sábado, 31 de octubre de 2020

Autores de masacre de jesuitas en El Salvador no serán juzgados

 La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó que no se debe investigar a los altos cargos sospechosos de tener vínculos con el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras por el Ejército de ese país centroamericano.

Los abogados defensores de los militares recurrieron a la instancia para que no permitiera reabrir el caso por «considerar que es un hecho juzgado, que no son delitos de lesa humanidad y porque la acción penal ya está prescrita».

Se trata del asesinato de los sacerdotes españoles Ignacio Martín-Baró, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, durante la guerra civil del país. El crimen es considerado uno de los episodios más notorios durante el conflicto.

El pasado 11 de septiembre de 2020, la sección segunda de la Sala de lo Penal de España condenó al excoronel Orlando Inocente Montano a 133 años por la masacre de cinco jesuitas españoles en la residencia de la Universidad Centroamericana (UCA). Asimismo, también lo declaró responsable de los homicidios en contra de las tres víctimas salvadoreñas.

Los representantes de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” ofrecieron inmediatamente su reacción en redes sociales. El abogado Arnau Baulenas expresó en su cuenta en Twitter que “esta decisión irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía”.

De igual forma, el también representante de las víctimas en las audiencias de la Corte Suprema, precisó que dicho ente judicial respondió «a un recurso que a todas luces era inadmisible e irrespetando sus propios precedentes».

La Usaid y los bolsillos hambrientos de la contrarrevolución

 El 3 de noviembre de 1961 fue creada la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), supuestamente para colaborar con el desarrollo económico y social de América Latina.

Pero en realidad los fondos manejados por esa organización han sido utilizados para la represión contra países, organizaciones, movimientos o personas de ideas de izquierda, o simplemente progresistas.

Contra Cuba, la Usaid, junto a la NED, han servido de fachada para las acciones de la CIA, y de ­canal para los fondos que financian a la contra­rrevo­lución.

El portal Cuba Money Project, creado por el periodista estadounidense Tracey Eaton, citó datos obtenidos del Explorador de Ayuda Exterior de la Usaid, el cual indicó que la cifra destinada para programas de subversión contra Cuba, desde 1990, fue de 261 395 214 dólares.

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, la Usaid ha invertido casi 50 millones de dólares para «cambiar el sistema político» en la Mayor de las Antillas.

Recientemente, John Barsa, administrador­ ­interino de la Usaid, se sumó a la campaña anticubana de la ONG contrarrevolucionaria con sede en Madrid, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que recibe 250 00 dólares anuales de la NED y 127 000 de la Usaid.

Ambas organizaciones, tapaderas de la CIA, reparten 410 000 dólares al año al medio ADN Cuba, y ­220 000 a Diario de Cuba y Cubanet, respectivamente; una verdadera danza de millones para intentar derrotar a la Revolución cubana, dinero del contribuyente estadounidense destinado a caer, la mayor parte, en los bolsillos hambrientos de la mafia cubanoamericana de Miami y sus secuaces de alquiler, pero, como dijo el Presidente Miguel Díaz-Canel, se quedarán con las ganas de escribir el epitafio.

Tomado: granma

Chile: Reclaman la liberación de detenidos durante las protestas

Este viernes, cientos de personas chocaron con fuerzas policiales en la céntrica Plaza de la Dignidad (Baquedano) a donde acudieron para manifestarse por la liberación de esos presos, la mayoría jóvenes que se encuentran en prisión preventiva desde entonces, sin haber cometido delitos que justifiquen esa medida.

Durante la manifestación en la cual los enfrentamientos se prolongaron por horas entre manifestantes y un fuerte contingente policial que trató de desalojarlos con chorros de agua y gases lacrimógenos, resultaron detenidas al menos una veintena de personas.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en declaraciones a Prensa Latina, señaló que el plebiscito del 25 de octubre fue un logro del movimiento popular que se manifestó en las calles durante meses y del cual fueron protagonistas muchos de los que hoy siguen presos.

Lira, quien encabezó más temprano una protesta con el mismo objetivo, denunció además que el gobierno no se ha hecho cargo de su responsabilidad por la fuerte represión policial que provocó, durante el estallido social y meses posteriores, miles de heridos, entre ellos cientos que sufrieron graves traumas oculares por perdigones lanzados por carabineros.

En los últimos días han cobrado fuerza las demandas y gestiones para que sean libreados cientos de jóvenes presos.

Para las fuerzas políticas y sociales que pugnan por su liberación, resulta incongruente que sigan en prisión, más aún tras la victoria del Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre por una nueva Constitución, trascendental acontecimiento que fue resultado, precisamente, de las grandes movilizaciones populares generadas por el estallido social.

Entre las numerosas iniciativas, legisladores de varios partidos de oposición presentaron esta semana un proyecto de reparación e indemnización para víctimas de violencia estatal que sufrieron la violación de sus derechos humanos.

Por su parte, la bancada del Partido Comunista en el Congreso, exigió una amnistía para los presos de la revuelta. Y en igual medida se pronunciaron partidos del frente Amplio.

El Gobierno, por su parte, rechaza cualquier medida de ese tipo, y el ministro portavoz, Jaime Bellolio, señaló que la legislación penal establece sanciones para esas personas y que indultarlas, sería validar la violencia.

Tomado: tercerainformacion 

viernes, 30 de octubre de 2020

Investigan en EE. UU. a Mike Pompeo por violar ley federal

 La Oficina del Asesor Especial (OSC) investiga un posible caso de manejo indebido de recursos contra el secretario de Estado, Mike Pompeo, según informaron los presidentes demócratas de dos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La pesquisa de esa entidad federal independiente está dirigida a determinar si el jefe de la diplomacia norteamericana violó la Ley Hatch, cuando pronunció un discurso pregrabado para la Convención Nacional Republicana en agosto pasado durante un viaje diplomático oficial.

Los congresistas Eliot L. Engel, demócrata por Nueva York, quien encabeza el Comité de Asuntos Exteriores y Nita M. Lowey, responsable del Comité de Asignaciones, ambos de la Cámara Baja, dijeron en un comunicado:

«Pompeo mostró aún más descaro al hacer un mal uso del Departamento de Estado (DOS) y de los dólares de los contribuyentes para las ambiciones políticas de la Administración y las suyas». Ambos se quejaron de que el DOS bloqueó las intenciones de investigarlo por lo que agradecen a los directivos de la OSC por indagar en este asunto.

La pesquisa también evalúa la legalidad de la promesa del jefe de la diplomacia norteamericana de publicar más correos electrónicos de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, antes del día de las elecciones, lo que según expertos tiene una evidente intención política.

El liderazgo de la fuerza azul también mostró desacuerdo con los discursos de Pompeo ante audiencias nacionales en estados clave, semanas antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, incluyendo una intervención ante la Legislatura de Wisconsin el 24 de septiembre, entre otros.

