Luego de casi tres años de iniciado, el actual proceso de paz colombiano dio pasos trascendentales hacia la reparación a las víctimas y la búsqueda de la verdad, dos temas medulares para el posconflicto.
En más de medio siglo de guerra, una de las de más larga data en la región, las víctimas se contabilizan en seis millones de desplazados, 220 000 muertos, y casi 30 000 secuestrados, según el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El Centro inició la recolección de los datos en el periodo comprendido entre 1958 y el 2012, tomando como partida el año 1958 cuando se produjeron en Colombia los enfrentamientos entre liberales y conservadores, conocido en la historia como “La Violencia”.
En tanto, a los desaparecidos que se estimaban desde los inicios de la confrontación en
25 000, se le sumaron 20 000 para dar un total de 45 000, según indicó este lunes Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Los expertos señalaron además que el flagelo de los desaparecidos impacta y se refleja en casi todas las regiones de la nación, específicamente en Antioquia, Cesar, Meta y Caquetá.
Es por ello que el reciente pacto alcanzado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el contexto del actual proceso de paz, arroja esperanzas para las familias de las víctimas en su derecho de conocer el paradero de sus seres queridos.
En cuestión, el pacto estima la creación de una estructura especial para tales fines, y el trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía y otras organizaciones colombianas especializadas. El texto firmado en La Habana, sede de los diálogos desde noviembre del 2012, señala además que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aligerará el reconocimiento de quienes hayan muerto en el desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública, inhumados como N.N (desconocidos).
Por su parte, las FARC-EP se comprometieron a entregar los datos sobre la ubicación de los restos.
Ahora bien, el hecho de esclarecer el paradero de las víctimas es símbolo de que la conflagración está aproximándose a un fin. Es por ello que tuvo amplia reacción en diversos sectores de la sociedad colombiana.
El jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, dijo que la institución está lista “para apoyar la implementación de esas decisiones”. Harnisch agregó que la ayuda del Comité tiene como centro la exhumación de restos mortales en zonas donde no pueda hacerlo el Estado, la asesoría a las instituciones responsables de esta problemática, entre otras misiones.
Voces a favor de la restauración de la paz en Colombia también se pronunciaron, tal como el senador colombiano, Iván Cepeda, quien calificó el pacto de “trascendental”. En entrevista con el multinacional latinoamericano Telesur, el senador por el Polo Democrático Alternativo, ahondó en que “supone un nuevo componente del sistema de verdad, justicia y reparación”.
Acorde con Cepeda lo alcanzado permitirá que miles de colombianos dispongan de mecanismos eficaces para buscar a sus seres queridos por cementerios, fosas comunes y en general puedan tener la posibilidad de obtener información, la localización, identificación y exhumación. Este acuerdo restaura derechos en lo que se considera uno de los crímenes que han sembrado más sufrimiento y terror en Colombia, como es la desaparición forzada, acotó.
Por lo pronto, de este conflicto van quedando las heridas y los principales participantes en el mismo se han comprometido públicamente a iniciar un proceso de sanación para una Colombia en paz.
Tomado: Granma
