La Constitución que se encuentra vigente actualmente en Chile data de 1980, convirtiéndose en heredera de la dictadura de Augusto Pinochet, sobre el cual se sustenta el origen ilegítimo que le critica la mayoría de los chilenos, informó Telesur.
La profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, Miriam Henríquez Viñas, explica que precisamente la ilegitimidad de su origen una de las cuestiones que más se critican de la Carta Magna."La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo", coincide Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
¿Qué dispone la actual Carta Magna chilena?
Durante la dictadura de Pinochet uno de los modelos asumidos fue la privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; también áreas como la educación y la salud siguieron el mismo esquema.
De acuerdo con esta política, el Estado dejó de ser subsidiario y proveedor de los principales servicios públicos del país, y asume un papel de supervisor de estos, tal y como quedó dispuesto en el texto constitucional.
"Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos", explica Henríquez, por lo que se consagra a un sistema económico que no proporciona servicios básicos, como atención médica ni pensiones dignas para millones de chilenos.
Por su parte, la jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), Claudia Heiss, explica que la actual Constitución no garantiza derechos como educación o salud, sino "que privilegia la libertad de quienes proveen esos servicios y la de aquellos que pueden pagarlos.
Otro de los aspectos más significativos del contenido constitucional es que se requiere de mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio para realizar reformas en este.
La Constitución "fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo", expresa Henríquez, quien aclara que el texto constitucional desconfía de la voluntad popular para tomar decisiones.
"Esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna", añade la especialista.
Reformas anteriores
La Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005. En 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.
En 2005, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, la nueva reforma acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema.
También, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), se sometió a votación un cambio del sistema electoral que reemplazó la elección binominal por un sistema proporcional moderado de mayor representación de las fuerzas políticas.
Un nuevo proyecto de Ley sería sometido en el Congreso por iniciativa de Bachelet para una nueva reforma a finales de su mandato en 2018, donde incluía la inviolabilidad de los derechos humanos, establecer el derecho a la salud y a la educación, así como la igualdad salarial para hombres y mujeres.
Sin embargo, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia del país descartó esa posibilidad, tras el anuncio de que no permitiría que se revisara un nuevo proyecto de ley, lo que generó gran descontento popular.
¿Qué pretende una nueva Constitución?
Los sectores sociales que han salido a manifestarse en las calles de la nación suramericana, exigen que una nueva Carta Magna debe incluir reformas económicas y de programas sociales para combatir la desigualdad.
"Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio", explica Aranda.
Organizaciones sociales como Colegio de Profesores, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación Empleados públicos y otros actores de la sociedad buscan la conformación de una Asamblea Constituyente.
"Una Asamblea Constituyente podría incorporar a grupos que han estado históricamente marginados y que siguen marginados por la Constitución actual. Podrían tener una presencia mucho más masiva, más representativa e incidente, por ejemplo, los pueblos originarios, las personas de regiones, tener igual participación de hombres y mujeres", explica Heiss.
(Con información de Telesur)
Tomado: Granma