Los demócratas acusan a Pompeo, quien fue congresista republicano de Kansas y considerado un posible candidato presidencial en 2024, de usar su cargo para sentar las bases de sus ambiciones políticas.

Un portavoz del Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la mañana, destaca el diario The Washington Post. Sin embargo, a pesar de las evidencias presentadas por los congresistas en más de una ocasión, Pompeo defendió su participación en la Convención Republicana, uno de los principales eventos de la campaña, y afirmó que lo hizo a título personal y no como parte de asuntos oficiales.

Los demócratas se concentran en la obvia politización del DOS por parte de su máximo responsable, y argumentan que su discurso en la convención, grabado desde Jerusalén durante un viaje oficial, violó la Ley Hatch y las directrices que prohíben a los funcionarios participar en eventos partidistas.

(Fuente: Prensa Latina)

Tomado: granma

jueves, 29 de octubre de 2020

Denuncian desprecio de gobierno de EE.UU a pueblo de Cuba

 Por medio de su cuenta en Twitter Rodríguez denunció las implicaciones de las recientes modificaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, con las que se impide el envío de dinero a través de compañías norteñas con licencias generales.

Al respecto, escribió: ‘Las medidas coercitivas de EE.UU contra nuestro país y el ataque a las remesas están dirigidos a dañar a las familias cubanas’.

La víspera, una nota de prensa de la financiera cubana Fincimex ratificó que las disposiciones atacan directamente a las remesas familiares, aun cuando los voceros de Washington mienten e intentan hacer ver que las limitaciones son solo a una entidad en específico.

Estos anuncios, en medio de la pandemia de la Covid-19, recalcan el cinismo, el desprecio por el pueblo cubano y el oportunismo del gobierno estadounidense, asegura el comunicado.

Añade que las remesas familiares hacia la isla caribeña son politizadas continuamente por la extrema derecha anticubana, y que desde septiembre del 2019 el Gobierno de Estados Unidos aplica medidas coercitivas para restringir el flujo de remesas.

Aunque la Casa Blanca actúa para perjudicar esos lazos, la mayoría de los emigrados cubanos en la nación norteña apoyan la existencia de vínculos estables con sus familias, precisa la entidad. Fincimex es la encargada en el sistema financiero cubano de garantizar las remesas a la isla desde Estados Unidos, que serán interrumpidas totalmente.

Entre las contrapartes norteamericanas afectadas se encuentra la Western Union, cuyos 407 puntos de pago distribuidos en la mayor de las Antillas cerrarán a causa de estas disposiciones.

Tomado: Tercerainformacion

miércoles, 28 de octubre de 2020

Zimbabwe reclama la eliminación de las medidas coercitivas contra países del sur

 Mientras el mundo lucha por vencer a la pandemia por COVID-19, las potencias occidentales, y en especial Estados Unidos, continúan en su política de sanciones extraterritoriales hacia países subdesarrollados porque los gobiernos no responden a sus intereses.

Una de esas naciones, Zimbabwe, en la década de los 80, inició una reforma agraria para distribuir las tierras de forma equitativa entre sus pobladores con el propósito de corregir los desequilibrios causados por el colonialismo del Reino Unido durante varios siglos.

Las medidas gubernamentales implementadas creó disgusto a los terratenientes, usurpadores de territorios, quienes por diversos mecanismos internacionales lograron imponer sanciones al nuevo gobierno elegido después de proclamada la independencia en 1979.

En la actualidad aún persiste el castigo, a pesar del azote del nuevo coronavirus ya que las instituciones multifinancieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo siguen sin poder proporcionar a Zimbabwe líneas de créditos, préstamos y reprogramación de deudas que son fundamentales para el desarrollo de cualquier nación.

Así lo reconoció el embajador en La Habana Ignatius Graham Mudzimba, en un acto con motivo a la jornada en demanda del levantamiento de las ilegales sanciones a países del sur por parte de EE.UU y sus aliados, que cada año celebran las naciones africanas el 25 de octubre, patrocinada por la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) e integrada por Mozambique, Angola, Sudáfrica, Zimbabwe, Tanzania, Egipto, Namibia y Seychelles.

El diplomático denunció el actuar de la Casa Blanca que prohíbe el movimiento de dinero y penaliza a los bancos por procesar tales transacciones: «En abril de 2019, el Standard Chartered Bank pagó 18 000 000 de dólares en multas al gobierno de EE.UU por procesar transacciones del estado de Zimbabwe», ejemplificó.

Por tales razones, Graham Mudzimba pidió apoyo de todo el mundo para exigir la eliminación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a los países del sur, incluido Cuba. En la voz del embajador de Mozambique Eliseu Joaquim Machava, en la presidencia pro tempore de la SADC, también expresó la solidaridad hacia los países sancionados y exigió el levantamiento a las injustas medidas injerencistas.

Dijo que tales sanciones son un verdadero impedimento para el progreso de los países subdesarrollados, además de ser un atentado al principio del derecho de la autodeterminación: «La SADC continúa firme en la búsqueda de soluciones para la eliminación de obstáculos, a modo de garantizar el desarrollo de actividades socioeconómicas en los países miembros teniendo como objetivo la creación del bienestar en las poblaciones».

Tomado: Granma

6.137 mujeres asesinadas en los últimos 15 años en Honduras

 El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) calcula en 6.137 las mujeres que han perdido la vida de forma violenta y las víctimas de femicidios en los últimos 15 años (2005-2019), con un fuerte repunte a partir del golpe de 2009.

Más del 63 por ciento de los asesinatos (3.891) ocurrieron a partir de 2012, el 60 por ciento de los cuales fueron femicidios, en su mayoría cometidos a manos de la pareja o ex pareja.

Entre enero y agosto de 2020, el Observatorio de la Violencia registró 218 entre muertes violentas y femicidios, 138 de los cuales durante los meses de confinamiento por la pandemia.

Con el agregado del mes de septiembre las víctimas se elevan a 245, es decir una cada 26 horas. El 66,5 por ciento de los crímenes ocurridos este año fue ejecutado con arma de fuego.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) lanzó un grito de alarma ante el aumento de los ataques contra mujeres en septiembre último. La organización feminista registró 30 femicidios, 17 casos de violaciones sexual, 9 de estas contra niñas menores de 15 años.

Durante el foro virtual “Situación de violencia contra las mujeres y su manejo en el contexto del Covid-19”, organizado por la plataforma Tribuna de Mujeres contra los Femicidios ‘Gladys Lanza”, se exigió al estado hondureño “acciones urgentes ante el impacto negativo que enfrentan las mujeres como resultado de la violencia domestica e intrafamiliar, agravada por la pandemia”.

Las organizaciones que integran la Tribuna de Mujeres expresaron profunda preocupación por “la imparable ola de violencia contra las mujeres que es reportada a la línea de emergencia 911”.

