Una investigación publicada por el medio Vorágine denunció presuntas irregularidades en el proceso de desvinculación de cerca de cien trabajadores de Postobón con enfermedades o restricciones médicas, quienes habrían sido presionados para aceptar acuerdos de terminación de sus contratos durante reuniones realizadas el pasado 15 de mayo en hoteles de Bogotá.
Según la investigación, todos los empleados citados compartían una condición: padecían enfermedades físicas o mentales que habían dado lugar a restricciones médicas para desempeñar sus funciones. De acuerdo con testimonios, documentos y grabaciones obtenidas por el medio, el proceso estuvo acompañado de presiones, amenazas y tratos humillantes encaminados a lograr la firma de acuerdos de retiro presentados como voluntarios.
Entre las grabaciones divulgadas por Vorágine se escuchan frases atribuidas a un abogado de la empresa como: "Acá hay dos formas, a las buenas y a las malas"; "A ti qué culos te importa si a Postobón le meten una multa por esto"; y "Si tú demandas a una empresa, nadie te contrata". Los audios hacen parte de las evidencias entregadas por algunos trabajadores.
Uno de los casos documentados es el de Selena Zafra, quien llevaba once años vinculada a la compañía y sufrió varias afectaciones de salud tras un accidente laboral ocurrido en 2017. La mujer grabó cerca de 45 minutos de la reunión en la que, según la investigación, un abogado insistió repetidamente en que aceptara una indemnización de cincuenta millones de pesos y le advirtió sobre las consecuencias de rechazar la propuesta.
Vorágine señala que durante la conversación la trabajadora pidió salir para hablar con su familia y tomar una decisión, pero afirma que esa posibilidad le fue negada. De acuerdo con su testimonio, el abogado le manifestó que, si abandonaba la reunión sin firmar, sería notificada de la terminación unilateral de su contrato. Finalmente, en medio de una fuerte afectación emocional, Zafra firmó los documentos.
La investigación también recoge los testimonios de Luisa Garrido y Diana Romero, quienes describieron situaciones similares durante reuniones realizadas en otros hoteles de la capital. Ambas aseguraron haber sido presionadas para firmar los acuerdos bajo la advertencia de que, si no lo hacían, abandonarían el proceso sin recibir compensación económica.
La abogada Paola Yepes, quien representa a cerca de la mitad de los trabajadores desvinculados, calificó los hechos como "despidos ilegales". Según explicó a Vorágine, los empleados contaban con estabilidad laboral reforzada por sus condiciones de salud y, en su criterio, la empresa debía obtener autorización previa del Ministerio del Trabajo antes de terminar los contratos.
Las denuncias ya son objeto de investigación por parte del Ministerio del Trabajo. La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, indicó a Vorágine que existen indicios de posibles irregularidades y advirtió que los acuerdos de terminación no pueden estar acompañados de presiones ni utilizarse para desconocer las garantías de trabajadores con estabilidad laboral reforzada.
Consultada por Vorágine, Postobón manifestó que sus procesos de gestión de personal se desarrollan dentro del marco de la legislación laboral colombiana y sostuvo que los acuerdos de terminación de contrato se suscriben de forma voluntaria y sin perjuicio de los derechos de los trabajadores. La compañía agregó que atenderá los requerimientos que formulen las autoridades competentes.
