llame al reconocimiento de un estado palestino independiente en Cisjordania y la franja de Gaza en las fronteras del 4 de junio de 1967, así como una solicitud de adhesión plena de los palestinos en la organización internacional.
El representante diplomático estadounidense ha avisado que Washington considera “inútil” que los palestinos acudan a la ONU en busca de reconocimiento y que sería recomendable llegar a la paz con Israel a través de negociaciones directas.
Agencias

Santiago de Chile: Carabineros atacó la TV comunitaria Señal de La Victoria

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)


Fuerzas Especiales de Carabineros atacaron por sorpresa las instalaciones del canal popular comunitario Señal 3 de la Victoria, población de la zona sur de Santiago. A la 1:30 de la madrugada del jueves 25, en medio de los dos días del paro nacional de miércoles y jueves, las tropas de policía militarizada que dirige el ministro de Interior de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, incursionaron por la calle Estrella Blanca de La Victoria e invadieron hogares con niños y ancianos mientras sus moradores dormían. En ese sector no hubo barricadas, tampoco a esa hora se desplazaba gente por las calles: todo el mundo dormía. 


Carabineros cometió numerosas otras tropelías en Santiago y el resto del país, como el asesinato del joven Manuel Gutiérrez, de 16 años, en Villa Jaime Eyzaguirre, Macul (Santiago), quien falleció por heridas de bala en la madrugada de este viernes. Según la familia, Carabineros lanzó tres disparos, uno dio en el pecho de Manuel, "una persona tranquila, un estudiante que era un ejemplo en su colegio, que era evangélico". Según la hermana del joven, en entrevista con Canal 13, a 300 metros de la pasarela que une Macul con Peñalolén, Carabineros disparó sobre Gutiérrez cuando conducía la silla de ruedas de un hermano discapacitado.

En varios otros incidentes alevosos registrados por cámaras privadas y de los medios, Carabineros lanzó bombas lacrimógenas contra los estudiantes del Campus Oriente de la Universidad Católica en los instantes en que estaban abandonando el recinto por su propia voluntad. También lanzaron sin necesidad una bomba al interior de la sede del Sindicato de Correos de Chile, donde se encontraba una menor que no pudo ser auxiliada desde el exterior debido a las barras de hierro de protección de puertas y ventanas del inmueble viejo. En la población La Pincoya, Huechuraba (Santiago), el joven Mario Parraguez Pinto recibió un balazo en un ojo.

El ataque en La Victoria causó destrucción al interior de las modestas viviendas del vecindario que fueron violadas por Carabineros. Los uniformados centraron su saña en la sede del canal popular Señal 3 de La Victoria, en un ataque al estilo de las fuerzas de ocupación en otros lugares del mundo. La incursión trajo a la memoria la brutalidad de de la dictadura de Pinochet en las poblaciones donde habitan trabajadores y gente modesta de la capital. “Estos son los hijos de Pinochet”, dijo una vecina, refiriéndose al gobierno Piñera (ver final del video).

En la sede de la Señal 3 se encontraban sus animadores y reporteros populares editando el material captado el miércoles, durante la primera jornada del paro nacional. Carabineros hirió gravemente a 4 pobladores de La Victoria y a 5 comunicadores de la Señal 3, pero además destruyeron una cámara propiedad del canal y un equipo de iluminación. Sin embargo, la férrea resistencia de los animadores de la Señal 3 les impidió penetrar al local sede y destruir sus instalaciones.

Los comunicadores grabaron la sorpresiva agresión con la luz ambiente de esa hora de la madrugada, según un reportaje de 12 minutos que puede verse en YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=uYxOvYT-8GY&feature=youtu.be). Los comunicadores llamaron a los grandes medios para que registraran la agresión en particular a la radio Bío Bío, pero rehusaron cubrir el episodio. La Señal 3 hizo un llamado para que Hinzpeter incluya en la formación de Carabineros la asignatura de derechos humanos. Al final del video aparecen breves entrevistas realizadas con luz día en la mañana del jueves.


Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

viernes, 26 de agosto de 2011

Ley de Víctimas: avances, limitaciones y retos


Por: Rodrigo Uprimny Yepes, Profesor Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia - Director de Dejusticia. Nelson Camilo Sánchez, Profesor Maestría en Derecho - Universidad Nacional de Colombia - Investigador de Dejusticia
Si bien la ley de atención y reparación a las víctimas supera debates que polarizaron la discusión en la época del gobierno Uribe, se advierten limitaciones en la búsqueda y reconocimiento de la verdad, y retos como el impacto fiscal y la inversión que el Estado deberá hacer en reparaciones, entre otros temas.
El 9 de junio del 2011, en la Casa de Nariño, el rutinario acto de sanción de las leyes se vio transformado con la visita de una extensa comitiva que tenía como invitado de honor al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. La ocasión había sido estratégicamente planeada para presentar con regocijo no solo al país, sino a la comunidad internacional, una de las iniciativas bandera de este Gobierno: la sanción de la ley de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Su aprobación casi unánime desconcertó a buena parte de la opinión pública, pues al inicio del mandato pocos contaban con que el Presidente Santos, elegido gracias a una plataforma de continuidad a las políticas del ex presidente Álvaro Uribe, hiciera de la sanción de la Ley de Víctimas una de sus prioridades legislativas. Pero a pesar de la polarización vivida por un proyecto de ley similar que naufragó en el 2009, la actual ley no solo fue ratificada por una importante mayoría, sino que además ha sido catalogada de histórica.

