viernes, 30 de junio de 2017

Entra en vigor decreto antimigratorio de Trump: Restricciones para Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen

¿Quién será admitido y quién será rechazado? Las nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que impone el decreto antimigratorio de Donald Trump entran en vigor este jueves, pero hay una gran confusión en cuanto a su aplicación.
Tres días después de que la Corte Suprema en Washington autorizara la aplicación parcial de una de las medidas más polémicas del presidente, muchas preguntas siguen sin ser contestadas.
El decreto, que supuestamente debe impedir la llegada de “terroristas”, prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países con mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como a refugiados de cualquier parte del mundo.
Pero los magistrados limitaron el alcance de este decreto el lunes: el mismo no se podrá aplicar a quien pueda justificar “una relación válida con una persona o una entidad en Estados Unidos”.
Por lo tanto, alguien que venga desde alguno de esos países a visitar a un miembro cercano de su familia será admitido. O un estudiante que vaya a estudiar en una universidad estadounidense, o un empleado que haya sido reclutado por una compañía local. O un profesor invitado a dar una conferencia.
Pero aparte de estos ejemplos específicos, ¿Cómo alguien puede entender a cabalidad esa noción de “relación válida”? ¿Bastará con el comprobante de reserva de un hotel? ¿Cómo un refugiado sirio puede probar la existencia de un lazo anterior con Estados Unidos? Son preguntas que se hacen los abogados.
“Nos van a llover las demandas”
De forma paradójica, este enfoque a medio camino que escogió la Corte preocupa a quienes se oponen al decreto así como a quienes más lo apoyan. Todos temen una proliferación de procedimientos alrededor de la interpretación de esa noción de “razón válida”.
“Nos van a llover las demandas”, advirtió el juez conservador Clarence Thomas, “mientras las partes y las cortes tratan de determinar exactamente qué es lo que define como válida una razón”.

Funcionarios de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores fueron consultados al respecto, pero no ofrecieron detalles sobre la aplicación de este decreto.
Los tres organismos “están llegando a acuerdos en la materia”, y “las instrucciones serán transmitidas mañana, a tiempo para que puedan ser aplicadas”, dijo el miércoles David Lapan, portavoz del departamento de Seguridad Nacional.
Evitar el caos
Si bien es probable que esta controversia se extienda a las cortes, los expertos prevén un impacto limitado en los aeropuertos.
No hay duda de que las autoridades estadounidenses no quieren ver el mismo caos que se desató el pasado 27 de enero con la implementación de una primera versión de este decreto.
Esa vez se desataron furiosas reacciones de todo el mundo, mientras los aeropuertos comenzaron a ser objeto de protestas espontáneas, con viajeros que al llegar eran detenidos y amenazados con ser expulsados.
Abogados voluntarios y varias asociaciones habían ofrecido ayuda gratuita, y algunas de estas últimas ya anunciaron que estarán presentes otra vez este jueves en las terminales aéreas.
En esa ocasión el decreto fue suspendido el 3 de febrero por un juez federal, igual que sucedió con la segunda versión del mismo en marzo.
Los magistrados han justificado estas suspensiones porque según ellos el decreto era discriminatorio contra el Islam.
La Corte Suprema anunció el lunes que examinaría esta segunda versión del decreto en octubre. Pero esto solo tendría un alcance teórico, pues se supone que esta ley se aplicará durante 90 días a los ciudadanos de los mencionados seis países y 120 días a los refugiados.
Tomado: matrizur.org

Rusia denuncia provocación militar de EEUU contra Moscú y Damasco

Rusia tacha de una ‘provocación cínica’ la acusación estadounidense contra Siria y advierte de que no sólo está dirigida a Damasco sino también a Moscú.
“Esto parece una provocación a gran escala, tanto en el plano militar como el informativo, dirigida no solo contra el Gobierno sirio, sino también contra Rusia”, ha subrayado este jueves la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova.
La diplomática rusa ha considerado “infundadas” las acusaciones de la Casa Blanca. El 26 de junio, Washington acusó al Gobierno sirio de estar preparando un supuesto ataque químico contra sus opositores y advirtió de que haría “pagar un alto precio” a Damasco en caso de que concrete el ataque.
Zajarova también ha pedido a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas de esos presuntos preparativos. “No sabemos sobre qué hechos se basó EE.UU. para sacar tales conclusiones”, ha cuestionado la vocera.
Ha asegurado que Rusia tiene nuevos datos de que se están planeando provocaciones en Siria en relación con un posible ataque químico y ha alertado que las ciudades de Saraqib y Ariha podrían ser blancos de tales ataques.
“Disponemos de nuevos datos. Creemos que se está preparando semejante escenificación, semejante provocación”, ha dicho Zajarova.
Disponemos de nuevos datos. Creemos que se está preparando semejante escenificación, semejante provocación”, ha dicho la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova.
El miércoles, la diplomática rusa dijo que la nueva Administración estadounidense de Donald Trump recurre a esas falsas especulaciones, tal como lo hizo en su momento el presidente norteamericano George W. Bush para atacar a Siria.
“Sabemos que, en pasado, el Gobierno (de George W. Bush) ya ha utilizado la falsificación de hechos sobre armas de destrucción masiva en Irak para llevar a cabo una agresión militar contra ese país”, escribió Zajarova en su página de Facebook, expresando su gran preocupación porque se repita este guión en Siria.
Esa misma jornada, dos fuentes del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) informaron al canal de televisión local CNN, que Washington dispone de naves y cazas listos para atacar a las fuerzas del Gobierno sirio.
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, no tardó en responder la amenaza, advirtiendo a EE.UU. de que Moscú reaccionará de manera “digna y proporcionada” si toma cualquier medida militar contra el Ejército sirio.
Tomado: matrizur.org

