La jueza 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Martha Artunduaga, negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del subteniente Raúl Muñoz Linares. Entre tanto, el abogado defensor apeló la decisión, por lo que el caso quedará suspendido mientras se pronuncia en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá.
La jueza calificó como desacertada la solicitud de nulidad de la defensa del militar y rechazó la intención del abogado Sergio Rodríguez Alzate de pretender retrotraer el proceso a la fase preparatoria, que fue ampliamente superada entre febrero y julio de 2011. La decisión fue tomada durante la audiencia realizada el es 2 de marzo de 2012 en los juzgados de Paloquemao.
En su pronunciamiento, la jueza Artunduaga señaló su inconformismo ante la pretensión de la defensa de "corregir sus propios errores a través de la solicitud de nulidad", haciendo alusión al hecho que desencadenó la solicitud, pues en la audiencia anterior, celebrada el 22 de febrero de 2012, el abogado del militar presentó en juicio unos documentos que buscaba hacer valer como prueba, pero que en ningún momento fueron anunciados y por tanto, en el momento procesal conocido como preparatorio, por eso la jueza no los decretó y se negó a que hiceran parte del proceso en la etapa de juicio.
La actitud de la defensa de presentar documentos "sorpresa" fue descalificada por la Fiscalía y por la representación de víctimas, no obstante, la defensa del militar continuó con su estrategia y ante la negativa de la jueza de no permitir la incorporación de dichos documentos, el defensor del militar solicitó la nulidad del proceso que lleva más de un año en curso.
Tras anunciar su decisión en contra de la nulidad, la jueza conceptuó como desacertada la solicitud, además de considerar que no fue correctamente argumentada por la defensa , y coincidió con la Fiscalía y la Procuraduría en calificarla de improcedente.
Por su parte, el Fiscal 51 de la Unidad de Derechos Humanos, Victor Julio Lozano Labrador, se refirió a la estrategia empleada por la defensa del militar como "maniobra dilatoria y oportunismo", e instó al Tribunal Superior de Bogotá abstenerse de conocer el trámite, pues según la Fiscalía, la defensa no ha respetado el rito procesal, y por el contrario "de manera caprichosa y desordenada ha solicitado pruebas" y el recurso de nulidad que se invocó es improcedente en esta ocasión ya que deriva de una oposición a la práctica de una prueba no decretada y permitir el recurso iría en contra vía de lo que indica la ley procesal penal.
Así mismo, el fiscal del caso señaló con preocupación la imposibilidad de acceder y practicar pruebas dactiloscopicas al supuesto desmovilizado anunciado como testigo por la defensa del militar, "la defensa no ha dicho donde está el supuesto desmovilizado, pese a que la audiencia ha sido suspendida dos veces porque dizque el testigo estaba llegando al terminal de Bogotá".
El Fiscal advirtió que "no es lejana ni remota la posibilidad que la defensa esté buscando el relevo del juez para volver a empezar el proceso", y concluyó refiriendo que la defensa actuaba de manera temeraria al invocar nulidades improcedentes.
Posteriormente, en la intervención de la abogada de Humanidad Vigente, como representante de las víctimas, exhortó al Tribunal Superior de Bogotá a no acceder ante la petición de nulidad, subrayando lo expuesto por la jueza y la defensa y reiterando la estrategia de defensa desleal, temeraria y de mala fe que durante todo el proceso han empleado los abogados del militar.
"Un sinnúmero de maniobras para obstruir han usado en el curso del proceso, cambios de abogados, recursos injustificados, nulidades, suspensión de audiencias, todas con argumentos inexistentes a fin de dilatar el juicio", anotó la abogada Olga Silva.
Igualmente, la representación de víctimas solicitó al alto tribunal, ordenar dar continuidad de manera expedita al juicio y tomar medidas correctivas y por ende compulsar copias para investigar el accionar de la defensa.
Humanidad Vigente reitera su llamado al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que se pronuncien sobre esta nueva actuación dilatoria por parte de la defensa del militar, que, haciendo uso de argumentaciones infundadas, pretende dilatar el proceso afectando los derechos de las víctimas a la verdad, y la justicia.
Naciones Unidas expresa su preocupación por lentitud del proceso
En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2011, dicho organismo señala la lentitud con la que avanza el proceso. Igualmente, advierte sobre las dilaciones y las posibles afectaciones en las pruebas.
"La lucha contra la impunidad de los delitos sexuales relacionados con el conflicto sigue requiriendo esfuerzos especiales de parte del sistema judicial. Por ejemplo, a noviembre, sólo cuatro casos se encuentran en etapa de juicio de los 183 que la Corte Constitucional en su Auto 92 de 2008 ordenó a la Fiscalía investigar a la mayor brevedad posible. El juicio sobre el asesinato de tres niños víctimas de violencia sexual, presuntamente cometido por un miembro del Ejército en Arauca en 2010, avanza despacio", menciona el informe en el apartado sobre Violencia sexual relacionada con el conflicto en la página 13.
Posteriormente, puntualiza que "el proceso judicial por la violación de dos niñas y el posterior asesinato de una de ellas y de sus hermanos, de 14, 9 y 6 años de edad, ocurrido en octubre de 2010 en Arauca y presuntamente cometido por un miembro del Ejército, no había concluido en 2011. El acusado ha cambiado por lo menos siete veces de abogado defensor, lo cual ha dilatado el proceso y podría haber afectado las pruebas".
Tomado: Agencia Prensa Rural
