martes, 28 de septiembre de 2021

La CIA planeó secuestrar y asesinar a Julian Assange durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres

 Según la publicación virtual, que citó como fuente a exfuncionarios de los servicios de espionaje estadounidenses, el asunto fue discutido a los más altos niveles de la CIA y del gobierno del presidente Donald Trump, y llegó a punto de solicitarse variantes para llevar a cabo la operación.

Las conversaciones formaron parte de la campaña sin precedente que lanzó la agencia norteamericana contra WikiLeaks y su fundador tras exponer a la luz pública algunas de las herramientas que utilizaba para piratear ordenadores y teléfonos móviles.

Los planes incluyeron un espionaje intenso de los miembros de WikiLeaks, tratar de sembrar la discordia entre ellos y robar sus equipos electrónicos.

Según las fuentes citadas por Yahoo News, la plataforma fundada por Assange había estado en el radar de la CIA desde su fundación en 2010, cuando reveló miles de archivos secretos de la diplomacia y los militares estadounidenses, pero fue la divulgación de los contenidos de la llamada ‘Bóveda 7’ la gota que colmó la copa.

El entonces director de la CIA, Mike Pompeo, y los demás estaban totalmente enajenados de la realidad debido a la vergüenza que pasaron, aseguró uno de los exasesores de seguridad nacional de Trump.

Como parte de los planes, los agentes estadounidenses supuestamente esperaban que los rusos ayudaran a Assange a escapar de la embajada ecuatoriana donde se refugió en 2012, y se prepararon para interceptarlos a como diera lugar en las calles de Londres, o tirotear el avión en que lo sacarían del país.

La CIA también planificó el asesinato del periodista australiano y de otros miembros de su equipo, o en su defecto, secuestrarlo en la legación diplomática y llevárselo a Estados Unidos o entregarlo a las autoridades británicas, que lo requerían por violar una fianza en un caso relacionado con presuntos delitos sexuales cometidos en Suecia. Assange fue finalmente entregado a la Policía británica por el gobierno ecuatoriano en abril de 2019, y desde entonces espera en prisión por la conclusión del proceso de extradición iniciado por la justicia norteamericana.

En enero pasado, una jueza de distrito londinense se negó a entregarlo a Estados Unidos por temor a que el ciberactivista cometa suicidio en una cárcel estadounidense, pero los fiscales de Washington apelaron su decisión, y el juicio se reanudará en un tribunal superior a finales de octubre.

De ser extraditado a Estados Unidos, el fundador de WikiLeaks podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de los 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje que se le imputan.

Tomado: tercerainformacion

Primer quinquenio del Acuerdo de Paz: primera parte

 Nos aprestamos a celebrar los primeros cinco años del Acuerdo Final de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la extinta insurgencia armada de las FARC-EP en el Teatro Colón en la ciudad de Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Se firmó la esperanza de una nación que siempre ha vivido en el ocaso de la guerra, odio, muerte y destrucción. A pesar de los obstáculos y dificultades, a sus cinco años hay mil razones para brindar por la esperanza.

El Acuerdo Final de Paz (AFP) es el más grande acontecimiento político en los últimos setenta años. Jamás otro evento político tuvo tanto apoyo internacional.

Nunca antes un proceso de paz pudo llevarle al mundo tantas lecciones aprendidas.

El Acuerdo de Paz en Colombia fue bien construido, nos dio unas herramientas políticas para salir de la guerra y construir un país moderno, justo, democrático y respetuoso de los derechos humanos, pero el Gobierno de turno ha desaprovechado las bondades de lo pactado y ha pretendido hacerlo trizas.

Por eso hoy Colombia está en el atolladero social y el AFP, hoy por hoy, es una posibilidad en la construcción de la paz estable y duradera. Ahí están las herramientas políticas para que el nuevo presidente lidere la construcción de un nuevo país amable y en paz.

Vale recordar hoy breves apartes del preámbulo de lo construido en la República de Cuba:

“El presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), como acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra”.

¿Qué más legalidad del Acuerdo de Paz queremos de cara a la legislación mundial y la comunidad internacional?

Sin duda lo habíamos logrado luego de cuatro años de negociaciones en La Habana.

Gracias al Gobierno y al pueblo de Cuba por brindarnos su tierra, hospitalidad a ambas delegaciones, ayuda y solidaridad para lograr este acuerdo de paz, luego de muchísimos años de intentarlo entre las partes involucradas en el conflicto social y armado en Colombia por cinco décadas de confrontación armada ininterrumpida.

Una larga guerra que dejó profundas secuelas y huellas imborrables en nuestra nación difíciles de sanar. Una guerra en que no ganaron las armas, ni las bombas.

Ganó la vida, la sensatez, la inteligencia y la esperanza.

Este es un acuerdo de paz en que ningún bando salió triunfador. Interpretamos el clamor de más de siete millones de víctimas, los muertos, los desaparecidos, los miles de heridos, mutilados, huérfanos, viudas, desplazados, todo un universo de dolor que reclamaba (aún reclama) verdad, justicia, reparación y no repetición de la horrible noche de afilados puñales.

La verdad, tanto para el Estado como para nuestra extinta guerrilla, no fue tan sencillo sentarnos en la mesa de conversaciones y pactar un acuerdo de paz.

Fue una gran partida de ajedrez donde se jugaba el mejor premio: el futuro de cincuenta millones de colombianos.

Estuvo precedido por un año de "fase exploratoria”, cientos de reuniones secretas conjuntas entre las partes y por separado en consultas internas.

Mientras tanto se desarrollaba la guerra, como si no hubiese intención de construir la paz.

