Mucho
se ha dicho sobre lo que debe ser el perdón para los alzados en armas que se encuentran
negociando la paz con el gobierno en Cuba. Para los que ostentan el poder
político y económico reconocidos señores de la guerra. Las FARC simplemente
deberían entregar las armas y desfilar hacia las cárceles. Sin que medie ningún
acuerdo de paz o peor aun sin que el Estado los reconozca como actores
políticos. Es decir, no debería existir una agenda con temas centrales a
tratar, sino la continuidad de la vía armada o la entrega de armas.
Si
bien, es cierto que todo proceso de paz requiere, entre otras cosas de la
verdad, como garante, sobre los actos de guerra, fundamentales para construir
un nuevo país, una propuesta podría ser una comisión internacional, como la
propusieron las FARC. Sabiendo que al
interior del Estado existen diversos intereses que se verían reflejados a la
hora de tomar decisiones y que el Estado también esta involucrados en delitos. Por
otro lado, los tratados suscriptos por Colombia en materia de Derechos humanos,
la obligan a investigar y castigar los crímenes de guerra, lo que no se puede
convertir en obstáculo a la hora de buscar la paz, siendo de otro modo estaríamos
en la guerra perpetua.
Es aquí
donde debe entrar la justicia transicional, la superación de varios conflictos
en el mundo se ha dado bajo esta figura, si bien, no todos parecen haber solucionado sus diferencias, es el primer paso
hacia la reconciliación, que tampoco puede ser borrón y cuenta nueva. Para el
caso de Colombia el conflicto armado de larga duración, que por sus efectos en
la sociedad no puede ser similar a la amnistía concedida a las guerrillas
liberales, quienes solo negociaron la entrega de las armas y fueron diezmadas
por el mismo Estado.
Indudablemente
con esta amnistía, el único indultado fue el mismo Estado, pues, en ella no se
juzgaron a los principales artífices de la violencia como fueron los políticos
de las dos contiendas partidistas (Liberal- conservador), los militares quienes
cometieron múltiples masacres. Por el contrario, el Estado fue tomado como botín
de guerra, repartido en periodos presidenciales.
Es aquí
donde se pueden buscar una de las causas
de la continuidad de la violencia, pues el Estado, jamás buscó esclarecer los
hechos, simplemente hizo tránsito hacia otra etapa de la violencia, con fuertes
implicaciones en el orden nacional y el incremento en el pie de fuerza y tecnología.
Por sus
connotaciones en lo que puede ser el orden interno del país sin conflicto, los
hechos propios del conflicto armado solo deben cobijar a quienes se alzaron en
armas contra el Estado, más no al Estado, que actuó bajo la legitimidad que le
dio la Constitución y sobre esta cometió toda suerte de violaciones a los
derechos humanos que fueron justificados por la defensa de la Constitución. Es
decir, el Estado no se debe equiparar con los alzados en armas, pues cuenta con
la institucionalidad y las leyes.
Colombia
siendo el Estado que se precia de ser la democracia más estable de la región,
cometió actos peores de barbarie que en países donde la democracia sufrió una
fractura y fue invadida por las dictaduras. De conceder un perdón a los
militares, políticos y empresarios, se estaría reconociendo que el Estado es
algo parecido a una organización criminal ilegitima o peor aún, que el Estado
fue tomado por asalto, bajo la sombra de una elección popular. En otras
palabras, los ciudadanos eligieron en las urnas a sus verdugos, caso contrario a las dictaduras tomadas a
sangre y fuego. Sin olvidar, que solo algunos casos han sido juzgados (Palacio de Justicia, caso Cajamarca,
Comunidad de Paz) entre otros muchos, sin dejar de lado los delitos que
cometieron en alianza con paramilitares. Aquí se puede tipificar un doble
delito, por ser representante de la autoridad legítima y actuar como criminal
en ejercicio del servicio.
En
relación a los militares que han sido juzgados y condenados por haber cometido
delitos de lesa humanidad y graves y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos, la impunidad por parte del Estado viene a ser soporte que se le
concede por proteger la democracia, sin contar la pena que en muchas ocasiones
solo le otorga una sanción por tres meses, el despido y los que no corren con
esa misma suerte por la evidencia de sus delitos son enviados a lugares de
recreo, convirtiendo a la justicia y las
víctimas en burla. Entre otros beneficios que reciben los militares esta el
recién aprobado fuero militar, les otorga a los militares vía libre para
cometer delitos sin que sean tipificados como crímenes de lesa humanidad, en
adelante serán contravenciones que no impliquen sanción. Este fuero nos
recuerda el nefasto estatuto de seguridad.
Al
reconocer igual perdón para todos, se estaría dando pie a que el Estado, cuando
lo considere necesario y bajo el amparo de la Constitución vuelva a cometer
delitos, este tipo de justicia fue la que permitió que en Colombia se siguieran
violando los derechos humanos después de superada la guerra civil que fue
conocida como la Violencia, sobre estos hechos nunca se juzgo a los culpables, las mismas élites que originaron la guerra
civil, salieron fortalecidas sin permitir oposición política.
El
Estado mismo se ha ocupado de proteger sus delitos, ya que se podría derrumbar
el edificio democrático que una élite corrupta y criminal construyó para su
beneficio.
