Carta abierta de los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública
al Señor Ministro de la Protección Social de Colombia
Medellín, junio 10 de 2011
Señor Doctor
Mauricio Santamaría Salamanca
Ministro –
Ministerio de la Protección Social
Bogotá
Ref.: Desconcierto frente a la posición del Ministerio
Respetado Señor Ministro:
Los abajo firmantes, profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública, desconcertados por los comentarios que en los últimos dos días ha hecho Usted a los medios de comunicación informando la voluntad del Gobierno de acabar con las “EPS pequeñas” y mantener solo unas pocas “EPS grandes” queremos solicitarle, muy respetuosamente aclarar ante la opinión pública, la ciudadanía y los contribuyentes, los alcances y justificaciones técnicas y jurídicas de estos argumentos.
Su comentario es particularmente desconcertante, si no inconveniente, en momentos cuando la opinión pública viene conociendo que son precisamente las grandes aseguradoras las responsables del descalabro del sistema de salud en Colombia; no solo por la corrupción que –si nos atenemos al comentario del Señor Presidente- es solo la punta del iceberg de la malversación de fondos del sector, sino también porque a lo largo de más de 15 años estas empresas han dado muestras de su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, su ineptitud en la protección de la salud y su política de vulneración sistemática de los derechos constitucionales y legales en materia de salud.
Nos preocupa, Señor Ministro, que sus comentarios constituyan una absolución a priori de instituciones que en estos momentos se encuentran sub judice por acciones particularmente graves contra los recursos públicos y contra la salud de los colombianos, y que deberían primero responder ante la Ley y ante la sociedad por su desempeño.
En estas condiciones, Doctor Santamaría, no entendemos cuál es su razón para proponer el mantenimiento de estas instituciones. Por el contrario, nos parece que este tipo de comentarios eluden el problema central de la desafortunada política de salud que ha mantenido el Gobierno Colombiano en los últimos años desde la implantación de la Ley 100 de 1993 y generan una nueva nube de humo que elude las soluciones de fondo.
No se trata Señor Ministro de reorganizar el negocio de las grandes aseguradoras. No señor. Se trata de cumplir con la Constitución y garantizar el derecho a la salud, como el imperativo ético y el mandato soberano que le asiste a todo servidor público de dar cumplimiento a los fines del Estado y, en éste caso en particular, proteger la salud de la población antes que el negocio de las aseguradoras.
De lo que debería tratarse es de asumir por fin una actitud firme y decidida en defensa y desarrollo del derecho a la salud que ha sido sistemáticamente vulnerado en los últimos años por el sistema, en medio de la actitud permisiva del Gobierno y a pesar de las múltiples denuncias de la Defensoría del pueblo, de la Contraloría General de la Nación, de la Corte Constitucional, de la academia, de los gremios y de múltiples actores sociales. Este problema, Señor Ministro, no se resuelve manteniendo las grandes EPS que han sido responsables de un alto porcentaje de las vulneraciones al derecho a la salud.
De lo que debería tratarse realmente es de proteger la inversión pública que los contribuyentes hemos hecho en los últimos años para construir y mantener los hospitales estatales, cuyas finanzas y capacidad de respuesta son cada vez más débiles frente a la acción de los administradores de los recursos que, en un marco jurídico absurdo y perverso, las convierte en simples ejecutoras de los “negocios no rentables”. El país no ha cuantificado, y debería hacerlo, el costo económico y social que implica la quiebra y desmedro de estos servicios públicos a cargo del Estado. El detrimento de la inversión pública en los hospitales estatales y los perjuicios de su cierre progresivo para la población, no se resuelven Señor Ministro, manteniendo las grandes EPS que han ejercido en los últimos años un control hegemónico sobre el mercado de los servicios y han impuesto a los servicios públicos un carácter de rentabilidad financiera que pervierte su finalidad social.
De lo que debería tratarse, Doctor Santamaría, es de poner fin a las muertes que pudieron evitarse y al sufrimiento de los enfermos que han debido soportar el aplazamiento y la negación de sus tratamientos. El país se ha escandalizado por la pérdida de recursos económicos en el sector, pero no ha tenido en cuenta las pérdidas en vidas humanas y en carga de la enfermedad que aumentaron después de la Ley 100, a pesar de que varios estudios han llamado la atención sobre su gravedad. Este problema, Señor Ministro, no se resuelve manteniendo las grandes EPS que legal y contractualmente han tenido a su cargo la obligación de proteger la salud, y que son por lo mismo responsables de las muertes y enfermedades evitables observadas durante el período.
