Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos denunciaron este jueves el incremento de agresiones y asesinatos de activistas en Colombia y la impunidad en la que queda la mayoría de estos delitos.
En un acto al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, entidades como la Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura o la Comisión Colombiana de Juristas revelaron cifras que demuestran un aumento de la persecución a los defensores de las víctimas de represión.
Los ataques individuales a defensores de los derechos humanos en Colombia se incrementaron un 126 por ciento en la primera mitad del 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior, según estas agrupaciones.
En diez meses, de julio de 2010 a mayo de 2011, se contabilizaron en Colombia 255 agresiones contra estos activistas, de las que 54 fueron asesinatos, como comprobó sobre el terreno una misión internacional organizada por la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia.
Esta misión de verificación, compuesta por 40 personas de 15 países, recorrió ocho regiones colombianas del 28 de noviembre al 2 de diciembre pasados y se entrevistó con decenas de organizaciones, entidades y autoridades, tras lo que constató que las agresiones van en aumento y, sobre todo, que la mayoría queda impune.
"Crímenes graves como asesinatos y desapariciones continúan en la impunidad. Tuvimos noticias de casos en los que los denunciantes dieron incluso nombres y apellidos de las personas que los amenazaban y, sin embargo, las investigaciones no han avanzado", afirmó Christiane Schwarz, miembro de la comisión.
"Hemos sabido de pocos casos en los cuales los responsables de las agresiones fueran llevados ante la justicia", agregó.
La comisión detectó varios factores que contribuyen a la impunidad, entre ellos, el temor generalizado a denunciar las agresiones "por la realidad de las represalias que sufren" quienes lo hacen, puntualizó Schwarz.
Además, algunas fiscalías operan dentro de guarniciones militares, muchas autoridades a nivel regional niegan la existencia de grupos armados ilegales o en numerosas ocasiones dichas agresiones son tratadas como delitos comunes, no como consecuencia de la labor de los defensores.
Por otra parte, la misión denunció el incremento de casos de enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos, basados en denuncias irregulares y usados como método para abortar sus actividades.
Tomado: Agencia Prensa Rural