Y como lo impuso el presidente Juan Manuel Santos: “Nada estuvo acordado, hasta que todo estuviera acordado”.

Dicho en otras palabras, debimos dialogar en medio de la guerra.

Fueron muchos los ataques mutuos, centenares de muertos y heridos.

Unas conversaciones de paz sin cese del fuego bilateral; eso no tenía ni tiene lógica, ni razonamientos serios, pero así se impuso por el Gobierno, casi hasta el final de las conversaciones.

Hubo momentos en que, por negociar en medio de la confrontación, se dieron situaciones a punto de ruptura. Pero a decir verdad, la voluntad estaba determinada en seguir para adelante.

Entre otras cosas porque pactar un acuerdo con enemigos antagónicos y después de una guerra tan larga, donde se utilizaron todos los recursos bélicos y el uso desproporcionado de la fuerza no resultaba tan sencillo para nosotros.

La desconfianza y la experiencia de otros procesos de paz, nos mostraba los afilados dientes de la perfidia y la traición, cuando uno a uno fueron cayendo acribillados los guerrilleros que creyeron en el Gobierno de la época.

Hoy la situación no es menos dramática: 285 firmantes de paz asesinados, amenazados y desplazados de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -como nuestros compañeros de Ituango en Antioquia- sin incluir familiares amenazados, asesinados y desaparecidos.

Fueron las extintas FARC-EP quienes lideraron el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, pues nuestra fuerza guerrillera fue quien primero lo decretó y cumplió.

Dicho sea de paso, dando muestras de una indoblegable voluntad política.

Hay muchos acontecimientos y anécdotas en estas conversaciones en La Habana. Una no menos importante para destacar fue la llegada a la patria de Martí de los militares activos de las Fuerzas Armadas Colombianas que, junto con los guerrilleros, instalarían la subcomisión técnica para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera para desarrollar los subpuntos 1 (Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo) y 2 (Dejación de las armas) del punto 3 (Fin del Conflicto, del Acuerdo General).

Juntarnos y sentarnos en un solo salón militares y guerrilleros por primera vez en 53 años en el Palacio de Convenciones de La Habana fue todo un acontecimiento de nunca olvidar.

La tensión era obvia y evidente, las prevenciones visibles, pero cuando nos dieron la tarea del diseño del cese del fuego y la dejación de las armas para construir la paz, sentimos que teníamos una enorme responsabilidad.

Partíamos de la nada, un poco de teoría para convertirla en una herramienta eficaz, operativa y sencilla.

La palabra es mágica. El diálogo franco, abierto y sincero nos puso en un solo esfuerzo creador.

A los ocho días, éramos amigos de cuentos, anécdotas de combates, de propósitos mutuos en favor de la paz. Se cumplió con la tarea.

Del 2012 al 2016 Colombia vibró aportando y apoyando el proceso de conversaciones, fue como hoy la esperanza de un pueblo que siempre ha estado inmerso en la guerra, que jamás ha tenido sosiego.

Sin lugar a dudas el plebiscito del 2 de octubre fue el primer golpe contra el Acuerdo de Paz.

Gran error de Santos, siendo este un logro como ninguno en la historia y siendo la paz el máximo de todos los derechos fundamentales del ser humano y que es un deber sagrado construirla, antes de consultar.

Eso también demostró las profundas diferencias en el poder y los señores de la guerra se inventaron sofismas para darle el primer golpe al naciente proceso de paz. Entre otros ataques, separaron a los expresidentes de las comparecencias formales ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El Acuerdo de Paz es la esperanza de la paz y vida digna para todos los habitantes de Colombia.

No existe otra posibilidad o alternativa cierta. Es por eso que ha resistido a todos los ataques desde la institucionalidad.

Hemos abierto entre todos los amantes de la paz un ancho camino, en la reconciliación y la convivencia. El proceso de paz es indestructible.

Más de 13 mil excombatientes, hombres y mujeres, estamos por fuera de la guerra. Nunca más queremos volver a la incertidumbre y destrucción de la vida humana.

Creemos en lo pactado en La Habana. Nada ha sido fácil y nunca lo será. Han asesinado cientos de líderes sociales, ambientalistas, defensores de los derechos humanos y firmantes de paz.

Colombia hoy no es la misma del 2016. El pueblo ha despertado y se erige como una nación en procura de la construcción de la paz estable y duradera.

La Silla Vacía

Tomado: Agencia Prensa Rural

lunes, 27 de septiembre de 2021

Jefe del Comando Sur Craig Faller está de visita en Colombia

 Mientras el presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra de visita en Estados Unidos, aliado estrecho del vecino país, el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, anunció que arribó a territorio neogranadino.

Así lo dio a conocer el Comando Sur en su cuenta en twitter, en la que detalló que Faller se reunirá con “líderes militares” en Colombia, país, al que consideró “un aliado vital y confiable en seguridad”, “para discutir la cooperación en materia de seguridad”.

“#Fortalecimiento de alianzas con Colombia: El comandante del #SOUTHCOM, almirante Craig Faller, se encuentra en Colombia para reunirse con líderes militares para discutir la cooperación en materia de seguridad. Colombia es un socio de seguridad vital y confiable. @USEmbassyBogota @mindefensa”, escribió el Comando Sur de EEUU en Twitter.

La información fue ratificada por la Embajada de EEUU en Bogotá. Hace tres meses, Faller estuvo en territorio colombiano y en este oportunidad la visita reaviva una vieja polémica surgida en el país hace un año por la presencia del Comando Sur en Colombia, que ha sido una constante durante el Gobierno de Duque.

