El Informe anual de la ONG Global Witness documentó que en 2019 asesinaron a 212 defensores ambientales en todo el mundo, un incremento de 30 por ciento en comparación con el 2018; Colombia triplicó estos asesinatos y pasó de 24 a 64, ascendiendo al vergonzoso primer lugar de los países donde más asesinan activistas ambientales.
Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la Universidad de Sussex y coautora del Informe, afirma que “los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques, pero a la vez, son apresados o difamados por su trabajo, no nos extrañaría que esta cifra sea superior por las dificultades de registros”.
Para Francia Márquez defensora ambiental y ganadora del premio Goldman Price en 2018, asegura que ese incremento obedece a la política de muerte que se impone ante unas comunidades racializadas y empobrecidas, donde el Estado no invierte socialmente, pero sí las tiene en cuenta para el extractivismo.
El Gobierno de Iván Duque no toma medidas para evitar el asesinato sistemático de líderes, porque necesita de la Guerra para acceder al territorio e imponer megaproyectos y aprovecha la pandemia para implementar la minería en zonas de reserva ecológica de vital importancia, que se antepone a los proyectos de vida sustentable y sostenible ambientalmente de las comunidades”.
La sistematicidad del actual Genocidio contra los líderes sociales mantiene patrones comunes tales como: a) las víctimas pertenecen a sectores opositores al régimen y a megaproyectos, b) las agresiones ocurren en territorios de interés para las multinacionales y c) con alta presencia militar.
Amedrantar y hostigar antecede al exterminio
Catalina Oviedo representante de las organizaciones sociales que participan en la Comisión Humanitaria por la Vida de los Llanos Orientales y la Orinoquía, y Sebastián Gómez representante del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes), fueron víctimas de robo de información sensible el 27 de julio en el Norte de Bogotá.
Uriel Molina Cuadros, ex combatiente y Presidente de la sub directiva en Buga de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), el 27 de julio en la vereda El Crucero en Buga, Valle del Cauca sufrió un atentado del que salió ileso.
William Javier Díaz Ramírez directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), el 28 de julio denunció amenazas y hostigamientos contra él y su familia.
Yaneth Mosquera, líder social y ganadora del premio Mujer Cafam en 2007, el 28 de julio sufrió un atentado con una granada lanzada contra su casa ubicada en Patía, Cauca.
Escalamiento por medio de masacres
La Fundación Social Cordoberxia denunció la ejecución de dos masacres en menos de 48 horas y el desplazamiento de 50 familias en el municipio de San José de Uré, Córdoba, a manos de narco paramilitares del Clan del Golfo y de los Caparrapos, zona militarizada bajo el control de la Fuerza de Tarea Aquiles del Ejército estatal, estas fueron las víctimas:
Elizabeth Melendres de 64 años, integrante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Vitaliano Feria Morales de 66 años y Édison Melendres López de 36 años, quienes eran miembros de una misma familia, fueron masacrados el 27 de julio en la vereda La Cabaña del corregimiento Versalles de San José de Uré, sur de Córdoba.
El 28 de julio en la finca Villa Horizonte delcorregimiento Puerto Colombia, en la vía que de San José de Uré conduce a Montelíbano, narco paramilitares masacraron a los menores Yorvis Yesid Velarde Vergara y Luis Mario Payares Cali, y a John Jairo Velarde Andica de 46 años.
En el otro extremo del país, la Fundación Progresar, organización defensora de Derechos Humanos denunció el 29 de julio la masacre de 4 personas por el grupo narco paramilitar los Rastrojos en la Vereda Campo Alegre, Corregimiento de Agua Clara de Cúcuta, Norte de Santander. Nueva masacre perpetrada en la zona militarizada bajo el control de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército estatal.
Brayan Stiven Güetio Ipia, Manuel David Larrahondo Güetio y José Lizardo Collazos Findo, comuneros indígenas del pueblo Nasa, fueron masacrados en el 2 de agosto el Resguardo de Canoas de Santander de Quilichao, Cauca.
Nuevos asesinatos selectivos
José Gustavo Arcila Rivera, era integrante de la guardia campesina, de la Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de Reserva del Municipio de Corinto (Astrazonac), fue asesinado el 26 de julio en el corregimiento El Jagual de Corinto, Cauca.
Jhonny Alexander Ortíz de 23 años, residía en un albergue de la vereda El Ambato, donde se refugian 450 desplazados tras la masacre del 18 de julio en Totumito, Tibú, fue asesinado el 27 de julio a un kilómetro del albergue por los narco paramilitares de los Rastrojos.
James Canticuz de 35 años, indígena del pueblo Awá del Resguardo El Gran Sábalo de Corozal en Tumaco, Nariño, fue asesinado el 27 de julio en el kilómetro 91 de la vía Tumaco – Barbacoas.
Omar Andrés Becerra Bayona ex combatiente, fue desaparecido el 28 de julio en la vereda Pie de Cuesta, límite entre los municipios de Ocaña y San Calixto, en el Catatumbo, Norte de Santander.
Lorena Bisbicus Ortíz de 24 años y Fabio Alfonso Guangua García de 33 años, indígenas del pueblo Awá pertenecientes al Resguardo Ñambí Piedra Verde de Barbacoas, Nariño, fueron asesinados el 28 de julio, en el ataque resultaron dos personas heridas, entre ellas un niño de 2 años.
Unaldo de Jesús Castillo Rueda ex combatiente y Yoimar Jiménez hermano de un ex combatiente hacían parte del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al ex combatiente José Ignacio Sánchez promotor de las actividades de la Comisión Especial de la Verdad, fueron asesinados el 29 de julio en Urrao, Antioquia.
Luis Carlos Gómez Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aterrado de Cimitarra, Santander, fue asesinado el 30 de julio en ese municipio, en inmediaciones de la Base Militar del Batallón Calibío.
Tomado: tercerainformacion