Orden Ejecutiva de Trump: Guerra global por las patentes farmacéuticas

Pharmabaires.- El presidente Donald Trump a través de una Orden Ejecutiva Presidencial (OE) promete a las multinacionales de su país lanzar una ofensiva global “para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual”, a cambio de que no aumenten los precios en el mercado interno.
La información fue difundida por la periodista Emily Kopp del sitio especializado Kaiser Health News,quien accedió a una copia del proyecto de disposiciones y objetivos de la Orden Ejecutiva Presidencial sobre el precio de los medicamentos en Estados Unidos.
El primero de los “principios” que informó es el siguiente:
Ampliar la vida de las drogas en los mercados extranjeros para “proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual”. Esto asegurará “que los consumidores estadounidenses no subvencionen injustamente la investigación y el desarrollo para las personas en todo el mundo”.
La periodista advirtió que “si el objetivo de la OE es sólo promover las extensiones de patentes al estilo estadounidense, “tendrá que apuntar bastante bajo, ya que prácticamente todos los países industrializados de ingresos más altos ya están concediéndolas o planean hacerlo”.
Kopp en su análisis advierte que la legislación sobre propiedad intelectual de la Unión Europea y otros países industrializados ya contemplan extensiones de patentes y que por lo tanto en la lista de “objetivos” de Trump quedan los periféricos como Argentina y Brasil.
“Son pocos los países en desarrollo de ingresos medios, como Brasil, Argentina, Turquía y muchos países de bajos ingresos, particularmente en África y Centroamérica, que no otorgan extensiones de patentes, y es probable que sean objetivos”, enumera la periodista.
La Unión Europea tiene una directiva sobre los “certificados de protección complementaria” (SPC), que amplían la exclusividad de las patentes por un máximo de 5 años.
Esta extensión se codifica como REGLAMENTO (CE) Nº 469/2009 del Consejo Europeo del 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para medicamentos y se aplica a 28 países de la Unión Europea y la UE ha exportado de manera similar a Suiza, Macedonia, Albania, Noruega y otros países.
Canadá, que recientemente negoció un acuerdo comercial con la UE, adoptó un régimen de SPC en 2016. Australia, Japón y Corea han aprobado leyes que prevén prórrogas de patentes hasta cinco años. El artículo 18.46 del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) también requiere extensiones de patente.
Los Estados Unidos han negociado un gran número de acuerdos bilaterales, como el acuerdo CAFTA-DR con la República Dominicana, o el acuerdo de Marruecos de los Estados Unidos, y casi todos ellos incluyen requisitos de extensión de patentes.
Corea y Japón están solicitando la ampliación de las patentes del Acuerdo de Asociación Económica Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial negociado entre 16 miembros de la región de Asia Pacífico, como Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, China, India, Filipinas, Tailandia y Malasia, así como países muy pobres como Vietnam, Myanmar y Laos.
Pero la OE de Trump probablemente no se detendrá en las extensiones de patentes y continuará presionando a los países para que bajen los estándares de concesión de patentes (por lo que se pueden otorgar más patentes sobre el mismo medicamento), restringir el uso de licencias obligatorias, protección exclusiva, incluyendo 12 años para los medicamentos biológicos, y atacar los esfuerzos de los países para negociar precios más bajos, vislumbra el artículo.
La periodista reconoce que “en justicia a Trump, todas estas medidas fueron perseguidas vigorosamente, originalmente a un grado algo menor, pero aumentadas cada año por cada presidente estadounidense desde Ronald Reagan, incluyendo a los presidentes Clinton y Obama, como está documentado por el USTR en su informe anual especial 301 (Un conjunto completo está disponible en: Https://www.keionline.org/ustr/special301)”.
La Orden Ejecutiva Presidencial contempla también facilitar la aprobación de nuevos medicamentos mediante la eliminación de exigencias por parte de la FDA, favorecer el ingreso de genéricos para competir en el mercado y eliminar los descuentos para los hospitales públicos destinados a la población de menores ingresos.
La OE fue redactada por una mesa redonda conformada por Trump que responde al pomposo nombre de “Grupo de Trabajo de Precios e Innovación de Medicamentos”.
Kaiser Health News examinó documentos que arrojan luz sobre el funcionamiento de este grupo de trabajo.
Los documentos revelan debates detrás de las cámaras influenciados por la industria farmacéutica. Joe Grogan, director asociado de programas de salud de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), ha dirigido el grupo. Hasta marzo, Grogan se desempeñó como un cabildero de Gilead Sciences, la compañía farmacéutica que fijó los precios de sus medicamentos contra la hepatitis C a  1.000 dólares por pastilla”, agregó el  Kaiser Health News.
El grupo de trabajo incluye a funcionarios del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, del Consejo de Política Nacional, de la Salud y de los Servicios Humanos, de la FDA, de la Comisión Federal de Comercio, del Departamento de Comercio, de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU y del Departamento de Justicia.
Grogan invitó a Robert Shapiro, consejero de Gilead y ex secretario de Comercio bajo el presidente Bill Clinton, para informar al grupo de trabajo sobre precios basados en valor según la eficacia que demuestren en los tratamientos.
Shapiro es el presidente y cofundador de Sonecon LLC, consultora del sector que ha trabajado con Gilead, Amgen y PhRMA, según su curriculum vitae.
“Todo lo que amplíe o extienda los monopolios sobre las drogas y las vacunas hace que el acceso sea más desigual. Comencemos con los países de bajos ingresos. De 2010 a 2016, la FDA aprobó 56 nuevas drogas contra el cáncer, una asombrosa ola de innovación, incluyendo fármacos cambiantes como T-DM1, para el cáncer de mama HER2 + y tratamientos radicalmente mejores para el melanoma y muchos otros cánceres. De éstos, CERO están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, porque son demasiado caros para países con recursos limitados”, reforzó el sitio especializado STAT Pharmalot.
“Ahora considere Europa. Un estudio reciente realizado por EY Poland sobre 30 fármacos anticancerígenos importantes reveló que sólo dos de los 30 estaban disponibles para su reembolso en Polonia y la República Checa, mientras que 30 de 30 eran reembolsados ​​rutinariamente en los Países Bajos y 28 de 30 eran reembolsados ​​en Suiza. En el Reino Unido, sólo la mitad fueron reembolsados ​​rutinariamente. El Consorcio Europeo de la ESMO 2016, estudio sobre la disponibilidad, los gastos de bolsillo y la accesibilidad de los medicamentos antineoplásicos en Europa, proporciona pruebas adicionales de las grandes disparidades en el acceso entre 48 países de Europa y Asia Central”.