De acuerdo con datos del Movimiento de Mujeres por la Paz ‘Visitación Padilla’, de enero a septiembre de este año el Sistema Nacional de Emergencias recibió 76.520 llamadas de auxilio por violencia doméstica (43.590) e intrafamiliar (32.930), es decir unas 283 llamadas al día (en el último trimestre el promedió alcanzó las 301 llamadas diarias).

Estos datos evidencian un aumento del 8 por ciento con respecto al 2019. Lamentablemente, la respuesta estatal sigue siendo muy débil. En este mismo período, el Ministerio Público reportó solamente 2.454 denuncias y los juzgados emitieron 467 sentencias que desembocaron en tan sólo 247 detenciones.

Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios

“¿Qué pasó con el resto de mujeres que sintieron que su vida estaba en riesgo y llamaron al 911? ¿Algunas serán parte de las 245 mujeres víctimas de femicidios en lo que va del año?”, pregunta la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.

Para las organizaciones que integran la plataforma “ser mujer en Honduras implica un alto riesgo, ya que la desprotección que enfrentamos inicia en la casa y trasciende al ámbito público”.

“En nuestra labor como defensoras de los derechos humanos de las mujeres ̶ advierten ̶ nos toca conocer en carne propia los traspiés que deben sortear las mujeres en su búsqueda de justicia”.

Ante la inercia estatal y el repunte de la violencia de género en tiempos de confinamiento por la pandemia, la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios exigieron al gobierno central “políticas públicas con medidas concretas que permitan erradicar la violencia”.

También demandaron a los gobiernos locales “fortalecer los mecanismos de apoyo a las mujeres para que puedan romper el silencio y denunciar la violencia”, y al Ministerio Público “fortalecer las unidades de investigación de muerte violenta de mujeres y femicidio”.

Finalmente pidieron la creación de más juzgados de violencia y la capacitación del personal en violencia de género.

“No nos vamos a cansar de exigir una respuesta estatal que considere a las mujeres como ciudadanas con derechos, sobre todo a vivir una vida libre de violencia y no como meras votantes en los procesos electorales”, dijo Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento ‘Visitación Padilla’.

Tomado: Tercerainformacion

Aprueban juicio contra presidenta de facto en Bolivia por masacres

 La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia determinó el lunes la apertura de un juicio a la presidenta del gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y otros hechos.

La comisión especial del Parlamento que investiga las masacres sugirió proceso penal en contra de los ministros  Karen Longaric, de Relaciones Exteriores; Yerko Núñez, de la Presidencia; Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López, de Defensa; Álvaro Coímbra, de Justicia; Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energías, y María Pinckert, de Medioambiente y Agua.

El informe de esa instancia pasó al pleno del Legislativo, en el que deberá ser aprobado o rechazado por dos tercios.

De acuerdo a la comisión Jeanine Áñez también deberá responder ante la Justicia por la firma del Decreto Supremo 4078 con el cual autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para restablecer el orden público y eximió a los militares de cualquier responsabilidad penal.

Al conocer la decisión en su contra la presidenta de facto, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que el MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto.

Tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, las fuerzas militares ejecutaron las masacres de Senkata, en El Alto, contigua a La Paz, y Sacaba, en el departamento Cochabamba.

En esas operaciones militares y policiales murieron 37 personas, 27 de las cuales fallecieron por impactos de balas.

Las familias de las víctimas aguardan el esclarecimiento de los hechos en aquellos días. Hasta la fecha, la investigación se desarrolla sobre la base de la información proporcionada por personas civiles.

Tomado: Tercerainformacion

martes, 27 de octubre de 2020

Entrevista a Pablo Beltrán. Jefe de la delegación de diálogos de paz del ELN colombiano

 

  1. 2020 ha sido un año que será recordado en la historia. El Covid-19 ha venido a alterar agendas y transformar modos de vida. ¿Estamos ante un cambio de momento social y político? ¿Existe un reordenamiento del capitalismo a nivel mundial?

Es cierto que el mundo, y Colombia por tanto, viven un momento de cambio estructural. Las tres amenazas de extinción que hace el capitalismo contra el planeta y la humanidad, están recibiendo un rechazo que se llama rebelión contra la extinción, que ataca los efectos depredadores del capitalismo. Ahí tenemos el Covid19, los incendios, los huracanes y ciclones, todo eso es el desorden del clima. Pero a su vez, tenemos un crecimiento desmesurado de la desigualdad social mientras que el 1% concentra más riqueza. También tenemos una proliferación de las guerras imperialistas. Entonces, esos tres tentáculos que conspiran contra el planeta y la humanidad están teniendo una resistencia, una lucha, una rebelión. Y de esa lucha, tiene que salir algo nuevo, un postcapitalismo. Tiene que salir el sistema imperialista debilitado. Y también tendrá que salir, en algunas partes -uno se imagina- un retorno de ese capitalismo keynesiano, en otras partes, es muy seguro, lograremos tener unas sociedades más igualitarias, más soberanas, más amables con el planeta. En estos días, el teólogo brasileño Frei Betto decía que “es una ingenuidad creer que van a humanizar el capitalismo”, no, eso es un logro imposible. Quiere decir, que tiene que venir una sociedad postcapitalista más amable con el planeta y más humana.

  1. ¿Cómo ha afectado esta nueva realidad al ELN?

Para los revolucionarios y para nosotros como organización político militar alzada en armas es muy importante que el capitalismo y el imperialismo estén siendo confrontados por miles de millones de personas en el mundo. Porque quiere decir que estamos más acompañados. Y también significa que hay una globalización de las luchas. Hoy tenemos un movimiento contra el calentamiento global por salvar el planeta, tenemos un movimiento global contra la guerra imperialista, también tenemos una sensibilidad mayor contra los cuentos mágicos del capitalismo neoliberal, que decía que en la copa de la riqueza si la llenaban y el 1% tenía su copa llena entonces eso derramaba para el resto de la humanidad. Y eso es falso. Eso lo acaba de denunciar el Papa Francisco en su última encíclica.

Toda esa situación en contra del viejo orden capitalista e imperialista para nosotros los revolucionarios es una oportunidad. Y en Colombia, todas estas luchas por el medio ambiente, por la paz, por la humanidad también se están conectando, y para nosotros eso es muy importante y es una gran oportunidad de cambio y transformaciones estructurales.

  1. Durante la pandemia, la Organización de Naciones Unidas solicitó un alto al fuego inmediato de todos los conflictos armados del planeta. El ELN se sumó en abril a ese llamado con un alto al fuego unilateral. ¿Qué ocurrió en ese proceso y por qué se interrumpió?

