Al cumplir un año del mandato Santos, los avances en política interna todavía no se ven, la derecha se ha re- configurado, en un proyecto único de “Unidad Nacional” después de 8 años de permanecer en el poder, Uribe logró consolidar su proyecto político de ultraderecha, que se centra en el desprecio hacia la política social y el fortalecimiento de la inversión privada. Para ello fue necesario la implementación de la llamada “política de seguridad democrática” con su correspondiente violación a los derechos humanos y la crisis humanitaria que vive el país.
Aunque algunos analistas pretendan demostrar un alejamiento de Santos con el proyecto uribista la realidad es otra, sí tenemos en cuenta que Santos hizo parte del gobierno, y en su programa de gobierno prometió como lo ha hecho la continuidad de la política de guerra, desconociendo la disposición manifiesta de las organizaciones guerrilleras por encontrar una solución negociada al conflicto, Santos le apuesta a la vía militar, con ello se fortalece la fuerza pública y se deterioran las condiciones sociales, el desplazamiento masivo de campesinos que huyen de las confrontaciones armadas, el asesinato de líderes campesinos, indígenas, y sindicalistas (más del 60% de los asesinatos en el mundo), las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública (falsos positivos), incluyendo jueces que llevan casos de ejecuciones extrajudiciales.
Es de anotar, que hasta el momento se conoce muy poco sobre el tema y no existe una condena ejemplar en contra de la fuerza pública; con el argumento que son casos aislados y no comprometen a la institución y menos aún son parte de una política de Estado. Cabe recordar que el gobierno incentivo beneficios a los militares por el número de bajas en combate, con ello se recrudecieron las ejecuciones extrajudiciales, sin olvidar que en el caso de los militares se cumplen ordenes de un superior (linea de mando) responsable, y este superior es quien en su momento fuera el ministro de defensa Juan Manuel Santos.
Por otro lado, la negativa a dialogar con la guerrilla, las condiciones que impone Santos para una eventual mesa de negociación hacen imposible la instalación, al negar la naturaleza de la insurgencia y el origen del conflicto, la falta de reconocimiento por parte del gobierno ha sido uno de los principales obstáculos y el interés enfermizo por continuar la estrategia militar, sin importar el costo que le genera al país no sólo en recursos económicos sino en vidas. Vale recordar, que Santos fue uno de los artífices de la política de seguridad democrática impuesta por Uribe Vélez, hechos que permiten prever la continuidad del conflicto.
A esto se le añade el fortalecimiento de los grupos paramilitares, el gobierno insiste en negar su existencia, presentándolo como bandas criminales emergentes (BACRIM), desconociendo la violencia que estos grupos continúan ejerciendo en gran parte de la geografía. La falta de una política en torno al tema deja un espacio vacío, lo que permite su crecimiento y fortalecimiento, y se evidencia el total desprecio hacia las organizaciones sociales víctimas de estos grupos.
El gobierno ha pretendido mostrar como el gran logro de su gobierno la ley de víctimas, con la restitución de dos millones de hectáreas de tierras usurpadas por los paramilitares a los campesinos de un total de más de 6 millones. Sin embargo, más allá de lo establecido, su aplicación no se vislumbra por el contrario, los campesinos que reclaman sus tierras han sido asesinados y las tierras continúan en manos de paramilitares y compañías extranjeras que no están dispuestos a entregar.
A este panorama desolador, se le agrega el desempleo, el incremento de la informalidad ha sido constante, mientras las transnacionales se apropian de sectores claves para el desarrollo como la minería los agro-combustibles y la explotación petrolera, entre otros. El gobierno lo presenta como logro de la política de seguridad, dejando el camino libre para que las transnacionales se apropien de nuestros recursos, sin que ello represente desarrollo y crecimiento interno. Por el contrario se ofrecen beneficios e incentivos tributarios, regímenes especiales de comercio exterior e incentivos para la explotación, teniendo en cuenta que esto no representa que el capital se quede en el país, el capital y las utilidades se van del país sin limitación alguna. Con esto lo único que se genera es miseria y mayor inequidad, pues favorece al gran capital, profundizando la privatización y la concentración de capital.
Por otro lado, la creciente corrupción que se ha fortalecido en los últimos años, parece ser parte del programa de gobierno, el capital que no se va del país se queda en manos de políticos inescrupulosos, con ello se aumenta la pobreza y la desigualdad, dejando al país como uno de los más inequitativos y corruptos del continente, con un grado de desarrollo mínimo. A penas superado con países como Haití.
Para terminar se puede decir, que Santos ha sido el gran continuador del pensamiento de ultraderecha en Colombia que ha impedido el desarrollo social y el fin del conflicto armado, permitiendo el saqueo que durante décadas han realizado las multinacionales. Sin olvidar la pérdida de soberanía dependiendo de EE UU hasta en el hecho de impartir justicia y la forma como el país se debe administrar.
No podemos seguir pensando que la crisis interna es culpa de la insurgencia, y que eliminándola físicamente se terminaran las profundas contradicciones sociales, ese es el argumento que todos los gobiernos exponen para no darle salida a las políticas sociales e impedir un proceso de paz y, Juan Manuel Santos es garantía que todo seguirá peor.
Aurora Moreno: Historiadora