“Estas disparidades de acceso (que no son culpa de los pacientes) son la consecuencia previsible de políticas que elevan deliberadamente los precios de los medicamentos y fortalecen los monopolios, hasta el punto en que los programas de salud permiten que las personas mueran o sufren, con el fin de ahorrar dinero suficiente para financiar otras necesidades del programa de salud”, lamentó STAT.
Bueno, supongamos que usted piensa que la injusticia y el sufrimiento innecesario y la muerte no es un problema cuando le sucede a los extranjeros. (Esta es la aparente mentalidad de gente como Trump y el asesor de la compañía farmacéutica Robert Shapiro)”,cuestionó el sitio especializado.
Pero, también “Estados Unidos sufre cuando promueve fuertes monopolios de drogas”.
“Las políticas comerciales que promueven monopolios fuertes en los mercados extranjeros también bloquean fuertes monopolios en el mercado estadounidense”.
En consecuencia, “si Estados Unidos impone 12 años de derechos de monopolio en datos de pruebas de drogas biológicas en un acuerdo comercial, sin excepciones, entonces es más difícil para el Congreso de los EE.UU. cambiar nuestra ley. PhRMA lo sabe. Lo sabemos también”, agregó el periodista Ed Silverman de Pharmalot.
Silverman apuntó que “los países a los que se pide que proporcionen monopolios más amplios, más fuertes y extendidos sobre las drogas, pedirán algo a cambio. Esto es un comercio. Le pedimos a un país que deje que sus pacientes con cáncer de mama sufren y tenga muertes prematuras, y pueden decir que sí, pero también pedir a los Estados Unidos acuerdos de acceso al mercado que perjudiquen a negocios y trabajadores en los Estados Unidos”.
Además, “los pacientes estadounidenses no tendrán la opción de viajar al extranjero para recibir un tratamiento asequible, como los medicamentos contra la hepatitis c, si los mercados extranjeros de medicamentos asequibles, incluyendo pero no limitado a la India, están cerrados. Dada la perspectiva de cada vez menos cobertura de seguro, esto no es una cuestión trivial”.
“Tenga en cuenta que hoy los países de ingresos altos como Italia y Suiza están animando a los pacientes a obtener medicamentos genéricos más baratos del extranjero, cuando los precios son excesivos en casa. Esto no funcionará cuando los precios son altos en todas partes”.
La Casa Blanca “tiene que darse cuenta de que muchas drogas son propiedad de compañías extranjeras, como Roche, Novartis, GSK, AstraZeneca, Bayer, Astellas y Sanofi, compañías fuertemente subvencionadas por el NIH, BARDA, CDC, WRAIR, el Departamento de Asuntos de Veteranos y otras agencias que apoyan a los contribuyentes de los Estados Unidos, que a menudo cobran a los residentes de los Estados Unidos más que a los pacientes en sus países de origen”.
En el proceso de engorde de las carteras de las empresas de propiedad extranjera, los precios más altos llevarán a los residentes de EE.UU. enviar más dinero fuera del país”, señaló STAT Pharmalot.
El gobierno de Trump debería “distanciarse de los grandes grupos de presión farmacéutica, dejar de intentar copiar o extender las políticas de la administración de Obama sobre el comercio, e intentar algo nuevo, algo que realmente beneficiaría a las personas que viven en los Estados Unidos”, reforzó el periodista.
Así también denunció que “el 75 por ciento de los 56 nuevos medicamentos contra el cáncer aprobados por la FDA de 2010 a 2016 calificaron como productos huérfanos”, para recibir exenciones impositivas y subsidios federales.
“Sólo los Estados Unidos incurren en el costo de este crédito tributario. Alemania no paga nada. Japón no paga nada. Canadá no paga nada. China no paga nada. ¿Por qué no ampliar el crédito tributario a una amplia clase de juicios de calificación, pero también tienen otros países participación en el costo? Si los ensayos fueran subvencionados más ampliamente, entonces los costos netos de I + D de la compañía serían más bajos y los países podrían bajar los precios de los medicamentos sin perjudicar la innovación”.
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es “valor basado en precios” o sea que las empresas farmacéuticas mantengan los precios de lista de sus medicamentos sin cambios mientras dure el tratamiento, pero deberán ofrecer descuentos si los pacientes no mejoran.
Pero no está claro quién auditaría la eficacia de los medicamentos, qué criterios utilizarían para evaluarlos y quién recibiría los descuentos.
Grogan y Shapiro también discutieron la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años en beneficio de los fabricantes de fármacos para pagar los costosos medicamentos contra la hepatitis C como Sovaldi y Harvoni bajo Medicare y Medicaid, para evitar el racionamiento de medicamentos a los pacientes más enfermos.
La investigación del Senado estadonidense en 2015 encontró, por ejemplo, que aunque Medicaid gastó más de  mil millones de dólares en Sovaldi de Gilead, sólo el 2,4 por ciento de los pacientes de Medicaid con hepatitis C fueron tratados.
Grogan en nombre del grupo de trabajo encomendado por Trump distribuyó detalladas recomendaciones de políticas para agilizar la aprobación de medicamentos genéricos, creando un nuevo crédito fiscal “de hasta el 50 por ciento” para inversiones en fabricación, distribución e investigación y desarrollo de medicamentos genéricos.
Los documentos también proponen reducir el programa 340B, que obliga a los fabricantes de fármacos a proporcionar algunos medicamentos con descuentos a los hospitales que tratan a los pacientes de bajos ingresos.
Este programa de descuento de medicamentos es bueno para los estadounidenses. “Pero la industria farmacéutica quiere atraparlo”.
“La mayoría de estas políticas no aliviarían los costos de los pacientes, y al menos uno aumentaría los precios”, coincidieron los expertos que revisaron los documentos a petición de Kaiser Health News.
“Este documento de seis páginas contiene el tipo de soluciones al problema del costo de la droga que obtendrían si reunieran a todos los ejecutivos de la industria farmacéutica y les preguntaran:” ¿Qué tipo de gestos simbólicos podemos hacer? “, opinó Vinay Prasad, profesor de medicina en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, experto que estudia los costos de los medicamentos contra el cáncer.
“Los precios de los medicamentos de marca, que representan el 72 por ciento del gasto en medicamentos, quedan intactos en las proposiciones” de la OE de Trump, completó Fiona Scott Morton, profesora de economía de Yale y ex abogada de la división antimonopolio del Departamento de Justicia.
Coincidentemente,  el ex ministro de Salud, Ginés González García, en un reciente debate realizado en Mar del Plata, afirmó que “la industria busca el lucro y juega de muchas formas. Pero, con la privatización del conocimiento a través de las patentes, lo que viene es mucho peor”.
Esto es terrible no solo para los ciudadanos de países pobres, sino para los de cualquier país, que no van a poder acceder a determinados medicamentos”, alertó el ex ministro argentino.
Tomado: matrizur.org

