Por: César Enrique Herrera De la Hoz, Unimedios
Según cálculos de los Rectores a partir de lo postulado por el Gobierno en el proyecto de reforma a la educación superior, las 32 universidades estatales recibirían $ 63.389 millones adicionales el próximo año. Si esto se destinara únicamente a cobertura, solo se generarían 47.542 nuevos cupos, de los 645.000 que ha planteado el Ministerio para todo el sector de la educación superior en el actual periodo del presidente Juan Manuel Santos. Tan solo el 7,4% de la meta.
La oferta de educación superior de “alta calidad” es costosa y no se consigue de un día para otro. Esta es una de las principales conclusiones de los procesos de acreditación que se han desarrollado en el país en la última década. Y es que para que una institución de educación superior (IES) se acredite, debe contar con programas de bienestar estudiantil, laboratorios y bibliotecas modernas, planta profesoral con doctorado y acorde con el número de estudiantes, entre otras condiciones que garanticen excelentes procesos formativos e investigativos.
En el caso de las IES estatales, estos procesos de acreditación han estado acompañados de un incremento, sin precedentes, de la cobertura y de las tasas de graduación en los últimos diez años. Según el Observatorio Laboral para la Educación, orientado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 2001 se graduaron 43.796 estudiantes de las IES públicas y 94.914 de las privadas.
En ese año existían 79 IES públicas y 189 privadas. En contraste, en el 2010 se graduaron 123.590 estudiantes de las IES públicas y 125.433 de las privadas, mientras para ese periodo había 80 IES públicas y 206 privadas.
Lo paradójico es que los procesos de acreditación de la calidad y ampliación de cobertura no han significado para las 32 universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) la consecución de mayores recursos públicos. Por el contrario, han representado un importante estrechamiento de sus presupuestos, al punto de poner en riesgo el buen funcionamiento de estas instituciones.
Ante este panorama, el pasado 5 de junio el SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentaron un modelo financiero para asegurar el crecimiento de los recursos adicionales en un 3% anual sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir del 2012 y hasta el 2022. La propuesta de los Rectores planteaba que estos nuevos dineros aumentarían la base presupuestal y el 50% de estos no estaría atado a requisitos preestablecidos por el Gobierno (porque no serían dineros adicionales sino el pago de tareas nuevas, como aumento de cobertura). Entre otros puntos, también se pedía un plan de inversión en infraestructura física.
Más recursos, solo en el discurso
Desconociendo nuevamente la magnitud de los más de
$ 672.000 millones de pesos de desfinanciamiento del SUE, el Gobierno solo acogió una pequeña parte de las soluciones. En efecto, incluyó en el artículo 151 del proyecto el aumento anual del 3% sobre el IPC, pero con dos salvedades: por un lado, los nuevos recursos se deberán distribuir entre las 80 IES públicas existentes y no solo entre las universidades que requieren con urgencia el salvamento estatal, y, por el otro, la totalidad de los recursos se repartirán según el desempeño de las IES públicas frente a los cuatro criterios establecidos en el articulado inicial (cobertura, productividad académica, formación docente e investigación, que no incrementará la base
presupuestal).
Bajo este modelo, y según cálculos iniciales de las universidades, el año entrante el sistema estatal obtendrá $ 63.389 millones adicionales. Si esto se direccionara únicamente a cobertura, tomando como base el costo por estudiante en el SUE, en promedio $ 4.000.000 al año, significaría la apertura de 15.847 nuevos cupos por año. Es decir que de aquí al finalizar el gobierno Santos serán 47.541 nuevas matrículas estatales, lo que representaría apenas el 7,4% de la meta de 645.000 cupos que el MEN ha planteado para todo el sector de la educación superior en este mismo periodo.
Si los nuevos recursos solo se dirigieran para calidad, el aporte por cada estudiante en el SUE (que tiene aproximadamente 530.000 matriculados), sería de $ 158.500 al año, es decir, $ 79. 237 por semestre para cada alumno.
Estos cálculos muestran que los nuevos recursos no alcanzarán para resolver el problema ni para adelantar los programas de modernización que requieren las universidades públicas. Así, estas seguirán limitadas para construir nuevas aulas, contratar más personal docente con altos estándares de formación, e incluso resolver problemas puntuales como la construcción del hospital universitario de la Universidad Nacional en Bogotá.