Como se recordará el anunció de que EEUU operaría en Colombia para “combatir el narcotráfico”, un grupo de senadores de la vecina nación expresaron su repudio por considerar que esta decisión vulneraba la soberanía y Constitución del país y que podría fortalecer la actuación de los grupos armados paramilitares.

Tal situación originó que el Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca, a solicitud de los senadores, aprobó la suspensión de las actividades del Ejército estadounidense en territorio colombiano, al considerar que la decisión del gobierno de Duque, al autorizar el ingreso y permanencia de tropas gringas en Colombia, había sido inconsulta e inconstitucional.

Además, varias voces señalaron que las tropas gringas en Colombia podrían ser empleadas para eventuales ataques contra Venezuela.

Tomado: Tercerainformacion

Un nuevo informe muestra que las principales empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos

 Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas, y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En su nuevo informe Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19, la organización ha evaluado a seis de las compañías que tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas en todo el mundo: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. y Pfizer, Inc. El informe presenta una imagen muy sombría de un sector que desafortunadamente no respeta los derechos humanos.

Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes. En vez de ello, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Están sumiendo a algunas zonas de Latinoamérica, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario y la población en situación de riesgo han recibido la vacuna.”

“Con esta flagrante desigualdad como telón de fondo, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares estadounidenses a finales de 2022. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas.”

Incumplen las responsabilidades en materia de derechos humanos

Para evaluar la respuesta de las empresas a la crisis, Amnistía Internacional analizó la política de derechos humanos; la estructura de fijación de precios; el historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología; la asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles, y la transparencia de cada empresa. La organización concluyó que —en distinto grado— los seis desarrolladores de las vacunas habían incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

De los 5.760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3% ha ido a los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas —el Mecanismo COVAX— y colaborar con él, algunas de las empresas evaluadas han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan.

Hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se han negado a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología. También se han opuesto a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.

Otras conclusiones son:

  • Hasta ahora, Pfizer y BioNTech han suministrado sólo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que han recibido menos del 1% de su producción. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas habrán obtenido ingresos por valor de más de 86.000 millones de dólares a finales de 2022.
  • Moderna aún no ha entregado una sola dosis de vacuna a los países de bajos ingresos, ha facilitado sólo el 12% de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos y no entregará la gran mayoría de sus pedidos para el COVAX hasta 2022. Gracias a los precios superiores que aplica, esta empresa habrá obtenido ingresos por valor de más de 47.000 millones de dólares a finales de 2022.
  • Johnson & Johnson ha desarrollo la única vacuna monodosis del mundo y la vende a precio de costo, pero no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con el COVAX y la Unión Africana hasta 2022. Además, se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más.
  • AstraZeneca ha entregado la mayoría de sus vacunas a los países de bajos ingresos, vende a precio de costo y ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se ha negado a compartir abiertamente sus conocimientos y su tecnología con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.
  • Novavax está pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna, pero tiene actualmente previsto dedicar casi dos tercios de su producción a abastecer al COVAX. Sin embargo, al igual que las demás, se ha negado a compartir sus conocimientos y su tecnología y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.

Pese a que la mayoría reciben importes multimillonarios de fondos públicos y pedidos anticipados, los fabricantes de las vacunas han monopolizado la propiedad intelectual, impedido la transferencia de tecnología y llevado a cabo un trabajo agresivo de incidencia contra las medidas que podrían ampliar la fabricación global de estas vacunas. Su pasividad constante ha perjudicado los derechos humanos de los miles de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra la COVID-19 que puede salvarles la vida.

Cuenta atrás de 100 días

“Quedan 100 días a partir de hoy para que termine el año. Pedimos a los Estados y las empresas farmacéuticas que cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para empezar ya a entregar 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos. Nadie debe pasar otro año sufriendo y viviendo con miedo”, ha señalado Agnès Callamard.

Coincidiendo con la publicación hoy de este informe, Amnistía Internacional va a lanza una campaña global —con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos— para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmacéuticas. La campaña “Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!” exige que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año. Instamos a los Estados a que redistribuyan con urgencia los cientos de millones de dosis sobrantes que no se están utilizando, y a los desarrolladores de las vacunas que garanticen que al menos el 50% de las dosis producidas se destinan a estos países. Si los Estados y las empresas farmacéuticas siguen en su trayectoria actual, no se vislumbrará el final de la COVID-19.

“Provistas de importes multimillonarios procedentes de los impuestos de la ciudadanía y el conocimiento técnico generado en centros de investigación, las empresas farmacéuticas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de vacunas que salvan vidas. Ahora, deben actuar de forma inmediata para proporcionar a miles de millones de personas más la posibilidad de vacunarse. Para lograr una distribución rápida y equitativa, los desarrolladores de las vacunas deben dar prioridad a las entregas destinadas a los países que más las necesitan y suspender los derechos de propiedad intelectual que tienen, compartir sus conocimientos y su tecnología y formar a fabricantes cualificados para incrementar la producción de vacunas contra la COVID-19”, ha añadido Agnès Callamard.

Ante los compromisos que el presidente Biden va a anunciar para combatir la epidemia provocada por el coronavirus —incluida la vacunación completa del 70% de la población mundial para septiembre del próximo año— en una cumbre que se celebra hoy (22 de septiembre), Agnès Callamard ha declarado:

“Las vacunas contra la COVID-19 deben estar disponibles y ser accesibles para todas las personas de forma inmediata. Corresponde a los gobiernos y las empresas farmacéuticas conseguir que efectivamente sea así. Necesitamos líderes como el presidente Biden, que pongan miles de millones de dosis sobre la mesa y cumplan sus compromisos; de lo contrario, se trata de otro gesto vacío y se siguen perdiendo vidas”.

