Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 17 de 2011
Deplorables condiciones de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán. Se evidencian relaciones obrero-patronales arcaicas. Medidas de hecho de Pacific Rubiales. Gobierno Nacional se hace el de la vista gorda y propicia el uso de la fuerza. En el negocio petrolero en Colombia el Estado y los trabajadores siempre pierden. Ministro Rodado reconoce evasión en las cuentas de las trasnacionales.
Jornadas agotadoras hasta de 49 días seguidos, cuando la norma establece que deben ser de 21 días, hacinamiento en carpas, falta de agua, mala alimentación, insalubridad, servicios sanitarios antihigiénicos, bajos salarios, contratos precarios y trato degradante, hacen de los campos petroleros de Rubiales, Pirirí y Quifa, localizados en Puerto Gaitán, Meta, más un campo de concentración que un sitio de trabajo, denunció el senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Minas y de Protección y al presidente de Ecopetrol sobre las condiciones de vida en la trasnacional canadiense Pacific Rubiales y la española Cepcolsa, socia de Ecopetrol.
Las recientes protestas adelantadas allí por los 14 mil trabajadores tan solo reclamaban que se cumpliera la ley en aspectos tan básicos como el de la jornada, la salud ocupacional, el transporte, los viáticos y salarios y los alojamientos, demandas propias del siglo XIX.
El senador del Polo Democrático previno al país sobre el clima intimidatorio que está creando en el enclave la multinacional canadiense. Citó apartes del aviso publicado en El Tiempo, en el que la Pacific Rubiales presenta a los obreros y a los líderes de la USO como unos infiltrados que, encapuchados y con armas, obligaron al personal a cesar sus actividades. Recordó que también el general Carlos Cortés Vargas, en 1928, condenó a los huelguistas como “cuadrilla de malhechores” para justificar la masacre de las Bananeras.
Denunció que en septiembre comenzará a operar un batallón acantonado en el enclave y que es la trasnacional la que le va a suministrar la gasolina y los vehículos para los patrullajes, y preguntó: “¿El presidente Santos les va a dar a los conflictos laborales un tratamiento militar? ¿No sería mejor para el país que las relaciones obrero-patronales discurrieran por cauces civilizados?”
Las petroleras trasnacionales presentes en Colombia se valen de la negación reiterada de los derechos de los trabajadores para aumentar sus utilidades, que en el caso de Pacific Rubiales ascendieron en 2010 a 218 millones de dólares, en tanto que la valorización de su acción fue de 110%. El caso del campo Rubiales es un ejemplo más de cómo las reformas neoliberales en hidrocarburos generan condiciones cada vez más perjudiciales para el Estado en los contratos y para los trabajadores en el régimen laboral.
Desmintió a quienes dicen que el TLC con Canadá contiene una cláusula de protección a los trabajadores y reafirmó que el acuerdo Obama-Santos es una farsa. A lo que vienen las empresas canadienses es a explotar la mano de obra barata, “sin lo cual no puede haber neoliberalismo que valga”. Y concluyó pidiendo que vaya una comisión de congresistas a investigar a Pacific Rubiales y a Cepcolsa, “porque no puede haber ningún territorio por fuera de la soberanía nacional”.
Jornadas agotadoras hasta de 49 días seguidos, cuando la norma establece que deben ser de 21 días, hacinamiento en carpas, falta de agua, mala alimentación, insalubridad, servicios sanitarios antihigiénicos, bajos salarios, contratos precarios y trato degradante, hacen de los campos petroleros de Rubiales, Pirirí y Quifa, localizados en Puerto Gaitán, Meta, más un campo de concentración que un sitio de trabajo, denunció el senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Minas y de Protección y al presidente de Ecopetrol sobre las condiciones de vida en la trasnacional canadiense Pacific Rubiales y la española Cepcolsa, socia de Ecopetrol.
Las recientes protestas adelantadas allí por los 14 mil trabajadores tan solo reclamaban que se cumpliera la ley en aspectos tan básicos como el de la jornada, la salud ocupacional, el transporte, los viáticos y salarios y los alojamientos, demandas propias del siglo XIX.
El senador del Polo Democrático previno al país sobre el clima intimidatorio que está creando en el enclave la multinacional canadiense. Citó apartes del aviso publicado en El Tiempo, en el que la Pacific Rubiales presenta a los obreros y a los líderes de la USO como unos infiltrados que, encapuchados y con armas, obligaron al personal a cesar sus actividades. Recordó que también el general Carlos Cortés Vargas, en 1928, condenó a los huelguistas como “cuadrilla de malhechores” para justificar la masacre de las Bananeras.
Denunció que en septiembre comenzará a operar un batallón acantonado en el enclave y que es la trasnacional la que le va a suministrar la gasolina y los vehículos para los patrullajes, y preguntó: “¿El presidente Santos les va a dar a los conflictos laborales un tratamiento militar? ¿No sería mejor para el país que las relaciones obrero-patronales discurrieran por cauces civilizados?”
Las petroleras trasnacionales presentes en Colombia se valen de la negación reiterada de los derechos de los trabajadores para aumentar sus utilidades, que en el caso de Pacific Rubiales ascendieron en 2010 a 218 millones de dólares, en tanto que la valorización de su acción fue de 110%. El caso del campo Rubiales es un ejemplo más de cómo las reformas neoliberales en hidrocarburos generan condiciones cada vez más perjudiciales para el Estado en los contratos y para los trabajadores en el régimen laboral.
Desmintió a quienes dicen que el TLC con Canadá contiene una cláusula de protección a los trabajadores y reafirmó que el acuerdo Obama-Santos es una farsa. A lo que vienen las empresas canadienses es a explotar la mano de obra barata, “sin lo cual no puede haber neoliberalismo que valga”. Y concluyó pidiendo que vaya una comisión de congresistas a investigar a Pacific Rubiales y a Cepcolsa, “porque no puede haber ningún territorio por fuera de la soberanía nacional”.