Como suele suceder en este tipo de concertaciones políticas, al texto final de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, (Ley 1448 de 2011), objeto de múltiples felicitaciones y reconocimientos nacionales e internacionales, no le faltan críticas, tanto políticas (provenientes de sectores de izquierda y de derecha) como técnico-institucionales.

El contenido
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca de alguna manera reunir, en un mismo instrumento, diversas medidas y garantías para estas personas, pero no codifica todas las normas existentes al respecto. No obstante, se refiere a múltiples temas, lo cual la hace tanto comprensiva como ambiciosa. Así, cuenta con un capítulo introductorio en donde se señalan una serie de principios generales; un capítulo sobre participación de las víctimas en el proceso penal; una serie de medidas que buscan garantizar la seguridad y promover la protección de las víctimas y los intervinientes en los procesos de reclamación de tierras; una sección dedicada a la atención de víctimas y otra a las medidas de asistencia; un capítulo sobre reparaciones que incluye un novedoso proceso para activar la restitución de tierras despojadas; uno en donde se establece el arreglo institucional que operará el sistema de atención y reparación; un capítulo con normas especiales para niñas y niños desmovilizados, y un capítulo final en el que se tratan normas adicionales sobre participación y otras.

A nuestro juicio, si bien la ley supera algunos de los debates que polarizaron la discusión en la época del gobierno Uribe, aún cuenta con puntos problemáticos. Es decir, en el texto se advierten bondades, pero también limitaciones y riesgos en el articulado.

Los aciertos
De la ley se destaca, en primer lugar, el propio proceso de concertación y el reconocimiento simbólico que esta representa. Dicha apertura permitió, a su vez, corregir una de las contrariedades fundamentales del anterior proyecto, que era la discriminación a las víctimas de agentes de Estado. El texto aprobado se basa en el reconocimiento de la victimización a partir del hecho y no del agente, tal como erróneamente era defendido por el gobierno anterior. Gracias a ello, el texto de la ley también reconoce expresamente el concepto de conflicto armado, tema muy disputado en el país.

En segundo lugar, la ley incorpora en general de manera apropiada, a nivel de los principios, los estándares internacionales sobre derechos de las víctimas. Tales principios son importantes no solo como reconocimiento social y político del Estado a las personas afectadas, sino además porque la gran mayoría de mecanismos de reparación serán reglamentados por el Ejecutivo, lo que hace necesario establecer principios claros que orienten la función reglamentaria.

En tercer lugar, la ley demuestra una intención de ajustar mecanismos que están operando deficientemente, como la reparación administrativa (aunque su reglamentación fue totalmente delegada al Ejecutivo, por lo cual es temprano para evaluar si habrá cambios importantes). Igualmente, el proyecto planea una propuesta de diseño institucional que coordine la atención integral a víctimas, con el fin de reducir los trámites y las rutas de acceso a derechos.

En cuarto lugar, la sistematización de los derechos de las víctimas en el proceso penal es en términos generales apropiada, aunque a nivel técnico pueda discutirse la conveniencia de que esas medidas estén en la Ley de Víctimas y no en el Código de Procedimiento Penal. Algunas de estas, además, buscan reducir discriminaciones de género detectadas en el acceso a los procesos ordinarios y de Justicia y Paz.

Finalmente, hace una apuesta importante por establecer medidas en todos y cada uno de los componentes de la reparación (restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición), en donde se destaca el capítulo de restitución de tierras. Crea un sistema mixto judicial/administrativo para que las personas que han sido despojadas de sus tierras, como producto del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto, puedan reclamarlas de manera expedita y con algunas ventajas derivadas de la flexibilización de cargas probatorias y la creación de presunciones de despojo.

Las limitaciones
Aunque la ley abandona la problemática idea de que el Estado otorga las reparaciones con base en el principio de solidaridad, no queda claro cuál es su fundamento. Así, con la falta de mención expresa a la responsabilidad del Estado, puede perder gran parte de su fortaleza como medida simbólica de reconocimiento, que es en últimas lo que muchas víctimas han solicitado.

Asimismo, no se determina cómo reparar sin esclarecimiento histórico. En ese sentido, la búsqueda y el reconocimiento de la verdad quedan sin cubrir, lo cual afecta no solo la posibilidad de satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad en general a saber con certeza lo ocurrido, sino que además impide hacer ejercicios no disputados de reparación y reconocimiento. Adicionalmente, sin una política efectiva de judicialización de los más graves hechos y atrocidades cometidas en el conflicto, las medidas de reparación quedan vacías en su contenido. Sin embargo, nada hace prever que existe una intención gubernamental deliberada por articular estas necesidades.

De otro lado, la definición de víctima sigue generando polémicas, al menos por tres razones: 1) la exclusión de aquellos denominados de “manos sucias”, que señala que no serán víctimas las personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley, lo cual es problemático, pues si un paramilitar o un guerrillero es torturado, no deja de ser víctima a pesar de ser también culpable; 2) no queda claro si están incluidas en los beneficios las personas victimizadas por los grupos armados que se activaron después de la desmovilización de los paramilitares (las llamadas Bracrim), y 3) la ley estipula que se podrán obtener reparaciones administrativas materiales por hechos posteriores a 1985, y algunos críticos consideran que debió establecerse una fecha anterior.