Amnistía Internacional pide también a los gobiernos que garanticen a toda la población la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los centros médicos y los medicamentos. Las autoridades deben adoptar leyes y políticas para garantizar que las empresas farmacéuticas se ajustan a las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada empresa antes de la publicación y recibió respuesta de cinco de ellas (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson). Las empresas reconocen que la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos, pero ninguna de ellas ha respondido a esta aspiración ni ha cumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Información complementaria

En el informe de Amnistía Internacional no se ha evaluado de forma detallada a las empresas chinas y rusas que producen miles de millones de dosis porque éstas facilitan menos información corporativa. Esta falta de transparencia impide realizar una evaluación completa. No obstante, estas empresas, al igual que todas las demás, también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Y, como las demás, tampoco han distribuido sus vacunas de forma equitativa (han reservado la mayoría de sus dosis para uso nacional) ni se han sumado a las iniciativas mancomunadas de intercambio de conocimientos y tecnología.

Los datos sobre la distribución de las vacunas, los planes de producción y las previsiones de ingresos de cada empresa se obtuvieron de Airfinity, una empresa de ciencia de datos. Los datos sobre los índices de vacunación de los distintos países se obtuvieron del sitio web Our World in Data.

Con los datos de estas fuentes, Amnistía ha calculado que 1.200 millones de personas más que viven en países de ingresos bajos y medianos bajos necesitarían vacunarse antes de que termine el año para cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de estos países. Para ello se requieren más de 2.000 millones de vacunas. Si tan sólo el 50% de la producción mundial prevista hasta final de año se distribuyera a los países de ingresos bajos y medianos bajos, se dispondría de 2,6 mil millones de vacunas.

Tomado: tercerainformacion

Movilizaciones en México y en Europa denuncian la violencia contra las zapatistas

 Las protestas responden al llamado del EZLN en su comunicado CHIAPAS AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL, tras el secuestro de las autoridades civiles zapatistas Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, miembros de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 10, Patria Nueva, quienes estuvieron privados de la libertad durante 8 días por la organización paramilitar ORCAO, que desde hace 20 años, y en particular en los dos últimos años, ha agredido y violentado a las comunidades zapatistas, con la connivencia de los gobiernos estatales y federales.

La acción global de apoyo sucede en el contexto de la Travesía Zapatista por la Vida, en la que 177 personas delegadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala de México, viajarán a 28 territorios de la Europa de abajo y a la izquierda, para escuchar y compartir las historias, sueños, dolores y aprendizajes de las personas y colectividades que se organizan y siguen defendiendo la vida del sistema capitalista.

Tomado: tercerainformacion

jueves, 23 de septiembre de 2021

Siria urge la salida inmediata de las tropas de Turquía de su país

 “Creo que Turquía debe retirar sus tropas inmediatamente”, ha hecho hincapié el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal al-Miqdad, en una entrevista publicada este jueves con la agencia rusa de noticias RIA Novosti.

De acuerdo con el jefe de la Diplomacia del país levantino, la principal razón que impulsa la escalada de tensiones en el norte del territorio sirio, como en la provincia noroccidental de Idlib, es la “ocupación” de Ankara, así como el apoyo que presta este país a los grupos terroristas sobre el terreno.

En este sentido, el canciller sirio ha aseverado que la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos de Damasco con el fin de liberar sus territorios ocupados en el norte del país árabe.

Al respecto, el Ministerio sirio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó el lunes, mediante un comunicado, las prácticas hostiles de Turquía, considerándolas como un “acto de agresión y violación de su soberanía e independencia”.

A su vez, el país levantino se reserva el derecho a responder y poner fin a los actos hostiles de Ankara, garantizado por la Constitución del país levantino, así como por los principios del derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tal como aseguró la Cartera siria.

Sin la autorización de Damasco, Turquía ha desplegado militares y ocupa varios puntos de las zonas norteñas de Siria, so pretexto de combatir a las milicias kurdas, a las que considera terroristas, mientras que algunos informes revelan la implicación de Ankara y sus milicias aliadas en el robo del petróleo sirio.

Sin embargo, el Gobierno de Siria, presidido por Bashar al-Asad, por su parte, ha denunciado en varios casos la presencia militar ilegal de Turquía en su país. Es más, a juicio del país, Ankara brinda apoyo a los terroristas y de robar los recursos naturales y activos públicos del país. De hecho, exige su retirada inmediata.

Tomado: tercerainformacion

miércoles, 22 de septiembre de 2021

La cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU en Nueva York perpetúa un modelo injusto e insostenible

 Las organizaciones Amigos de la Tierra, CERAI, COAG y Justicia Alimentaria sostienen que la Cumbre de Sistemas Alimentarios, que tendrá lugar el jueves 23 de septiembre en Nueva York, apuesta por un modelo agroindustrial globalizado, que profundizará aún más sus impactos medioambientales y sociales. Además denuncian que dicha Cumbre es un intento encubierto de deslegitimar los mecanismos y espacios de la ONU en materia alimentaria, en especial del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA), al mismo tiempo que debilita considerablemente el papel de los Estados frente a empresas transnacionales y el modelo económico actual. Además, dicho proceso margina y excluye a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las organizaciones de productores y productoras de alimentos.

Tal y como afirma el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, Michael Fakhri, “si bien la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se centraba en buscar soluciones, no ha brindado una explicación coherente de los problemas que enfrentan los sistemas alimentarios del mundo, ni ha tratado los efectos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el derecho a la alimentación. El proceso de la Cumbre omitió las propuestas que abordaban dos áreas fundamentales: el poder empresarial y la política comercial” (1).

