Tratando de entregar desde el principio una visión global del problema, hemos presentado un conjunto de propuestas mínimas que poco a poco vamos derivando en iniciativas concretas, todas publicadas, una de las cuales lleva por título Programa Nacional de Sustitución de los Usos Ilícitos de los Cultivos, y que se apega específicamente a presentar soluciones al primer sub-punto sobre “Programas de sustitución de cultivos ilícitos”.
Al respecto, presentaremos nuevas reflexiones al margen, pero que tocan con el conjunto de los demás sub-puntos; a saber: Programas de prevención del consumo y salud pública y Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, en el entendido que este es un fenómeno de impacto internacional que no se puede analizar , de manera provincial o localista sin observar en la interrelación de sus elementos y su vínculo con los intereses del capitalismo a nivel mundial.
Esta primera reflexión se refiere a la necesidad de definiruna política soberana.
Lo primero que habría que hacer para hablar de solución del problema de las “drogas ilícitas”, es la definición de una política adecuada que supere los cuestionamientos de la que está vigente y depende de manera sumisa de las directrices erráticas de Washington. Definida esta política, entonces se podrán diseñar los planes y programas que se requerirían para su ejecución, desligados totalmente de la vieja política cuestionada.
Desafortunadamente tenemos una enorme dificultad en la insistencia del gobierno en proseguir dentro de la senda equivocada, según se observa en las teorizaciones y prácticas que durante varios lustros ha sostenido, ligadas a políticas de “consolidación” y a sus justificaciones que, al reconocerse como parte de la estrategia antidrogas norteamericana, develan la la realidad y perspectiva de su fracaso.
Si queremos cambiar los balances negativos cargados de muerte y v iolencia que se desprenden de las plíticas cuestionadas a nivel mundial, desde la titulación de lo que construyamos conjuntamente, deberemos indicar que la solución del problema debe ser soberana, integral, concertada y pacífica; lo cual implica que se rechaza el intervencionismo que atenta contra la libre determinación de los pueblos y se rechaza la militarización y el acento punitivo y represivo que hasta el momento se le ha dado a las iniciativas gubernamentales. Este enfoque, entrañaría una concepción en la que los planes y programas no puedan convertirse en mampara de una política contrainsurgente, que distorcione el propósito eminentemente social que debe inspirarla.
Como base de la visión con la que se enfoque la temática, de parte de las FARC-EP se parte del convencimiento muy generalizado entre los sectores más democráticos del país, en cunto a que en materia de cultivos de uso ilícito, narcotráfico y los problemas de salud pública que genera el consumo, el mal no son las plantas de las que se extraen las sustancias, o son los productos mismos, o el elemento droga de por si sólos, sino las políticas que se desarrollan para manejar este fenómeno que comporta efectos de impacto mundial.
Lo general es que tales políticas y su manejo se elaboran y se imponen, sutancialmente, desde Estados Unidos, y aunque existen otros factores que pueden influir en su diseño, impera una visión norteamericana determinante. Entonces, si estas políticas imperantes y determinates, que son diseñadas e impuestas por Estados Unidos, no son exitosas, tal como está demostrado por la comunidad científica y académica, porque no resuelven ni el grave problema del consumo y sus secuelas, ni la criminalidad que se deriva del narcogtráfico, del cual se lucra sobre todo el sector financiero, el cuestionamiento y responsabilidad principales en la permanencia del fenómeno, radica no en Colombia sino en los Estados Unidos.
En el documento titulado Estrategia Nacionl de Control de Drogas, elaborado por uno de los departamentos ejecutivos de la Presidencia de los Estados Unidos en 2013, salta un sofisma que oculta la verdad sobre los fracasos, hablando de una supuesta “Consolidación de las victorias logradas en Colombia”. En el texto se expresa que “La ayuda a Colombia está descendiendo desde los años pico del Plan Colombia”; no obstante, en 2012 el gobierno americano continúa la fumigación aérea que, según ellos, es esencial para bloquear la producción en las zonas más remotas del paun era tara den,tas de palombia”importanbte a "minuido en un 60 % en la anzre erar los fracasos del prohibicionismo que Esatdoís. Y explican que la presión constante contra la producción de cultivos ilegales de coca, ha presentado un agudo descenso en el total de cocaina producida en Colombia en la última década, coincidiendo con un descenso en la tasa de cocaina en uso en Estados Unidos. Luego agregan, como si se tratara de una proeza, que Colombia está exportando su experiencia exitosa a paises amigos: en 2012, 1985 extranjeros fueron entrenados por la Policía Nacional de Colombia, de los cuales 1476 eran oficiales de policía de otros paises. El Plan Nacional de Consolidación apoyado por estados Unidos, está logrando llegar a partes del país sin presencia del Estado. La revitalización de Colombia se refleja en crecimiento económico, inversión extranjera directa y en la reemergencia como centro de arte y cultura. (Ver informe de National Drug Control Strategy 2013).
Podemos observar en estas breves referencias, que la intervención de Esatdos Unidos en este campo es plena, reconocida y de “exportación”, con la circunstancia de que navega entre falsedades que han sido señaladas con precisión por los expertos. Podemos decir, que al respecto abundan los estudios y recomendaciones para superar los fracasos de las políticas prohibicionistas y de represión, pero con el infortunio de que son desatendidas por quienes las aplican, sin que de ello escapen las autoridades colombianas.
