Nacimos como un puñado de mujeres y hombres del pueblo de Colombia, obligados por la brutal violencia ejercida en beneficio de minorías privilegiadas por el poder del Estado, a alzarse en armas en defensa de su vida, su dignidad y sus sueños. Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Hernando González Acosta y el resto de los 46 campesinos y 2 campesinas que suscribieron el Programa Agrario de los Guerrilleros en 1964, encarnaron con legendaria bravura la erupción de un sentimiento nacional de resistencia y denuncia contra el crimen, la impunidad y la intolerancia.
Las FARC-EP somos producto del crisol en que al calor del fuego y el filo de otras armas, la oligarquía colombiana pretendió entronizarse hasta la eternidad en la dirección del Estado. Viejos partidos compuestos por terratenientes y burgueses de distintas esferas, inspirados en la doctrina fascista de seguridad nacional, ensoberbecidos por el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos en su afán de dominio continental, se encargaron de hundir a Colombia en la horrible noche de muerte, persecución y terror que por desgracia aún no termina.
La guerra, la violencia y el miedo generalizado han sido siempre, a lo largo de la historia universal, instrumentos favoritos de los poderosos. Colombia no es una excepción. Para demostrarlo basta una mirada desapasionada sobre los acontecimientos que han bañado de sangre y dolor la vida de los más débiles y humildes desde los lejanos días de la conquista. O los sucesos que precipitaron en nuestra nación el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la furia violenta del Estado que aún no cesa. En nuestro país, en los últimos 65 años, las víctimas no se cuentan por miles, sino por centenares de miles y por millones. Y toda la responsabilidad recae sin duda en las clases dominantes y sus ambiciosos partidos políticos, aunque se vistan de etiqueta y se laven con pulcritud las manos.
La tranquilidad del hogar, la concordia, los sentimientos de paz, han sido en cambio el más valioso patrimonio de las mujeres y los hombres que viven con sencillez del trabajo de sus manos. La guerra, toda guerra, consiste en un enfrentamiento desatado por los ricos en contra de los pobres. Las mejores tierras, los grandes proyectos de explotación de hidrocarburos, las concesiones mineras, las áreas urbanizables, todo cuanto representa un importante negocio, desata de inmediato las fieras hambrientas, con disimulo o sin él, contra los más pacíficos habitantes condenados a vender, marcharse o morir. La guerra incluye entonces el silencio y la mentira.
Las FARC-EP somos pueblo que enfrenta con armas las armas del poder y la riqueza. Sentimos por tanto el más inmenso aprecio por la paz que nos robaron, la paz que le robaron a Colombia los negociantes y politiqueros. Nunca hemos querido la guerra. Desde antes del ataque a Marquetalia, nuestros fundadores reclamaron ante el Estado, la Iglesia y la comunidad internacional por un diálogo. Nada detuvo la obsesión de los azuzadores enquistados en el parlamento y el gobierno. Durante estos 49 años siempre hemos luchado por una solución política al conflicto. Nuestro sueño más querido es que termine definitivamente esta guerra que desangra la patria.
Lo cual no equivale a arrojar los fierros al suelo y volver sumisos al redil, hay que atacar las causas del conflicto. Las clases dominantes en Colombia, los dueños tradicionales del poder y la fortuna, deben cesar para siempre sus conductas violentas, poner fin a sus prácticas intolerantes, desmontar sus aparatos de muerte y terror, permitir que en Colombia se instaure la democracia verdadera, que se proscriban la estigmatización y la amenaza, la persecución y el destierro, el crimen que garantiza con su impunidad la dominación por el miedo.
El pueblo colombiano, la gente trabajadora y humilde que soporta los rigores de la pobreza y es acosada por sicarios de diversa índole, la enorme masa a la que sólo se le ofrecen migajas a cambio de inclinar con mansedumbre la cerviz, tiene todo el derecho a organizarse políticamente, a expresar sus sentimientos de inconformidad y sus propuestas de cambio, a hacer política sin riesgo de ser asesinados. Las víctimas y opositores a la salvaje locomotora minera, los afectados de todo orden con los TLCs y las políticas neoliberales de despojo, deben contar con plenas garantías para el trabajo pacífico en torno a la abolición de esas atroces políticas contra la humanidad.
La guerra tiene que ser terminada. Lo está exigiendo en las calles la inmensa mayoría de colombianos. Para materializar en verdad ese objetivo, esos esfuerzos tienen que armonizarse y coordinarse, unirse de manera sólida y pronunciarse de manera enérgica. Será imposible poner fin definitivo a la guerra en nuestro país, si el bloque dominante de poder desconoce que la consecución de la paz implica profundas reformas, de carácter estructural, en las instituciones y en la vida nacional, sin las cuales no desaparecerán jamás las causas de la guerra. Lo comprendimos perfectamente las FARC-EP desde el primer intento de reconciliación en Casa Verde y nos mantenemos fieles a esa posición, la única que beneficia sin ningún interés a Colombia.