Las organizaciones agrarias, sociales y ecologistas se suman a la Declaración internacional en contra de los sistemas alimentarios corporativos y a favor de la soberanía alimentaria (2). Animan también a las organizaciones de la sociedad civil a adherirse a la misma y solicitan al Gobierno español que no participe en la Cumbre de Sistemas Alimentarios y, al contrario, que asegure que su representación en las agencias con sede en Roma y en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial siga siendo central para los debates multilaterales sobre alimentación y agricultura.

La actual Cumbre de Sistemas Alimentarios no se ha construido sobre el legado de las anteriores cumbres mundiales sobre alimentación, que estaban claramente ancladas en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que dieron lugar a la creación de mecanismos de gobernanza innovadores, inclusivos y participativos, con el objetivo de llevar a la realidad el derecho a una alimentación adecuada para toda la población. Por contra, esta cumbre se basa en un acuerdo de asociación con el Foro Económico Mundial (FEM), el cual arroja una nube sobre la integridad de la ONU como sistema multilateral y abre la puerta a establecer el «capitalismo de las partes interesadas» como modelo de gobernanza para todo el planeta.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas y la FAO ofrecen un modelo diferente al de la cumbre. El CSA es reconocido como el Comité de la ONU más inclusivo y participativo, ya que representa a los pueblos indígenas, las personas sin tierra, las mujeres, las personas trabajadoras rurales, campesinas, pescadoras, pastoras, consumidoras, así como a las personas que padecen inseguridad alimentaria en las zonas urbanas y a las jóvenes, con el fin de garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada para toda la población. En la actualidad, el CSA está negociando directrices sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, así como recomendaciones de políticas sobre agroecología, que abordan genuinamente las preocupaciones que la cumbre propuesta por la ONU desea perseguir. Por su parte, la FAO ha adoptado políticas claras de colaboración con la sociedad civil, los pueblos indígenas y los productores de alimentos a pequeña escala, así como marcos normativos para transformar los sistemas alimentarios hacia un modelo más justo y sostenible. En la actualidad, la FAO desempeña un papel fundamental en el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar.

Tomado: tercerainformacion

Nancy Pelosi: “El capitalismo no ha servido a nuestra economía tan bien como debería”

 “En Estados Unidos, el capitalismo es nuestro sistema, es nuestro sistema económico, pero no ha servido a nuestra economía tan bien como debería”, ha declarado este viernes la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, durante un evento de Chatham House en Londres, Reino Unido.

“Así que lo que queremos hacer no es apartarnos de él, sino mejorarlo y garantizar que nos sirva”, agregó. Según Pelosi, históricamente, el ‘capitalismo de las partes interesadas’ ha permitido que los salarios tanto de los trabajadores como de los directivos aumenten junto con la productividad, pero el cambio económico de las últimas décadas ha favorecido al ‘capitalismo de accionistas’.

“No se puede tener un sistema en el que el éxito de algunos emana de la explotación de los trabajadores y brota de la explotación del medioambiente y el resto, y tenemos que corregirlo”, sostuvo la legisladora demócrata. “No podemos permitir una explotación de nuestra mano de obra”, enfatizó, criticando el estancamiento de los salarios de los empleados.

No obstante, la presidenta de la Cámara de Representantes estima que las cosas van cambiando e incluso en el sector privado se están dando cuenta de la necesidad de los cambios.

En su discurso no ha llegado a utilizar la palabra ‘socialismo’, que sigue delicada en la política estadounidense. De hecho, durante las elecciones presidenciales del año pasado, Donald Trump llamó a su entonces rival Joe Biden un “caballo de Troya del socialismo”.

Este jueves, Biden declaró que desde el inicio de la pandemia la fortuna de los multimillonarios ha aumentado en 1,8 billones de dólares, de acuerdo con los datos del informe de Americans For Tax Fairness y el Instituto de Estudios Políticos, y que 55 de las corporaciones más grandes del país no pagan ni un céntimo en impuestos federales sobre la renta. “Simplemente injusto”, manifestó el mandatario.
Tomado: matrizur.org

martes, 21 de septiembre de 2021

América Latina: Crisis climática y el riesgo de defender los bienes comunes

 El recién publicado informe de Global Witness «Última línea de defensa» lanza un grito de alerta: la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

De acuerdo con el informe (descargue aquí la versión en español e inglés) el año 2020 ha sido el más letal para las personas que defienden sus hogares, la tierra, los medios de vida y los ecosistemas.

Son 227 las personas defensoras asesinadas en el mundo (fueron 212 en 2019), tres de cada cuatro (165) en América Latina, que se confirma como el continente más peligroso para quienes defienden los bienes comunes. Esto significa más de 4 personas asesinadas en promedio cada semana.

El informe señala también que defensores y defensoras sufrieron toda una serie de ataques no letales, entre otros, detenciones, campañas de difamación, amenazas, acoso, hostigamiento, violencia sexual, demandas judiciales.

América Latina, la más peligrosa

Colombia (65), México (30) y Filipinas (29) son los países con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas, y suman más de la mitad del total registrado.

En Colombia, un tercio de estos ataques fueron contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala. Estos datos se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra líderes sociales y ex combatientes firmantes del acuerdo de paz.

Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo (2016) han sido asesinados 1231 líderes (116 en 2021) y 285 ex combatientes de las FARC-EP (36 en 2021).