Por último, un tema bien complejo: la articulación entre política social y de víctimas. Uno de los principales objetivos de los ponentes del proyecto era evitar una confusión que suele darse en Colombia entre los deberes estatales de reparación integral, atención humanitaria y política social.

En parte, dicha confusión se presenta debido a que la materialización de estos deberes a veces coincide en la práctica. No obstante, la reparación de las víctimas de crímenes atroces, la prestación de servicios sociales a todos los ciudadanos y la atención humanitaria a personas afectadas por desastres son deberes autónomos en cabeza del Estado, que tienen un origen y una razón de ser diferentes. Al final, aunque teóricamente la ley distingue entre asistencia humanitaria, política social y reparaciones, muchas medidas concretas tienden a confundir los tres aspectos, en especial cuando se trata de personas desplazadas, pues declara como reparación medidas de política social, como es el caso del subsidio de vivienda.

Los grandes retos
Con todas sus ventajas y limitaciones, la ley tiene riesgos y desafíos adicionales que solo podrán ser superados a partir de una reglamentación adecuada, y de clara voluntad política a la hora de ser implementada. Al menos cinco retos pueden distinguirse como prioridades para el Gobierno.

Primero, reglamentar los más de 15 programas y medidas que la ley delegó al Gobierno, entre los cuales se encuentran la reparación administrativa, la reparación para pueblos indígenas y comunidades negras, las reparaciones colectivas, entre otras. Segundo, garantizar seguridad para las víctimas que van a acceder a los mecanismos, especialmente para los reclamantes de tierras.

Tercero, asegurar una adecuada participación de las víctimas y sus organizaciones tanto en el diseño como en la ejecución de las medidas. Cuarto, proporcionar la estructura institucional necesaria para implementar la ley de manera tal que sea pronta, eficaz, respetuosa y sensible con las víctimas.

Finalmente, el tema del impacto fiscal y la inversión del Estado en materia de reparaciones sigue siendo el fantasma que ronda la ejecución de la ley; el Estado y la sociedad deben hacer los esfuerzos necesarios para que las disposiciones establecidas en esta se hagan realidad. El efecto simbólico de su aprobación y el compromiso del Gobierno se tornarán negativos si no se traducen en medidas concretas y específicas que vayan más allá de la entrega disfrazada de unos beneficios sociales o unos reconocimientos vacíos.


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Universidades públicas condenadas a debacle financiera


Por: César Enrique Herrera De la Hoz, Unimedios

Según cálculos de los Rectores a partir de lo postulado por el Gobierno en el proyecto de reforma a la educación superior, las 32 universidades estatales recibirían $ 63.389 millones adicionales el próximo año. Si esto se destinara únicamente a cobertura, solo se generarían 47.542 nuevos cupos, de los 645.000 que ha planteado el Ministerio para todo el sector de la educación superior en el actual periodo del presidente Juan Manuel Santos. Tan solo el 7,4% de la meta.
La oferta de educación superior de “alta calidad” es costosa y no se consigue de un día para otro. Esta es una de las principales conclusiones de los procesos de acreditación que se han desarrollado en el país en la última década. Y es que para que una institución de educación superior (IES) se acredite, debe contar con programas de bienestar estudiantil, laboratorios y bibliotecas modernas, planta profesoral con doctorado y acorde con el número de estudiantes, entre otras condiciones que garanticen excelentes procesos formativos e investigativos.

En el caso de las IES estatales, estos procesos de acreditación han estado acompañados de un incremento, sin precedentes, de la cobertura y de las tasas de graduación en los últimos diez años. Según el Observatorio Laboral para la Educación, orientado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 2001 se graduaron 43.796 estudiantes de las IES públicas y 94.914 de las privadas.

En ese año existían 79 IES públicas y 189 privadas. En contraste, en el 2010 se graduaron 123.590 estudiantes de las IES públicas y 125.433 de las privadas, mientras para ese periodo había 80 IES públicas y 206 privadas.

Lo paradójico es que los procesos de acreditación de la calidad y ampliación de cobertura no han significado para las 32 universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) la consecución de mayores recursos públicos. Por el contrario, han representado un importante estrechamiento de sus presupuestos, al punto de poner en riesgo el buen funcionamiento de estas instituciones.

Ante este panorama, el pasado 5 de junio el SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentaron un modelo financiero para asegurar el crecimiento de los recursos adicionales en un 3% anual sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir del 2012 y hasta el 2022. La propuesta de los Rectores planteaba que estos nuevos dineros aumentarían la base presupuestal y el 50% de estos no estaría atado a requisitos preestablecidos por el Gobierno (porque no serían dineros adicionales sino el pago de tareas nuevas, como aumento de cobertura). Entre otros puntos, también se pedía un plan de inversión en infraestructura física.