Si la oligarquía se niega a hacer los cambios, la enorme multitud del pueblo movilizado se encargará de imponerlos. Nuestro país atraviesa por un momento histórico y crucial. La nación colombiana no puede permanecer más en silencio, como simple espectadora de unos diálogos en el exterior y a la expectativa de sus resultados. Los foros celebrados en Bogotá en torno a la Política Agraria Integral y a la Participación Política, pusieron de presente el enorme caudal de posiciones coincidentes y la potencialidad de los anhelos por transformar nuestro país hacia una democracia verdadera, en paz y con justicia social. Pero no basta con ello.
La ponencia y el discurso no conmueven un ápice la conciencia de los personeros del régimen. Hace falta mucho más. Que se repitan una y otra vez movilizaciones como las del 9 de abril. Que el pueblo hable y se haga respetar. El no a la guerra tiene que ser un sí a la reforma agraria integral, un sí rotundo al freno de la locomotora minera, un sí rotundo a una Asamblea Nacional Constituyente que consagre efectivas garantías democráticas, un sí a la desmilitarización del territorio nacional, un sí a la prohibición de los garrotes del ESMAD, un sí a la justicia contra los responsables ocultos y visibles de los grandes crímenes contra el pueblo colombiano.
Las FARC-EP no íbamos a desechar de ningún modo los ofrecimientos del Presidente Santos en el sentido de intentar la vía de una solución civilizada y dialogada al conflicto colombiano. Cuando comenzó este gobierno, llevábamos 46 años combatiendo por ello. Sabíamos y sabemos, como recién ratificó en la prensa el Alto Comisionado de Paz, que las intenciones del régimen no eran otras que las de conseguir nuestro humillante sometimiento al precio de un aplastante encarnizamiento mediático. Pero un Ejército del Pueblo como el nuestro, que conoce el auténtico sentir de los colombianos, sabía que no había razones para temer. Poco a poco, lenta pero firmemente, se iría levantando un clamor muy distinto por la paz.
Hoy ya comienza a sentirse la fuerza de ese poderoso eco por todos los rincones del país. Ya Colombia entera expresa que la paz es el nombre de la justicia social. Ya la nación comprende que la fórmula santista de oponer un no rotundo a cuanto se le plantea en la Mesa, es un cebo hábilmente concebido para validar su entrega definitiva a los intereses del capital extranjero. La Agenda pactada en La Habana no servirá jamás, por parte de las FARC-EP, para endosar el imperio del neoliberalismo y santificar la dictadura civil en nuestras instituciones. No existen ningún tipo de acuerdos secretos como afirman algunos politiqueros con perversos propósitos.
Las FARC-EP creemos sincera y apasionadamente que la paz es posible, y que las circunstancias son abiertamente propicias para conseguirla. No tenemos la menor duda acerca de la importancia de la existencia de la Mesa de Conversaciones en Cuba. Se encarga de confirmárnoslo el plebiscito nacional e internacional de respaldo que recibimos a diario. Confiamos en que el pueblo colombiano avanzará sin parar hacia esa Mesa, para hacerse oír, y en que tanto él como la comunidad internacional se encargarán de blindar los diálogos para impedir que se rompan por parte del gobierno, una vez vea claro que las cosas no se van a dar como las planeó. Esta vez no podrán proceder como lo hicieron doblemente en Casa Verde, Tlaxcala o el Caguán.
Al tiempo que compartimos el regocijo de completar 49 años continuos de lucha por la paz, reconocemos el heroico esfuerzo de todas aquellas mujeres y hombres, ancianos y niños, que de una u otra manera han puesto su cuota de sacrificio en apoyo a nuestra lucha. Nuestros combatientes caídos en combate o encerrados en prisiones provinieron, al igual que todos los demás, de esa masa humana esperanzada y noble que con abnegación silenciosa lo ha arriesgado todo por nosotros. Nuestros muertos y heridos, nuestros prisioneros, nuestros guerrilleros y milicianos asediados por bombas y metralla, nuestros camaradas clandestinos, nuestros héroes extraditados, lo han entregado todo, sin ningún interés personal, por Colombia y su gente, por la paz y la justicia. A todos ellos, a todas ellas y a nuestro pueblo, un homenaje sincero en este nuevo aniversario.
¡Hemos jurado vencer!… ¡Y venceremos!
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2013.
Tomado: tercerainformacion.es