De lo que debería tratarse es de corregir la fragmentación de las redes, la desarticulación de las atenciones y la dispersión de los recursos que ha caracterizado la política sanitaria de Colombia desde la reforma. Es muy difícil, Doctor Santamaría, mantener la coherencia de las políticas y servicios de salud con fundamento en criterios de mercado como la competencia entre proveedores y aseguradores, la contención de costos y la maximización de utilidades. Estos problemas, Señor Ministro, no se resuelven manteniendo las grandes EPS; por el contrario son ellas quienes han promovido y defendido estas prácticas.
Lo que se requiere es fortalecer la autoridad sanitaria de los departamentos y municipios que en los últimos años se ha desgastado en administrar contratos para el régimen subsidiado más que en dirigir las políticas sanitarias del territorio. Desde la reforma de 1993, los entes territoriales se han mostrado cada vez menos competentes para cumplir con los fines del Estado frente a la protección de la salud y los derechos de la población. La pérdida del conocimiento y la experiencia en gestión de la salud pública (pérdida del know how), que ha sido descrita en Colombia por varios investigadores, no ha encontrado eco en los directivos del sector. El debilitamiento técnico, administrativo y político de los entes territoriales no solo refleja una profunda contradicción con los mandatos constitucionales que establecen el desarrollo de la descentralización, sino que constituye también un riesgo adicional para la salud pública. Estos problemas, Señor Ministro, no se resuelven manteniendo las grandes EPS que en Colombia han operado como agentes supraestatales.
En suma, Señor Ministro, de lo que debería tratarse asumiendo juiciosamente las evidencias académicas y jurídicas generadas en los últimos años, es de poner fin a una política sanitaria ilógica y funesta que persiste en imponer a la protección de la salud una racionalidad económica basada en supuestos de mercado, cuya validez en el campo de la salud no solamente no ha sido probada sino que ha sido repetidamente controvertida. La validez del modelo sanitario colombiano se ha sostenido en los supuestos de que el sector privado es un administrador más eficiente y menos corrupto que el Estado, que la privatización de la salud es de mejor calidad, menos costosa y más ágil que la gestión estatal, que los recursos siempre serán insuficientes, que el sector privado atenderá con solidaridad y justicia las demandas de la población y que para asegurar el derecho a la salud la función del Estado debe limitarse a regular el mercado de los servicios. Ninguno de estos supuestos ha sido demostrado. Por el contrario, las evidencias en contra son cada vez más contundentes.
Doctor Santamaría, con todo respeto, ¿cuál es la idea de mantener la intermediación privada en salud cuando las investigaciones académicas, los dictámenes judiciales y las manifestaciones sociales de rechazo han mostrado la injusticia, la ineficiencia y la inconveniencia del modelo de aseguramiento privado en salud asumido en Colombia? ¿No es momento, señor Ministro de escuchar las voces de quienes sufren no solo la enfermedad sino la indolencia del sistema de salud, en lugar de atender las presiones de los grupos económicos interesados en mantener el control sobre más de 34 billones de pesos por año? ¿No será el momento de respetar y desarrollar la Constitución en vez de desmontar sus principios?
Las y los colombianos hemos hecho un gran esfuerzo por financiar el sistema de salud con nuestros recursos y aportes, y merecemos un sistema respetable y confiable que asegure la protección de la salud como bien de interés público. La intermediación privada ha dado muestras de su incompetencia para asegurar el derecho a la salud. Esta experiencia ya ha sido para el país suficientemente costosa y dolorosa. ¿No sería el momento, Señor Ministro, de que los servidores públicos vinculados al Gobierno, cumplan con el mandato constitucional de privilegiar el bien común asumiendo directamente y con honestidad las funciones del Estado? ¿No sería el momento de hacer una amplia convocatoria nacional realmente participativa, y no manipulada por los grupos económicos, donde se busque y se construya una salida a la crisis de la salud con base en los principios del Estado de derecho?
Del señor Ministro, con todo respeto
Profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.
C.C.: Presidente de la República
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