México resultó ser uno de los países que ha registrado el mayor aumento de asesinatos de personas defensoras respecto al 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques fueron dirigidos contra comunidades indígenas. El 95% de estos casos quedan en la impunidad.

Brasil (20), Honduras (17), República del Congo (15) y Guatemala (13) son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia, México y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Nicaragua (12), Honduras, Colombia y Guatemala encabezan esta lista.

Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. La explotación forestal fue el sector con el mayor número de asesinatos (23), seguido por agroindustria y minería (17).

Global Witness señala que agroindustria y minería han estado vinculados a más del 30% de todos los asesinatos que la organización británica ha documentado a partir de 2015.

Otro dato muy preocupante es que, una vez más, los pueblos indígenas son las principales víctimas. A pesar de que apenas representan el 5% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos contra ellos, en especial en México, América Central, Sudamérica y Filipinas. 

De los 227 asesinatos de personas defensoras registrados por Global Witness, 226 ocurrieron en el Sur Global. En el período transcurrido desde que dicha organización comenzó a recopilar datos, menos del 1% de todos los ataques letales registrados se documentaron en el Norte Global.

La verdadera dimensión del problema

Global Witness advierte en su informe que todos estos datos no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que en algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir.

En este sentido, las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras, dan lugar a un subregistro. Todo esto – asegura Global Witness – hace que las cifras publicadas en el informe sean una subestimación y que la dimensión del problema sea mucho más grande.

Empresas responsables

«Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras», señala el informe.

«En muchos países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las empresas operan casi con total impunidad. En un contexto en el que el equilibrio de poder se inclina a favor de las corporaciones, no es frecuente que alguien sea arrestado o llevado ante la justicia por matar a personas defensoras», agrega.

Y cuando esto ocurre, suelen ser los autores materiales del crimen los que acaban sentados en el banquillo de los acusados, y no los mandantes y autores intelectuales que, en la inmensa mayoría de los casos, quedan en la impunidad.

«Mientras se acaparen más tierras y se talen más bosques para priorizar las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras se agravarán.

Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias», concluye Global Witness.

Tomado: tercerainformacion

Sudán denuncia un intento de golpe y detiene a varios altos mandos militares

 “Ha habido un fallido intento de golpe de Estado, el pueblo debe hacerle frente”, han publicado este martes medios estatales de Sudán.

Los conspiradores intentaron apoderarse del edificio de la prensa estatal, no obstante “fracasaron”, según la información facilitada por una fuente gubernamental a la agencia francesa de noticias AFP.

Otra fuente sudanesa, bajo condición de anonimato, ha dicho que se han tomado medidas para contener lo sucedido, y ha detallado que el golpe había involucrado un intento de tomar el control de la radio estatal en Omdurmán, al otro lado del río Nilo desde la capital, Jartum.

Arrestados los implicados en el golpe

Asimismo, un oficial militar ha explicado a medios que un número indeterminado de soldados del cuerpo blindado estaban detrás del intento y que intentaron apoderarse de varias instituciones gubernamentales, pero fueron detenidos en seco, y muchos soldados, incluidos oficiales de alto rango, han sido arrestados.

A su vez, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Muhamed al-Faki Suleiman, portavoz del Consejo Soberano de Sudán, ha manifestado que el Ejército sudanés emitirá un comunicado en breve para abordar los últimos acontecimientos.

Además, ha asegurado que las fuerzas del Ejército están vigilando la situación para garantizar la seguridad del país. “Todo está bajo control. La revolución sale victoriosa”, ha resaltado, pidiendo a los sudaneses que protejan la transición.

Sudán ha estado en un camino frágil hacia un gobierno democrático desde que los militares derrocaron al exmandatario autocrático del país Omar al-Bashir en abril de 2019, luego de cuatro meses de protestas masivas. El país ahora está gobernado por un gobierno civil y militar conjunto que enfrenta enormes desafíos económicos y de seguridad.

Las profundas divisiones políticas y los problemas económicos crónicos han ensombrecido la frágil transición. En los últimos meses, el gobierno ha emprendido una serie de duras reformas económicas para el alivio de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los pasos, que incluyeron la reducción de subsidios y una flotación administrada de la libra sudanesa, fueron vistos por muchos sudaneses como demasiado duros. Se han producido protestas esporádicas contra las reformas respaldadas por el FMI y el aumento del costo de la vida.

Tomado: tercerainformacion

Colombia: Asesinan al comunero indígena David Aricapa Viscue

 El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el lunes que en lo que va de 2021 han sido asesinados 124 líderes sociales y defensores de los derechos humanos (DD.HH.).

La ONG reportó en sus redes sociales el homicidio de David Aricapa Viscue, de 26 años de edad y quien era comunero del resguardo de López Adentro, perteneciente al pueblo Nasa y que se ubica entre los municipios de Caloto y Corinto, en el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste del país.

“Con David van 124 líderes y defensores de DDHH asesinados en 2021”, y es el crimen número 1.239 de un activista desde la firma del acuerdo de paz de 2016, lamentó el Indepaz.

Detalló que el homicidio de Aricapa Viscue ocurrió la tarde del lunes en la entrada del rescuardo Toéz de Caloto, cuando desconocidos lo atacaron con armas de fuego hasta causarle la muerte.

“Se denuncia que en la zona se ha dado el asesinato de por lo menos siete personas en lo corrido del año; asimismo, en horas de la mañana hubo combates entre la Fuerza Pública y una estrcutura armadas en el municipio de Suárez”, agregó la ONG.

Indicó que la Defensoría del Pueblo emitió para ese municipio una acta investigativa, en la que se alerta de acciones armadas que afectan la seguridad de las comunidades que habitan en la zona.

