Ya va casi 1 año de posesión del presidente actual de Colombia: Juan Manuel Santos. Las violaciones a los derechos humanos continúan incrementándose y sigue la agresión sistemática desde las herramientas legales (fuerza pública) e ilegales (herramienta paramilitar) del estado y multinacionales contra la población.
Desde el 7 de agosto 2010 han sido asesinados impunemente 34 defensores/as de los derechos humanos, 15 dirigentes agrarios que exigían la restitución de las tierras usurpadas con violencia a los campesinos y 27 sindicalistas la mayoría de la Central Unitaria de Trabajadores CUT , miles más han sido amenazados de muerte. Crece el drama del desplazamiento y la desaparición forzada de personas, continúa la práctica de las ejecuciones extrajudiciales con 29 nuevos casos en el último año, sigue siendo crítica la situación en las cárceles donde literalmente se pudren más de 7 mil prisioneros civiles por razones políticas, además de los más de 500 presos políticos guerrilleros, los cuales también sufren condiciones aberrantes de reclusión. Hay en realidad más de 7.500 presos políticos en las cárceles del régimen colombiano lo que hace del régimen colombiano un 'record' en presos políticos. Alta cuota de responsabilidad en esta crisis de los derechos humanos le cabe a los grupos narco paramilitares cuya existencia es negada ante las cámaras por el gobierno recurriendo a la coartada de cambiarles el nombre por el de “bandas criminales emergentes”, mientras siguen su accionar criminal en contubernio con la fuerza pública en casi todo el país.
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