En razón a una tutela presentada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se logró que dos jóvenes, Yilmer y Julián, no prestaran el servicio militar como soldados regulares, tal y como lo pretendía el Ejército Nacional, desconociendo su situación de egresados bachilleres.
El fallo abre hoy en día la puerta para muchachos que se encuentran en la misma situación, quienes son reclutados por el Ejército Nacional en calidad de soldados regulares, para prestar servicio en zonas de conflicto, lo que coloca en riesgo su vida, al asumir tareas militares, sin el entrenamiento necesario para desempeñarlas.
Yilmer Alexander Arenas Sánchez y Julián Esteban Chaves Lara, luego de finalizar sus estudios en noviembre de 2010, fueron retenidos como remisos y posteriormente incorporados al Batallón Baraya que opera en los Llanos Orientales, donde estuvieron prestando el servicio militar obligatorio durante nueve meses, por una omisión de la institución educativa que no realizó el trámite obligatorio ante la Dirección de Reclutamiento del Ejército.
El Ejército de manera irregular e ilegal, no sólo los presionó al momento de su retención, al obligarlos a firmar un documento en el cual renunciaban a sus derechos como bachilleres, sino que agilizó ante una notaria, la expedición de la contraseña de la cédula, mientras ésta fue expedida, con el fin de completar los requisitos para su incorporación.
Para el Tribunal, es claro que la acción del Ejército, desconoció la calidad de estudiantes de los jóvenes, los condujo en contra de su voluntad a las instalaciones militares ubicadas en zonas de conflicto, actuación ilegal, de conformidad con los artículos 13 y siguientes de la Ley 48 de 1993, por medio de la cual se regula la prestación del servicio militar obligatorio, afectando sus proyectos de vida.
No se trata del primer caso donde la Dirección de Reclutamiento del Ejército viola las disposiciones legales. La Corte Constitucional se ha pronunciado en otras oportunidades sobre hechos similares, así como sobre el alcance de la normativa infringida (Sentencias C-511 de 1994, T-218 de 2010, T-711 de 2010, entre otras), lo que indica que al interior de la entidad se viene consolidando una política de reclutamiento ilegal, asegurando la presencia de más jóvenes en zonas del conflicto y dificultando la continuación de sus estudios superiores.
De esta forma, resulta urgente denunciar la política de incorporación ilegal al servicio militar que ha venido implementando la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, engrosando sus filas en las distintas zonas de conflicto con mentes y brazos jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria.
La Constitución Nacional y las normas aplicables en estos casos, ordenan que los bachilleres sean asignados a tareas de preservación del medio ambiente y prestación de servicios a la comunidad, destinar sus fuerzas a sostener un conflicto armado en degradación no sólo es jurídicamente condenable, también debe ser ética y políticamente denunciado por privilegiar la violencia y la guerra por encima de la educación y la cultura.
Tomado: Colectivo José Alvear Restrepo