El coordinador del Observatorio de DD.HH. y Conflictividades de Indepaz, Leonardo González Perafán, denunció, por su parte, que este lunes fueron asesinados en Colombia cinco líderes y activistas humanitarios.

Apuntó que los crímenes se cometieron en contra de María Nancy Ramírez, en Santa Rosa de Osos, Antioquia; Jose Luis Pai, en Tumaco, Nariño; Jovanny Javier García, en Tumaco, Nariño; Dilio Bailarín, en Carmen del Darién, Chocó; y David Aricapa Viscue, en Caloto, Cauca.

Tomado: tercerainformacion

lunes, 20 de septiembre de 2021

Vietnam aprueba el uso de la vacuna cubana Abdala

 A pedido del Centro de Investigación y Producción de Vacunas y Productos Biológicos Médicos, el Ministerio de Salud de Vietnam aprobó este sábado la importación y uso de la vacuna antiCovid-19 desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba.

Esta decisión se hizo efectiva mediante un decreto gubernamental, coincidiendo con la visita del presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a la mayor de las Antillas, en una visita oficial cuyo objetivo será, entre otros, entablar negociaciones para el suministro del antígeno cubano.

Xuan Phuc se comunicó hace unos días vía telefónica con su par cubano, Miguel Díaz-Canel, para dialogar sobre transferencia tecnológica para producir el antígeno en el país indochino.

De acuerdo con los medios locales, el autorizo de importación de Abdala corrió a cargo del Departamento de Gestión Farmacéutica del Ministerio de Salud.

Además, el Departamento de Ciencia, Tecnología y Capacitación del sector deberá seleccionar los organismos calificados para evaluar la seguridad y efectividad del inmunógeno, con la asesoría del Consejo Asesor sobre el uso de biológicos médicos.

Por su parte, el Departamento de Medicina Preventiva se encargará de la administración de Abdala y el Instituto de Pruebas de Vacunas y Productos Biológicos y Médicos verificará y certificará los lotes que se fabriquen previo a las inoculaciones.

Expertos señalaron que de esta forma Vietnam ratifica la confianza en la ciencia y la tecnología cubana y en su medicina.

Abdala es uno de los cinco fármacos producidos y desarrollados en la nación caribeña, que ya recibió la autorización para su uso de emergencia en el territorio cubano por parte de su entidad regulatoria.

También se encuentra en análisis para su recomendación de uso de emergencia ante la Organización Mundial de la Salud.

Tomado: tercerainformacion

Reportan la masacre número 71 en Colombia durante el 2021

 El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) informó que se perpetró la masacre número 71 en Colombia, ocurrida un muncipio del departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la entidad, autoridades en el Valle del Cauca, confirmaron la recuperación de tres cuerpos sin vida de tres hombres en un zona rural del municipio de Tuluá.

Se conoció que las víctimas presentaban heridas con arma de fuego y fueron identificados como Sebastián Romero Arciniegas, Joel de Jesus Bedoya Toquica y Bryan Stiven Bedoya Orozco.

Según información preliminar, de la Policía en el Valle del Cauca, la masacre se habría perpetrado en la tarde del sábado en una vía del corregimiento Mateguadua y la vereda Cienagueta, en el municipio de Tuluá.

Fuentes policiales indicaron que Joel de Jesús Bedoya Toquica de 41 años de edad y su hijo Bryan Stiven Bedoya Orozco (17), residían en el corregimiento de Mateguadua, en una finca de nombre La Hamaca. Además, el hombre sería presidente de la Junta de Acción Comunal de ese corregimiento.

Las autoridades tratan de conocer más detalles del triple asesinato, aunque moradores indicaron que las víctimas habrían sido asesinadas en el lugar donde hallaron sus cuerpos.

Horas antes Indepaz reportó la masacre número 70 en Colombia, hecho ocurrido en el municipio de Pitalito del departamento de Huila, luego que tres personas, una de ellas una mujer, fueron asesinadas y una más resultó con heridas leves.

Desde Indepaz indican que durante el 2021 se han perpetrado 71 masacres en las que han fallecido al menos 250 personas, mientras que en el 2020 se reportaron 91 masacres con un saldo de 381 víctimas.

Tomado: Tercerainformacion

Israel maltrata física y verbalmente a los seis presos palestinos

 En la sesión de interrogatorio llevado a cabo el domingo por autoridades israelíes Iham Kamamji confesó a su abogado, Monzer Abu Ahmad, que en la prisión israelí las guardias le daban palizas y le trataban con violencia.

Además, Abu Ahmad reveló que las tropas del régimen israelí golpearon brutalmente a su cliente Iham Kamamji cuando le arrestaron en la ciudad de Yenín.

“No le dieron el tratamiento necesario cuando llegó a la cárcel, y me pidió que obligara a la autoridades penitenciarias a presentarle a un médico para que le examinara el dolor de pecho, hombros y cuello”, aseguró Abu Ahmad.

En otra parte de sus declaraciones, el preso palestino reconoció que “durante la persecución en los territorios palestinos ocupados un soldado israelí confiscó todo lo que tenía, pero no se dio cuenta de que yo era uno de los 6 prisioneros” que habían escapado de la prisión israelí.

Los 6 presos palestinos lograron escapar el 6 de septiembre de la prisión de Gilbao cavando un túnel en el suelo de su celda. Israel primero capturó a 4 de ellos y tras una persecución masiva arrestó la madrugada del domingo a los 2 restantes.

La condición de salud de ellos ha sido un tema de la preocupación de la sociedad palestina.

