“Hambre cero para 2030” y “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” figuran entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas pretenden alcanzar a finales de esta década. Sin embargo, analizando a la fecha de septiembre de 2021, dos tendencias se contraponen plenamente a este objetivo.
Uno, el hambre ha ido en aumento desde 2015. La última estimación de personas que sufren hambre se sitúa en 820 millones. Asia sigue siendo la región más afectada, con la mayoría de lxs desnutridxs del mundo -381 millones. Más de 250 millones viven en África, donde el número de personas desnutridas crece más rápido que en cualquier otra parte del mundo. A pesar de ser el foco geográfico de agresivas operaciones agrícolas dirigidas por el sector privado, las naciones de América Latina y el Caribe también albergan a casi 84 millones de personas que viven en la pobreza extrema y se enfrentan al hambre y la desnutrición.
Dos, en mayo de 2021, los precios mundiales de alimentos aumentaron a un ritmo mensual de mayor rapidez que en más de una década [FAO]. Este incremento fue provocado por un incremento en los precios internacionales de los aceites vegetales, el azúcar y los cereales.
Y esto a pesar de que se calcula que cada año un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1.300 millones de toneladas con un valor aproximado de mil millones de dólares, acaban pudriéndose en los contenedores de consumidores y minoristas o estropeándose debido a las malas prácticas de transporte y recolección.
Está claro que el sistema alimentario mundial no funciona
Una serie de acuerdos de libre comercio multilaterales, bilaterales y regionales entre países y continentes constituyen el pilar central de este sistema deficiente. Estos instrumentos le han permitido el ingreso a mercados de países en desarrollo y subdesarrollados de todo el mundo a una serie de megacorporaciones dedicadas a las semillas, los insumos agrícolas, la carne, los productos lácteos, el aceite de palma, el algodón y los negocios de alimentos procesados. Las consecuencias han sido devastadoras para el comercio local, los mercados campesinos y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Casi todas estas negociaciones de libre comercio sobre la agricultura y la pesca se inspiran en el muy problemático Acuerdo sobre la Agricultura (AoA) de la OMC. Este marco global aboga esencialmente por la reducción de los aranceles a la importación, la eliminación de subvenciones nacionales y la supresión de las reservas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. Se trata de un modelo de comercio anticuado del siglo XXque sirve a los intereses corporativos a expensas de los límites del planeta y del bienestar de los animales, y que nos conduce a un nivel de desigualdades sociales insostenibles. La realidad de que la agricultura industrial y sus prácticas asociadas contribuyan a casi la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero no impide su expansión a través de estos acuerdos comerciales.
En este momento existen al menos 350 acuerdos regionales de libre comercio y más de 3.000 tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor en todo el mundo. Los TBI suelen incluir el polémico mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS), que permite a las empresas demandar a los gobiernos si consideran que las nuevas leyes o reglamentos afectan negativamente su negocio. El ISDS se basa en el arbitraje y no en los tribunales públicos, y las empresas de todo el mundo han presentado casi 1.000 litigios inversor-Estado contra gobiernos.
Los acuerdos comerciales efectuados ya sea bajo la forma de acuerdos de libre comercio o tratados de inversión tienen como objetivo explotar la mano de obra barata y flexibilizar la normativa medioambiental y laboral en las naciones económicamente menos desarrolladas. Grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea presionan a otros países para que adopten sus normas de propiedad intelectual. Con el pretexto de facilitar los negocios, la mayoría de los gobiernos nacionales acaban desmantelando los mecanismos reguladores nacionales que ofrecen protección al comercio local, la mano de obra local y los recursos naturales.
En junio de 2021, en la 100ª sesión del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la OMC, recordó a lxs participantes que el objetivo de la OMC es elevar el nivel de vida, crear empleo y promover el desarrollo sostenible y el bienestar humano en todo el mundo.
Sin embargo, en las últimas cinco décadas de su existencia, los acuerdos mundiales de libre comercio sólo han provocado hambre, disturbios por alimentos, suicidios de agricultorxs, crisis climática, pobreza extrema y migraciones de emergencia. El acto desesperado del agricultor surcoreano Lee Kyung Hae hace dieciocho años, de sacrificar su vida justo frente a la sede de una reunión ministerial de la OMC en Cancún fue una trágica expresión de estas crisis en las zonas rurales de todo el mundo.
Estos acuerdos comerciales han sentado las bases para la privatización, la desregulación y el abandono de las obligaciones del Estado de prestar servicios públicos esenciales a su población. Su impacto ha sido particularmente devastador en las zonas rurales. Las mujeres y lxs niñxs son lxs más afectadxs, ya que la migración forzada les obliga a huir de sus pueblos y a trabajar en condiciones infrahumanas en las ciudades. En todos los países, el acceso y la calidad de la salud y educación públicas se han resentido enormemente en las últimas cinco décadas, especialmente en las zonas rurales, negando así el derecho a una vida digna a mujeres, niñxs y jóvenes.
Trágicamente, en lugar de prestar atención a las voces de lxs campesinos, los pueblos indígenas, lxs pescadorxs y lxs trabajadorxs agrícolas migrantes, la Organización Mundial del Comercio y los gobiernos ricos continúan con sus negocios como de costumbre y siguen estas políticas como si ninguna de estas crisis existiera.
