También se sumó a las denuncias el general Zahir Azimi, portavoz del Ministerio de Defensa afgano, al expresar que las detenciones son “ilegales e inhumanas”.
“Los prisioneros deben ser entregados a las autoridades afganas para ser juzgados bajo nuestras leyes y los acuerdos alcanzados por la comunidad internacional”, añadió.
Los letrados de ocho acusados de formar parte de la insurgencia, presentaron un Hábeas Corpus argumentando que sus defendidos están bajo arresto hace 14 meses sin que se les presentara ningún tipo de cargo en su contra y sin fecha de juicio.
Los abogados compararon el lugar con Guantánamo y pidieron a la Alta Corte en Londres que los libere.
El ministro de Defensa británico Philip Hammond, confirmó que hay entre 80 y 90 afganos arrestados en Camp Bastion, la base más importante que tiene el Reino Unido en Afganistán, pero dijo que es “absurdo” calificar la cárcel de secreta e ilegal.
“El Parlamento siempre fue informado sobre nuestra política para detener personas en Afganistán, sospechosos de haber matado a soldados británicos o plantar dispositivos explosivos”, comentó a la cadena BBC.
Sin embargo, el abogado de varios de los acusados, Phil Shriner, desmintió esa información y sostuvo que “se trata de una instalación secreta de la que el Parlamento y las cortes no saben nada”.
En ese sentido, recalcó que el gobierno británico se está comportando “de forma totalmente inconstitucional” y comparó la situación con la prisión militar de Guantánamo, que el presidente estadounidense Barack Obama volvió a prometer la semana pasada que iba a cerrar, tal como había prometido durante su primer campaña electoral.
Excepción que no es tal
Las fuerzas británicas están “autorizadas” a retener a sospechosos insurgentes durante 96 horas. Sin embargo, bajo “circunstancias excepcionales”, pueden mantenerlas bajo custodia por más tiempo.
“Nuestro cliente está detenido desde agosto de 2012 sin que se le hayan presentado cargos y sin acceso a un abogado”, acusó Rosa Curling, representante legal de un joven de 20 años, padre de una nena.
Según informó, las familias de los acusados solamente pudieron establecer donde estaban detenidos gracias a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El Reino Unido frenó la transferencia de prisioneros en noviembre del año pasado bajo el argumento que corrían riesgo de ser torturados.
“Nos gustaría trasladar a estas personas al sistema judicial afgano y espero que podamos hacerlo pronto”, indicó Hammond.
Las denuncias en la Alta Corte de Londres se realizaron el 18 de abril pasado y se espera que la primera audiencia tenga lugar a fines de julio.
El juez Andrew Collins adelantó que la causa plantea “serias preguntas sobre el poder del ejército británico para detener sospechosos en Afganistán” y también indicó que “el Reino Unido no puede operar una prisión al estilo Guantánamo”.
Tomado: Telam