EE.UU. impone cuarta multa en 2017 para arreciar bloqueo contra Cuba

La última víctima de esa política, de más de 55 años de duración, fue la compañía estadounidense de seguros American Internacional Group (AIG), cuya penalidad ascendió a 148 mil 698 dólares.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de dicho departamento, la entidad se involucró en 29 aparentes violaciones del cerco al proveer de cobertura de seguro varios envíos de mercancías hacia o desde Cuba, o relacionados con una entidad de la isla.
AIG recibió su segundo castigo en tres años pues en mayo de 2014 el Gobierno estadounidense alegó que subsidiarias de la aseguradora en Canadá violaron tres mil 560 veces las regulaciones contra Cuba desde enero de 2006 hasta marzo de 2009.
Desde la llegada al poder del presidente Donald Trump el 20 de enero último, Washington dispuso tres sanciones por el referido asunto, dos de ellas en el presente mes de junio.
El pasado día 8, la empresa American Honda Finance Corporation, dedicada al financiamiento de vehículos automotores para compradores, arrendatarios y distribuidores independientes autorizados de productos Honda y Acura, tuvo una multa de 87 mil 255 dólares.
Trump dio un discurso y firmó el 16 de junio pasado en Miami, Florida, el llamado Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Dicho documento restringe los viajes de los norteamericanos al país caribeño a partir de barreras burocráticas y la eliminación de visitas educativas a título individual.
También prohíbe las transacciones económicas, comerciales y financieras entre compañías estadounidenses y empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad.
Así, y como consideró el Gobierno de la isla en una declaración, se imponen trabas adicionales a las ya muy restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense tiene para comerciar e invertir en Cuba.
La OFAC ha sido responsable de numerosas sanciones, multas y acoso a entidades internacionales que osaron ir contra los pronunciamientos de Washington y obviar el bloqueo.
Por ejemplo, en febrero de 2016 sancionó a la empresa francesa CGG Services S.A. con un total de 614 mil 250 dólares.
El bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, fue rechazado por 191 países el pasado año en la Asamblea General de Naciones Unidas mientras que Estados Unidos, que lo impone, e Israel, su tradicional aliado, se abstuvieron por primera vez en la votación correspondiente.
Washington y La Habana restablecieron relaciones diplomáticas el 20 de julio de 2015 y han firmado decenas de acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos sectores como parte de un proceso encaminado a la normalización de sus vínculos bilaterales.
Sin embargo, las autoridades cubanas consideran que el principal obstáculo para alcanzar esa meta es la persistencia del cerco, causante de considerables privaciones y daños humanos a la nación antillana.
Tomado: tercerainformacion

Argentina. La policía reprimió con balas de goma, gases, camiones hidrantes y estableció una cacería de militantes de organizaciones sociales

La División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (DOUCAD) de la Policía de la Ciudad reprimió brutalmente a distintos integrantes de organizaciones sociales que se manifesteban en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de julio, en el centro porteño. Entre las organizaciones estaban presentes: Frente Milagro Sala, CTD Anibal Veron, Agrupación Villera Piquetera, entre otras.
Según testimoniaron los presentes, casi un centenar de efectivos policiales arremetieron contra los manifestantes que se encontraban apostados sobre la avenida. Los uniformados reprimieron brutalmente con palos, gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra los manifestantes. A raíz del violento accionar policial quedaron detenidas 7 personas adultas que están siendo trasladadas a la Comisaria N°30 de Barracas, CABA.  Además, hay un octavo detenido menor de edad que fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación CAD “Inchausti”. Otro de los manifestantes demorado fue derivado al Hospital Argerich para recibir atención médica. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal N° 12, a cargo del juez Sergio Torres.
Entre los distintos reclamos por los cuales se manifestaban las organizaciones sociales están: la apertura de cupos de plan Argentina trabaja y que el Gobierno pague el salario social complementario, aprobado en el marco de la ley de Emergencia Social.
Tomado: tercerainformacion

jueves, 29 de junio de 2017

Trump acelera su campaña xenófoba y racista

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió ayer en la Casa Blanca con víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, con el objetivo de urgir al Congreso a que apruebe una ley que intensifica las penas a los criminales deportados que hayan reingresado al país. 
En unas breves declaraciones ante los periodistas, Trump subrayó que “incontables estadounidenses” y sus familias, algunos de ellos amigos suyos desde la campaña electoral, han sido víctimas de individuos indocumentados, en muchos casos deportados varias veces. “Muchas valientes familias han perdido a seres queridos porque nuestro Gobierno se negó a cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación”, sostuvo Trump. 
“Nadie murió en vano”, agregó el mandatario al recordar que la Cámara de Representantes prevé llevar a cabo dos “votos cruciales” sobre leyes de inmigración y seguridad nacional, ambas patrocinadas por el congresista republicano Bob Goodlatte, presente en la reunión de ayer.
Una de ellas es la bautizada como Ley de Kate, en memoria de una joven que murió en 2015 por un disparo de un indocumentado, y busca incrementar las penas para los inmigrantes condenados por ciertos crímenes que, tras ser deportados, han vuelto a ingresar a EE.UU. de manera ilegal. Kate Steinle, de 32 años, murió cuando caminaba en un muelle de San Francisco con su padre debido a un disparo efectuado por un inmigrante que se encontraba en situación irregular en EE.UU. El sospechoso, Juan Francisco López Sánchez, había sido deportado varias veces y tenía varias condenas por delitos graves en su expediente cuando acabó con la vida de la joven. 
En una comparecencia en la Casa Blanca, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, detalló hoy que la tasa de reincidencia de inmigrantes indocumentados que han delinquido oscila entre el 45 y el 70 por ciento, dependiendo del tipo de delito. 
De acuerdo con datos facilitados por el ICE, de casi 66.000 detenidos desde enero pasado por estar ilegalmente en el país, un total de 48.000 son delincuentes o criminales convictos. No obstante, Homan admitió ayer que los inmigrantes no cometen más crímenes o delitos que los nacidos en EE.UU. 
La Cámara baja también prevé votar antes del receso por la festividad del 4 de julio, una ley para quitar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, que protegen a los inmigrantes, si no colaboran con los agentes del ICE. 
En un comunicado divulgado anteayer, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, enfatizó que “incontables familias y comunidades” han sufrido como resultado de las políticas de las “ciudades santuario que socavan la ley federal” protegiendo a criminales indocumentados.”Bandas trasnacionales y violentas como la (salvadoreña) MS-13 toman ventaja de esas políticas para traficar con drogas, reclutar a nuevos miembros en nuestras escuelas, y saquear y expoliar nuestras comunidades”, denunció Sessions.
También Trump comentó ayer que la pandilla MS-13 es un “objetivo primordial” de las autoridades de inmigración, porque son “mala gente” y el Gobierno está liberando a muchas comunidades de su influencia. 
A comienzos de año, en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, Trump llevó a su palco de invitados a víctimas de inmigrantes indocumentados. 
Además, en abril el Gobierno anunció la apertura de la “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración”, destinada a dar voz a esos afectados y a cumplir una de las promesas de campaña de Trump. Desde entonces, cuando se presentó como el candidato de “la ley y el orden”, Trump ha relacionado la inmigración irregular con un aumento de la criminalidad procedente del narcotráfico con el fin de justificar la necesidad de una política migratoria más dura, pese a que las estadísticas oficiales no respaldan esa teoría.
Tomado: Pagina/12

