El 9 de junio de 2005, ALIDA TEREZA ARZUAGA VILLAR, de tan solo nueve años de edad, fue víctima de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados por parte de reconocidos integrantes de los grupos paramilitares que operaban en el municipio de Zapatoca – Santander. Después de permanecer por más de doce horas desaparecida, fue encontrada sin vida en una cañada en las afueras del casco urbano, su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de su muerte.
Según testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso penal, el atroz crimen fue cometido en retaliación por parte de los paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien en ese momento se encontraba preso en la cárcel Modelo de Bucaramanga, señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional –ELN-.
Después de varios años de ocurrido el atroz crimen, el 17 de septiembre de 2010, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia condenatoria contra HERNANDO RODRIGUEZ ZARATE, alias VOLUNTO, jefe paramilitar de las estructuras criminales que actúan en San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí y Zapatoca (Santander).
Además de ello, en el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible participación en los hechos de JHON FREDY QUITIAN GONZALEZ, alias JORGE, reconocido jefe paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año 2004, continuaba siendo protegido por la policía y el ejército nacional en esta región del departamento de Santander.
Es así, como el 24 de febrero de 2012, en la ciudad de Bogotá fue capturado JHON FREDY QUITIAN GONZALEZ, procediendo a definirse situación jurídica por parte de la fiscalía 11 Seccional de Bucaramanga, el 29 de febrero, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y ordenando su libertad de forma inmediata.
La decisión de la Fiscalía, contrasta con su actuación morosa, al momento de pronunciarse sobre la demanda de constitución en parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
La posición del ente acusador genera profundo desconcierto y dolor en los familiares de ALIDA TEREZA, quienes desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han exigido VERDAD Y JUSTICIA al Estado colombiano. Estos hechos que conmueven los cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares.
El caso de ALIDA TERESA, sin duda alguna quebranta todos los límites, agrediendo la conciencia de la humanidad, y de manera abierta desconoce principios del derecho humanitario como el de distinción.
Tomado:Agencia Prensa Rural