Más recursos, solo en el discurso
Desconociendo nuevamente la magnitud de los más de
$ 672.000 millones de pesos de desfinanciamiento del SUE, el Gobierno solo acogió una pequeña parte de las soluciones. En efecto, incluyó en el artículo 151 del proyecto el aumento anual del 3% sobre el IPC, pero con dos salvedades: por un lado, los nuevos recursos se deberán distribuir entre las 80 IES públicas existentes y no solo entre las universidades que requieren con urgencia el salvamento estatal, y, por el otro, la totalidad de los recursos se repartirán según el desempeño de las IES públicas frente a los cuatro criterios establecidos en el articulado inicial (cobertura, productividad académica, formación docente e investigación, que no incrementará la base
presupuestal).

Bajo este modelo, y según cálculos iniciales de las universidades, el año entrante el sistema estatal obtendrá $ 63.389 millones adicionales. Si esto se direccionara únicamente a cobertura, tomando como base el costo por estudiante en el SUE, en promedio $ 4.000.000 al año, significaría la apertura de 15.847 nuevos cupos por año. Es decir que de aquí al finalizar el gobierno Santos serán 47.541 nuevas matrículas estatales, lo que representaría apenas el 7,4% de la meta de 645.000 cupos que el MEN ha planteado para todo el sector de la educación superior en este mismo periodo.

Si los nuevos recursos solo se dirigieran para calidad, el aporte por cada estudiante en el SUE (que tiene aproximadamente 530.000 matriculados), sería de $ 158.500 al año, es decir, $ 79. 237 por semestre para cada alumno.

Estos cálculos muestran que los nuevos recursos no alcanzarán para resolver el problema ni para adelantar los programas de modernización que requieren las universidades públicas. Así, estas seguirán limitadas para construir nuevas aulas, contratar más personal docente con altos estándares de formación, e incluso resolver problemas puntuales como la construcción del hospital universitario de la Universidad Nacional en Bogotá.

A pesar de las proyecciones, el Gobierno sigue insistiendo en que la educación superior pública recibirá recursos “como nunca antes”. Afirma, por un lado, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) beneficiará ampliamente al sector (artículo 149 del proyecto) y, por otro, que llegarán más dineros a la educación superior gracias a la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo que reformó la distribución de las regalías y asignó el 10% del total al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin embargo, las cifras muestran que no ha habido una relación directa entre el crecimiento del PIB y la inversión en educación (ver gráfico), a pesar de que el artículo 87 de la actual Ley 30 establece que a partir de 1998 se incrementarían los aportes para las universidades estatales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del PIB, basado en indicadores.

Según el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, cuando crece el PIB se hace un aporte único. “Mientras que el producto interno es acumulativo, los aportes solamente se entregan en el año de su crecimiento”. Esto ha dado como resultado un declive en el porcentaje relativo de inversión en educación superior estatal con respecto al PIB. “Hace diez años estaba alrededor de 0,5%; hoy es del 0,4%, con una caída del 20%, lo que denota falta de decisión para que la educación superior sea una prioridad del Estado”.

En cuanto a las regalías, el SUE reconoce que en efecto habrá más dineros para investigación, pero señala que estos recursos no podrán ser utilizados en gastos de funcionamiento, es decir, no se pueden emplear para corregir la esencia del problema financiero.

En suma, las universidades públicas no están de acuerdo con lo que propone el Ministerio. Y esta es la principal paradoja del Gobierno cuya principal bandera es “Educación de calidad: el camino a la prosperidad”. Si se acepta que la alta calidad es costosa, que el sistema público ha obtenido importantes resultados en acreditaciones y cobertura y que en estos momentos el Sistema Universitario Estatal está pasando por la peor crisis de toda su historia, ¿por qué no buscar mecanismos alternativos que permitan superar la problemática?

Sin calidad no hay equidad
En un país con 2.697.813 jóvenes entre los 17 y 21 años por fuera del sistema de educación superior (cifras preliminares del MEN a 2010), el aumento de cobertura no es un simple discurso. Es una realidad que debe enfrentarse con políticas enérgicas. Pues, a pesar de que en los últimos años la cobertura tuvo un incremento sin precedentes, pasando de 24,4% en el 2002 a 37% en el 2010 (1.587.928 estudiantes en educación técnica, tecnológica y universitaria), Colombia se mantiene como uno de los países más inequitativos del continente, expresa el rector Wasserman.

“Si la calidad es privada se genera un nivel de inequidad muy grande y doloroso porque la gente puede llegar a prepararse pero no va a competir por las posiciones de liderazgo. Estos puestos serán únicamente para aquellos que sí pueden acceder a la alta calidad. Entonces, es muy importante un equilibrio: hay que abrir cupos para que mucha gente estudie carreras técnicas, tecnológicas y básicas, pero el Estado no puede darse el lujo de no tener una oferta fuerte, amplia, enérgica, de la más alta calidad, para aquellos que tengan las capacidades y quieran hacerlo, aunque no tengan el dinero”.

Precisamente, uno de los argumentos para objetar el funcionamiento de IES privadas con ánimo de lucro es evitar que se perpetúen los indicadores de inequidad social. Desde el SUE y Ascún se mencionan casos como el de Estados Unidos, en donde diversas instituciones con ánimo de lucro han sobrestimado las expectativas salariales y laborales de los estudiantes, dejando a miles de personas y familias endeudadas con préstamos altísimos. Y otros, como el de Brasil, en donde la oferta de programas educativos se ha concentrado, dado sus bajos costos, en ciencias sociales y administración, en detrimento de las ingenierías o ciencias básicas.

Recientemente, el Observatorio Laboral en Colombia presentó datos preocupantes que podrían acentuarse con la llegada de estas instituciones.

