Activistas que apoyan una querella argentina contra dos torturadores de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) alertaron hoy sobre una maniobra para evitar la extradición solicitada con el pretexto de entregarlos a la justicia española.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella, que aglutina a más de un centenar de asociaciones, pidió una cita con el fiscal encargado del caso para solicitarle que asuma la voz de las víctimas, cuyos representantes no estarán presentes en la vista.
La Audiencia Nacional tiene pendiente el análisis para decidir la extradición a Argentina del ex guardia civil Jesús Muñecas y el ex comisario José Antonio González, alias Billy el Niño.
En esa vista pública solo podrán declarar los imputados y la Fiscalía y representantes del Estado argentino en caso de presentarse.
En la carta al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, difundida por el diario digital Público, los activistas consideran urgente la entrevista con el fiscal, ya que este dejó entrever la posibilidad de rechazar la entrega de los reclamados.
En declaraciones anteriores Zaragoza afirmó que la Justicia española tiene jurisdicción preferente ante la argentina por tratarse de hechos delictivos cometidos por españoles contra españoles en España.
El recelo de los activistas se basa en la apreciación del fiscal, según el cual habría que valorar también temas de fondo como el de la prescripción y de una ley de amnistía aprobada en 1977.
En caso que la Fiscalía defendiera esa postura, las víctimas consideran que el Ministerio Público estaría negando a los crímenes del franquismo el carácter de delitos contra la humanidad que se consideran imprescriptibles.
Los querellantes estiman asimismo que el Tribunal Constitucional español estableció en sentencia sobre el genocidio en Guatemala que es propio del principio de jurisdicción universal la concurrencia de Estados competentes y no la prioridad de uno respecto del otro.
Encantados estaríamos que la justicia española asuma la tarea tan antijurídicamente y tan cruelmente postergada; pero parece que se reclamaría la prioridad de la jurisdicción española con el sólo propósito de enervar las extradiciones, apunta la carta.
Tomado: Prensa Latina