Ultimátum a Irlanda del Norte

El gobierno del Reino Unido advirtió ayer que el fracaso de los partidos de Irlanda del Norte para formar un Ejecutivo de poder compartido tendrá consecuencias “profundas y serias” para la provincia británica.
A pocas horas de que se cumpla hoy el plazo dado para que las formaciones logren un acuerdo, el ministro británico para Irlanda del Norte, James Brokenshire, volvió a plantear la opción de la suspensión de la autonomía, que pasaría a ser gobernada directamente por Londres, o la convocatoria de otras elecciones regionales, cuatro meses después de la ultima cita con las urnas. “Nuestros esfuerzos se centran en lograr que se restaure el Ejecutivo (de Belfast) y deja claro que no quiero dar por hecho lo que ocurrirá si eso no pasa. Pero, obviamente, habrá consecuencias profundas y graves en ese sentido”, afirmó el ministro en el Parlamento de Westminster.
El pro británico Partido Democrático Unionista (DUP) y el nacionalista Sinn Fein, los más votados en los pasados comicios, negociaron ayer para pactar sus candidatos al puesto de primer ministro y vice primer ministro en un gobierno de coalición entre protestantes y católicos.
El Sinn Fein, antiguo brazo político del ya inactivo movimiento guerrillero IRA, acusó a los unionistas de oponerse a la introducción de leyes que protejan a la lengua gaélica, que permitan el matrimonio homosexual y que velen por los derechos de otras minorías de la provincia. Ambas formaciones también discrepan respecto al legado del pasado conflicto y los mecanismos para investigar los crímenes cometidos tanto por los paramilitares como por las fuerzas de seguridad durante ese periodo.
Asimismo, los republicanos se niegan a compartir gobierno con el DUP mientras se investiga el papel desempeñado por su líder y ex ministra principal Arlene Foster en un caso de corrupción detectado en la política de energías renovables durante la pasada legislatura.
Este escándalo financiero llevó al adjunto de Foster, el histórico dirigente del Sinn Fein Martin McGuinness, ya fallecido, a presentar su dimisión del último Ejecutivo el pasado enero, lo que obligó a Londres a convocar unas elecciones dos meses después.
El DUP, por su parte, acusa a los nacionalistas de “dramatizar la situación” y ha dejado entrever que podría ceder ante ciertas demandas si el Sinn Fein elimina su veto a Foster y hay acuerdo hoy mismo. El jefe negociador unionista, Edwin Poots, ha insistido en que la prioridad ahora es formar gobierno cuanto antes para comenzar a “distribuir el dinero” que el DUP “recibió con éxito del gobierno” del Reino Unido.
El dirigente protestante hacía referencia a los fondos extra concedidos por la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, a cambio del apoyo de los parlamentarios del DUP en Londres, clave para mantenerse en el poder tras perder su mayoría en las elecciones generales del pasado 8 de junio.
Se esperaba que las negociaciones tuvieran un impulso por el acuerdo del DUP para dar estabilidad parlamentaria a la primera ministra británica Theresa May, que se tradujeron en el compromiso de invertir 1000 millones de libras m s en Irlanda del Norte en los dos próximos años.
Los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a tres décadas de conflicto entre los leales a Londres (unionistas protestantes) y los partidarios de unirse a la República de Irlanda (católicos republicanos), imponen un gobierno de coalición.
El DUP ganó las elecciones regionales de principios de marzo con 28 esca¤os sobre 90, sólo un escaño por delante del Sinn Fein republicano, partidario de la unificación de la isla de Irlanda. El Sinn Fein nunca había tenido tanto poder y quiere verlo reflejado en el acuerdo, reclamando, por ejemplo, el estatus oficial para la lengua irlandesa. La salida británica de la Unión Europea añadió discordia entre los rivales políticos. El DUP hizo campaña a favor del Brexit, mientras que el Sinn Fein militó en contra. En el conjunto de la región, al contrario que en el resultado global nacional, ganó la opción por la permanencia.
Tomado: Pagina/12