Entre el 2001 y el 2010 se graduaron 1.634.509 nuevos profesionales. De estos, solo 23.335 estudiaron ciencias básicas (Física, Matemáticas, Geología, Estadística), y otros 26.640 recibieron el título en Agronomía, Veterinaria y afines. Es decir, solo el 3% de los egresados se concentra en áreas que son clave para la economía colombiana y para alcanzar altos niveles de investigación, innovación y desarrollo científico.

En contraste, se registraron 497.782 graduados de Economía, Administración y Contaduría, lo que representa el 30,5% del total.

Autonomía, ¿más de lo mismo?
Para los Rectores, la autonomía universitaria es un aspecto tan importante que incluso presentaron un proyecto de ley estatutaria que, finalmente, fue rechazado por el Gobierno. Y aunque el MEN argumenta haber incluido la mayor parte del articulado en el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior, los Rectores insisten en que el principio de autonomía consagrado en el artículo 69 de la Constitución de 1991 solo cobra sentido si se asume la totalidad de la propuesta presentada y no unas cuantas partes.

En este contexto, la reforma gubernamental podría convertirse en “más de lo mismo”. La Ley 30 fue elaborada hace 20 años para un país, unas universidades y unos desafíos sociales y económicos muy diferentes a los de hoy, y por eso se requieren cambios profundos. Por esto, las universidades no “cruzarán los brazos” y seguirán mostrando al Gobierno y a la sociedad colombiana la importancia de una reforma que consigne los tres ideales defendidos: financiamiento adecuado para el sector estatal, respeto a la autonomía universitaria y un sistema de educación superior diseñado para alcanzar la equidad social.


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Seguidores de Gaddafi mantienen bolsas de resistencia en Trípoli


Militares y civiles leales a Muammar Al Gaddafi mantenían este jueves bolsas de resistencia en esta capital frente a la ofensiva de los opositores armados libios, que emplearon artillería pesada para tratar de controlar la ciudad.
Fuentes de la rebelión admitieron que los sublevados contra el líder libio sostuvieron intensos combates en calles del centro de Trípoli, contrario a impresiones triunfalistas previas que daban por hecho la conquista de la principal ciudad de este país norafricano.
Imágenes de canales satelitales árabes mostraron a grupos de irregulares disparando ametralladoras antiaéreas y otros artefactos contra un hotel en el centro de la capital, a la par que fieles a Gaddafi resistían en barrios y otras zonas del centro y sur.
Horas antes los alzados subordinados al Consejo Nacional de Transición (CNT) habían atacado nuevamente la instalación que hospedó a periodistas foráneos, pero en la tarde arremetieron contra otro hotel a raíz de rumores de que allí estaban hijos y allegados de Gaddafi.
El panorama continúa convulso y confuso en la misma medida en que aumentan las especulaciones sobre el paradero del mandatario de Libia, que ayer emitió un sorpresivo mensaje de audio desde un punto de la capital, según aseguró en su alocución.
La pretensión de capturar, vivo o muerto, a Gaddafi hizo que insurgentes llegaran de la ciudad portuaria de Misratah para unirse a los que desde el pasado fin de semana entraron a Trípoli y el miércoles tomaron el complejo presidencial de Bab Al Aziziyah.
De hecho, testigos aseguraron que los combates de este jueves estuvieron concentrados en torno a Bab Al Aziziyah, otrora residencia oficial del líder libio y actualmente sometido a un minucioso registro por rebeldes como parte de la “cacería” de los gubernamentales.
También hubo fieros choques ayer en el distrito vecino de Abu Salim, y en otros puntos citadinos en los que el principal objetivo de los sublevados es aniquilar a francotiradores para conseguir avanzar y afianzarse, además de capturar a Gaddafi y su entorno.
Por otro lado, el jefe del CNT, Mustafa Abdel Jalil, reiteró hoy en rueda de prensa en Benghazi, el principal bastión de los rebeldes en el oriente de Libia, la oferta de una recompensa de 1,7 millones de dólares para quien ayude a capturar a Gaddafi, vivo o muerto.
Asimismo, describió un eventual gobierno del CNT tras la que calificó de victoria de todos los libios, y aseguró que acabarán los problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicinas para la población, aunque persisten combates en las localidades de Bin Jawad, Sirte y Zuwarah.
Fuentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuyos bombardeos aéreos fueron decisivos en el avance de los alzados, admitieron hoy estar brindando asistencia en inteligencia y reconocimiento a los opositores para ayudarlos a localizar a Gaddafi.
tomado: LibreRed.net

