martes, 21 de mayo de 2013

Anulan la histórica sentencia contra el ex dictador Efraín Rios Montt


La histórica sentencia que condenó a Ríos Montt a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad fue anulada este 19 de mayo por la Corte de Constitucionalidad. Con el voto de tres magistrados a favor y dos en contra, la Corte concluyó que no se cumplió el debido proceso. Martín Guzmán, secretario de la CC, ha explicado que quienes votaron a favor de esa decisión han sido el presidente de la CC, Héctor Pérez Aguilera, y los magistrados Alejandro Maldonado y Roberto Molina, mientras que Mauro Rodriguez Chacón y Gloria Porras, se han opuesto.
El juicio contra el ex dictador guatemalteco de 86 años se inició el 19 de marzo, fue suspendido el 19 de abril y reanudado unos días después, para concluir el pasado 10 de mayo con la sentencia condenatoria. Dos meses después, este 19 de mayo, una nueva decisión marca un giro en el proceso. “Se anula la sentencia al dar con lugar un recurso de la defensa”, lo que anula el juicio, informó este lunes Martín Guzmán, secretario de la CC, al leer la resolución ante la prensa, tras diez horas de deliberación.
Según la Corte de Constitucionalidad (CC), la reanudación del juicio no debió darse porque el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que llevó el proceso, no conoció una recusación planteada por el abogado defensor de Ríos Montt, Francisco García. “Por consiguiente queda anulado todo lo actuado en el proceso final del debate oral y público a partir del 19 de abril”, subrayó el secretario de la CC.
Ese día, la Sala Tercera de Apelaciones había ordenado suspender de forma provisional el juicio, tras acoger un amparo en favor de Ríos Montt, luego de que se quedara sin abogado defensor en el inicio del debate porque García fue expulsado por el Tribunal de Mayor Riesgo, acusándolo de usar estrategias para retrasar el proceso.
La CC también ordenó a los tres jueces del Tribunal de Mayor Riesgo que se pronuncien en las próximas 24 horas después de ser notificado, por lo que el proceso regresa a esa misma judicatura y les advierte que, de no acatar la resolución, podrán ser multados y procesados. “En consecuencia se les conmina (al tribunal) cumplir con lo ordenado por este tribunal constitucional” o de lo contrario “serán sancionados con una multa de 1.000 quetzales (unos 130 dólares) y quedar sujetos a las responsabilidades legales”, agrega la resolución.
Guzmán aclaró que “la Corte no ha emitido ni recomendado la separación de ningún miembro del tribunal, sino que se pide que se dé cumplimiento al trámite debido”.
En la histórica sentencia de hace diez días, Ríos Montt, de 86 años, fue condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad dictada el pasado 10 de mayo por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo. Ríos Montt fue responsabilizado de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
En el mismo juicio fue absuelto el general José Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia. Ahora, este fallo absolutorio también queda anulado. La sentencia del 10 de mayo había convertido a Ríos Montt en el primer exgobernante latinoamericano condenado por genocidio.
Pero la defensa del exdictador presentó al menos cuatro recursos en busca de la anulación de la sentencia y de la destitución del tribunal que lo condenó, aduciendo que los jueces emitieron un fallo a pesar de que existían apelaciones pendientes de resolver. “Con este fallo (de la CC) ganamos todos los guatemaltecos porque se reconduce el debido proceso y los jueces deben dar sus resoluciones apegados a la Constitución y no a particulares intereses, ideológicos a consignas internacionales”, afirmó Moisés Galindo, otro de los defensores de Ríos Montt.
El exdictador permanece recluido desde hace una semana en el Hospital Militar de la capital luego de sufrir una crisis de hipertensión, poco antes de acudir a una audiencia sobre reparación a las víctimas del genocidio.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos, querellantes en el proceso, prefirieron por el momento no reaccionar para estudiar los pasos a seguir, que anunciarán el martes.
Los magistrados cedieron a las presiones de los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de la tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Cronología del proceso
El juicio contra Efraín Ríos Montt ha sido uno de los más agitados para el sistema de justicia, por la cantidad de acciones legales.
19-3-2013 - Comienza el debate
El juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad comienza, después de una serie de recursos legales.
18-4-2013 - Juzgado anula juicio
El Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, que preside Carol Patricia Flores, anula el juicio, señalando errores en el proceso.
8-5-2013 - Se reanuda el debate
El Tribunal Primero de Mayor Riesgo reinicia el juicio y ordena a las partes presentar las conclusiones.
10-5-2013 - Tribunal emite fallo
Ríos Montt es condenado a 80 años de prisión por genocidio, y Mauricio Rodríguez es absuelto.
20-5-2013 - Anulan veredicto
La Corte de Constitucionalidad anula la sentencia y ordena a sala emitir nueva resolución.
Familiares: Guatemala no avanza
Miguel Ángel Alvarado, uno de los familiares de las víctimas de desaparición forzada documentadas en el Diario Militar, considera que el veredicto del juicio por genocidio es una presión más para que avancen los casos relacionados con el conflicto armado.
“En un momento dado el Estado tiene que entender que si no se logra terminar estos procesos, Guatemala no avanza. No celebramos el fallo, pero encontramos paz porque es una luz al final del túnel”, explicó, al final de la conferencia de prensa en que exigieron el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace cinco meses, en la que se responsabiliza al Estado de la desaparición forzada de 183 personas.
Tomado: tercerainformacion.es