Tras un mes de protestas en Colombia, las movilizaciones continúan ante la inestabilidad del país y la violencia de las autoridades en este contexto de protesta social. Entre las demandas de los manifestantes, destaca la denuncia hacia la inseguridad que sufren los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. Las organizaciones constatan la violencia policial y las víctimas mortales, la ONG colombiana Temblores ha contabilizado hasta el momento 3.789 casos de violencia policial, 45 de ellos han acabado en fallecimiento. Alianza por la Solidaridad-ActionAid reivindica el papel de los líderes y lideresas sociales y condena la inseguridad a la cual se enfrentan por el simple motivo de pedir justicia en su comunidad, una situación que se ha visto agravada desde el comienzo de las movilizaciones.
Durante las movilizaciones, se han producido agresiones contra comunidades indígenas. La minga indígena de Colombia ha sufrido ataques por parte de civiles armados en Cali, ante lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación. Además la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció en mayo ataques hacia miembros de la minga indígena en Buenaventura por parte del Ejército. Alianza por la Solidaridad-ActionAid condena esta violencia y represión de indígenas y remarca el importante papel de estas comunidades en el país.
Diferentes organizaciones y varios líderes sociales muy implicados en la organización de las protestas han denunciado un aumento de las amenazas. Es el caso de Leonard Rentería, que se ha convertido en uno de los altavoces de las convocatorias para las distintas protestas, paros y cortes en las vías del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Leonard lleva un tiempo con seguridad por parte del Estado, pero fue amenazado por su participación en el paro.
En Cauca, la presidenta de la Asociación Municipal de Mujeres del Norte del Cauca (ASOM), Clemencia Carabali, ha estado en primera línea haciendo un llamamiento a la participación en las protestas y junto a su organización está participando en la Asamblea Nacional Popular del paro en Bogotá. El pasado mes de abril asesinaron a una compañera lideresa del Norte del Cauca, Sandra Liliana Peña.
En Nariño las organizaciones sociales indígenas también se están movilizando. Claudia Jimena Pai, consejera de mujer y familia de la organización Unidad indígena del pueblo Awá (UNIPA), ha enfocado sus esfuerzos de movilización en una de las problemáticas más grandes que tiene el pueblo Indígena Awá: los asesinatos de muchas de sus mujeres pertenecientes a los diferentes resguardos indígenas*.
Desde ayer y hasta el día 10, la CIDH realizará una visita a Colombia. Asimismo, hace unos días la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido una investigación independiente en Colombia para comprobar los sucesos y detener la violencia.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid, que trabaja en Colombia con distintas organizaciones sociales e indígenas, pide a la comunidad internacional y al Gobierno español que condene la violencia en Colombia y asegure la defensa de los líderes sociales en el país. También, que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ponga fin inmediatamente a la violencia.
*Los resguardos son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los Artículos 63 y 329 de la Constitución colombiana, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Tomado: tercerainformacion