Nosotros hicimos un cese unilateral en el mes de abril respondiendo al llamado de la Naciones Unidas y el Papa Francisco. También le propusimos al gobierno que hiciésemos un cese bilateral a continuación que pudiese extenderse, y que permitiera enfrentar el Covid19 como era la solicitud que se nos hacía. Pero el gobierno fue totalmente sordo a nuestra propuesta pero además no hizo ningún tipo de medida de desescalamiento militar. Antes por el contrario, trajo más tropas de EE.UU, se comprometió más en los ataques contra Venezuela, en Colombia se incrementaron los asesinatos de líderes sociales y masacres Y en la zona donde nosotros hicimos ese cese ellos aprovecharon para tomar ventaja militar, por eso no lo pudimos extender.

  1. ¿Cómo valoran la respuesta del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria y social?

El capitalismo en general, como todo lo convierte en negocio, esta pandemia la convirtió en un jugoso negocio para los bancos; porque los dineros públicos que se asignaron para atender a las víctimas de la pandemia, en vez de entregarlos directamente a la gente, lo entregaron a los bancos, y los bancos hicieron grandes dineros con eso. En Colombia hubo un caso gravísimo, que la principal empresa de aviación que nació en Colombia pero que ahora es de unos superricos de EEUU, el gobierno intentó hacerle un salvamento con dinero público de Colombia y el motivo que tuvieron es que una de la vicepresidenta de esa empresa es una hermana del presidente. Entonces estos hechos de corrupción y de mal manejo del heraldo (erario) a favor de unos poquitos mientras que las víctimas se morían ha sido muy denunciado en Colombia y ha sido la respuesta típica en todo el mundo. Porque si usted mira los datos durante todo el tiempo que ha durado la pandemia las ganancias de los bancos se han disparado.

  1. Colombia ha aumentado la militarización del país, y durante la pandemia no han cesado los asesinatos a líderes y lideresas sociales, indígenas, afrodescendientes y excombatientes. Organizaciones humanitarias hablan de más de 220 personas asesinadas en lo que va de año. ¿Creen que ambos fenómenos tienen relación? ¿Podríamos hablar de genocidio en Colombia?

En Colombia se vive un despertar de la sociedad que protesta contra la desigualdad, contra la negación y desconocimiento del proceso de paz, dijéramos que quiere pasar la página de la guerra, que quiere sacar la violencia de la política. Ese es el pedido de la gente, en cambio el régimen encabezado por el gobierno actual quiere sofocar esa protesta y ese despertar ciudadano y esa movilización y ha acudido a incrementar la represión pero resulta que está ocurriendo un fenómeno histórico en Colombia, cuanto más terror y miedo meten la respuesta de la gente es no dejarse retroceder en su movilización y aparecen consignas muy bonitas como ‘nos van a quitar el miedo’, ‘no van a tener tanto terror para meternos miedo’. Han salido consignas muy bonitas contra la indolencia, por ejemplo ‘que los privilegios no nos hagan perder la empatía’. Es un fenómeno social que está pasando por encima del método tradicional de Uribe y sus seguidores que es mantener la cohesión social por medio del odio y del miedo.

Entonces todo eso sí configura un genocidio por las siguientes razones: Las víctimas son las mismas, que son líderes sociales, opositores, excombatientes. Los victimarios son los mismos, que son los grandes poderes económicos que contratan sicarios para matar. Los móviles del crimen son los mismos, que es desarticular el tejido social que se opone a los grandes proyectos económicos y extractivitas del régimen. Todo eso configura un patrón de actuación de exterminio sistemático y cuando hay un exterminio sistemático y planificado se dice que hay un genocidio.

  1. Este 12 de octubre, el ELN dirige una carta abierta al Departamento de Estado, la Fiscalía General de los EEUU y al gobierno colombiano, donde propone “conformar una Comisión Internacional para que verifique sobre el terreno si el ELN tiene cultivos, laboratorios, infraestructuras o rutas para el narcotráfico, o si tiene negocios con precursores químicos usados en la producción de cocaína”. ¿Qué ha motivado esta carta?

Colombia es víctima de la guerra contra las drogas que decretó Nixon desde el año 1974. Es una guerra que lo que ha aumentado es el consumo en los países industrializados y el número de hectáreas cultivadas de coca en Colombia. Aparentemente es un fracaso, pero resulta que los grandes volúmenes de dinero que genera ese tráfico de narcóticos se queda en los bancos y en la narco burguesía colombiana, entonces lo que es un fracaso para el pueblo es un triunfo para ellos, para los banqueros de EEUU y la banca internacional, y para la narcoburguesía colombiana.

Ese fenómeno que es el real ellos lo encubren diciendo, “los narcos son los campesinos que cultivan la coca”, “los narcos son las guerrillas que están en esas zonas”, o sea una acción de distracción. Entonces, para contrastar la realidad con las cortinas de humo, la dirección nuestra estimo necesario hacer una carta abierta donde denuncie este fenómeno.

  1. Finalizan esa misiva afirmando “nunca nuestro corazón ha sido ni será de traficantes, porque nos regimos por fundamentos éticos y de respeto a la humanidad”. ¿Qué nos pueden aportar al respecto?

En Colombia ha habido una maldición, que toda esa economía del narcotráfico ha infiltrado todos los niveles del Estado y la sociedad. Partidos, congresistas, gobiernos locales, departamentales y nacionales, hasta la iglesia ha tenido casos, y por tanto, las guerrillas también han tenido problemas con esto. Cuando nosotros decimos que tenemos un deslinde categórico con el narcotráfico fue en el año 89, cuando en un congreso nuestro se dijo “hay que hacer ese deslinde”, era la época terrorífica de Pablo Escobar.

Y para nosotros significa esto: no involucrarnos en esa cadena, dijéramos, para impedir que eso descomponga cada vez más las comunidades y que nos descomponga a nosotros. Por ejemplo para nosotros ha sido una renuncia de grandes moltos de dinero que no hemos querido meternos en eso, a cambio hemos sido una organización modesta de recursos precarios que no crece mucho porque si tuviéramos dinero podríamos incorporar miles de combatientes, comprar miles de fusiles, pero esa es la decisión que hemos tomado, es una decisión política y ética. Ese no es el nivel de crecimiento que quiere el ELN. En cambio nosotros qué hemos dicho, “vamos a cobrar impuestos”. Entonces en las zonas nuestras cobramos impuestos a todas las actividades económicas que haya. Cuando un tipo va de una gran ciudad colombiana a una región apartada a comprar base de coca a ese le cobramos impuestos pero al campesino no. Esa ha sido nuestra elección, ser una organización modesta, pequeña a cambio de no crecer a costa de estos dineros.

  1. ¿Qué medidas políticas contempla el ELN como solución a este problema del narcotráfico?