A pesar de las proyecciones, el Gobierno sigue insistiendo en que la educación superior pública recibirá recursos “como nunca antes”. Afirma, por un lado, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) beneficiará ampliamente al sector (artículo 149 del proyecto) y, por otro, que llegarán más dineros a la educación superior gracias a la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo que reformó la distribución de las regalías y asignó el 10% del total al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sin embargo, las cifras muestran que no ha habido una relación directa entre el crecimiento del PIB y la inversión en educación (ver gráfico), a pesar de que el artículo 87 de la actual Ley 30 establece que a partir de 1998 se incrementarían los aportes para las universidades estatales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del PIB, basado en indicadores.
Según el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, cuando crece el PIB se hace un aporte único. “Mientras que el producto interno es acumulativo, los aportes solamente se entregan en el año de su crecimiento”. Esto ha dado como resultado un declive en el porcentaje relativo de inversión en educación superior estatal con respecto al PIB. “Hace diez años estaba alrededor de 0,5%; hoy es del 0,4%, con una caída del 20%, lo que denota falta de decisión para que la educación superior sea una prioridad del Estado”.
En cuanto a las regalías, el SUE reconoce que en efecto habrá más dineros para investigación, pero señala que estos recursos no podrán ser utilizados en gastos de funcionamiento, es decir, no se pueden emplear para corregir la esencia del problema financiero.
En suma, las universidades públicas no están de acuerdo con lo que propone el Ministerio. Y esta es la principal paradoja del Gobierno cuya principal bandera es “Educación de calidad: el camino a la prosperidad”. Si se acepta que la alta calidad es costosa, que el sistema público ha obtenido importantes resultados en acreditaciones y cobertura y que en estos momentos el Sistema Universitario Estatal está pasando por la peor crisis de toda su historia, ¿por qué no buscar mecanismos alternativos que permitan superar la problemática?
Sin calidad no hay equidad
En un país con 2.697.813 jóvenes entre los 17 y 21 años por fuera del sistema de educación superior (cifras preliminares del MEN a 2010), el aumento de cobertura no es un simple discurso. Es una realidad que debe enfrentarse con políticas enérgicas. Pues, a pesar de que en los últimos años la cobertura tuvo un incremento sin precedentes, pasando de 24,4% en el 2002 a 37% en el 2010 (1.587.928 estudiantes en educación técnica, tecnológica y universitaria), Colombia se mantiene como uno de los países más inequitativos del continente, expresa el rector Wasserman.
“Si la calidad es privada se genera un nivel de inequidad muy grande y doloroso porque la gente puede llegar a prepararse pero no va a competir por las posiciones de liderazgo. Estos puestos serán únicamente para aquellos que sí pueden acceder a la alta calidad. Entonces, es muy importante un equilibrio: hay que abrir cupos para que mucha gente estudie carreras técnicas, tecnológicas y básicas, pero el Estado no puede darse el lujo de no tener una oferta fuerte, amplia, enérgica, de la más alta calidad, para aquellos que tengan las capacidades y quieran hacerlo, aunque no tengan el dinero”.
Precisamente, uno de los argumentos para objetar el funcionamiento de IES privadas con ánimo de lucro es evitar que se perpetúen los indicadores de inequidad social. Desde el SUE y Ascún se mencionan casos como el de Estados Unidos, en donde diversas instituciones con ánimo de lucro han sobrestimado las expectativas salariales y laborales de los estudiantes, dejando a miles de personas y familias endeudadas con préstamos altísimos. Y otros, como el de Brasil, en donde la oferta de programas educativos se ha concentrado, dado sus bajos costos, en ciencias sociales y administración, en detrimento de las ingenierías o ciencias básicas.
Recientemente, el Observatorio Laboral en Colombia presentó datos preocupantes que podrían acentuarse con la llegada de estas instituciones.
Entre el 2001 y el 2010 se graduaron 1.634.509 nuevos profesionales. De estos, solo 23.335 estudiaron ciencias básicas (Física, Matemáticas, Geología, Estadística), y otros 26.640 recibieron el título en Agronomía, Veterinaria y afines. Es decir, solo el 3% de los egresados se concentra en áreas que son clave para la economía colombiana y para alcanzar altos niveles de investigación, innovación y desarrollo científico.
En contraste, se registraron 497.782 graduados de Economía, Administración y Contaduría, lo que representa el 30,5% del total.
Autonomía, ¿más de lo mismo?
Para los Rectores, la autonomía universitaria es un aspecto tan importante que incluso presentaron un proyecto de ley estatutaria que, finalmente, fue rechazado por el Gobierno. Y aunque el MEN argumenta haber incluido la mayor parte del articulado en el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior, los Rectores insisten en que el principio de autonomía consagrado en el artículo 69 de la Constitución de 1991 solo cobra sentido si se asume la totalidad de la propuesta presentada y no unas cuantas partes.
