Las movilizaciones se originaron en barrios muy afectados por la crisis económica y fueron protagonizadas por jóvenes de entre 14 y 20 años. El desempleo juvenil en Túnez es del 40%, cifra similar a la de hace 10 años durante la crisis que desató las movilizaciones contra Ben Ali.
Ante las primeras manifestaciones la respuesta del actual gobierno fue la criminalización y la represión. En sus declaraciones, el presidente Saied amenazó a «aquellos que manipulan a los jóvenes y se mueven en la oscuridad para fomentar el caos entre la gente», según informó la agencia estatal tunecina de noticias, TAP. En esas declaraciones agregó que «la gestión de los asuntos públicos no depende de alcanzar alianzas y de maniobras políticas, sino que está fundamentada en valores morales y principios constantes».
Tras los primeros días de movilizaciones, ayer el gobierno de Túnez ordenó el despliegue del Ejército en varias regiones del país. Actualmente hay más de 600 personas detenidas, entre ellas, varios menores de edad. Según corresponsales de la agencia Reuters, hasta 300 jóvenes se enfrentaron con la policía en el distrito de Ettadamon de la capital. También testigos confirmaron enfrentamientos en otras ciudades del país norafricano. «A todo el que protesta contra el sistema le llaman ladrón. Hemos venido con los rostros expuestos de día y no de noche a decir que queremos trabajo. Queremos dignidad», dijo a la agencia Reuters Sonia, una licenciada desocupada.
En la céntrica avenida Bourguiba de Túnez, un bulevar arbolado flanqueado por oficinas gubernamentales y edificios de la época colonial donde tuvieron lugar las mayores protestas de 2011, manifestantes clamaron para que las personas arrestadas en los últimos días fueran liberadas.
En un comunicado emitido ayer, Amnistía Internacional instó a las autoridades tunecinas a abstenerse de usar la fuerza excesiva contra manifestantes. “Las fuerzas de seguridad tunecinas deben abstenerse inmediatamente de usar fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a manifestantes que han salido a las calles de la capital y en varias gobernaciones a protestar por la marginación, la violencia policial, la pobreza y la falta de oportunidades de empleo”, manifestó parte del comunicado. “Aunque se cometan actos de vandalismo y saqueo, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben limitarse a usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y proporcional al objetivo perseguido. Nada autoriza a las fuerzas de seguridad a hacer uso innecesario y excesivo de la fuerza, aunque sea para responder a actos esporádicos de violencia”, declaró Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Una revolución inconclusa
El inicio de las llamadas “primaveras árabes” ocurrió en la capital tunecina en la localidad de Sidi Bouzid, el 17 de diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi, fue despojado por la policía de su mercadería y cuentas de ahorros y en respuesta, se inmoló como forma de protesta. Las movilizaciones disparadas a partir de este episodios terminaron generando la fuga de su presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011 y expandiendo las movilizaciones por toda la región, generando la caída de otros gobiernos, como el de Egipto o Libia y conflictos en una gran cantidad de países, llamando la atención de la comunidad internacional y hasta nuevas intervenciones armadas en países árabes, en muchos casos con otras intenciones ocultas.
Si bien se suele caracterizar a la “primavera árabe” como un proceso de movilizaciones que duró dos años entre diciembre de 2010 y finales de 2012, los procesos de movilizaciones con características similares continuaron en otros países los años siguientes. Las movilizaciones en Jordania contra un ajuste planteado por el FMI generaron la renuncia de su Primer Ministro en 2018, mientras que más conocidas fueron las movilizaciones tanto en Iraq como en Líbano los últimos dos años, por mencionar solo algunos casos. En Líbano se habían desarrollado movilizaciones en 2011 acompañando el proceso con sus reclamos particulares como el fin del sectarismo en el modelo político religioso. En 2015 volvieron a desarrollarse movilizaciones bajo el lema “Beirut apesta” originada por protestas contra la falta de infraestructura en la recolección de residuos pero que reactivó las consignas de 2011, algo que también sucedió en 2019 con la llamada “revolución de wasap” que disparó un proceso más reciente de movilizaciones, crisis económicas y renuncias de funcionarios, proceso también inconcluso.
Volviendo a Túnez, la vuelta de la democracia fue recibida con entusiasmo al principio, donde se vislumbraron algunos avances, más que nada en cuestiones políticas, bajando los niveles de represión y con pequeños momentos de avance económico pero sin resolver cuestiones de fondo. “Los y las tunecinas no encontraron el mismo nivel de terrible represión. Pero tampoco ganaron un régimen que se acercase a satisfacer sus demandas de justicia social. Más bien, siguen lidiando con la pobreza, el desempleo y la corrupción, así como con una serie de gobiernos en constante crisis”, sostiene el activista tunecino Jaouhar Bani. En un artículo publicado en el sitio Socialist Worker hace dos semanas, el activista sostiene que lo sucedido en Túnez tras la caída de Ben Ali se perdió de vista a medida que la atención se trasladó a los levantamientos en Egipto, Siria y Libia, y sus respectivas contrarrevoluciones. Las primeras elecciones después de la caída de Ben Ali terminaron con un gobierno de coalición liderado por el partido islamista Ennahda, anteriormente prohibido por Ben Ali.
Pero Ennahda sabía que tenían que gobernar y gobernar de la misma manera, y si bien no se les podía llamar “contrarrevolucionarios” su gobierno se dedicó a detener el proceso iniciado en 2010. El nuevo gobierno quedó atrapado entre las demandas de quienes lo eligieron y las de los ricos. Los inversionistas atraídos por la falta de derechos laborales bajo el régimen de Ben Ali comenzaron a llevarse sus inversiones tras la caída del dictador. Ennahda implementó reformas pro-mercado, tales como recortar los subsidios a los combustibles, subidas de precios y congelación de la contratación de plantilla en el sector público, lo que genero huelgas cuya respuesta gubernamental fue la represión.
2013, se asesinaron a dos políticos de la oposición de izquierdas, Chokri Belaid y Mohamed Brahimi, hubo enormes huelgas y protestas. Muchas personas acusaron a Ennahda de ser cómplice de los asesinatos. El partido se vio obligado a disolver el gobierno y a convocar nuevas elecciones en 2014. Sin embargo, la coalición de izquierdas de Belaid y Brahimi, el Frente Popular, obtuvo menos del 4 por ciento en las mismas.
Mientras su población exige más empleo y una distribución equitativa, las industrias mineras y energéticas sacan los recursos de sus áreas, pero la gente corriente no se beneficia. Sólo el mes pasado, toda la industria del fosfato de Túnez, muy importante para la economía, fue cerrada por huelgas y protestas exigiendo empleos. Para Jaouhar no inevitable frenar los procesos iniciados en 2010, y advirtió que la izquierda en Túnez debe conectarse con las demandas y luchas de la gente corriente: “Las posibilidades están ahí”, dijo. “La crisis de la revolución es también una crisis para el régimen”.
Dos semanas después, Túnez vuelve a ser noticia para el mundo, por movilizaciones protagonizadas por jóvenes descreídos por la falta de oportunidades y el desempleo que les aqueja.
Fuente: anred.org
Tomado: tercerainformacion