Chile: Multitudinaria manifestación en Santiago durante segunda jornada de paro


Miles de manifestantes que participan en las cuatro movilizaciones convocadas para este jueves por la Central Unitaria de Trabajadores(CUT) y respaldada por el gremio estudiantil se desplazan este jueves “con normalidad” por los diversos puntos cardinales Santiago de Chile.
“Son miles y miles las personas que están marchando desde los cuatros puntos cardinales de Santiago para juntarse en Cumming con Alameda (principal arteria capitalina), ya hay muchos que han llegado”, reportó la corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell.
La marcha que viene de Estación Central que es el poniente de Santiago se tomó las dos calles de la Alameda, “ya que la cantidad de gente no permitía que avanzara solo por una calle que era lo que estaba autorizado. Sin embargo no se han producido mayores disturbios hasta el momento de hoy”, informó Mitchell.
“Las fuerzas públicas han intentado mantener el orden en estas manifestaciones y no han intervenido mucho en estas marchas, ya que están autorizadas”, destacó la periodista.
Según el reporte, las personas se están congregando en el punto de encuentro que había convocado la CUT “se ven aquí no solamente jóvenes, niños y muchos trabajadores que han venido con sus sindicatos de empresas públicas y privadas para protestar en este paro que exige una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que garantice los derechos laborales, medioambientales, la posibilidad de un plebiscito, educación, vivienda y salud”.
Sin embargo durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, la fuerza pública detuvo a más de cien manifestantes e intentaron reprimir las protestas que se generaron de manera espontánea durante esas horas.
Mitchell destacó que pese a la represión policial de la víspera “estas cuatro marchas que se convocaron el jueves en Santiago (capital) han sido respetadas; ya que durante el día de ayer (miércoles) hubo una reunión entre los dirigentes sindicales y la Intendencia de Santiago para permitir estas cuatro movilizaciones”.
Más de cinco mil estudiantes encabezan la segunda y última jornada de huelga en demanda de reformas laborales y sociales.
Los jóvenes participan en cuatro movilizaciones por las calles de Santiago y se espera lleguen al sector de Cuming con Alameda. La paralización convocada durante 48 horas exigirá además mejoras en las jubilaciones, en la salud y la gratuidad del sistema educativo.
Las movilizaciones convocadas por la Central Única de Trabajadores de Chile comenzaron sus rutas y una de las marchas que partió desde la plaza Italia ya se encuentra en las calles de la Tarapacá en el centro de Santiago. La actividad se desarrolla con normalidad.
Todas las movilizaciones se encontrarán en el punto de concentración de los manifestantes en la calle Cumming con Alameda.
Telesur

martes, 23 de agosto de 2011

Juan Manuel Santos: reconoce legitimidad de “rebeldes” libios

Tras conocer el avance de los “rebeldes” en Libia y el cerco que según la prensa norteamericana ha dado a conocer sobre Trípoli capital y sede del gobierno. Y a pesar que, Colombia no mantiene ningún tipo de relaciones diplomáticas con Libia, el presidente Santos reconoció como legítimos a “rebeldes” libios con el argumento de impedir la violencia en contra de los civiles y respaldando el uso de la fuerza ejercida por la OTAN, en contra del régimen de Gadafi, lo que llama la atención es que el gobierno apoye a un bando dentro de un conflicto interno, que no posee el control total del territorio, y es un grupo “rebelde” que utiliza la fuerza como medio para derrocar al gobierno.

Sin olvidar, que el papel de la OTAN resulta cuestionable por el uso de la fuerza que ha desatado contra el gobierno, bombardeando zonas de forma indiscriminada y atacando civiles, desconociendo la soberanía del país y la resolución 1973, del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la protección por razones humanitarias. Que establece que sólo pueden ser “civiles indefensos” y no establece ataques para neutralizar las fuerzas de Gadafi.

El reconocimiento de Santos a los “rebeldes” no merecería ninguna atención sí entendemos que lo hace cómo  apoyo a su principal “país amigo” EEUU. Sin embargo, este apoyo abre una discusión sobre el caso colombiano, durante años Colombia ha buscado que el mundo no reconozca la beligerancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes no poseen el control total del territorio y su influencias en algunas zonas no es constante y por largos periodos. Además, ha buscado por todos los organismos internacionales que se reconozcan como terroristas que ejercen violencia indiscriminada, lo que según impide su estatus.  Esto para no considerarlas como un interlocutor válido a la hora de negociar acuerdos de paz y justificar la guerra como fin único.

Este apoyo del gobierno colombiano a los “rebeldes” libios, puede resultar inquietante para América Latina, en primer lugar, puede generar dificultades en el terreno del Derecho Internacional. En segundo lugar, el reconocimiento de un grupo armado que no posee el control total del territorio y se levanto en armas contra el gobierno; puede abrir una caja de pandora para la región, sin olvidar que países como Ecuador, Venezuela y Cuba sentaron su voz de protesta en contra de la ocupación.

Al Colombia reconocer como legitima a una fuerza “rebelde” abre nuevamente la discusión sobre el caso colombiano y el conflicto interno, pues con el mismo argumento que expone Colombia al reconocer como legitimo a los “rebeldes” libios, otros países pueden  apoyar a las FARC y  reconocerlas como legitimas, brindándoles apoyo, o al tratarse de Colombia este apoyo no se reconocería por considerar que es un aliado de EEUU. Y si otros países deciden imitar a EEUU  con el mismo argumento del “ataque preventivo” deciden tomar parte activa en el conflicto colombiano.

Sin olvidar que en Colombia, los bombardeos de la fuerza pública se hacen diariamente y de forma indiscriminada, lo que ocasiona la muerte y el desplazamiento de la población civil y la constante violación a los derechos humanos que ejerce la fuerza pública. Aquí surgen varios interrogantes ¿qué pasaría si un país se siente con el derecho justificado en defensa de los civiles de prestarle apoyo en armas a las fuerzas insurgentes colombianas o  reconocerles el estatus político y pactar acuerdos de cooperación si al igual que en Libia constituyen una fuerza en oposición al gobierno. O entrar a bombardear zonas de la forma como lo hace la OTAN, estaríamos frente a un escenario internacional de guerra y ¿Cuál sería el argumento de Colombia por qué los “rebeldes” libios son legítimos y los rebeldes colombianos no?