El narcotráfico es un gran negocio porque penaliza e ilegaliza el uso de drogas psicoactivas. La primera gran decisión que hay que hacer es legalizar el consumo de esas drogas. Si ustedes miran, en un gran número de estados de EEUU ha sido aprobado el uso recreativo, por ejemplo, de la marihuana. Pero mientras ellos tienen esa política, vienen a hacer la guerra a Colombia, a Perú, a Bolivia, a confrontar de manera militar y policial el fenómeno. Entonces hay que acabar con la ilegalidad porque la ilegalidad es la que da los altos márgenes de ganancia. Esa es la primera gran medida que hay que hacer. Eso implica considerar al adicto un enfermo y no un delincuente. Eso implica también una responsabilidad compartida entre países productores y países consumidores. Y también implica una persecución penal no solamente contra los carteles que trafican en los países productores sino con los carteles que la distribuyen en los países consumidores, y sobre todo con los grandes bancos internacionales que lavan esos moltos de dinero. Entonces significa una acción alternativa a la guerra contra las drogas, y a esa propuesta nosotros estamos dispuestos a empujar y ponerle el hombro.

  1. Igualmente, hablan de nuevo de “pactar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal con el Gobierno Nacional”. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva propuesta y en qué condiciones debería darse?

En la última reunión del Consejo de Seguridad de mediados de octubre, volvieron a hacer un llamado para que sea haga un alto el fuego, en Colombia y otros países, nosotros hemos respondido de nuevo a ese llamado, proponiendo un cese bilateral con el gobierno que permita enfrentar el Covid y que permita también verificar si el ELN está involucrado en actividades de narcotráfico. Porque nosotros hemos propuesto que se conforme una comisión independiente que vaya a las zonas y que verifique, si eso es cierto, cuál es el nivel de involucramiento. Para el trabajo de esa comisión, por supuesto, se necesita que haya un cese. Por eso hemos colocado de nuevo sobre la mesa la propuesta de cese bilateral

  1. ¿Qué lectura hacen de los movimientos de EEUU y Colombia hacia Venezuela durante la pandemia? ¿Cómo se posiciona el ELN ante una posible intervención?

Nosotros hemos dicho que hay que respetar lo que decidan los venezolanos, es un principio de autodeterminación de los pueblos, que lo que la mayoría de los venezolanos decidan qué hacer con su país lo respetemos. Pero no, Estados Unidos quiere decidir qué hacer en Venezuela, y Colombia tiene la actitud de un país vasallo, de acolitar esa injerencia y el intervencionismo de Trump sobre todo. Nosotros rechazamos ese intervencionismo. Segundo, nos parece una estupidez de marca mayor embarcar a Colombia en una guerra con Venezuela. Porque la definición de estupidez es cuando usted toma una decisión, hace daño al otro y se hace daño a sí mismo. En una guerra entre dos pueblos hermanos perdemos los pueblos, ponemos los muertos y las potencias deciden lo que a ellas les importa. Ese camino de estúpidos nosotros lo rechazamos.

  1. Mientras Cuba envía médicos y solidaridad al mundo, el gobierno de Trump recrudece el bloqueo. Desde sus circunstancias actuales en La Habana, ¿cómo han percibido ese bloqueo?

Trump para tener satisfechos a los votantes de extrema derecha en La Florida ha extremado el bloqueo contra Cuba y el ataque a Venezuela. Son propósitos meramente electorales y claro, el pueblo cubano, el pueblo venezolano, sufren mucho, en particular el pueblo cubano tiene muchas escaseces. Pero el gobierno y el partido de gobierno hacen un gran trabajo de explicar el bloqueo y mantienen una posición digna para no arrodillar a Cuba a los dictados de esa extrema derecha violenta que está gobernando. Ahora el 3 de noviembre se supone que va a ver unas elecciones en EEUU y si quitan a este señor de peluquín amarillo y la corbata roja es posible que ese bloqueo amaine.

Nosotros hemos recibido toda la solidaridad del gobierno y el pueblo cubano para seguir insistiendo en que se reabra la mesa de conversaciones, y estamos muy agradecidos con el papel de garantes de Cuba, de Noruega y de los otros países que han acompañado este proceso de conversaciones.

  1. La crisis actual vislumbra un escenario desalentador. Sin embargo, ¿podrían abrirse oportunidades para el avance popular? ¿Cuál es el horizonte de lucha en Colombia y el mundo?

Está tan en ruina el capitalismo que una asociación de millonarios ha dicho que es necesario que les cobren más impuestos tanto a ellos como personas como a las empresas más rentables ¿cómo estarán de podridos? Se dieron cuenta que ya han amasado tanto que hay que hacerle algo de cosmética al sistema, pero los pueblos no van a resistir solo cosméticas. Las luchas van a estar cada vez más altas en todos los países, tanto en los países industrializados como en los países que se llaman del tercer mundo. Y a esto el gran ímpetu que han tomado las luchas por el planeta contra la depredación capitalista, exige que surja una sociedad postcapitalista que va a tener un enraizamiento agrario. Ya nos vamos a tener que despedir de esas megaurbes que todo lo dañan. En esa lucha por la paz mundial, contra la guerra imperialista, contra las desigualdades, contra la extinción del planeta y sus especies, entre ellos nosotros, eso es una gran oportunidad de cambio que va a traer algo mejor para el planeta y para la gente. Llegó un punto en que la gente ha dicho “¡basta!”. Se vienen luchas que le van a cambiar la base a este mundo, y en eso nosotros los revolucionarios estamos empeñados y llamamos a que esa lucha por la paz, por la vida, por la igualdad, por la humanidad es lo que va a abrir otro campo al mundo. Y en eso estamos comprometidos y a eso invitamos a todos.

La Habana | Octubre 2020

Vocesenlucha. Comunicación popular. Pueblos América Latina, el Caribe y Estado español

vocesenlucha.com

Tomado: tercerainformacion 

lunes, 26 de octubre de 2020

Amnistía Internacional: «Marruecos y Sáhara Occidental: El componente de derechos humanos es decisivo para la Misión de la ONU»

 Una petición pública internacional pide que se asigne ya un enviado especial para el S.O.; que se incluya a los ddhh en el mandato de la MINURSO; que el alto comisionado para ddhh (OHCHR) de las NNUU y los procedimientos especiales del Consejo de ddhh de la ONU visite el territorio y los campos de refugiados; y que la Cruz Roja internacional visite a los presos políticos saharauis.

La observación efectiva de la situación de los derechos humanos tiene que ser un componente esencial de toda presencia futura de fuerzas de la ONU para el mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos, y en los campos de refugiados saharauis de Argelia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en una detallada declaración.

El 28 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que por el momento no incluye un componente de derechos humanos. MINURSO se estableció en 1991 con objeto de hacer seguimiento de un acuerdo de alto el fuego entre las fuerzas armadas de Marruecos y el Frente Polisario, movimiento independentista saharaui que administra los campos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.