Tomado: tercerainformacion

viernes, 17 de septiembre de 2021

Naciones Unidas advierte sobre lo asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia

 La oficina del alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia dio cuenta este jueves de un informe de seguimiento sobre asesinatos a defensores de los derechos humanos en Colombia, donde alerta por los asesinatos sistemáticos.

El informe afirma que en el período de tiempo desde enero a agosto de 2021, se han reportado al menos 143 quejas de asesinatos de los cuales se han verificado 52 casos y 26 están en proceso de verificación.

De los casos confirmados, ha habido cinco mujeres de las cuales tres eran indígenas. Por su parte, de los 47 hombres, cinco pertenecían a las comunidades afrocolombianas y dos de las comunidades originarias.

Respecto a las regiones, el informe detalla que en el departamento del Valle del Cauca han sido asesinados 27 defensores de los derechos humanos seguido del Cauca con cinco, mientras que los departamentos de Antioquia y Cundinamarca con cuatro asesinatos cada uno.

Hasta el momento, los hechos comprobados han sido registrados en 13 departamentos de la geografía colombiana lo que demuestra lo difícil que es sobrevivir para estos líderes y portavoces de la justicia.

Por otro lado, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Colombia hasta el 29 de agosto pasado, se han asesinado 114 líderes sociales, sumando 1.229 desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

Tomado: tercerainformacion

Unicef: Casi 86 millones de niños no van a clases en Latinoamérica

 “Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de esta región no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen internet, directamente no los han visto”, ha alertado este jueves Jean Gough, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según Gough, es imprescindible que continúe y mejore la educación virtual, sin embargo, insiste en   que durante la pandemia no todas las familias, en especial las más marginadas, han tenido acceso al aprendizaje.

Cada día fuera de las aulas acerca a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la deserción escolar, la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas”, ha alertado.

Esta agencia de Naciones Unidas ha precisado que unos 47 millones de menores en la región tornaron al “aprendizaje presencial” debido a los “esfuerzos de varios países por acelerar la reapertura de las escuelas, ya sea parcial o totalmente”.

“Es esperanzador ver que cada día se reabren más escuelas y más niños, niñas, adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela en América Latina y el Caribe”, declara Gough.

Latinoamérica ha tenido más tiempo de cierre ininterrumpido de escuelas que cualquier otra región del mundo durante la pandemia. Se perdió una media de 153 días de clases presenciales desde el inicio la crisis sanitaria, causando la mayor interrupción del aprendizaje en la historia moderna de la región, afirma Unicef.

Tomado: Tercerainformacion

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Más de 600 ambientalistas han sido asesinados en Colombia desde el acuerdo de paz

 A propósito del informe que indica que Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) informó que 611 líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz.

De acuerdo a las cifras de Indepaz 332 de los asesinatos se han perpetrado contra distintas poblaciones indígenas, 75 a afrodescendientes miembros de consejos comunitarios, 102 a campesinos, 25 contra líderes activistas ecologistas y 77 contra integrantes de juntas de Acción Comunal.

Por su parte la ONG Global Witness que lleva un conteo mundial de los crímenes contra ambientalistas, reveló que durante el 2020 se registraron 65 asesinatos de defensores del ambiente.

Indepaz señaló que en Colombia se presentan más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura que van en contra de los intereses de las comunidades indígenas.

De acuerdo al listado de Global Witness, por detrás de Colombia se ubica México, con un total de 30 homicidios, un número que no alcanza ni la mitad de las cifras en Colombia.

A la fecha Indepaz tiene documentados 116 líderes asesinados en lo corrido de 2021, de los cuales dos personas son ambientalistas y 1.231 desde la firma del acuerdo de paz.

Tomado: tercerainformacion

martes, 14 de septiembre de 2021

Crece la tensión entre Colombia y Venezuela tras las acusaciones de Bogotá por un ataque del ELN

 “Se refuerza la presencia de 300 hombres adicionales de nuestro Ejército Nacional con el fin de proteger esos puntos de cruce en la frontera”, aseguró el lunes el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, en una rueda de prensa.

Cinco militares colombianos murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauquita, un municipio del departamento de Arauca, en la línea limítrofe con Venezuela.

Según anunció el Ejército colombiano en un comunicado, miembros de la guerrilla ELN y de un grupo disidente del acuerdo de paz con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacaron a los uniformados con explosivos, ráfagas de fusil y ametralladora en la frontera con Venezuela.

Como era de esperar, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó, sin evidencia alguna, que el ataque fue “planificado desde Venezuela”.

A su vez, Caracas, a través de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negó el señalamiento en varios tuits. El incidente, según el alto mando castrense venezolano, es otro intento desesperado de Bogotá de recurrir a “falsos positivos” para “torpedear la mesa de diálogo en México” entre el Gobierno de Venezuela y la oposición.

El martes pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció, por su parte, que el Gobierno de Colombia busca crear una provocación que genere la reacción de Caracas y se rompa el diálogo intervenezolano.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioran cada vez más por diversos asuntos, como el ocurrido a principios de mayo de 2020, cuando el Gobierno venezolano denunció haber desarticulado un intento de ataque terrorista, vía marítima, de parte de Washington y Bogotá para “asesinar” a Maduro.

En un fuego cruzado de acusaciones, Bogotá asegura que Venezuela protege a la disidencia guerrillera y que desde allí ordenan atentados contra la población civil, las fuerzas de seguridad del Estado, entre otras acciones; mientras que Caracas acusa a Colombia de entrenar a “mercenarios y terroristas” para ingresar en Venezuela con la misión de derrocar a Maduro.

Tomado: tercerainformacion