La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó que no se debe investigar a los altos cargos sospechosos de tener vínculos con el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras por el Ejército de ese país centroamericano.
Los abogados defensores de los militares recurrieron a la instancia para que no permitiera reabrir el caso por «considerar que es un hecho juzgado, que no son delitos de lesa humanidad y porque la acción penal ya está prescrita».
Se trata del asesinato de los sacerdotes españoles Ignacio Martín-Baró, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, durante la guerra civil del país. El crimen es considerado uno de los episodios más notorios durante el conflicto.
Los representantes de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” ofrecieron inmediatamente su reacción en redes sociales. El abogado Arnau Baulenas expresó en su cuenta en Twitter que “esta decisión irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía”.
De igual forma, el también representante de las víctimas en las audiencias de la Corte Suprema, precisó que dicho ente judicial respondió «a un recurso que a todas luces era inadmisible e irrespetando sus propios precedentes».
