Organizaciones sociales de Paraguay presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en audiencia especial, pruebas sobre las violaciones de esas prerrogativas cometidas en el país tras la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo.
Una información sobre la reunión celebrada, suministrada por el Servicio Paz y Justicia paraguayo, indica que los representantes de esas agrupaciones defensoras de derechos humanos hicieron una amplia exposición en presencia del presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco.
Estuvieron presentes también Rose Maria Antoine, relatora de Derechos Humanos para Paraguay, y María Claudia Pulido, también de la misma instancia, mientras los expositores de la sociedad civil de la nación guaraní fueron miembros de las diversas entidades denunciantes.
Los documentos presentados dan cuenta de que el quiebre institucional materializado en junio pasado afectó a la democracia y al respeto a los derechos humanos en Paraguay, señaló el informe.
La delegación protestante demandó una exhaustiva investigación de hechos como las detenciones arbitrarias, persecuciones a defensores de los derechos humanos y hostigamiento a quienes realizan manifestaciones contra el golpe de Estado parlamentario que destituyó a Lugo.
Otras denuncias tienen que ver con la falta de esclarecimiento de la muerte de un dirigente social y político en la localidad de Puentesino, los miles de despidos por causas políticas en organismos estatales, retrocesos en salud y educación, y amedrentamiento a comunicadores sociales.
El informe puntualiza que se pidió a la Comisión Interamericana consulte directamente a la población paraguaya, especialmente en zonas como Curuguaty, lugar en el cual un desalojo campesino provocó las muertes, aún sin aclarar definitivamente, de 11 labriegos y seis policías.
La delegación de la sociedad civil paraguaya solicitó a la CIDH que se pronuncie a favor del cese de las violaciones, hostigamientos, persecuciones y criminalizaciones de las protestas, para restaurar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en Paraguay.
Finalmente, señalaron en su reporte que ahora la Comisión Interamericana se reunirá con representantes del gobierno de Federico Franco y posteriormente volverá a hacerlo con los denunciantes.
Tomado: Prensa Latina