A propósito, el investigador Ricardo Vargas señala en el Informe sobre políticas de drogas No. 4 (septiembre de 2013), del Transnational Institute que“Una de las mayores dificultades para la previsión de escenarios es la mala calidad de los diagnósticos sobre el estado actual de la economía ilegal de las drogas en Colombia. Cálculos como los que establece el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre producción de cocaína en 195 toneladas anuales con promedios de rendimientos de 2,35 kilos por cada hectárea de hoja de coca, ratifican la impresionante debilidad de las metodologías usadas. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), calcula promedios de 6,4 kilos de rendimiento por hectárea para 2012, lo que dice bastante sobre el caos de los referentes empíricos para confirmar los resultados”. Sobre esto, el profesor Vargas explica que “La excesiva ideologización de Washington, cuyo interés está más en mostrar a Colombia como un caso exitoso para promover acuerdos bilaterales que repliquen su estrategia hemisférica de seguridad, termina por afectar seriamente el estado de la cuestión en materia de drogas”. (Ver Ricardo Vargas M. Transnational Institute. Informe sobre políticas de drogas No . 41, de septiembre de 2013. Las drogas como economía de guerra y el proceso de paz en Colombia: dilemas y desafíos, pág. 7).
Sobre este mismo asunto, el analista Juan Carlos Hidalgo enEl fracaso de la guerra contra las drogas (2010), explica que a la hora de evaluar la guerra contra las drogas, cuando se interroga sobre si las vidas perdidas, el dinero, la violencia, la erosión enorme de las libertades civiles han dado frutos, la respuesta es negativa y, entonces se grafica el diagnóstico citando el Informe “evaluación nacional sobre la amenaza de la droga”, elaborado por el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que “en general ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas”. Este analista agrega que “los números no mienten. En el 2007 –último año para el cual hay datos disponibles-, el precio al detalle de un kilogramo de cocaína en las calles era el más bajo jamás registrado; era un 22% inferior al registrado en 1999, año en que se lanzó el Plan Colombia con el objetivo de detener la producción de cocaína en el país sudamericano”.
Juan Carlos Hidalgo precisa en que si bien el terreno sembrado con coca en Colombia ha disminuido en un 60 % en la última década, los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado un aumento de la productividad. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios desde el 2000, como reportara recientemente The Economist. Así pues, hay menos área sembrada con coca, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma”. (Ver Juan Carlos Hidalgo en El fracaso de la guerra contra las drogas. www.ilistracionliberal.com).
Ricardo Vargas también, al hablar de la previsión de escenarios en materia de drogas, nos recuerda que Colombia no siempre ha sido un productor importante de hoja de coca: “Hacia finales de los años setenta, nos dice, durante los ochenta y los primeros años de la década de los noventa, Colombia importaba y procesaba pasta básica de cocaína (PBC) del Perú y Bolivia, para luego exportar el producto final hacia EE.UU. y Europa”. Esta precisión la hace para indicarnos que “establecer cálculos dogmáticos del potencial productivo de la cocaína para un país, en este caso Colombia, a partir solo de su producción local de hoja de coca es errático. Hoy el denominado éxito colombiano sigue esta apreciación sin auscultar la posibilidad de un retorno a las importaciones de PBC. De hecho el auge de las siembras de hoja de coca en la baja amazonia peruana e incluso en Loreto, están relacionadas con mercados de PBC que involucran la frontera colombiana. Esto para dar un solo ejemplo”.
Adentrandonos un poco más en los criterios de quienes se han dedicado a estudiar el fenómeno en cuestión, nos encontramos con que La Comisión Global de Políticas de drogas de junio de 2011, en su informe ejecutivo, entre los principios y recomendaciones que fija, nos dice que “Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y cienífica. La principal medida de éxito debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y de la sociedad”, (primer principio).
En el segundo principio indica que “Las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes”; pero la Política Antidrogas del Estado colombiano yerra en la medida en que su perfil prohibicionista, punitivo y militarista, que deriva de la Política Antidrogas estadounidense, marcha sobre una línea que centra sus preocupaciones en el desenvolvimiento de la guerra contrainsurgente, más que en resolver el asunto como problema social.
Cuando la mencionada Comisión Globalllamó a actuar con urgencia para resolver la derrota, sentenció enfáticamente que “puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya”, no insistir en ellas, como parece ser que es la tendencia de cada gobierno de turno en nuestro país, como si no se comprendiera quelas evidencias que se muestran por todas partes en cuanto a que las actuales políticas y estrategias no están siendo exitosas en ningún plano, comenzando por la subyacente lucha contrainsurgente, en la medida en que mientras no se resuelvan las causas también de orden social y político que iniciaron y mantienen la confrontación, ésta no cesará, y por el contrario aumentará el desangre patrio propio de la guerra, y en el plano del problema que tratamos continuarán los encarcelamientos innecesarios, el aumento de la dependencia a las drogas, el detrimento de la asistencia social y de los servicios de salud, o el maltrato de nuestra soberanía nacional, entre otros muchos males.
Mañana la 2a entrega
Tomado: tercerainformacion