Vale la pena, recordarle al gobierno que así cómo considera que Libia merece un régimen que respete los derechos humanos, Colombia debería hacer lo mismo y prestarle mayor atención al conflicto interno cuyas víctimas principales son civiles inocentes.


lunes, 22 de agosto de 2011

La OTAN de espaldas a su misión


En 150 días de bombardeos, la OTAN ha arrasado gran parte de la infraestructura libia sin obtener por ello el menor resultado definitorio en el plano militar. Este fracaso es el resultado de su falta de reflexión estratégica previa. La OTAN creyó poder aplicar en Libia los protocolos preconcebidos para otros escenarios y se encuentra ahora sin respuestas ante un caso particular. La mayor alianza militar de la historia mundial, la misma que había sido concebida para enfrentar a la URSS y que soñó después con convertirse en el gendarme mundial, no logra llenar el nuevo papel que pretende asumir.
La diferencia entre una victoria y una derrota militar se define según los objetivos previamente definidos por el propio beligerante. En el caso de la intervención militar de la OTAN en Libia, existía un mandato de la ONU –garantizar la protección de la población civil– así como un objetivo, también oficial aunque ajeno al mencionado mandato: cambiar el régimen político del país.
Al cabo de casi 150 días de guerra, la OTAN no ha logrado desequilibrar las instituciones libias. Si se tiene en cuenta la enorme diferencia que existe entre las fuerzas de ambos bandos, no queda otro remedio que admitir el fracaso militar y plantear ciertas interrogantes sobre la estrategia aplicada.
La OTAN partió de un análisis erróneo según el cual las tribus del este y del sur de Libia, hostiles a Muammar el-Kadhafi, no tendrían mayores dificultades para tomar Trípoli si disponían de apoyo aéreo. Sin embargo, esas mismas tribus interpretaron los bombardeos como una agresión extranjera y se pusieron del lado del «Hermano Guía » para rechazar «la invasión de los cruzados».
A partir de entonces, la OTAN sólo ha podido contar con dos fuerzas terrestres: los 3 000 soldados que seguían al general desertor Abdel Fatah Yunes y los cientos, quizás miles, de combatientes árabes provenientes de las redes del príncipe saudita Bandar Ben Sultan, también conocidos como la «nebulosa Al-Qaeda».
A raíz del asesinato del general Yunes, ultimado en condiciones particularmente atroces por los yihadistas de Al-Qaeda, se ha producido un derrumbe de las fuerzas rebeldes ya que los soldados de Yunes decidieron unirse al coronel Kadhafi para combatir contra Al-Qaeda y vengar la muerte del general. El mando operativo recayó en Khalifa Haftar, o sea bajo las órdenes de las fuerzas especiales de la CIA. Ante la urgencia, la agencia no ha vacilado en recurrir al reclutamiento de cualquier tipo de personas, incluyendo el uso de niños-soldados.
Este ejército improvisado, cuyos efectivos fluctúan constantemente, anuncia una victoria cada dos días, cuando en realidad no hace más que acumular derrotas. En cada batalla se reproduce el mismo guión: Los bombardeos de la OTAN obligan a la población a abandonar sus casas. Las fuerzas rebeldes se lanzan entonces sobre la localidad en cuestión y anuncian que han ganado terreno. Pero es en entonces que comienza la batalla. El ejército libio entra en la ciudad, acaba con los rebeldes y la población regresa a la localidad parcialmente destruida.
La OTAN pudiera dar a la resolución 1973 una interpretación aún más amplia y considerar, aunque ese texto prohíbe explícitamente el despliegue de fuerzas terrestres, que es legítimo proceder a dicho despliegue si su objetivo es «proteger a los civiles». Pero tendría que enfrentarse entonces a un pueblo armado hasta los dientes y dispuesto a luchar. Y es que la Jamahiria ha entregado un fusil automático Kalashnikov a cada adulto y ha establecido un sistema popular de distribución de municiones. Si bien la población libia carece seguramente del mismo nivel de entrenamiento que los soldados de la OTAN, el hecho es que cuenta con una evidente superioridad numérica y está además dispuesta a soportar grandes pérdidas, mientras que los soldados de la OTAN no están dispuestos a dar la vida por la toma de Trípoli.
Desde el comienzo mismo del conflicto, los estrategas del Pentágono estimaron que nada de lo anterior era relevante en la medida en que son ellos quienes disponen de lo que creían el elemento más importante: la supremacía aérea.
Esa doctrina, indiscutida en Estados Unidos, ha ido extendiéndose por las academias militares de los Estados miembros de la OTAN, donde era anteriormente objeto de severas críticas. Tiene su origen en las enseñanzas que el general Giulio Douhet sacó de la guerra italo-otomana, o sea la guerra de Libia de 1911. En aquel entonces, los italianos realizaron el primer bombardeo aéreo de la historia, en Trípoli. Aterrado ante la nueva arma, el Imperio Otomano cedió sin combatir. Las tropas italianas entraron en Trípoli sin disparar un solo tiro y Douhet llegó a la conclusión de que era posible ganar una guerra sólo con la aviación. Conclusión falsa ya que confunde el hecho de haberle quitado a los otomanos la posesión de Libia con la posibilidad de controlar el país. Los verdaderos combates vinieron después, cuando se produjo la insurrección popular libia.