Los pueblos del mundo entero están expresando su oposición más que nunca
Lxs agricultorxs de la India que protestan en las calles hace ya nueve meses han señalado que las nuevas leyes agrícolas pretenden corporativizar la agricultura india y pueden poner en peligro el sistema de contratación pública del país. También señalan que hay más negociaciones comerciales en el horizonte (con Estados Unidos y la UE) que amenazan su soberanía alimentaria, su autonomía y las normas de bioseguridad en torno a los alimentos transgénicos. En Indonesia, Tailandia, Japón, Filipinas y Corea del Sur, lxs campesinxs se resisten al CP-TPP, al RCEP, al FTAAP-21 y a una serie de otros acuerdos comerciales regionales impulsados por potencias económicas mundiales como Estados Unidos y China. En Argentina, Ecuador, Kenia y Zambia, lxs ciudadanxs protestan contra la crisis de la deuda inducida por el FMI. El acuerdo UE-Mercosur está encontrando resistencia por parte de lxs campesinos y las organizaciones de la sociedad civil a ambos lados del acuerdo. Señalan que en los países del Mercosur, la producción de soja, azúcar y carne, por ejemplo, se está industrializando cada vez más, principalmente en relación con el agresivo modelo orientado a la exportación. La cuenca amazónica de Sudamérica, central para el clima y la biodiversidad en todo el mundo, se ve obligada a ceder ante este modelo.
Aunque la pandemia y crisis sanitaria mundial exigen solidaridad y empatía en todo el mundo, Europa y Estados Unidos están a la cabeza del bloqueo del esfuerzo encabezado por Sudáfrica e India en el seno de la Organización Mundial del Comercio para renunciar a la protección de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 y otras herramientas.
Quienes se resisten a estos injustos acuerdos comerciales son oprimidxs y criminalizadxs. La mayor parte de los conflictos agrarios actuales en el mundo surgen del acaparamiento corporativo de los recursos naturales, a menudo en connivencia con los gobiernos y autoridades locales. Estas adquisiciones forzadas de nuestros territorios suelen llevarse a cabo sobre la base de estos acuerdos comerciales y de inversión negociada, firmada y ejecutada sin la aprobación ni la participación de las comunidades campesinas e indígenas.
¿De qué sirven la OMC y un sinfín de estos Tratados de Libre Comercio si no hacen más que prolongar el hábito colonial de subyugar a las mayorías populares? Estos acuerdos de libre comercio, a menudo negociados a puerta cerrada mediante procesos sin ninguna transparencia, son los símbolos perdurables del imperialismo y el neocolonialismo del siglo XXI.
El hambre es real. La pobreza rural y el hambre son reales. La pandemia es real. La desigualdad en las vacunas es real. Las migraciones de emergencia son reales. Las crisis climáticas son reales. ¿Sabemos qué más es real? En una época de crisis sanitaria y alimentaria mundial, lxs accionistas y ejecutivos de Nestlé se adjudicaron un reparto de dividendos récord de 8.000 millones de dólares, ¡más que todo el presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU! Las comunidades del mundo entero han expuesto y denunciado a estos agronegocios. Bajo la presión de las protestas generalizadas y las sentencias judiciales adversas que las empujaba a retroceder, estas gigantescas corporaciones han redoblado la puesta y entrado ahora en los espacios de gobernanza global, cooptando el lenguaje de los derechos humanos con una agresividad renovada con la intención de fingir un interés en el medioambiente para disfrazar su conducta criminal. El último ejemplo de este esfuerzo de gestión de su imagen es la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, una fachada tras la cual las empresas agrícolas ocultan sus innumerables violaciones de los derechos humanos y sus prácticas comerciales desleales.
Ante la extrema angustia humana, el hambre y la pobreza, debemos luchar contra esta vulgaridad del capitalismo y el neoliberalismo. En su artículo 16, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) afirma que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para fortalecer y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales de manera que faciliten y aseguren el acceso y participación plena y equitativa en estos mercados, para vender sus productos a precios que les permitan a ellxs y a sus familias alcanzar un nivel de vida digno. Esta Declaración debe ser una fuente de fuerza para las luchas en nuestros territorios y debemos exigir políticas públicas acordes con sus lineamientos.
Al conmemorar este Día Internacional de Acción Solidaria contra la OMC y los Tratados de Libre Comercio, La Vía Campesina se hace eco de las últimas palabras del campesino Lee desde Cancún. “Mi advertencia va dirigida a todxs lxs ciudadanxs de que los seres humanos están en una situación de peligro. Que las corporaciones multinacionales descontroladas y un pequeño número de grandes miembros de la OMC están liderando una globalización indeseable que es inhumana, degradante para el medio ambiente, asesina de agricultorxs y antidemocrática.”
Como Vía Campesina estaremos atentxs a la 12va Reunión Ministerial de la OMC que se celebrará en Ginebra a partir del 30de noviembre. Seguiremos presionando con nuestras demandas para sacar a la OMC y a los TLC de la agricultura. Insistiremos en un sistema de comercio mundial que respete la dignidad de los pueblos y se base en la solidaridad y la reciprocidad más allá de las fronteras.
¡Resistiremos contra los tratados de libre comercio!
¡Fuera OMC de la agricultura!
Comercio solidario, ¡ya!
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