miércoles, 28 de junio de 2017

El Nilo: un punto de diálogo en África

El río Nilo atraviesa la historia. Hoy día, a la altura de milenios posteriores a la edad antigua, la civilización contemporánea hereda no solo su leyenda, sino que rehace la historia de su larga vida.
«Egipto y Etiopia aún en discusiones por embalse sobre el Nilo», se leía en un reciente titular de Prensa Latina.
El conflicto se debe a la importancia económica del río para ambas naciones y lo que implicaría desde el punto de vista ambiental y económico el embalse/hidroeléctrica etíope Gran Renacimiento, aún en construcción.
Según declaraciones del portavoz del Ministerio de Riego de Egipto, Hossam Imam, El Cairo negocia con Addis Abeba el periodo de tiempo durante el cual el embalse debe ser llenado después de que se complete la construcción. Este es uno de los principales puntos de discordia porque, según los expertos en el tema, cuando ese momento llegue, el caudal del Nilo se resentirá.
La parte egipcia ha expresado de manera reiterada su preocupación en torno a la obra hidráulica, que podría afectar negativamente el flujo de aguas correspondiente a Egipto. Aunque ambos países tienen intereses en juego, una solución pacífica al conflicto bilateral puede ser ventajosa para África como patria grande.
Los 11 estados que forman la cuenca del considerado el segundo río más largo del mundo tras el Amazonas, se han envuelto en una disputa histórica por la distribución de sus aguas, incluso antes de obtener sus soberanías como estados.
Sin embargo, habría que buscar alternativas mancomunadas que beneficien a la región y no a uno o dos países.
La cuenca del Nilo es el curso fluvial más grande de África –con 6 756 km desde su nacimiento en el lago Victoria hasta su desembocadura en el Mediterráneo– y el río de más longitud de todos los que mueren en ese mar. Esta cuenca tiene dos fuentes principales: el Nilo Blanco, nacido en la región de los Grandes Lagos –como el Victoria o el Kyoga en Uganda, o el Mobutu en la R.D. del Congo– y el Nilo Azul nacido en el lago Tana de Etiopía. Los dos ríos se unifican en Khartoum, capital de Sudán, y forman el Nilo, que discurre hasta Egipto moldeando el conocido Valle del Nilo.

Un bombardeo de EE.UU. causó decenas de muertos

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que se cree que 57 personas murieron en un ataque aéreo dirigido por Estados Unidos en una ciudad de Siria controlada por el Estado Islámico (EI). El monitor de guerra británico dijo que el ataque aéreo ocurrió el lunes al amanecer, impactando en un edificio en Al Mayadeen usado para albergar a disidentes del EI. Se informó que al menos 15 combatientes del EI y carceleros fueron reportados entre los muertos en el ataque en la provincia de Deir Ezzour.
Deir Ezzour 24, un medio de comunicación dirigido por activistas, elevó el número a 60 civiles, agregando que el edificio pertenecía a un comandante vinculado a Al Qaida antes de que fuera tomado por el EI en 2014. No quedó claro enseguida si el Observatorio o Deir Ezzour 24 identificaron la aeronave responsable del ataque. La televisión estatal siria dijo también que la coalición dirigida por Estados Unidos había llevado a cabo el bombardeo y que el edificio era conocido por tener un “gran número” de civiles. Las fuerzas aéreas rusas y sirias también realizan frecuentes ataques a las posiciones del EI en todo el país.
“Tomaremos y examinaremos cada denuncia. Si somos responsables de las bajas civiles, ponemos la cara y lo admitimos”, dijo el coronel estadounidense Ryan Dillon a Reuters, agregando que los informes anteriores del Observatorio fueron exagerados.
El monitor independiente AirWars dice que el número de víctimas civiles desde que la campaña de bombardeos dirigida por Estados Unidos contra el EI a través de Siria e Irak comenzó en 2014 totaliza al menos 3.800 personas. La estimación del Observatorio es de 1.481 muertos, entre ellos 319 niños.
La propia coalición ha admitido culpabilidad por la muerte de 484 civiles. Desde que el presidente estadounidense Donald Trump entró en funciones en enero de este año, delegando más autoridad a sus generales, hubo un marcado aumento de las muertes civiles en las operaciones de bombardeo en los dos países.
Se cree que muchos de los líderes del EI se esconden en la zona de al-Mayadeen mientras los extremistas siguen perdiendo terreno; la organización ahora tiene sólo una fracción del territorio bajo su control en el apogeo de sus poderes en 2014. En la compleja guerra civil siria murieron casi 500.000 personas, dice la ONU, y ahora está en su séptimo año.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
Tomado: Pagina/12

martes, 27 de junio de 2017

Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados

El número de personas afectadas por el desplazamiento forzado alrededor del mundo sigue aumentando dramáticamente y rompe récord históricos en las dos últimas décadas. El año pasado alcanzó una cifra sin precedentes: 65,6 millones (frente a los 33,9 millones que se registraron en 1997); los datos fueron recopilados en el más reciente informe de tendencias globales, que lanzó este lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y corresponden a información dada por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el organismo internacional.
Entre 2012 y 2015 se concentró ese incremento, y el estudio asegura que gran parte de la culpa la tiene el conflicto sirio. Otros como los de Irak y Yemen, así como en el África subsahariana, como los de Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán, igual contribuyeron a agravar la situación de los desplazados.
Colombia también figura en la vergonzosa lista. Después de los sirios (que continúan siendo la mayor población de desplazados forzosos, con 12 millones de personas, casi la mitad), los colombianos son el segundo grupo, con 7,7 millones, con más desplazados forzosos, en su mayoría dentro del país. Les siguen los afganos (con 4,7 millones, Irak (4,2 millones), Sudán del Sur (3,3 millones), Sudán (2,9 millones), la República Democrática del Congo (2,9 millones), Somalia (2,6 millones), Nigeria (2,5 millones), Ucrania (2,1 millones) y Yemen (2,1 millones).
La cifra exacta de los desplazados internos en Colombia (7,4 millones) creció en medio millón en el último año, lo que lo ubica como el país con la población de desplazados internos más numerosa. Esa cantidad de personas se vieron forzadas a huir de sus casas y no han traspasado una frontera internacional, permanecen en territorio colombiano. La estadística surge, según ACNUR, de revisar el registro de víctimas desde 1985. Siria, Irak, el Congo, Sudán, Nigeria, Yemen, Sudán del sur, Ucrania y Afganistán siguen en el escalafón que se enfoca en el desplazamiento interno.
Por otra parte, el documento alerta que durante en 2016 hubo 10,3 millones de nuevos desplazados. Así las cosas, 20 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares cada minuto. La persecución, los conflictos y las violaciones de derechos humanos tienen en vilo a la población mundial. Alemania es la nación a la que ha llegado la mayoría de las 2 millones nuevas solicitudes de asilo, luego están Estados Unidos, Italia y Turquía.
El número total de refugiados era de 22,5 millones al finalizar el año pasado, una cifra que ha aumentado alrededor del 65% en los últimos cinco años. “La protección de los refugiados no es solo responsabilidad de los Estados vecinos de una crisis: es una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional”, aseveró António Guterres, secretario general de la ONU.
Tomado: matrizur.org