La existencia de un mecanismo completamente independiente e imparcial en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, con el mandato y los recursos necesarios para vigilar de manera efectiva los abusos contra los derechos humanos, garantizaría al menos que la misión no continúa mirando para otro lado a la hora de abordar las constantes violaciones de derechos humanos.
Amna Guellali

“Durante los últimos 40 años del conflicto territorial, tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario han cometido reiteradamente graves abusos y violaciones de derechos humanos. Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que refuerce la misión de mantenimiento de la paz en la zona añadiendo un componente de derechos humanos a su mandato”, ha afirmado Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La existencia de un mecanismo completamente independiente e imparcial en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, con el mandato y los recursos necesarios para vigilar de manera efectiva los abusos contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de Tinduf, garantizaría al menos que la misión no continúa mirando para otro lado a la hora de abordar las constantes violaciones de derechos humanos.”

En el Sáhara Occidental continúan vigentes las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes al acceso de periodistas y organizaciones independientes de derechos humanos, que impiden la observación de los abusos contra los derechos humanos y consolidan la impunidad de las fuerzas de seguridad. En febrero de 2020, las autoridades marroquíes expulsaron a su llegada al aeropuerto de El Aaiún al menos a nueve personas, entre la que se encontraban diputados y diputadas españoles y una abogada también española, que tenían previsto asistir como observadores al juicio del activista saharaui de los derechos humanos Khatri Dada.

La existencia constante de un mecanismo de la ONU para la observación de la situación de los derechos humanos sería también esencial para ayudar a prevenir nuevos abusos en los campos de Tinduf, donde el acceso a la información sobre la situación de los derechos humanos sobre el terrero es limitado. El Frente Polisario no ha tomado ninguna medida para exigir cuentas a los responsables de anteriores abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos que controla.

Tomado: tercerainformacion

Campesinos protestan contra fumigaciones, minería y por la educación

 Fueron alrededor de 10 mil campesinos que junto a indígenas, afrodescendientes, comerciantes, conductores, vendedores ambulantes, organizaciones fluviales, jóvenes, docentes y organizaciones sindicales del departamento del Putumayo se movilizaron el 21 de octubre en protesta contra el Gobierno nacional por la aspersión aérea con glifosato, la megaminería, la erradicación de cultivos ilícitos, la militarización de los territorios, la muerte de líderes y lideresas sociales. La manifestación también la hicieron en apoyo al paro nacional en pro de la defensa del derecho a la vida y del cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otros.

Campesinos de municipios como San Miguel, Sinbundoy, Mocoa, Puerto Asís, Villa Garzón y otros salieron a las calles a protestar desde las 6 de la mañana en contra de las políticas antidrogas que el gobierno anunció para ese departamento.

La aspersión aérea con glifosato es una de sus más grandes preocupaciones porque consideran que es una amenaza para las comunidades, debido a las consecuencias negativas que afectan al medio ambiente, a las enfermedades irreversibles que causan en los seres humanos y al fuerte impacto que ha tenido en la economía de muchas familias que decidieron participar del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS.

Para Carlos Hernando Chapuel Quenguán, vocero de la Comisión Política de la Coordinadora Departamental de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, del Putumayo y del país: “No hay garantías presupuestales para sustituir los cultivos de uso ilícito, las grandes familias que firmaron voluntariamente hoy se encuentran en situaciones económicas críticas y no han sido atendidas por el Gobierno, esta situación los ha obligado a un desplazamiento forzado en búsqueda de una mejor calidad de vida”.

Por otro lado, los putumayenses se oponen a la explotación minera y petrolera que les ha dejado su territorio erosionado, deforestado y con gran contaminación en ríos y quebradas afectando la flora, la fauna y el ecosistema en general, así como a las comunidades que ya no cuentan agua apta para poder cocinar. “A diario vemos pasar más de 200 carrotanques que transportan el hidrocarburo para el Ecuador. Exigimos a las petroleras que hagan la inversión social y que nos devuelvan todos esos recursos económicos, porque esta explotación conduce a más pobreza y contaminación”, argumentó Carlos Hernando.

En pleno siglo XXI las carreteras del Putumayo lucen estrechas y sin pavimentar, según el vocero de la COCCAM: “El 90% del sector rural carece de electricidad, no tienen apoyo para los proyectos a largo plazo, ni acceso a las tierras porque el ancho de la frontera se encuentra concesionado por las multinacionales. Existen 24 veredas de comunidades campesinas que se encuentran en territorio indígena sobre la reserva Yarinal – San Marcelino y no les han permitido a los campesinos tener acceso a los proyectos productivos. Adicional, tenemos seis pueblos indígenas y hay varios que no han podido acceder a realizar su propio resguardo porque no hay acceso a la tierra”.
Movilización en la vereda La Cruz, en el municipio de San Miguel. Foto cortesía

La militarización de los territorios es otro de los factores que motivaron a los campesinos a protestar porque, aunque muchos lo desconozcan, no todo el departamento del Putumayo se sostiene económicamente de cultivos ilícitos. Para Eder Jair Sánchez Zambrano, dirigente de la de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, en el Putumayo y su presidente en Mocoa: “Municipios como Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco salieron a manifestar en contra de la militarización de los territorios, en el alto Putumayo no hay cultivos de Coca, ni actores armados ilegales, somos ricos en agua y minerales, por eso quieren explotar y militarizar esta zona, estableciendo una base militar cuando no hay motivos. Suficiente tenemos con la Policía que cuenta con cuatro estaciones, no es necesario crear batallones militares, a cambio de esto, pedimos construir una universidad pública para estos municipios, pero que sea gratis y de calidad”.

Eder Jair, a su vez, manifestó: “El Putumayo es un ejemplo nacional en el tema de sustitución voluntaria de cultivos de coca, han logrado levantar 10 mil hectáreas que es bastante, es el más alto a nivel nacional, más de 20 mil familias se vincularon y arrancaron la coca, pero desafortunadamente el Gobierno no ha cumplido, argumentando que no hay financiamiento y está ensañado en hacer trizas el acuerdo de paz, y ahí es donde nos preocupa porque no hay una voluntad política de cumplir con lo que ya firmaron”.

Según el presidente de la ANUC, Mocoa: “La movilización más impactante fue en el municipio de San Miguel, ubicado en la frontera con el Ecuador, allí se calcula que alrededor de cinco mil ciudadanos se movilizaron en la protesta, el comercio cerró totalmente, las veredas se volcaron, así como también salieron a las calles las juntas de acción comunal, comerciantes, estudiantes, padres de familia, quizá fue la más masiva, se realizó cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, también en Puerto Asís, en Mocoa por ser la capital hubo concentraciones de todas las delegaciones del departamento”.

En Mocoa los funcionarios de la Alcaldía se sumaron al paro. En declaraciones el alcalde John Jairo Imbachi López, afirmó: “Nuestro plan de desarrollo le dice no a la megaminería, nosotros tenemos que defender la postura, la división del pueblo que quedó plasmada en este documento de planificación y que ha sido llamado plan de desarrollo, en defensa de nuestro territorio, de la vida y del buen vivir. No a la megaminería, es lo que le estamos diciendo con los ciudadanos de Mocoa porque queremos un desarrollo sostenible para nuestro territorio”.

