Varias movilizaciones pacíficas se realizaron este 13 de marzo, en El Doncello, Cartagena del Chairá, La Julia en La Uribe, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán; en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.
Las concentraciones y marchas por las calles de estos corregimientos y municipios tuvieron la participación de miles de campesinos que desde hace décadas habitan en los parques nacionales ubicados en estos departamentos.
El motivo fue el rechazo a los operativos militares iniciados el pasado 18 de febrero en los parques Tinigua y Los Picachos, ubicados en la Serranía de La Macarena, en el Meta, y en San Vicente del Caguán, en Caquetá con el objetivo de desalojar a las miles de familias que sobreviven con cultivos de pancoger y ganadería.
Exigen negociar con una comisión del Gobierno nacional encabezada por los ministros de Defensa, Medio Ambiente, Interior, la Fiscalía Nacional y la Procuraduría General, entre otras. La reunión ya estaba pactada pero la comisión no llegó el pasado 9 de marzo. Esta debe ser el próximo 16 del presente mes.
“Tenemos es que negociar, no discutir, porque se ha discutido demasiado. Llevamos desde el 2014 discutiendo la problemática de los habitantes de los parques, pero ya hay que poner fin al problema encontrando salidas negociadas, pacíficas, concertadas que no ameritan operativos militares como los que se han desarrollado contra campesinos desarmados”, explicó a VOZ Carlos Rodríguez, coordinador de la mesa de organizaciones sociales de La Macarena, Meta, integrada por otras de carácter campesino, ambiental, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y de mujeres.
Falta inversión
En 2014, diversas organizaciones sociales de estos departamentos conformaron una mesa e interlocutaron con Parques Nacionales para discutir sobre la ocupación que hacen los campesinos a Tinigua, Serranía Los Picachos y Serranía de La Macarena. Estuvieron cerca a un acuerdo y los organizaciones sociales convencieron a los campesinos de hacer una caracterización, es decir, conocer cuántas familias habitan allí, por cuántas personas están integradas, qué cantidad de tierra manejan y que cultivan. Novecientas familias permitieron el ejercicio.
“Pero Parques Nacionales quiso decir que ya tenía caracterizadas a las familias y si tenían que judicializar ya no habría mucho problema. Pusieron en entredicho las acciones organizadas que las comunidades habían hecho”, explicó Carlos Rodríguez.
Para los campesinos, hace falta mucha inversión en infraestructura por parte del Estado, pues comentan que para ir de La Macarena a Villavicencio, capital del departamento, deben pasar Caquetá, Huila Tolima y Cundinamarca, al no existir una vía que les permita llegar directamente. Por lo tanto, para estas comunidades no es rentable sembrar para comercializar: “Escasamente nos han dejado la opción de trabajar la ganadería y es una actividad que tenemos muy satanizada”, comenta el líder social.
Los dirigentes campesinos creen que hay planeadas grandes obras de infraestructura petrolera que atravesarán los parques, que son el origen de los operativos militares para desalojarlos. Ponen de ejemplo el oleoducto El Tapir que atravesará por la Serranía de La Macarena. “Dañará el atractivo turístico de Caño Cristales y luego romperán las tres cordilleras para poner un tubo subterráneo que transportará el petróleo que vendrá de Arauca, Casanare y Meta, para unirlo con los de Putumayo y Caquetá, y llevar el crudo a Buenaventura”, expone Carlos.
En los parque hay 930 familias caracterizadas, 500 que no lo están y un alto número que, ante la falta de tierra y oportunidades, arribó en los últimos tres años.
En sus reuniones con el Gobierno, los campesinos explican que su presencia en esa zona obedece a que el tema de la tierra no está resuelto en el país, que colonizan esas selvas por necesidad, por supervivencia.
Los lugareños han presentado opciones de solución, como una agenda con trece puntos para ser discutidos. Estos giran alrededor de permitir parques con campesinos, ya que muchos llevan toda su vida en ellos, proponen proyectos productivos amigables con el medio ambiente, que además les permitan vivir con dignidad. “Hay que hacer una reconversión ganadera, minimizando el numero de animales o de ganado en los parques, pero optimizando la producción para que sea rentable. Pero primero, deben cesar los operativos militares con los que pretenden desalojarlos”, comenta Carlos Rodríguez.
SEMANARIO VOZ
Tomado: Agencia Prensa Rural
