Lo que comenzó como una protesta sectorial contra una ley de tierras se ha convertido en la mayor crisis política y social que enfrenta el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. A tres semanas del inicio de las movilizaciones, el país atraviesa una fase crítica: cerca de cincuenta puntos de bloqueo paralizan las principales rutas, la ciudad de La Paz sufre desabastecimiento y el saldo de víctimas fatales asciende a siete.
Según un detallado informe de Chantal Liégeois, publicado por Jacobin, la chispa del conflicto se originó en abril con una marcha de campesinos e indígenas de la Amazonia en contra de la Ley 1720.
Dicha norma, conocida como "ley Marinkovic" por el senador terrateniente que la impulsó, permitía convertir la pequeña propiedad agrícola en garantía hipotecaria, facilitando su mercantilización y beneficiando al agronegocio. Tras 24 días de movilización, los sectores indígenas lograron su derogación parcial, una victoria que encendió la mecha de un descontento mucho más profundo.
El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga general, sumando a mineros, maestros, transportistas, juntas vecinales de El Alto y cocaleros. El reclamo inicial se amplió: exigen la derogación de las medidas de austeridad impulsadas por Paz, el fin de la escasez de diésel y gasolina, y un aumento salarial ante la escalada inflacionaria.
Liégeois señala que, si bien el Gobierno y la embajada de Estados Unidos atribuyen la crisis a una conspiración del expresidente Evo Morales, la realidad es un mosaico de demandas que reflejan el hartazgo contra un mandatario que prometió "capitalismo para todos".
El Gobierno de Paz, que asumió en noviembre de 2025 tras el colapso del MAS, aplicó un programa neoliberal clásico: eliminación de subsidios a los combustibles (lo que disparó los precios), flexibilización fiscal para inversionistas extranjeros y restablecimiento de relaciones con Israel y Estados Unidos.
La respuesta oficial al conflicto se ha movido entre la negociación sectorial para dividir al movimiento, una campaña mediática que estigmatiza a los manifestantes como narcotraficantes afines a Evo, y una dura represión con apoyo químico de Argentina y Ecuador.
El punto de inflexión se produjo esta semana. El 26 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley que facilita la declaración del estado de excepción, permitiendo al Gobierno movilizar a las Fuerzas Armadas sin control legislativo estricto para despejar los bloqueos. Ante esta escalada, la COB ha convocado a una "marcha por la democracia" que se extiende por todo el territorio.
La analista Chantal Liégeois concluye en su artículo que Bolivia asiste a una revuelta sin rumbo político claro. "Tras el reciente colapso del MAS, el movimiento popular boliviano carece de una dirección unificada", escribe.
Sin embargo, rescata la larga tradición de lucha del país (desde la revolución de 1952 hasta la guerra del gas) para sugerir que, de estas jornadas de protesta, podría surgir un nuevo bloque antiimperialista y anticapitalista capaz de suceder a un Rodrigo Paz que se encuentra "en un callejón sin salida".
Tomadp: Agencia Prensa Rural
