Un total de 14 organizaciones campesinas de todos los departamentos paraguayos reclamaron castigo para funcionarios del gobierno participantes en la compra ilegal de tierras por el Estado.
El escándalo desatado hace varias semanas involucró al presidenre del Senado, Jorge Oviedo Matto, debido a la adquisición por el Instituto de la Tierra de unos terrenos a precios alterados y como colofón de un pacto político.
La propiedad, que previamente pasó a manos, también en forma irregular, de la empresa San Agustín en la cual aparece como accionista la familia Oviedo, se vendió apresuradamente al Instituto mientras su partido pactaba con el gobernante Liberal Auténtico.
El apresuramiento por cerrar el trato logró se pagara a la firma 11,5 millones de dólares en billetes pequeños, retirados en seguida del banco y sin esclarecer la denuncia de que las tierras en realidad ya eran estatales y destinadas a campesinos pobres.
Las entidades de labriegos plantearon ahora que se trata de blanquear el oscuro negocio y lograr evadir la responsabilidad, no sólo de la dirección de la organización encargada de realizar la nunca materializada reforma agraria, sino de altas autoridades oficiales.
Los empresarios de San Agustín hablaron de que una parte de la propiedad está en manos de campesinos ocupantes de ella, pero esto fue desmentido, no sólo por los propios señalados, sino por el senador del Frente Guasú, Sixto Pereira.
Allí solo hay dos o tres campesinos ocupantes de una ínfima parte del lugar y lo que se está haciendo es construir fincas para descanso de fines de semana de los influyentes políticos quienes ahora vendieron, pero no desocuparon las tierras, afirmó el legislador.
Tomado: Prensa Latina
