La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, llega en respuesta a las protestas contra la Ley 462 (reforma de pensiones) y ha despertado una fuerte condena entre defensores de derechos humanos.
El decreto presidencial suspende garantías fundamentales: derechos de reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus, inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa. En la práctica, habilita detenciones sin orden judicial ni explicación (art. 21-22), la suspensión del hábeas corpus (art. 23), allanamientos arbitrarios (art. 26-27), control sobre dispositivos electrónicos (art. 29), y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas (art. 37-38).
El detonante fue la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones. Aunque los bloqueos en Bocas del Toro se habían detenido, la detención de tres líderes sindicales reactivó la protesta. Desde entonces, se reportan represión violenta, cortes de comunicaciones, desapariciones forzadas y tratos degradantes, especialmente contra población indígena: hay denuncias ciudadanas de hombres desnudados, rapados y exhibidos por las fuerzas de seguridad.