EEUU busca legalizar intervención en países a través de la ONU

Las autoridades estadounidenses han informado en las últimas semanas que pretenden incluir a grupos extremistas afines a Al-Qaeda y el EIIL (Daesh, en árabe) en la lista de organizaciones terroristas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fuentes diplomáticas del Kremlin, citadas por el rotativo ruso Izvestia, han advertido este lunes de que Estados Unidos está tratando de ampliar dicha lista de la ONU con el fin de legalizar sus intervenciones en varios países del mundo.
La legislación estadounidense especifica que una vez que Washington reciba el apoyo a su propuesta en la ONU, podrá “de manera legal” llevar a cabo operaciones especiales en países, que aseguren que grupos extremistas vinculados a Al-Qaeda y Daesh están activos en sus territorios.
“Con la ampliación de la lista de organizaciones terroristas, los estadounidenses tienen la intención de legalizar (sobre todo para sí mismos) la intervención en los asuntos de otros países”, han dicho las fuentes a Izvestia.
Rusia y Egipto han hecho frente a la iniciativa de EE.UU., ya que temen se legalice la intervención en los asuntos internos de otros países sin tener que preocuparse de las posibles consecuencias de sus acciones.
En específico, Egipto cree que la inclusión de la rama regional de Al-Qaeda en la lista de organizaciones terroristas de la ONU, más que cualquier cosa, significará “el reconocimiento de la incapacidad de las autoridades del país para hacer frente a la amenaza por su propia cuenta”, por lo que se opone a esa ley.
Rusia, por su parte, aseguran las fuentes diplomáticas, ve “con esceptismo” la iniciativa, puesto que los grupos vinculados a Daesh y Al-Qaeda tienden a ser débiles y las autoridades locales son con frecuencia capaces de afrontarlos por sí solas.
Hasta el momento, no se sabe cuando se pondrá a votación la ampliación de la lista terrorista de la ONU, pero prevé que tenga lugar en las próximas semanas.
Tomado: tercerainformacion

México. Interceptaciones telefónicas del gobierno, otra cara trágica del periodismo mexicano

