El Representante a la Cámara Iván Cepeda, la dirigente campesina Aydée Moreno y el jurista Federico Andreu presentaron el informe “Paz sin Crímenes de Estado: Memoria y propuestas desde las víctimas”, que abarca el periodo comprendido entre 1949 hasta la actualidad, con cifras sobre crímenes de Estado, análisis de la doctrina detrás de su ocurrencia y la intervención extranjera en el conflicto, así como propuestas a la mesa de negociaciones.
El lanzamiento del Informe se realizó junto con la inauguración de la sede del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, adquirida con dineros de la indemnización que el Estado reconoció a la familia por el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas.
El informe “Paz sin Crímenes de Estado” es un mensaje a las partes negociadoras en La Habana, en el sentido de que “No puede haber paz con impunidad”, señaló Federico Andreu, y reiteró que ningún crimen de guerra o crimen de Lesa Humanidad puede ser amnistiado, según lo establecen las normas internacionales. En este sentido ni los integrantes de la guerrilla ni los agentes estatales vinculados en este tipo de crímenes podrán ser objeto de indultos o amnistías y agregó que tarde o temprano las víctimas reclaman una verdad rigurosa.
El Representante Iván Cepeda aclaró que sobre todos los dirigentes de las guerrillas que están negociando en La Habana pesan condenas, así como sobre 3.000 guerrilleras y guerrilleros que están en la cárcel, lo que no es equivalente con los niveles de impunidad en que permanecen altos mandos militares y funcionarios estatales comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos.
En el marco de la presentación afirmaron que hay un frente contra la paz, en el que no sólo está el ex presidente Álvaro Uribe sino el Procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez y el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuyas actuaciones son contradictorias con el propósito de paz expresado por el gobierno nacional. “Pareciera que estamos ante dos gobiernos” señaló el Representante Iván Cepeda. “Hay que analizar cuál es la política del Estado y las actuaciones del Ministro de Defensa y si es necesario, hay que cambiarlo”, señaló la dirigente y defensora de Derechos Humanos, Aydée Moreno.
La dirigente denunció que las redes de informantes y cooperantes del Ejército siguen operando, y que el paramilitarismo sigue ejerciendo control social, represión y asesinatos de líderes, como los recientemente ocurridos contra dirigentes del Paro Nacional Agrario, en zonas fuertemente militarizadas como el Meta, Huila y Tolima.
El informe “Paz sin Crímenes de Estado”, señala Federico Andreu, “busca romper la desmemoria, la amnesia y el negacionismo sobre los crímenes de Estado y recopila hechos que suman más de 200.000 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellos, 70.000 desapariciones forzadas, sin contar con casos que aún permanecen en la justicia penal militar, y 4.000 casos de falsos positivos reconocidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
También analiza las lógicas, ideas y doctrinas que han permitido la ocurrencia de estos hechos, contenidas en manuales militares aún vigentes, según fallo del Consejo de Estado del año 2009, señala Andreu. En estos manuales, explica, se divide a la población en listas blancas, grises y negras, según su afinidad con el Estado, aplicando la lógica de quien no está conmigo está contra mí, y negando derechos fundamentales como la protesta, la organización y la oposición política. Otro tema del informe es el papel de otros estados, en particular de Estados Unidos, en la implantación y ejecución de estas doctrinas militares desde los años 60.
El informe de 240 páginas y 6 capítulos, incluye propuestas como el cambio a fondo de estas doctrinas, la conformación de una Comisión de la Verdad y la exigencia de que las víctimas de crímenes de estado tengan una participación en los diálogos de paz. También la depuración de funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos en las tres ramas del poder público, así como la mayor inversión social y la reducción del pie de fuerza. De igual manera propone reformar la[ Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha presentado enormes falencias tanto en el registro como en los trámites para la reparación administrativa de las víctimas.
En la inauguración de la nueva sede del MOVICE, el representante Iván Cepeda e integrante de este movimiento, señaló que esta es una demostración de que las víctimas, sus abogadas y abogados no son personas codiciosas que se “lucran” acudiendo a la justicia internacional, como se afirma a través de calumnias y difamaciones, sino que su propósito sigue siendo el de buscar transformaciones democráticas, paz y justicia.
Tomado: tercerainformacion