En este contexto, la reforma gubernamental podría convertirse en “más de lo mismo”. La Ley 30 fue elaborada hace 20 años para un país, unas universidades y unos desafíos sociales y económicos muy diferentes a los de hoy, y por eso se requieren cambios profundos. Por esto, las universidades no “cruzarán los brazos” y seguirán mostrando al Gobierno y a la sociedad colombiana la importancia de una reforma que consigne los tres ideales defendidos: financiamiento adecuado para el sector estatal, respeto a la autonomía universitaria y un sistema de educación superior diseñado para alcanzar la equidad social.
En el caso de las IES estatales, estos procesos de acreditación han estado acompañados de un incremento, sin precedentes, de la cobertura y de las tasas de graduación en los últimos diez años. Según el Observatorio Laboral para la Educación, orientado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 2001 se graduaron 43.796 estudiantes de las IES públicas y 94.914 de las privadas.
En ese año existían 79 IES públicas y 189 privadas. En contraste, en el 2010 se graduaron 123.590 estudiantes de las IES públicas y 125.433 de las privadas, mientras para ese periodo había 80 IES públicas y 206 privadas.
Lo paradójico es que los procesos de acreditación de la calidad y ampliación de cobertura no han significado para las 32 universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) la consecución de mayores recursos públicos. Por el contrario, han representado un importante estrechamiento de sus presupuestos, al punto de poner en riesgo el buen funcionamiento de estas instituciones.
Ante este panorama, el pasado 5 de junio el SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentaron un modelo financiero para asegurar el crecimiento de los recursos adicionales en un 3% anual sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir del 2012 y hasta el 2022. La propuesta de los Rectores planteaba que estos nuevos dineros aumentarían la base presupuestal y el 50% de estos no estaría atado a requisitos preestablecidos por el Gobierno (porque no serían dineros adicionales sino el pago de tareas nuevas, como aumento de cobertura). Entre otros puntos, también se pedía un plan de inversión en infraestructura física.
Más recursos, solo en el discurso
Desconociendo nuevamente la magnitud de los más de
$ 672.000 millones de pesos de desfinanciamiento del SUE, el Gobierno solo acogió una pequeña parte de las soluciones. En efecto, incluyó en el artículo 151 del proyecto el aumento anual del 3% sobre el IPC, pero con dos salvedades: por un lado, los nuevos recursos se deberán distribuir entre las 80 IES públicas existentes y no solo entre las universidades que requieren con urgencia el salvamento estatal, y, por el otro, la totalidad de los recursos se repartirán según el desempeño de las IES públicas frente a los cuatro criterios establecidos en el articulado inicial (cobertura, productividad académica, formación docente e investigación, que no incrementará la base
presupuestal).
Bajo este modelo, y según cálculos iniciales de las universidades, el año entrante el sistema estatal obtendrá $ 63.389 millones adicionales. Si esto se direccionara únicamente a cobertura, tomando como base el costo por estudiante en el SUE, en promedio $ 4.000.000 al año, significaría la apertura de 15.847 nuevos cupos por año. Es decir que de aquí al finalizar el gobierno Santos serán 47.541 nuevas matrículas estatales, lo que representaría apenas el 7,4% de la meta de 645.000 cupos que el MEN ha planteado para todo el sector de la educación superior en este mismo periodo.
Si los nuevos recursos solo se dirigieran para calidad, el aporte por cada estudiante en el SUE (que tiene aproximadamente 530.000 matriculados), sería de $ 158.500 al año, es decir, $ 79. 237 por semestre para cada alumno.
Estos cálculos muestran que los nuevos recursos no alcanzarán para resolver el problema ni para adelantar los programas de modernización que requieren las universidades públicas. Así, estas seguirán limitadas para construir nuevas aulas, contratar más personal docente con altos estándares de formación, e incluso resolver problemas puntuales como la construcción del hospital universitario de la Universidad Nacional en Bogotá.
A pesar de las proyecciones, el Gobierno sigue insistiendo en que la educación superior pública recibirá recursos “como nunca antes”. Afirma, por un lado, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) beneficiará ampliamente al sector (artículo 149 del proyecto) y, por otro, que llegarán más dineros a la educación superior gracias a la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo que reformó la distribución de las regalías y asignó el 10% del total al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sin embargo, las cifras muestran que no ha habido una relación directa entre el crecimiento del PIB y la inversión en educación (ver gráfico), a pesar de que el artículo 87 de la actual Ley 30 establece que a partir de 1998 se incrementarían los aportes para las universidades estatales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del PIB, basado en indicadores.