“Lo más destacable de la protesta es que soplan vientos de unidad, es lo que más nos enorgullece y nos anima en medio de esta violencia y de la negligencia del Gobierno, en dos años vendrán buenos augurios para el Putumayo y así el Gobierno quiera generar miedo, lo que nos deja este paro es más fortaleza y ganas de seguir luchando”, concluyó Eder Jair Sánchez Zambrano.

Publicado en VOZ


viernes, 23 de octubre de 2020

“Grupo de Puebla” pide la renuncia de Luis Almagro a la OEA

 Grupo de Puebla pidió la renuncia de Luis Almagro a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego que la participación del funcionario en los hechos que derivaron en el Golpe de Estado de 2019 se hizo más evidente ante los resultados de las elecciones de este año.

Desde la agrupación consideran que la contundente victoria —según los resultados preliminares— de Luis Arce, del MAS, confirma que no hubo fraude en los comicios de 2019, en los que Morales fue reelecto, como informó entonces la OEA e insistió Almagro. El comunicado es firmado, entre otros, por Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Rafael Correa, José Luis Zapatero, Fernando Lugo, Iván Cepeda, Celso Amorim, Cuathémoc Cárdenas y Guillaume Long.

La agrupación añade que los primeros estudios, que comparan los resultados de las votaciones en los recintos donde supuestamente hubo «irregularidades» en 2019 con el escrutinio de este año, ratifican el triunfo del MAS en esos centros electorales, incluso con mayor porcentaje a favor de ese partido.

El Grupo de Puebla señala que la insistencia de la OEA de catalogar como fraudulentos los resultados del año pasado —sin evidencias claras—, además de evitar la posesión del exmandatario para un nuevo mandato, «desencadenó una situación de violencia política y social, que terminó en un golpe de Estado».

«Ante estas evidencias, es claro que el liderazgo regional del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, resulta seriamente cuestionado», dice la agrupación.

Añaden que el papel de Almagro «en la desestabilización democrática de Bolivia y las relaciones excluyentes que mantiene con otros países del área lo inhabilitan para seguir ejerciendo el papel de mediación y facilitación democráticas que debería desempeñar al frente de tan importante cargo».

«Su salida ayudará a recuperar la paz en la región y reactivar la integración regional que tanta falta ha hecho en estas épocas de pandemia», enfatizan en el documento.

Contraria a la posición asumida el año pasado, cuando se negó a reconocer los resultados a favor de Morales, en esta oportunidad Almagro felicitó a Arce, así como al vicepresidente electo David Choquehuanca, por la victoria obtenida.

A su vez, les deseó «éxito en sus labores futuras», y consideró que «desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país».

Tomado: matrizur.org

Aumenta la deuda climática de los países contaminantes mientras en la UE se siguen subvencioando combustibles fósiles

 El aumento de las temperaturas globales está causando estragos en todo el mundo, sobre todo en las poblaciones que menos contribuyen al aumento de las emisiones contaminantes que lo provocan. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que el cambio climático «plantea una amenaza inmediata y de gran alcance para las personas y comunidades de todo el mundo y tiene implicaciones para el pleno disfrute de los derechos humanos». Esto plantea una deuda climática que debe ser reconocida y abonada por los responsables a las víctimas que genera el cambio climático.

En el Día Internacional contra el Cambio Climático, Alianza por la Solidaridad-Action Aid alerta de la necesidad de abordar la falta la financiación para paliar los daños causados por el cambio climático, un asunto que en la última COP25 celebrada en Madrid quedó a la espera de acuerdo, mientras millones de personas en los países en desarrollo están viéndose ya afectadas por los impactos que generan catástrofes climáticas, cada vez más intensas, y cambios en los ciclos de lluvias que afectan a cultivos básicos para su supervivencia-

De hecho, en la actualidad, la organización recuerda que no hay un mecanismo de mercado con un enfoque centrado en los derechos humanos que permita abordar cómo se financian las pérdidas y los daños asociados con los impactos adversos del cambio climático, dado que las opciones que existen devuelve la carga financiera a los países en desarrollo y no permiten la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones participativa que incluya de manera significativa a las comunidades más vulnerables.

Alianza por la Solidaridad-Action Aid defiende que dejen de financiarse desde los presupuestos nacionales a los combustibles fósiles, a través de subvenciones estatales, un dinero que  a nivel global asciende según una investigación de Action Aid a 300.000 millones de dólares. Está cantidad, así como impuestos por causar daños climáticos deberían formar parte del Fondo de Pérdidas y Daños, junto con el gravamen a las transacciones financieras, conocido como ‘Tasa Tobin”. Ello acabaría con la paradoja de que los gobiernos ayuden a la producción de combustibles contaminantes y a la vez declaren su compromiso con la mitigación, la adaptación y la reparación de las pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático, que sumados a los efectos de la crisis del COVID-19 está aumentado exponencialmente los índices de pobreza.

Sobre los daños causados, cabe señalar que según el Centro de Investigación de Epidemiología y Desastres de la ONU, entre el año 2000 y 2019 ha habido 7.338 eventos catastróficos, perdiéndose en ellos  1,2 millones de vidas y afectando a 4.200 millones de personas, a algunos en más de una ocasión, lo que supuso pérdidas por valor de 2.970 miles de millones de pérdidas. De estos eventos, 6.681 estuvieron relacionados con el clima, el doble que en los 20 años anteriores. En concreto, se ha duplicado en número de inundaciones y de grandes tormentas.

No hay datos concretos sobre cuántas personas tuvieron que migrar debido a los impactos del cambio climático, si bien algunos estudios del Banco Mundial indican que rondan los 100 millones. Se sabe que, en general, las migraciones se dan desde lugares donde hay más exposición a los riesgo del cambio climático a otros donde el riesgo es menor. Es evidente que los migrantes, gracias a las remesas que envían, colaboran en reducir la desigualdad en sus países de origen, lo que hace disminuir la necesidad de migrar para huir de impactos del cambio climático.

Para saber cuánto correspondería pagar a cada país en este ‘fondo de pérdidas y daños’, se calcularía la cuota de responsabilidad de cada país basándose en las contribuciones históricas de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de su capacidad para tomar medidas climáticas, en función del ingreso nacional. En función de ambas variables, la UE debería costear el 23,9% del total.

Según las estimaciones del coste económico en pérdidas y daños en los países en desarrollo, el fondo debería contar con 45.300 millones de euros para 2022, que aumentarían a 272.000 millones en 2030, a través del mencionado Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM).