A la barbarie de los asesinatos de reporteros se sumó esta semana un escándalo por interceptaciones telefónicas (chuzadas). 700 periodistas o más habrían sido chuzados por el Estado, según el portal Eje Central.
Tanto las chuzadas como el asesinato contra los periodistas forman parte de la misma estrategia de poderes fácticos para silenciar su labor, de denunciar la trágica actualidad que vive México.
“Hoy en México es mucho más peligroso para los periodistas cubrir el nexo de los narcos con los políticos, empresarios y Ejército, que hablar de los mismos narcos. Ya ellos hacen a los políticos. Desde un principio los promueven y los ponen en puestos importantes. La clase política mexicana hoy es hija de los narcos”, estas palabras las dijo Javier Valdez, el cronista de la violencia en Sinaloa, a El Colombiano, el viernes 12 de mayo, tres días antes de ser asesinado (lunes 15 de mayo).
Ha pasado un poco más de un mes y sus palabras ya suenan proféticas. El gobierno está cada vez más salpicado por un escándalo de interceptaciones contra los comunicadores más críticos y activistas de derechos humanos. Si ya se veía pisoteada la libertad de prensa con el asesinato de uno de los periodistas más valientes de México, ahora se ve mancillada al llegar la persecución a los celulares de los colegas más renombrados del Distrito Federal (DF), que se creían blindados frente a lo que se ve en las regiones.
El lunes 19 de junio, el diario The New York Times publicó un artículo de investigación en el que denunció que el Estado mexicano adquirió un malware israelí, Pegasus, con el que en vez de interceptar terroristas o criminales —condición bajo la que Israel lo habría vendido—, se dedicó a chuzar a periodistas críticos del gobierno de Enrique Peña Nieto y activistas de derechos humanos, en concreto quienes se dedicaron a investigar sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El malware se instalaba en sus celulares con mensajes SMS engañosos, que denunciaban un caso impactante con un enlace. Cuando las víctimas lo abrían, el virus se instalaba en sus dispositivos y desde ese momento los hackers tenían acceso a todo su contenido (ver infografía).
La punta del iceberg
Por ahora son 14 los afectados, entre los que se cuentan Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, dos de los reporteros más reconocidos del país. Pero en opinión de Salvador Camarena, director de investigación periodística de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se trataría apenas del inicio.
“Existe un informe de la Universidad de Toronto, en el que también participaron organizaciones mexicanas. Se llama Gobierno Espía y es más detallado en cuanto a las circunstancias en las cuales llegaron estos mensajes a los afectados. Lo que demuestra el informe es que estamos ante una mecánica sistemática, no aleatoria, sino completamente programada, en momentos en que estos periodistas, y estas ONG, estaban precisamente en la dinámica de investigar sobre cosas complejas para la realidad mexicana como el caso Ayotzinapa”, dijo.
Es este carácter sistemático que se desprende de lo que se ha averiguado de las chuzadas el que levanta la sospecha sobre nuevos casos, pero el periodista investigativo Camarena revela más: “en las últimas horas han hablado colegas que se han reconocido en ese informe, y han asegurado que recibieron esos mensajes en su celular. Los hemos remitido a una de las organizaciones que colaboró en la pesquisa.
Por ahora no se ha comprobado que haya más periodistas afectados, pero ténganlo por seguro que en los próximos días se sabrán más revelaciones. Ya el portal Eje Central dice que fueron más de 700 las personas que fueron espiadas. Es claro en cualquier caso que es muy prematuro saber el calibre o la dimensión de esto, y mucho más su daño”, agregó.
Práctica extendida en A.L.
Para Roberto Rock, de la SIP, el fenómeno de chuzadas no es nuevo en la región, y durante las últimas décadas se registró un aumento de casos en países como Argentina, Ecuador, Colombia, entre otros.
“Pero también incluso se dan en Estados Unidos, donde hay quejas contra el Departamento de Estado, con presunciones de que utiliza el espionaje cibernético contra la prensa y opositores. Es un asunto extendido por las Américas”, explicó.
El experto recalca que interceptaciones igual o más exhaustivas y amplias contra periodistas, jueces y activistas se dieron en países como Colombia, donde dicha práctica se extendió durante años. De hecho se siguen desarrollando procesos frente a lo que ocurrió en pasados mandatos, ya que hace pocos días (el jueves 22), la Fiscalía acusó a Edmundo Del Castillo, exsecretario jurídico de Presidencia, y César Mauricio Velásquez, exjefe de Prensa del gobierno de Álvaro Uribe, de participar en interceptaciones para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema.
El acusado que se investiga
De cualquier forma, para el funcionario de la SIP, “en la actualidad es en México donde tenemos una crisis muy extendida. Hay una intención de los grupos criminales y poderes fácticos de ubicar a los periodistas como objetivo específico, ni siquiera como un daño colateral, para ser atacados. Más aún, frente al poder globalizado del narco, las instituciones estatales ofrecen distintos niveles de vulnerabilidad en cuanto a la capacidad corruptora que tiene este mal”.
¿Pero quién concretamente está detrás de esta nueva persecución? Y más aún, ¿está relacionado este nuevo escándalo con la corrupción que Valdez denunciaba como el mayor peligro contra los periodistas en México? Expertos son prudentes pero tienen sospechas consolidadas.
Una vez supieron que sus celulares fueron atacados, los 14 afectados se dirigieron el mismo lunes 19 a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), a denunciar su caso y solicitar una investigación. Pero resulta paradójico:
“Nos acercamos allí para que determine quién mandó a hacer esto. Que responda cuál de los tres entes que usan este malware en México —la Secretaría de Defensa Nacional del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o la propia PGR—, es el responsable. Allá fuimos a pedir la pesquisa, algo muy complejo, pedir que ellos mismos se investiguen, pero tendrán que encontrar el mecanismo legal porque ni el Estado puede estar por encima de la ley”, afirmó Camarena.
Para el periodista investigativo, sin duda alguna en México se puede asegurar que desde el gobierno se ha propiciado un clima adverso contra uno de los ejercicios fundamentales del periodismo, que es la denuncia, y eso ha influido en la precaria situación que dichos profesionales viven en la actualidad del país.
“Creo que hay un ambiente enrarecido, donde se han dado situaciones de acoso y marginación a las voces críticas, y en donde todos los días los reporteros luchan por defender este derecho. No diría que hoy está cancelada la libertad de prensa y de expresión, pero sí hay varias señales de intolerancia por parte del gobierno, y de manejo discrecional de presupuesto público para pautar en medios, lo que se vuelve un mecanismo muy vulgar de control”, dijo el experto, en referencia a lo que ve como un círculo vicioso.
Muchos medios mexicanos terminan dependiendo de la publicidad oficial y “resultan atrapados en un síndrome de Estocolmo, en donde quedan secuestrados pero además agradecen el secuestro”.
Un ejemplo de ello es que, tras las revelaciones de la periodista Carmen Aristegui, en noviembre de 2014, con un equipo periodístico al que perteneció Camarena, en las que se supo que el presidente Enrique Peña Nieto le había comprado una propiedad de 7 millones de dólares a un contratista de su gobierno —se conoce como el caso Casa Blanca—, los periodistas fueron expulsados por la emisora MVS Radio en marzo de 2015 utilizando “explicaciones cuando menos infantiles y absurdas”, denunció el colega.
Como ese hay muchos otros casos en el país norteamericano y “hay un clima de acoso generalizado”.
De las regiones al DF
El asesinato de Javier Valdez golpeó a todos los periodistas en México. Tal vez no impactó a quienes viven en connivencia con el crimen organizado, como muchas veces denunció el ya emblemático profesional del sombrero —se cumplen hoy 42 días de impunidad en su caso—.
“Fue muy impactante, no porque él fuera más relevante que el resto de periodistas asesinados, sino por lo que él significaba. Era reconocido mundialmente por su vocación de informar sobre temas de narcotráfico y corrupción, y de alguna forma se creía que estaba blindado, porque llevaba mucho tiempo sin que le pasara nada. El hecho de que llegaran hasta él, nos hizo pensar que nos podía pasar a cualquiera. Nos sentimos ahora atemorizados”, dijo la periodista independiente Ruth Muñiz, quien es activa en el clamor que está aumentando en el país por la defensa de la libertad de prensa.
Para ella, tanto el caso de las interceptaciones como los asesinatos contra periodistas forman parte del mismo problema: “el Estado no está al servicio de quien debe, de la sociedad. Porque al final nosotros somos la voz de la gente. Todo nos lleva a lo mismo, una política de Estado contra los periodistas, de intentar silenciarlos de distintas formas, y en suma una constante impunidad en todos los casos”.
Muñiz, como otros periodistas, se siente sola, poco acompañada por la sociedad, y ese le parece parte del problema, porque cree que hay una desconexión con la gente que no está entendiendo la vital función que tiene la prensa. En este sentido, propone una mayor unidad del gremio para su protección.
Camarena afirmó, por su parte, que lo que está ocurriendo en México ha dado pie para que muchos periodistas reflexionen, en especial los del DF: “parecía que vivíamos en una burbuja o realidad paralela, con un terrible desapego sobre lo que pasa en las regiones y lo que pasa con nuestros colegas allá en los otros estados. Pero si ya nos estamos viendo vigilados acá en el DF, mucho peor es la situación de nuestros colegas en frontera y en las zonas más golpeadas por la violencia que aqueja al país”.
Impunidad y estancamiento
¿Qué tiene que pasar para que la situación cambie? Ninguno de los entrevistados supo dar respuesta en tiempos en los que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa está completamente impune; cuando no se sabe quién ordenó el asesinato de Valdez; cuando el mismo gobierno es salpicado por The New York Times en un caso de interceptaciones a quienes denuncian e investigan; “y cuando casos como el de Casa Blanca no implican sanción contra un gobernante por conflicto de intereses”, como advierte Camarena. Lo mínimo que los periodistas mexicanos piden es que se mantenga el seguimiento mundial a la tragedia que viven, que es lo único en lo que han visto avances.
Tomado: tercerainformacion