Liderazgos sociales y comunidades reclamantes de tierra fueron amenazadas por paramilitares del Clan del Golfo por medio de un panfleto el 26 de agosto. El pasado 31 de julio, este mismo grupo lanzó amenazas contra líderes y lideresas sociales de la región.
Este lunes 26 de agosto se hizo viral en redes sociales un panfleto con amenazas de muerte emitido por el grupo paramilitar conocido como Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista o Autodefensas Gaitanistas).
La amenaza del grupo paramilitar fue realizada contra habitantes de los municipios de Chimichagua y Tamalameque en el departamento del Cesar y El Banco (Magdalena), que son líderes y lideresas sociales y que desde hace varios años son reclamantes y recuperadores de tierras.
Varias de estas tierras que son reclamadas por las comunidades en el pasado fueron despojadas por paramilitares y en la actualidad se encuentran en poder de ganaderos, terratenientes y empresas privadas.
Personas amenazadas
Entre las personas amenazadas por el grupo paramilitar se encuentran Milton Robles, Patricia Donado, Andrés Vega, Pablo Arias y Antonio Velázquez del municipio de Chimichagua.
De Tamalameque aparecen amenazados, José Regalado, Jhon Zambrano, Jesús Vanegas y Javier Márquez.
De igual forma, los paramilitares amenazaron a Elías Beleño, Carmen Escudero, Jairo Robles y Antonio Suárez del municipio del Banco.
Otras amenazas
El pasado 31 de julio, este grupo paramilitar amenazó a organizaciones sociales y sus liderazgos regionales en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar.
En esa ocasión, los paramilitares amenazaron a la Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado (Asorvim), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), la Asociación de Víctimas del Sur de Bolívar (Asvicsur), la Asociación de Mujeres e Infancias (Asomin), Covida, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y Asodecov.
También amenazaron a Rafael Sanabria, Liliana Chaparro, Lilia Peña, Carlos Morales, María Junco, José Santos Flores, Alexandra Torres, Yolanda Rojas, Carlos Arévalo y Cecilia Alarcón.
Presencia paramilitar en la región
Desde el 2020, el Clan del Golfo inició un proceso de expansión en varias regiones del Magdalena Medio como el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar y Nordeste de Antioquia.
El pasado 21 de abril, paramilitares asesinaron al líder social Narciso Beleño, en el municipio de Santa Rosa (Bolívar). Este crimen se sumó a la incursión realizada desde el 18 de abril por el Clan del Golfo (EGC) en la región, donde asesinaron dos campesinos y secuestraron a una persona.
En 2022, los líderes campesinos Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur fueron asesinados el 22 de febrero en el corregimiento de Puerto Oculto, municipio de San Martín, en el departamento del Cesar.
Ambos dirigentes sociales eran integrantes de la organización campesina del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos.
Los reconocidos líderes fueron asesinados por sicarios uniformados con prendas militares, los cuales les dispararon en varias ocasiones. Anteriormente, habían recibido varias amenazas de muerte y persecución judicial, por lo que varias organizaciones sociales coinciden en afirmar que este es un crimen de Estado.
En marzo de ese mismo año, las comunidades de la zona rural de los municipios de San Pablo y Simití en conjunto con varias organizaciones de derechos humanos fueron obligadas a desplazarse debido a los enfrentamientos armados entre las fuerzas militares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Igualmente en 2020, el líder social y minero Edwin Emiro Acosta Ochoa fue asesinado por paramilitares al interior de su casa en el corregimiento de Mina Seca del municipio Tiquisio, departamento de Bolívar.
A comienzos de agosto, durante la visita de la Caravana Humanitaria al Sur de Bolívar, las comunidades reiteraron sus denuncias por el generalizado desplazamiento forzado, el asesinato de liderazgos sociales, la ausencia de servicios públicos y los incumplimientos de los acuerdos firmados por el Gobierno nacional.
Tomado: Agencia Prensa Rural