Las mujeres africanas, prioridad

Para Alianza por la Solidaridad, el trabajo con mujeres es una prioridad en las zonas más impactadas por el cambio climático. Es el caso de África, donde la ONG mantiene proyectos innovadores de agroecología con cooperativas de mujeres en Senegal, Gambia o Mauritania. Se trata de que las mujeres consigan la titularidad de la tierra y puedan acceder a agua suficiente mediante el uso de energías renovables.

En Mauritania, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valencia, se está trabajando para que más de 2.000 mujeres puedan acceder a estos títulos y a la vez aumentar la productividad, pese a las dificultades climáticas de vivir en un país prácticamente desértico: en la zona de trabajo, el sur del país, han tenido dos años de sequía seguidos, en el pasado mes de septiembre, por una temporada de lluvias torrenciales que han provocado grandes inundaciones y graves pérdidas. “Este es sólo un ejemplo de lo que ya está pasando a millones de personas y por ello es fundamental que reciban ayuda continua y suficiente para la reconstrucción de sus medios de vida”, señala Ana Rosa Alcalde, directora de Alianza.

Tomado: Tercerainformacion

jueves, 22 de octubre de 2020

Apuesta Siria por reforzar cooperación económica con Cuba

 El Ministro de Economía y Comercio Exterior de Siria, Mohammed Samer Khalil, ratificó la voluntad de trabajar para impulsar el intercambio comercial y la cooperación económica con Cuba, informó PL.

A pesar de la distancia geográfica entre nuestros dos países, existe una firme voluntad mutua para incrementar el intercambio comercial, ya que Cuba dispone de productos de interés para el mercado sirio y viceversa', dijo el titular sirio durante su reunión con el embajador cubano, Miguel Porto.

Calificó de beneficiosa la importación de medicamentos cubanos por la buena calidad de los mismos y su excelente reputación tanto en el mercado sirio como a nivel internacional.

A su vez, el embajador cubano destacó la importancia de elevar las relaciones económicas al excelente nivel de los vínculos políticos existentes.

En la cita, se abordaron temas relativos a las vías para superar las dificultades resultantes del bloqueo económico y comercial impuesto a los dos países.

Tomado: Granma

¿Por qué quieren los chilenos cambiar la Constitución vigente?

 La Constitución que se encuentra vigente actualmente en Chile data de 1980, convirtiéndose en heredera de la dictadura de Augusto Pinochet, sobre el cual se sustenta el origen ilegítimo que le critica la mayoría de los chilenos, informó Telesur.

La profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, Miriam Henríquez Viñas, explica que precisamente la ilegitimidad de su origen una de las cuestiones que más se critican de la Carta Magna.

"La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo", coincide Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
¿Qué dispone la actual Carta Magna chilena?

Durante la dictadura de Pinochet uno de los modelos asumidos fue la privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; también áreas como la educación y la salud siguieron el mismo esquema.

De acuerdo con esta política, el Estado dejó de ser subsidiario y proveedor de los principales servicios públicos del país, y asume un papel de supervisor de estos, tal y como quedó dispuesto en el texto constitucional.  
"Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos", explica Henríquez, por lo que se consagra a un sistema económico que no proporciona servicios básicos, como atención médica ni pensiones dignas para millones de chilenos.

Por su parte, la jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), Claudia Heiss, explica que la actual Constitución no garantiza derechos como educación o salud, sino "que privilegia la libertad de quienes proveen esos servicios y la de aquellos que pueden pagarlos.

Otro de los aspectos más significativos del contenido constitucional es que se requiere de mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio para realizar reformas en este.
La Constitución "fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo", expresa Henríquez, quien aclara que el texto constitucional desconfía de la voluntad popular para tomar decisiones.

"Esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna", añade la especialista.
Reformas anteriores

La Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005. En 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.

En 2005, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, la nueva reforma acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema.
También, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), se sometió a votación un cambio del sistema electoral que reemplazó la elección binominal por un sistema proporcional moderado de mayor representación de las fuerzas políticas.

Un nuevo proyecto de Ley sería sometido en el Congreso por iniciativa de Bachelet para una nueva reforma a finales de su mandato en 2018, donde incluía la inviolabilidad de los derechos humanos, establecer el derecho a la salud y a la educación, así como la igualdad salarial para hombres y mujeres.

Sin embargo, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia del país descartó esa posibilidad, tras el anuncio de que no permitiría que se revisara un nuevo proyecto de ley, lo que generó gran descontento popular.
¿Qué pretende una nueva Constitución?

Los sectores sociales que han salido a manifestarse en las calles de la nación suramericana, exigen que una nueva Carta Magna debe incluir reformas económicas y de programas sociales para combatir la desigualdad.

"Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio", explica Aranda.
Organizaciones sociales como Colegio de Profesores, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación Empleados públicos y otros actores de la sociedad buscan la conformación de una Asamblea Constituyente.

"Una Asamblea Constituyente podría incorporar a grupos que han estado históricamente marginados y que siguen marginados por la Constitución actual. Podrían tener una presencia mucho más masiva, más representativa e incidente, por ejemplo, los pueblos originarios, las personas de regiones, tener igual participación de hombres y mujeres", explica Heiss.
(Con información de Telesur)
Tomado: Granma

miércoles, 21 de octubre de 2020

Turquía se retira de una base en el noroeste de Siria

 Ankara está sacando sus tropas de un puesto de observación en la localidad de Morek, sita en la provincia de Hama, establecido por los soldados turcos en 2018, pero está consolidando su presencia en otras partes de esta región, según informaron el lunes fuentes familiarizadas con el tema.

“El desmantelamiento de la base ha comenzado”, dijo una figura de alto rango de la oposición siria cercana a Turquía, a la agencia británica de noticias Reuters, agregando que la retirada durará varios días.

La fuente alegó que la retirada es parte de los intentos de Turquía para “consolidar las líneas de alto el fuego” en un acuerdo alcanzado en marzo pasado entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan sobre la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión de los extremistas takfiríes.

Otras dos fuentes familiarizadas con la operación, que prefirieron el anonimato, dijeron que el retiro comenzó el lunes. “Las Fuerzas Armadas turcas no están considerando evacuar otro puesto de observación en esta etapa”, agregó uno de ellos.

Tal y como indica Reuters, dicho puesto turco y varios otros fueron rodeados el año pasado por el avance de las fuerzas sirias, que consideran a las tropas turcas como invasoras en su territorio.

Sin embargo, a principios de este mes en curso, el mandatario turco aseguró que Ankara, no cesará las operaciones militares que inició en 2016 en el norte del territorio sirio, pese a la repulsa del Gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Asad.

Ankara ha violado reiteradamente el acuerdo de alto el fuego, enviando refuerzos militares a Siria, atacando posiciones sirias e incluso apoyando a terroristas. Según las últimas cifras del opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Turquía ha enviado 6280 vehículos militares con miles de soldados a este país árabe desde la tregua del 5 de marzo.

Tomado: Tercerainformacion