Según el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, cuando crece el PIB se hace un aporte único. “Mientras que el producto interno es acumulativo, los aportes solamente se entregan en el año de su crecimiento”. Esto ha dado como resultado un declive en el porcentaje relativo de inversión en educación superior estatal con respecto al PIB. “Hace diez años estaba alrededor de 0,5%; hoy es del 0,4%, con una caída del 20%, lo que denota falta de decisión para que la educación superior sea una prioridad del Estado”.
En cuanto a las regalías, el SUE reconoce que en efecto habrá más dineros para investigación, pero señala que estos recursos no podrán ser utilizados en gastos de funcionamiento, es decir, no se pueden emplear para corregir la esencia del problema financiero.
En suma, las universidades públicas no están de acuerdo con lo que propone el Ministerio. Y esta es la principal paradoja del Gobierno cuya principal bandera es “Educación de calidad: el camino a la prosperidad”. Si se acepta que la alta calidad es costosa, que el sistema público ha obtenido importantes resultados en acreditaciones y cobertura y que en estos momentos el Sistema Universitario Estatal está pasando por la peor crisis de toda su historia, ¿por qué no buscar mecanismos alternativos que permitan superar la problemática?
Sin calidad no hay equidad
En un país con 2.697.813 jóvenes entre los 17 y 21 años por fuera del sistema de educación superior (cifras preliminares del MEN a 2010), el aumento de cobertura no es un simple discurso. Es una realidad que debe enfrentarse con políticas enérgicas. Pues, a pesar de que en los últimos años la cobertura tuvo un incremento sin precedentes, pasando de 24,4% en el 2002 a 37% en el 2010 (1.587.928 estudiantes en educación técnica, tecnológica y universitaria), Colombia se mantiene como uno de los países más inequitativos del continente, expresa el rector Wasserman.
“Si la calidad es privada se genera un nivel de inequidad muy grande y doloroso porque la gente puede llegar a prepararse pero no va a competir por las posiciones de liderazgo. Estos puestos serán únicamente para aquellos que sí pueden acceder a la alta calidad. Entonces, es muy importante un equilibrio: hay que abrir cupos para que mucha gente estudie carreras técnicas, tecnológicas y básicas, pero el Estado no puede darse el lujo de no tener una oferta fuerte, amplia, enérgica, de la más alta calidad, para aquellos que tengan las capacidades y quieran hacerlo, aunque no tengan el dinero”.
Precisamente, uno de los argumentos para objetar el funcionamiento de IES privadas con ánimo de lucro es evitar que se perpetúen los indicadores de inequidad social. Desde el SUE y Ascún se mencionan casos como el de Estados Unidos, en donde diversas instituciones con ánimo de lucro han sobrestimado las expectativas salariales y laborales de los estudiantes, dejando a miles de personas y familias endeudadas con préstamos altísimos. Y otros, como el de Brasil, en donde la oferta de programas educativos se ha concentrado, dado sus bajos costos, en ciencias sociales y administración, en detrimento de las ingenierías o ciencias básicas.
Recientemente, el Observatorio Laboral en Colombia presentó datos preocupantes que podrían acentuarse con la llegada de estas instituciones.
Entre el 2001 y el 2010 se graduaron 1.634.509 nuevos profesionales. De estos, solo 23.335 estudiaron ciencias básicas (Física, Matemáticas, Geología, Estadística), y otros 26.640 recibieron el título en Agronomía, Veterinaria y afines. Es decir, solo el 3% de los egresados se concentra en áreas que son clave para la economía colombiana y para alcanzar altos niveles de investigación, innovación y desarrollo científico.
En contraste, se registraron 497.782 graduados de Economía, Administración y Contaduría, lo que representa el 30,5% del total.
Autonomía, ¿más de lo mismo?
Para los Rectores, la autonomía universitaria es un aspecto tan importante que incluso presentaron un proyecto de ley estatutaria que, finalmente, fue rechazado por el Gobierno. Y aunque el MEN argumenta haber incluido la mayor parte del articulado en el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior, los Rectores insisten en que el principio de autonomía consagrado en el artículo 69 de la Constitución de 1991 solo cobra sentido si se asume la totalidad de la propuesta presentada y no unas cuantas partes.
En este contexto, la reforma gubernamental podría convertirse en “más de lo mismo”. La Ley 30 fue elaborada hace 20 años para un país, unas universidades y unos desafíos sociales y económicos muy diferentes a los de hoy, y por eso se requieren cambios profundos. Por esto, las universidades no “cruzarán los brazos” y seguirán mostrando al Gobierno y a la sociedad colombiana la importancia de una reforma que consigne los tres ideales defendidos: financiamiento adecuado para el sector estatal, respeto a la autonomía universitaria y un sistema de educación superior diseñado para alcanzar la equidad social.
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