El congresista colombiano Ivan Cepeda pidió explicaciones al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre la firma de 103 contratos millonarios entre ese ministerio y algunas compañías mineras, con vistas a garantizar la protección de sus operaciones, instalaciones e infraestructuras.
Los convenios, suscritos entre 2010 y 2013, suman más de 45 mil millones de pesos colombianos (unos 24 mil millones de dólares), señaló en un comunicado enviado la víspera a Pinzón.
El legislador por el Polo Democrático dijo haber encontrado en una información entregada por la Contraloría General -como parte de su ejercicio de control político- contratos que avalan la protección especial del Ejército a empresas mineras de gran envergadura que explotan los recursos del país en los departamentos de Antioquia, Meta, El Cesar, Tolima y Guajira
Cepeda cuestionó lo que considera un desequilibrio en la prestación de seguridad a estas compañías, mientras se les niega a las comunidades radicadas en esas zonas como lo ha venido haciendo el Ministerio de Defensa.
También se preguntó si el dinero que pagaban las empresas mineras, entre ellas algunas transnacionales como la Drummond, alcanzaba a cubrir la totalidad del gasto generado por la protección solicitada y cuál era el monto de los impuestos de los colombianos que se están destinando a esos fines.
Asimismo subrayó que, en los documentos suscritos, el Ejército se compromete no solo a designar varios pelotones para el resguardo de las operaciones de esas compañías sino también a permitir, en ocasiones, el uso de pistas de aterrizaje para el desarrollo de actividades mineras.
Algunos de esos documentos, agregó, incluyen cláusulas que permiten el uso de las infraestructuras industriales para instalar bases militares destinadas "a cuidar las minas concesionadas".
Entre las compañías citadas figuran, además de la Drummond, la Anglogold Ashanti Colombia S.A, la CCX Colombia S.A (antes MPX) y otras del sector minerometalúrgico como Carbones del Cerrejón Limited y Cerro Matoso S.A.
Cepeda explicó que Como "los convenios tienen una cláusula de confidencialidad de las partes y no están sujetas al control político y ciudadano" , entonces demanda al ministro Pinzón para que brinde las explicaciones correspondientes.
Tomado: Prensa Latina
