El paro nacional y las protestas en Colombia que comenzaron el 28 de abril siguen generando violencia, destrucción y una panoplia de abusos contra los derechos humanos. Hasta el 31 de mayo, una red de grupos de la sociedad civil colombiana habría registrado 71 homicidios en el contexto de las protestas. Todos los muertos, excepto dos, son civiles.
Aunque la violencia disminuyó un poco a mediados de mayo, las muertes han aumentado de forma alarmante en los últimos 10 días. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 14 muertes solo en Cali entre el 28 y el 30 de mayo.
La brutalidad policial, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza pública y los inquietantes vídeos que muestran a personas civiles disparando armas en presencia de la policía continúan circulando. Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, con un alto número de residentes afrodescendientes, ha sufrido hasta 46 homicidios, además de un ataque evidentemente racista contra una caravana indígena nasa que entró en la ciudad a principios de mayo para apoyar pacíficamente a los manifestantes.
El 28 de mayo, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de 7.000 soldados hacia Valle del Cauca y otros siete departamentos, la mayoría de ellos destinados a Cali, para imponer el orden y acabar con los bloqueos de carreteras realizados por los manifestantes. El ejército colombiano, formado y entrenado durante 60 años de conflicto armado contra las guerrillas, no está preparado para enfrentarse a ciudadanos angustiados y desesperados en las calles de las grandes ciudades. El peligro de que las tropas recién desplegadas puedan agravar la situación y cometer aún más abusos contra los derechos humanos, es muy alto. Se trata de un despliegue muy arriesgado.
En este momento se necesita urgentemente una desescalada, no un mayor uso de la fuerza. Sin embargo, los esfuerzos de diálogo están fracasando; aunque se están celebrando conversaciones entre representantes del gobierno y el comité del paro cívico formado por varios líderes de las protestas, aún no se ha producido una negociación formal vinculante.
El gobierno se niega a reconocer la gravedad de los abusos cometidos por su fuerza pública y ha continuado estigmatizando, criminalizando y deslegitimando las protestas. En un ejemplo entre muchos, el ministro de Justicia dijo el 29 de mayoque la mayoría de los muertos en el contexto de las protestas en realidad ocurrieron en “peleas callejeras o intentos de robo”.
La estigmatización de los manifestantes y las víctimas deja claro que el gobierno no tiene la intención de escuchar, a pesar de que un gran segmento de la población, afectado por la pandemia, ha caído en la pobreza. Al contrario, su prioridad es reprimir las protestas a toda costa, evitando que se produzcan más daños a la infraestructura, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas.
Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, el vandalismo y los ataques han aumentado a medida que se incrementa la violencia policial hacia los manifestantes. WOLA condena acciones como el incendio del 25 de mayo del Palacio de Justicia en Tuluá, Valle del Cauca, los asesinatos de dos agentes de policía y los bloqueos de carreteras que han impedido que las ambulancias y otras misiones médicas lleguen a sus destinos.
El gobierno de Iván Duque y los representantes del comité del paro cívico deben reunirse de inmediato para proteger el derecho a la protesta pacífica y deshacer los bloqueos de las carreteras, de manera que se pueda avanzar en un diálogo constructivo en torno a las 15 peticiones presentadas por el comité. En particular, monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia Católica en el apoyo al diálogo, ha reiterado la necesidad de una negociación productiva entre el gobierno y el comité del paro cívico.
Mientras avanzan las negociaciones, es de suma importancia la verificación independiente de la situación de los derechos humanos. WOLA acoge la invitación del gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una visita “in situ” al país. Dicha visita debe realizarse en un futuro muy cercano, y sin limitaciones para el acceso del personal de la comisión a los testigos y a los territorios.
Legisladores estadounidenses también se han pronunciado sobre la violencia en las protestas y los abusos que se están produciendo en Colombia. En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso pidieron al gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios.
Este silencio del gobierno estadounidense se da incluso en medio de una solicitud de asistencia extranjera de Colombia emitida el 28 de mayo para 2022, que incluye aproximadamente US$140 millones en nueva asistencia para la policía. WOLA reitera su llamado para que se suspendan todas las ventas de equipos antidisturbios de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Colombia, y para que se suspenda la asistencia estadounidense en forma de financiación a la Policía Nacional de Colombia, debido a la alta probabilidad de que dicha asistencia pueda ser utilizada indebidamente mientras las tensiones siguen aumentando.
Para detener la violencia actual, evitar más abusos por parte de la fuerza pública colombiana, lograr justicia para las víctimas y prevenir más daños, el gobierno de Estados Unidos debe adoptar una postura más contundente. De lo contrario, los avances en materia de seguridad y otros progresos observados en el marco de los acuerdos de paz de 2016 se debilitarán aún más.
Como en gran parte de América Latina, los colombianos están sufriendo en este momento. La población exige que su gobierno la escuche, ayude y deje de usar fuerza excesiva e indiscriminada en su contra. La estrecha asociación entre Estados Unidos y la fuerza pública colombiana forjada desde la década de 1980 hace inevitable que el comportamiento de esa fuerza se refleje en su contraparte estadounidense. Mientras continúe la escalada de violencia y la estigmatización, esa asociación supondrá una amenaza cada vez mayor para los intereses y la credibilidad de Estados Unidos en Colombia y en el resto de la región. Para el gobierno de Biden, el momento de hablar con franqueza sobre la situación en Colombia lleva mucho tiempo pendiente.
