Intelectuales, políticos y líderes sindicales de izquierda de 35 países denunciaron el golpe blando contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En esta jornada trascendió una carta firmada por más de 370 personalidades de las más distintas latitudes, desde Canadá hasta Argentina y de Bélgica a Senegal.
Según los firmantes, los poderes tradicionales intentan restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado.
A menos de un año de la toma de posesión del mandatario, sus enemigos despliegan el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas.
También tratan de intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional, apunta la misiva firmada también por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.
De acuerdo con el documento, varios congresistas del Pacto Histórico, movimiento político oficialista, son investigados por la Procuraduría, entre ellos Alex Flórez, Alexander López, David Racero, Susana Gómez, mejor conocida como Susana Boreal, y a María José Pizarro, una de las negociadoras del gobierno con el ELN.
Para los firmantes —entre quienes resaltan el activista estadounidense Noam Chomsky y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau—, las acciones de la procuradora, a quien califican como una “estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, y ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque”, constituyen una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al impedir a los órganos administrativos destituir a funcionarios electos.
Dichos procesos pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas, indica el texto, y dificultan llegada de las reformas de salud, laboral y pensional propuestas por el gobierno de Petro.
El objetivo de esta campaña subversiva es proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares en favor de aumentar los salarios, mejorar la salud, proteger el medio ambiente y proporcionar ‘paz total’ al país.
El pasado 29 de mayo, el jefe de Estado argumentó la puesta en marcha de un golpe blando en su contra para afectar a su formación política en el Congreso.
Tomado: tercerainformacion