Algunos no están lejos de creer en la existencia de una maldición libia. En todo caso, es precisamente en tierra libia que se está reproduciendo el mismo error conceptual exactamente un siglo más tarde. El predominio aéreo ha permitido arrancarle a la Jamahiria la representación legal del país y ponerla en manos del Consejo Nacional de Transición, lo cual carece de importancia en el terreno. Para lograr controlar el país, la OTAN tendría que recurrir a sus propias fuerzas terrestres y, al igual que hicieron los italianos en los años 1912-1914, tendría que exterminar a más de la mitad de la población de Trípoli, lo cual está bastante lejos de coincidir con el contenido de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.
La OTAN había planeado hasta ahora su campaña de bombardeos en función de la doctrina de Douhet y de las mejoras que se habían incorporado a esta, como la teoría de los 5 círculos de John A. Warden III, que ya se había aplicado en Irak. Dicha teoría estipula que el objetivo de la selección de los blancos no debe ser la destrucción de las fuerzas armadas enemigas sino paralizar sus centros de mando, sobre todo mediante la eliminación de los medios de transmisión y de circulación.
La OTAN descubre entonces que la Jamahiria libia no es un lema propagandístico sino una realidad. Los Congresos populares gobiernan el país y Muammar el-Kadhafi redujo la mayoría de las administraciones a su más simple expresión. No hay aquí grandes y poderosos ministerios, sólo pequeñas oficinas. Los ministros no son personalidades de primer plano sino más bien jefes de equipos. El poder está en manos de los consejeros que rodean a los ministros y que son seleccionados únicamente según sus capacidades. El poder se encuentra así diluido y parece imposible saber quién lo ejerce. Lo que fue un verdadero rompecabezas para los hombres de negocios que venían a Libia y que trataban de hallar a los interlocutores adecuados se convierte ahora en un enigma para los estrategas de la OTAN: ¿A quién hay que matar? En 5 meses de bombardeos no han podido hallar la respuesta.
La única cabeza que sobresale es la de Muammar el-Kadhafi. La alianza atlántica está obsesionada con él. ¿No es el padre de la Nación? Eliminarlo sería destruir el principio de autoridad en la sociedad libia. Esta se vería instantáneamente «iraquizada» y caería en el caos. Sin embargo, contrariamente al precedente iraquí, la estructuración tribal y la organización horizontal del poder se mantendrían. Viéndose incluso desgarrada por los conflictos internos, la población libia seguiría siendo una entidad orgánica ante la invasión extranjera. No se resolvería ningún problema militar y, para colmo, la nueva situación acabaría con toda forma de delimitación del teatro de operaciones. La guerra se extendería inevitablemente tanto por el norte de África como en el sur de Europa. Matar a Kadhafi sería, en definitiva, la peor de las opciones.
Al no contar con una estrategia conveniente ante esta situación, la alianza atlántica recurre a los viejos reflejos de la cultura militar estadounidense, aplicados en las guerras de Corea y de Vietnam: hacer la vida imposible para la población para que esta abandone a su «Guía» y lo derroque. Para ello, la OTAN reforzó el bloqueo naval desde el comienzo del Ramadán para así cortar el suministro de gasolina y de alimentos, está bombardeando las centrales eléctricas y las instalaciones de distribución de agua, está destruyendo las cooperativas agrícolas, los pequeños puertos pesqueros y los mercados populares.
En otras palabras, la OTAN está haciendo exactamente lo contrario al mandato que le otorgaron el Consejo de Seguridad de la ONU y los diferentes parlamentos de los Estados miembros: en vez de proteger a la población ante la amenaza de un tirano, la OTAN está aterrorizando a los civiles para que se rebelen contra el líder que respaldan.
Esa estrategia podría durar hasta el fin del Ramadán. La OTAN tendrá entonces otras 3 semanas para tratar de lograr una victoria significativa antes de que suene la campana: el 19 de septiembre, día en que la Asamblea General de la ONU debe reunirse en Nueva York. La Asamblea General pudiera entonces pedir explicaciones sobre la operación en marcha y, ante la demostrada incapacidad del Consejo de Seguridad para restablecer la paz, pudiera decidir imponer sus propias recomendaciones.
En previsión de la reanudación de los combates terrestres que puede producirse a principios de septiembre, la OTAN está armando a los sublevados de Misurata y está tratando de limpiarles la carretera que tendrán que utilizar para tomar Zlitan. Al negarse Francia a entregarles armas una vez más, Qatar ha enviado un avión para realizar las entregas, a pesar del embargo decretado por la ONU. Durante la noche del 8 al 9 de agosto de 2011, la OTAN limpió la colina de Majer, elevación que pudiera servir de posición avanzada para la defensa de Zlitan. La OTAN bombardeó granjas y tiendas de campaña que albergaban a unas 20 familias de personas desplazadas por la guerra, dejando un saldo de 85 muertos entre los que se cuentan 33 niños.
Thierry Meyssan / Safiqy.org
tomado: LibreRed.net