Después de conocerse denuncias de la dirección del partido Comunes, visibilizadas además por el representante de la alta parte contratante del acuerdo final de paz firmado entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño y reafirmadas por el alto representante especial del secretario general de las naciones unidas en Colombia y quien fuera jefe de la misión de verificación del acuerdo de paz Carlos Ruiz Massieu, frente a la compleja situación de seguridad que enfrentaba la población firmante de paz ubicada en el ETCR (Espacio territorial de capacitación y reincorporación) Oscar Mondragón, ubicado en la vereda Miravalle del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá; la comunidad firmante de paz confirmó en un comunicado dado a conocer el día de ayer miércoles 27 de junio, la decisión de desplazarse del territorio, producto de las amenazas persistentes contra los firmantes y habitantes del centro poblado por parte de los grupos armados que actúan en la región.
Este desplazamiento afecta a 14 mujeres, 44 hombres, 7 niñas y 17 niños, que para garantizar su integridad y vida se ven obligados a abandonar su territorio.
El consejo nacional de reincorporación componente comunes, surgido del acuerdo final de paz, había venido alertando que la comunidad en proceso de reincorporación, amenazada por el autodenominado "EMC" y declaraciones de la "Segunda Marquetalia", no tuvieron otra alternativa que decidir salir de la región, ya que la amenaza establece 40 días para que todas las personas de este centro poblado salgan de la región. El consejo de reincorporación, por medio de un video dado a conocer en la cuenta X y en la vocería de Pastor Alape, hizo un llamado a la institucionalidad para establecer una línea humanitaria para garantizar a la población su vida, integridad y permanencia en el territorio, y elevando una solicitud al presidente Petro para que en las mesas de negociación que mantiene el gobierno con estos grupos, se establezcan mínimos humanitarios para proteger la comunidad y desistan de su confrontación que pone en grave riesgo a los firmantes y sus familias.
Por su parte Ruiz Massieu había declarado su preocupación frente a la situación catalogándola como grave para la población del ETCR de Miravalle, haciendo el llamado a los grupos armados a respetar la vida y reincorporación de los firmantes. “Una genuina voluntad de paz, pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación” posteó el representade de la ONU en sus redes sociales.
El presidente del partido Comunes Rodrigo Londoño, en su calidad de firmante de paz le hizo un duro llamado al presidente de la República, ratificando su compromiso y convicción con la paz total y la solución negociada, pero criticando sin empacho lo que el denomino “improvisación y concesiones a los verdugos, además de la mezquindad para implementar el acuerdo de paz” como elementos que generaron la dramática situación de los firmantes obligados al desplazamiento forzado.
Este colectivo de firmantes había desarrollado una serie de acciones emblemáticas en el marco de su ejercicio de reincorporación, como el impulso de proyectos de ecoturismo y deportes extremos, impulsando asociaciones dedicadas a estas actividades como “Caguán Expeditions y “Remando por la paz”, reconocidas internacionalmente como ejemplos de transformación del territorio y construcción de la paz. Estas iniciativas se pronunciaron en un sentido y estremecedor comunicado, donde plantean literalmente que no es “un adiós, es un hasta siempre” y confirman el dolor que sienten al abandonar sus proyectos y territorio, que caracterizan como su “matriz, hogar y cuna de inspiración”. El colectivo de firmantes confirmó que esta situación se presenta por la imposibilidad de la convivencia con la guerra y responsabilizan a la confrontación armada entre los grupos disidentes de las antiguas FARC, de generar esta dramática situación. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado mayor central y la Segunda Marquetalia, que han sofocado las posibilidades de continuar las operaciones deportivas y turísticas en nuestra vereda” expresaron en el comunicado.
Sin duda es además de profundamente impactante, infame, el hecho de que estas familias comprometidas con la construcción de la paz en este territorio azotado históricamente por la violencia, y una región que desde la resistencia a construido proceso de organización social que reivindican la paz y la vida, sean hoy víctimas de quienes en nombre de “la lucha del pueblo”, promueven la guerra y la barbarie, afectando a un núcleo de personas a las que estigmatizan y señalan por haber escogido el camino de la paz, que como una gran contradicción, expresan asumir en los procesos que se desarrollan con el gobierno. Ojalá superen esta profunda contradicción, porque atentar contra la población civil es antagónico con la aspiración de construir la paz, y que el gobierno establezca criterios serios y coherentes en las mesas de dialogo, que se evidencien en el real desescalamiento de la confrontación en el territorio, donde además quienes pretenden avanzar en acuerdos de paz, sean consecuentes con la construcción de la misma, que parte del principio inalienable de no afectar a la población civil.
Hacemos votos para que esta comunidad tenga las garantías para construir sus proyectos de vida, y que el rio guayabero, testigo de tantas guerras, pueda seguir siendo navegado por quienes se lanzan a sus aguas y sus rápidos a reivindicar la vida y la paz. Que esta comunidad no tenga como destino el desarraigo y el destierro, y que quienes avanzan en diálogos, sean honestos y no sigan atentando contra la paz.
